Protección contra Ilustre Municipalidad de Casablanca

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

Comparece nombre reservado, chilena, soltera, técnico jurídico, cédula de identidad N° NUM000, con domicilio laboral en domicilio reservado, Región de Valparaíso, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Casablanca, persona jurídica de derecho público, Rut N° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde señor Rodrigo Martínez Roca, por haber accedido, visualizado y divulgado ilegalmente el contenido de sus conversaciones privadas de WhatsApp Web desde el computador institucional que le fue asignado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se vulneró la credencial de inicio de sesión de su computador, se accedió a su sesión personal, se revisaron, visualizaron, imprimieron y divulgaron sus conversaciones sin autorización judicial ni consentimiento personal expreso, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1, 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que garantizan respectivamente el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la protección de la vida privada y honra, y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por lo que solicita se acoja el presente recurso declarando la ilegalidad y arbitrariedad de los hechos denunciados.

Expone que el sábado 31 de mayo de 2025 se dirigió a las dependencias municipales para culminar compromisos laborales pendientes. Al encontrarse sola en la oficina tras el retiro de su jefe directo, el Asesor Jurídico señor nombre reservado, procedió a utilizar la máquina impresora multifuncional Cannon para escanear documentación. Sin embargo, al momento de ordenar el escaneo, la impresora indicó un error solicitando cargar papel tamaño carta. Al revisar la bandeja alimentadora, que tenía exceso de papel, retiró parte del mismo, momento en que la máquina comenzó a imprimir automáticamente conversaciones privadas de WhatsApp pertenecientes a su cuenta personal, las cuales no había solicitado imprimir ni había autorizado que fueran accedidas.

Asimismo, relata que el viernes 30 de mayo de 2025 había sido la última persona en retirarse de la oficina, no dejando trabajos pendientes por imprimir. Al descubrir que entre las hojas impresas se encontraba su fotografía, reconoció con angustia que correspondían a conversaciones privadas mantenidas con una compañera de oficina y amiga personal, la señora nombre reservado, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica. La recurrente destaca que, si bien utiliza su WhatsApp Web para comunicaciones laborales y personales desde el computador institucional, siempre desvincula la sesión, por lo que considera que su cuenta personal fue vulnerada o, en el peor de los casos, la sesión había quedado vinculada sin su conocimiento.

Acerca del contexto de uso de WhatsApp, la demandante explica que mantiene vinculada su cuenta personal al computador institucional exclusivamente para fines de conectividad durante su jornada laboral, considerando que es madre soltera de dos hijas, una de ellas menor de edad, quienes estudian en lugares distintos y alejados, requiriendo estar disponible ante cualquier emergencia. Además, indica que muchos funcionarios se comunican con ella por ese medio para resolver asuntos laborales, habiendo recibido instrucciones laborales por WhatsApp de parte de su jefe directo y del Administrador Municipal.

Posteriormente, señala que el lunes 2 de junio consultó a su equipo de trabajo sobre lo ocurrido, sin que nadie en la Dirección de Asesoría Jurídica ni en el Municipio se hiciera responsable del acceso e impresión, negando toda participación. La evidencia indicaría que el acceso físico al equipo asignado ocurrió entre el viernes 30 y sábado 31 de mayo de 2025, acción que quedó registrada por la impresión automática. En paralelo, solicitó formalmente copia de las grabaciones de seguridad del edificio, el historial del computador, el registro de la impresión y el registro de asistencia de funcionarios, recibiendo únicamente respuesta del Departamento de Recursos Humanos respecto del registro de ingreso y salida de funcionarios.

En relación con los fundamentos jurídicos esgrimidos, sostiene que los hechos relatados constituyen una vulneración a diversas garantías fundamentales. En primer término, invoca el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política que contempla la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada, argumentando que la difusión o reproducción de conversaciones de WhatsApp amenaza, viola, afecta y perturba el libre ejercicio de esta garantía fundamental. Asimismo, cita el artículo 19 N° 4 que protege la vida privada y honra de las personas, y el artículo 19 N° 1 referente al derecho a la vida e integridad física y psíquica, considerando el impacto emocional que le ha generado la situación, habiendo requerido incluso atención médica de urgencia en dos oportunidades debido a crisis de angustia.

