COLEGIO DE PROFESORES(AS) DE CHILE, REGIÓN DE VALPARAÍSO con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, presidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., quien actúa por sí y en representación de la referida asociación gremial, además de 166 docentes y asistentes de la educación individualizados en el primer otrosí de su presentación. Interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, y las Municipalidades de Santa María, Santo Domingo, Hijuelas, Algarrobo, Cartagena, Zapallar, Rinconada, La Calera, San Antonio y La Ligua, impugnando una serie de actos administrativos que instruyeron y ejecutaron descuentos en las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación de la región, con motivo de la paralización nacional realizada los días 4 y 5 de junio de 2025.

Sostiene que dichos actos resultan arbitrarios e ilegales, por cuanto vulneran las garantías constitucionales previstas en los numerales 2 (igualdad ante la ley), 16 (libertad de trabajo y justa retribución) y 24 (propiedad sobre remuneraciones) del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la paralización se llevó a cabo en el marco de una grave crisis del sistema educativo y frente al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación con las organizaciones gremiales. En este contexto, la Contraloría emitió el Dictamen N°E23910/2025 y los Oficios N°E92242/2025 y E93773/2025, instruyendo a los municipios aplicar descuentos de haberes, reafirmando así el criterio contenido en el Dictamen N°28.046/2016. Sostiene que estas instrucciones se dictaron sin evaluación caso a caso ni garantía de audiencia o defensa para los afectados, incluso en situaciones donde las horas fueron recuperadas conforme a planes aprobados por el Ministerio de Educación.

Señala que este proceder desconoce el contexto excepcional de la movilización y revela una incoherencia en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, pues en el Dictamen N°52.122/2009 se había sostenido que la recuperación efectiva impedía descuentos, mientras que en los dictámenes posteriores se ordena lo contrario, afectando los principios de legalidad y certeza jurídica.

Manifiesta además que los actos recurridos se adoptaron sin procedimiento previo, sin notificación individual y sin oportunidad de defensa, configurando una vulneración concreta y actual de derechos fundamentales, especialmente del derecho de propiedad sobre remuneraciones devengadas, del debido proceso y de la igualdad ante la ley.

El recurrente invoca también instrumentos internacionales ratificados por Chile, entre ellos los Convenios N°87, 98 y 151 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen la libertad sindical y prohíben represalias antisindicales.

En apoyo doctrinario cita a nombre reservado, quien advierte que la potestad dictaminante de la Contraloría no puede transformarse en una instrucción ejecutiva que prive de derechos sin procedimiento previo, y a nombre reservado, quien ha señalado que dicha potestad enfrenta límites derivados de la opacidad del procedimiento y la ausencia de mecanismos efectivos de revisión judicial. Refiere también la jurisprudencia de la Corte Suprema, Rol N° 16.338-2017, que ha sostenido que los dictámenes de la Contraloría no pueden imponerse sobre derechos fundamentales sin ponderación ni control jurisdiccional.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso de protección y se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, disponiendo:

1. La suspensión inmediata de los descuentos ordenados.

2. La restitución íntegra de los haberes ya rebajados.

3. El reintegro individualizado a cada trabajador afectado.

4. La orden a los órganos recurridos de abstenerse de adoptar medidas similares en el futuro sin procedimiento ni debido proceso.

5. Que la Contraloría ajuste sus futuras interpretaciones a criterios respetuosos de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación pública.

A folio 14 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Zapallar, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como alegación inicial, plantea que el recurrente carece de representación legal suficiente, al no acompañar documento que acredite mandato del Colegio Regional de Profesores ni poder para comparecer por las personas individualizadas en el primer otrosí. Afirma que, conforme al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, no se ha acreditado vínculo habilitante y, por tanto, se configura falta legitimación activa.

A continuación, objeta legitimación pasiva, pues ninguno de los docentes mencionados presta servicios en la Municipalidad.

En subsidio, respecto al fondo, expone que los descuentos impugnados se ajustan a derecho, conforme al Dictamen N°E23910/2025 de la Contraloría, cuyo criterio es vinculante de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N°10.336. Precisa que la recuperación de clases no constituye causal suficiente para impedir la rebaja de haberes.

Añade que la Constitución, en su artículo 19 N°16 inciso quinto, prohíbe la huelga de funcionarios públicos, lo que incluye a los docentes municipales, de modo que no procede alegar vulneración de garantías constitucionales por descuentos aplicados a quienes se ausentaron.

Finalmente, descarta infracción a las garantías invocadas, explicando que la medida se aplicó de manera general, que la restricción deriva de una prohibición constitucional y que no existe derecho de propiedad sobre remuneraciones no devengadas.

La recurrida sostiene que el actor yerra al alegar la necesidad de emplazamiento previo a efectuar descuentos remuneracionales. Precisa que dichos descuentos se realizaron en cumplimiento de una instrucción de la Contraloría General de la República, lo que no exige dicho emplazamiento. Agrega que los afectados disponen de mecanismos legales para ejercer su derecho a defensa, entre ellos el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución y en el Auto Acordado respectivo. Concluye solicitando el rechazo del recurso.

