nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S. A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. Califica como ilegal y arbitrario el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora, conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156, comunicado el 6 de abril de 2026.

Sostiene que la recurrida incorpora requisitos no contemplados expresamente, específicamente la apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos, pero fue informada de que su solicitud no podía avanzar por no acompañar el documento apostillado que acredite la afiliación en su país de origen. Aduce que la autenticidad del certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede verificarse en línea y que la exigencia de apostilla constituye una barrera imposible de superar por la ausencia de relaciones diplomáticas, configurando un caso de fuerza mayor.

Pide que se reconozca como válida la documentación, se emita un nuevo pronunciamiento y se efectúe la devolución de los fondos.

A folio 4, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones. Indica que la recurrente no registra reclamos previos ante dicho organismo. Explica que la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente.

Refiere que, según su jurisprudencia administrativa y el Compendio de Normas, para acreditar la cobertura extranjera se requiere una certificación específica de la autoridad competente, debidamente apostillada o legalizada, y que las constancias electrónicas venezolanas sin tales formalidades no son medios de prueba idóneos.

A folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la documentación presentada no cumple con los requisitos concurrentes de la normativa, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero mediante constancia válida y legalizada conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Enfatiza que la Constancia nombre reservado presentada carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada. Además, indica que la recurrente no acompañó su contrato de trabajo, sino solo anexos, en uno de los cuales declara que seguirá cotizando en el régimen chileno, lo que contradice el sentido de la Ley N° 18.156.

A folio 6 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el objeto de la presente vía cautelar es impugnar el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales realizada por la recurrente a AFP Planvital S.A., amparada en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, pues ha dado cumplimiento a la normativa e instrucciones de la Superintendencia, rechazando la solicitud por no haberse acreditado la afiliación al régimen extranjero mediante un certificado debidamente legalizado y por no presentar el contrato de trabajo respectivo.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor Constancia nombre reservado de 9 de marzo de 2026, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no menciona explícitamente la apostilla, no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de documentos extranjeros, máxime cuando inciden en requisitos sustanciales para un beneficio excepcional. Las dificultades diplomáticas actuales, si bien dificultan la obtención de documentos, no habilitan a las Administradoras para validar antecedentes que no cumplen los estándares de autenticidad legales.

Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile.

Séptimo: Que, respecto de la declaración jurada ante notario público que la recurrente acompañó como medio de acreditación, tampoco resulta idónea para tales efectos, pues no emana de la autoridad previsional competente del país de origen, quien es la única facultada legalmente para certificar la efectiva cobertura del trabajador extranjero por todos los riesgos contemplados en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en consecuencia, no se estima ilegal ni arbitraria la conducta de la recurrida, toda vez que ha circunscrito su actuación a exigir los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa emanada de la Superintendencia de Pensiones, aplicando criterios uniformes a todos los solicitantes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-3617-2026