Fundamenta su acción en diversas transgresiones legales, entre las que destaca: la expectativa legítima de privacidad digital reconocida por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema; el deber de probidad funcional establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; el deber de confidencialidad del empleador contenido en el Código del Trabajo; las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada que exige consentimiento del titular para todo tratamiento de datos personales; el principio de buena administración consagrado en la Ley N° 18.575; y la responsabilidad del órgano estatal contemplada en el artículo 2314 del Código Civil.

Señala que el contenido accedido incluía conversaciones con su hija menor de edad, las cuales se encuentran protegidas por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo considerar la debida protección de la intimidad del menor y el interés superior de la niña. Destaca que las conversaciones visualizadas incluían contenido altamente sensible desde el punto de vista personal y familiar, propio de una relación maternal íntima, con fotografías y mensajes que por su naturaleza jamás debieron ser visualizados ni divulgados.

Los actos referidos vulneraron el derecho a la vida e integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1), evidenciado en el daño emocional profundo, ansiedad constante y crisis que requirieron atención médica de urgencia; el derecho a la protección de la vida privada y honra (artículo 19 N° 4), vulnerado por el acceso no autorizado a comunicaciones personales que generó una legítima expectativa de privacidad transgredida; y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 19 N° 5), quebrantado por el acceso ilícito a conversaciones digitales protegidas con cifrado de extremo a extremo, sin orden judicial ni autorización legal.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que los hechos denunciados son ilegales y arbitrarios constituyendo vulneración grave de sus derechos fundamentales y los de sus hijas; se ordene a los responsables abstenerse de realizar cualquier acceso, revisión, reproducción, impresión, difusión o utilización de sus comunicaciones privadas; se instruya a la Municipalidad adoptar medidas de protección y entregar antecedentes como grabaciones de seguridad, registros de impresión e historial informático; se decreten medidas correctivas y preventivas; se eliminen todas las copias físicas y digitales de las conversaciones; y se condene en costas a los recurridos.

Para acreditar sus alegaciones, acompañó los siguientes instrumentos: 1) Copia de la denuncia formal presentada al señor Alcalde, Administrador Municipal y jefe directo detallando la vulneración de privacidad; 2) Comprobantes de atenciones médicas de urgencia que consignan el cuadro de crisis emocional y síntomas compatibles con ansiedad severa; 3) Captura de pantalla del contenido de conversaciones privadas impresas sin autorización; 4) Copia de solicitudes formales realizadas a funcionarios municipales requiriendo grabaciones de cámaras de seguridad, historial informático y comprobantes bancarios; y 5) Reclamo interpuesto ante la Contraloría General de la República con fecha 12 de junio de 2025.

Informa la Ilustre Municipalidad de Casablanca, efectuando las siguientes alegaciones:

En primer término, planteó la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitrario y la falta absoluta de acreditación fáctica de los hechos denunciados. Negó categóricamente la existencia de cualquier conducta atribuible a la Municipalidad que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, sosteniendo que el recurso se construye sobre meras conjeturas y suposiciones carentes de respaldo probatorio.

En efecto, argumentó que la actora describe hipotéticamente que el 31 de mayo de 2025, en una impresora multifuncional ubicada en dependencias municipales, se habrían impreso conversaciones privadas de su cuenta personal de WhatsApp Web, circunstancia que —según la recurrente— podría deberse a que la sesión quedó vinculada o a una vulneración de la clave de acceso del equipo.

Destaca que tales afirmaciones se presentan en forma condicional, utilizando expresiones como "es razonable suponer que", sin individualizar responsable alguno, sin explicar el mecanismo técnico de acceso y sin aportar evidencia que permita vincular a la Municipalidad o a alguno de sus funcionarios con el hecho denunciado. Por el contrario, enfatizó que la propia recurrente reconoció haber vinculado voluntariamente su cuenta personal de WhatsApp Web al computador institucional, utilizándola para fines laborales y personales.

Invocó el precedente establecido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó en causa Rol 416-2024, confirmado posteriormente por la Excelentísima Corte Suprema mediante causa 4187-2025, en un caso de características análogas donde se rechazó un recurso de protección contra un supuesto acceso a mensajes de WhatsApp desde un equipo institucional. Según dicho precedente, el tribunal sostuvo expresamente que "es responsabilidad de cada funcionario, en calidad de usuario, el correcto cierre de las sesiones de los programas que apertura, la seguridad de sus cuentas y contraseñas y, en general, todo el manejo de su información confidencial", agregando que el hecho de mantener la sesión abierta "permite plantear que el funcionario expuso su información, permitiendo que de un modo tácito terceros pudieran acceder al contenido de su mensajería", concluyendo que, en esas condiciones, "la revisión de la conversación no constituye un acto ilegal o arbitrario".