A folio 15 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Cartagena, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega, en primer término, que la acción carece de legitimación activa, ya que no constituye una acción popular y exige la identificación concreta de los afectados. Sostiene que el señor nombre reservado comparece en representación del Colegio de Profesores y de 97 docentes y asistentes de la educación, sin acreditar con precisión quiénes son los directamente perjudicados, lo que impide verificar un interés jurídico actual.

En cuanto al fondo, expone que los hechos denunciados no son arbitrarios ni ilegales, pues los descuentos practicados se encuentran expresamente respaldados por el Dictamen E23910/2025 de la Contraloría, que establece que la adhesión a una paralización ilegal de actividades implica necesariamente el descuento en las remuneraciones del tiempo no trabajado. Señala además que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría es obligatoria para los órganos de la Administración, conforme a los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución y la Ley N°10.336.

Indica que el artículo 19 N°16 inciso quinto de la Constitución prohíbe la huelga de funcionarios públicos, lo que incluye a los profesionales de la educación, de manera que la paralización de los días 4 y 5 de junio constituye una infracción constitucional que justifica la rebaja de haberes. Precisa que el artículo 69 de la Ley N°19.070 establece que la jornada docente comprende tanto horas lectivas como no lectivas, ambas obligatorias.

Concluye señalando que los descuentos se practicaron en cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones de la Contraloría, descartando así la vulneración de las garantías alegadas.

A folio 21 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Rinconada, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el recurso se dirige en su contra por haberse dictado el Decreto Alcaldicio N°1687 de 12 de junio de 2025, que autorizó descuentos a funcionarios docentes y asistentes de la educación ausentes los días 4 y 5 de junio con ocasión de la paralización convocada por el Colegio de Profesores.

Argumenta que tal paralización constituye una huelga ilegal en los términos del artículo 19 N°16 de la Constitución, y que los descuentos no son sanción, sino consecuencia natural de la inasistencia injustificada, sin necesidad de procedimiento disciplinario previo.

Hace presente que el decreto fue dictado por el Alcalde, en su calidad de jefe superior del servicio, dentro de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que cumple con los requisitos de juridicidad previstos en la Constitución.

Agrega que la jornada docente, según el artículo 69 de la Ley N°19.070, comprende tanto horas lectivas como no lectivas, las que deben cumplirse íntegramente, y que la recuperación de clases no constituye causal suficiente para impedir descuentos, de acuerdo con lo resuelto por la Contraloría en dictámenes previos y en el Dictamen N°E23910/2025.

Destaca que el municipio sí distinguió casos, excluyendo del descuento a quienes se encontraban con licencia médica, feriado o permiso administrativo, así como a funcionarios no adherentes.

Finalmente, descarta vulneración de garantías constitucionales: no hay infracción a la igualdad ante la ley, pues se aplicó la misma regla a todos los ausentes sin justificación; tampoco al derecho al trabajo, ya que la inasistencia constituye incumplimiento de la prohibición constitucional de huelga; y no se afecta derecho de propiedad, pues no existe remuneración devengada por días no trabajados.

A folio 28 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de San Antonio, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que los descuentos no constituyen actos arbitrarios ni ilegales, sino la consecuencia del cumplimiento de dictámenes obligatorios de la Contraloría General de la República, en particular el Dictamen E23910/2025 de 12 de febrero, que establece que los educadores que no cumplen sus funciones carecen del derecho a percibir remuneraciones, salvo en caso de licencia médica, feriado, permiso administrativo o fuerza mayor.

Agrega que el artículo 19 N°16 de la Constitución prohíbe expresamente la huelga de los funcionarios del Estado y de las municipalidades, lo que incluye a los docentes municipales, de manera que la paralización de los días 4 y 5 de junio constituye una paralización ilegal.

Hace presente además el Oficio N°E93773/2025, de 6 de junio de 2025, en que la Contraloría solicitó a los municipios, incluida San Antonio, informar sobre medidas de continuidad del servicio y descuentos aplicados. En cumplimiento de esa instrucción, el Departamento de Educación Municipal practicó los descuentos e individualizó a los funcionarios afectados, varios de los cuales coinciden con el listado acompañado por el recurrente.

Concluye que no existe vulneración de garantías constitucionales, pues los descuentos se aplicaron en estricto apego a la normativa vigente y a las instrucciones de la Contraloría.

A folio 30 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de La Calera, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que los descuentos se basaron en dictámenes vinculantes, en especial los N°E93887/2025 y E23910/2025, que reafirman la improcedencia de pagar remuneraciones en caso de inasistencias injustificadas por paralización. Precisa que el municipio carece de facultades para apartarse de esa doctrina, obligatoria para todos los órganos de la Administración.

Afirma que la ausencia de los docentes por adhesión a un paro no constituye causal legal de justificación, de modo que pagar haberes sin prestación efectiva vulneraría el principio de retribución y el artículo 72 de la Ley N°18.834. Reitera que los descuentos son obligatorios y no dependen de la voluntad municipal.

