Protección contra Ministerio del Interior

C.A. de Valparaíso tacc Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad dominicana, y deduce recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, impugnando el Decreto Exento N° NUM000, de 03 de marzo de 2026, notificado el 01 de abril de 2026, que rechazó su solicitud de carta de nacionalización.

Argumenta que el decreto se funda en un único antecedente, consistente en una orden de investigar en causa RUC N° 1801055053-6, de la Fiscalía Local de Punta Arenas, gestionada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, por infracción a la Ley 20.000. Señala que sobre dicha causa existe un certificado emitido por el Fiscal Adjunto de Punta Arenas que acredita que la actora no mantiene registros como imputada, y que no existe respaldo digital ni físico de la investigación, encontrándose destruida, por lo que no existe condena en su contra, lo que contraría la presunción de inocencia y el artículo 86 de la Ley N° 21.325, que solo contempla como impedimento la existencia de condenas. Añade que reside en el país con permiso de residencia definitiva, que desarrolla una vida conforme a derecho, que cuenta con cotizaciones previsionales, y posee un vínculo familiar estable en el país, acuerdo de unión civil con extranjero con permanencia definitiva e hija de nacionalidad chilena, y que la autoridad no ponderó esos antecedentes, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, e infringiendo además el debido proceso. Pide que se deje sin efecto el decreto impugnado, a fin de que la autoridad decida conforme a derecho y se dé curso a su trámite de nacionalización, con costas.

A folio 12, informa el Ministerio del Interior, solicitando el rechazo del recurso y oponiendo, como cuestión previa, la excepción de incompetencia territorial de la Corte, argumentando que el domicilio del ente recurrido está en la Región Metropolitana y que el domicilio declarado por la recurrente en los registros migratorios corresponde a la comuna de La Reina en Santiago, por lo que el domicilio en Viña del Mar indicado en el recurso es un domicilio ficto de su abogado. En cuanto al fondo, sostiene que el otorgamiento de la carta de nacionalización es una facultad discrecional, conforme a los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, y 84 de la Ley N° 21.325; que el decreto impugnado se encuentra fundado, pues estimó que los antecedentes negativos de la solicitante aconsejan no conceder la carta, y que, aun cuando dicha investigación no derivó en condena, ninguna norma exige un estándar de convicción penal para denegar la solicitud.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la excepción de incompetencia:

Primero: Que el Ministerio del Interior, recurrido de autos, opone la excepción de incompetencia territorial fundamentando que tanto el domicilio institucional de la autoridad como el domicilio reportado por la recurrente en el sistema migratorio se encuentran en la Región Metropolitana.

Segundo: Que la alegación de incompetencia será desestimada, teniendo presente, en primer término, que la actora al momento de presentar esta acción ha acreditado domicilio para estos efectos en domicilio reservado, lo que habilita a este Tribunal de Alzada a conocer del presente arbitrio amparado en el reconocimiento a la pluralidad de domicilios, y, en segundo lugar, por haber esta Corte prevenido en el conocimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que enumera el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen ese ejercicio, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que el acto impugnado es el Decreto Exento N° NUM000, de 03 de marzo de 2026, del Ministerio del Interior, que denegó la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente. Según los pasajes transcritos en el informe de la recurrida, el decreto consignó en su considerando 3° que la solicitante registra como antecedente negativo una "Orden de investigar en causa RUC N° 1801055053-6, de la Fiscalía Local de Punta Arenas... por infracción a la Ley 20.000", y concluyó que dicho antecedente corresponde a una conducta que aconseja no conceder la carta por no ser la solicitante poseedora del mérito requerido para el otorgamiento de tal gracia.

Quinto: Que no se encuentra controvertido que la recurrente es titular de permiso de residencia definitiva desde 2015, que no registra condenas, circunstancia que la recurrida no discute, y que desarrolla una vida conforme a derecho, con un vínculo familiar constituido y actividades lícitas en el país, conforme a la documentación agregada a los autos.

Sexto: Que, conforme a los artículos 84 y 87 de la Ley N° 21.325, la nacionalización de extranjeros se rige por el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, cuyo artículo 2° confiere a la autoridad una facultad de carácter discrecional, en tanto dispone que “podrá” otorgarse carta de nacionalización a quienes reúnan los requisitos que indica. Sin embargo, esa discrecionalidad no exime a la autoridad del deber de motivar los actos que afectan los derechos de los particulares, impuesto por los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, ni la autoriza a sustentarlos en presupuestos de hecho no acreditados, pues el margen de apreciación que la ley reconoce opera sobre hechos ciertos y debe ejercerse de manera razonable.

Séptimo: Que, respecto de la orden de investigar prevista en la causa RUC N° 1801055053-6 invocada, existe constancia formal emanada del Ministerio Público certificando que la recurrente no tiene calidad de imputada y que dicha causa no cuenta con respaldo digital encontrándose su carpeta física destruida. De ello se sigue que la causa invocada no establece la existencia de un hecho punible ni la participación de la recurrente en él, de modo que el decreto impugnado, al calificar dicho antecedente de forma negativa para sustentar el rechazo, da por establecido un hecho que ningún órgano competente ha declarado, sin exponer otro antecedente que lo sustente.

Octavo: Que no se trata, como sostiene la recurrida, de exigir un estándar de convicción penal para denegar la solicitud, sino de constatar que la autoridad fundó su decisión en la atribución de una conducta ilícita o negativa cuya existencia e imputabilidad no ha sido establecida y en causales cuyos presupuestos fácticos no concurren. Así, el decreto carece de la motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, lo que lo torna ilegal, y es a la vez arbitrario, por no descansar en un fundamento racional que lo sostenga.

Noveno: Que la decisión así adoptada vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues somete a la recurrente a un tratamiento que el legislador reservó a quienes han sido efectivamente condenados o respecto de quienes existen antecedentes fehacientes de reproche, colocándola en una situación desmedrada respecto de los demás solicitantes que, como ella, no registran condenas, sin que exista una razón jurídicamente válida que justifique esa diferencia. Por consiguiente, el recurso será acogido, sin que ello importe sustituir a la autoridad en el ejercicio de la facultad que la ley le confiere, cuyo contenido le corresponde determinar con sujeción a derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la recurrida y, en consecuencia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado en contra del Ministerio del Interior. En consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Exento N° NUM000, de 03 de marzo de 2026, debiendo la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, en el que no podrá atribuirle una conducta ilícita o negativa sobre la base exclusiva de la causa RUC N° 1801055053-6 de la Fiscalía Local de Punta Arenas, y deberá ponderar la totalidad de los antecedentes del procedimiento, incluidos los de residencia y arraigo familiar acreditados en autos.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-3633-2026.

En Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.