Indica que, aun considerando hipotéticamente la afirmación de la recurrente, no se ha acreditado mediante antecedente alguno que efectivamente haya ocurrido tal acceso. En este sentido, precisó que la recurrente no acompañó registro de ingreso al equipo, peritajes técnicos, reportes de impresión, imágenes de cámaras de seguridad ni ningún otro elemento que permita vincular a la Municipalidad o a sus funcionarios con la supuesta revisión de mensajes. Por el contrario, informó que la Unidad de Informática revisó el computador institucional asignado a la recurrente y no encontró evidencia alguna de accesos no autorizados, impresiones de conversaciones privadas ni rastros de manipulación que respalden el relato.

En segundo lugar, señala que el artículo 20 de la Constitución Política de la República prescribe que la acción exige un acto u omisión ilegal o arbitraria, actual y atribuible al recurrido y la falta de individualización de autor y de enlace con la Municipalidad impide satisfacer el estándar del Auto Acordado.

En tercer lugar, planteó la improcedencia del recurso por tratarse de una vía inidónea para ventilar la pretensión deducida. Sostuvo que el recurso de protección constituye una acción de carácter excepcional y cautelar destinada a restablecer de inmediato el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten con inmediatez el ejercicio de derechos fundamentales, conforme a las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Argumentó que su diseño no persigue reemplazar a los procedimientos ordinarios ni servir como instancia declarativa o de lato conocimiento, sino ofrecer una protección rápida frente a vulneraciones manifiestas y acreditadas mediante antecedentes claros y directos.

Finalmente, respecto de las medidas solicitadas por la recurrente, la Municipalidad manifestó no oponerse a que la Ilustrísima Corte decrete una prohibición de uso y difusión de material eventualmente existente, sin que ello implique admisión de responsabilidad y bajo custodia judicial. Del mismo modo, ofreció colaboración para remitir reservadamente y en la medida de su existencia técnica, los registros estrictamente necesarios, resguardando datos de terceros, sugiriendo reemplazar la destrucción por inutilización, sellado y depósito bajo custodia del tribunal, con acta, para no destruir posibles evidencias.

Acompañó los siguientes documentos: 1) Mandato Judicial otorgado ante el Notario Público de la comuna de Casablanca Sr. nombre reservado

nombre reservado, con fecha 18 de diciembre de 2024, anotado en el Repertorio con el N° NUM001 del mismo año; 2) Delegación de poder en favor del profesional habilitado nombre reservado, cédula de identidad N° NUM002; 3) Correos electrónicos correo reservado y correo reservado para notificaciones; y 4) Precedente jurisprudencial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol 416-2024, confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa 4187-2025.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la actora atribuye al Municipio recurrido la realización de los siguientes actos: acceder a su sesión personal en el computador institucional que le fuera asignado; revisar, visualizar, imprimir y divulgar sus conversaciones personales y privadas realizadas en la plataforma whatsapp web, sin autorización judicial ni consentimiento personal expreso, afectándose sus derechos constitucionales contenidos en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, de los antecedentes reunidos no es posible estimar que la Ilustre Municipalidad de Casablanca haya ejecutado los actos que se le atribuyen en el recurso, por cuanto la actora indicó que utiliza la plataforma whatsapp web en el computador que laboralmente le ha sido asignado para el cumplimiento de sus funciones, encontrando el 31 de mayo del año en curso impresiones relativas a mensajes provenientes de su sesión en la plataforma señalada, sin que de esa circunstancia pueda colegirse el acceso irregular a su sesión, la impresión misma por un tercero o la difusión de tales impresiones para conocimiento de terceros, porque solo se presume la ocurrencia de todas estas acciones a raíz de las impresiones halladas por la recurrente.

Asimismo, consta que la recurrente denunció los mismos hechos contenidos en la presente acción, ante la Contraloría General de la República mediante una reclamación administrativa, lo que permite colegir que la situación planteada se encuentra ante el amparo del derecho.

Cuarto: Que, en consecuencia, conforme la naturaleza del recurso de protección, cautelar, de tramitación expedita, cuya substanciación no está destinada a la investigación y acreditación de determinadas circunstancias o hechos, se rechazará la presente acción.

Por estas consideraciones, y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Casablanca.

Regístrese, comuníquese y archívense los antecedentes, en su oportunidad.

N°Protección-3634-2025.