Recuerda que el artículo 19 N°16 de la Constitución prohíbe la huelga de funcionarios públicos, por lo que la adhesión a paralizaciones ilegales impide invocar derechos laborales derivados de esa inasistencia.

Sostiene que la recuperación de clases no justifica la ausencia, pues su finalidad es cumplir los planes de estudio, no suplir el incumplimiento de la jornada ordinaria.

Respecto de las garantías invocadas, aclara que todos los docentes en igual situación recibieron el mismo trato, que no se afecta el derecho a la justa retribución, ya que esta exige prestación efectiva de servicios, y que no existe derecho de propiedad sobre remuneraciones no devengadas. Concluye que el actuar municipal se ajusta a la Constitución y a la jurisprudencia de la Contraloría.

A folio 31 evacúa informe la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, pidiendo el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Como cuestión previa, reclama la falta de precisión en la identificación del acto impugnado, pues el libelo no determina si el recurso se dirige contra dictámenes de la Contraloría o contra los descuentos aplicados por municipios. Incluso señala que se alude expresamente a “la aplicación de los efectos derivados del Dictamen N° E23910/2025”, lo que haría improcedente atribuirlo a la recurrida.

Argumenta además que no se identifica con claridad la ilegalidad denunciada, limitándose la parte actora a invocar de manera genérica los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución, sin precisar cómo se vulneran en su caso concreto.

Indica que el recurso fue interpuesto por el presidente regional del Colegio de Profesores, quien no mantiene relación jurídica con esa Corporación, y que de la nómina acompañada solo una funcionaria, doña nombre reservado, figura como dependiente, respecto de quien no se practicó descuento alguno, pues su liquidación solo consideró días efectivamente trabajados.

En cuanto al fondo, cita los dictámenes N°E93773/2025, E93887/2025 y E122814/2025 de la Contraloría, que obligan a descontar remuneraciones por inasistencias injustificadas y confirman la doctrina reiterada del órgano contralor.

Finalmente, objeta la ampliación del recurso realizada mediante escrito de 3 de julio de 2025, por estimarla improcedente conforme al Auto Acordado de la Corte Suprema y contraria al principio de congruencia. Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a su parte y pide el rechazo de la acción.

A folio 32 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de La Ligua, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que los municipios, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, tienen el deber de asegurar la continuidad y eficiencia del servicio público educacional, y que en cumplimiento de los oficios de Contraloría informó las medidas adoptadas y los descuentos practicados.

Sostiene que la ausencia voluntaria de funciones no constituye causal de justificación válida y que el principio retributivo impide pagar remuneraciones por días no trabajados.

Añade que el artículo 19 N°16 de la Constitución prohíbe la huelga en el sector público y que la jurisprudencia de la Contraloría confirma que la recuperación dentro de la jornada no exime de los descuentos. Precisa que éstos no son una sanción discrecional, sino una obligación legal derivada del artículo 72 del Estatuto Administrativo.

Concluye que los descuentos no vulneran las garantías constitucionales alegadas y solicita el rechazo de la acción, con costas.

A folio 33 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Hijuelas, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Precisa que los descuentos no se fundan en la participación en la movilización, sino en la inasistencia a la jornada laboral, lo que constituye aplicación del principio de que no procede remuneración por tiempo no trabajado.

Explica que recibió oficio de Contraloría ordenando aplicar los descuentos e informar sobre la medida, de modo que su actuación se limitó a cumplir instrucciones vinculantes.

Recalca que la jurisprudencia de la Contraloría ha sido uniforme en señalar que la ausencia injustificada genera descuentos y que estos no constituyen sanción, sino consecuencia de la inasistencia.

Como cuestión procesal, objeta la falta de individualización en el recurso, sosteniendo que no basta acompañar listados genéricos, sino que se requiere acreditar la afectación concreta de cada funcionario.

Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a su parte, que el recurso carece de individualización suficiente y que los descuentos obedecen a instrucciones vinculantes y a la normativa estatutaria.

A folio 34 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Santa María, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Reconoce que los días 4 y 5 de junio de 2025 un grupo de docentes de la comuna adhirió a la paralización. Precisa que, en cumplimiento del Dictamen N°E93887/2025 y del Oficio N°E93773/2025 de la Contraloría, se dictó el Decreto Alcaldicio N°2234 de 25 de junio de 2025, que dispuso descuentos proporcionales en las remuneraciones de quienes no concurrieron a sus funciones.

Aclara que no existe plan de recuperación de clases vigente y que la movilización no justifica la inasistencia a las labores, requisito indispensable para devengar remuneraciones.

Fundamenta el descuento en el principio retributivo, conforme al cual solo se perciben emolumentos por la efectiva prestación de servicios, reforzado por el artículo 69 de la Ley N°18.883, que impide pagar por días no trabajados salvo en casos expresamente autorizados (feriados, licencias, permisos o fuerza mayor).

Concluye que los descuentos obedecen a una obligación legal y a instrucciones vinculantes de la Contraloría, descartando ilegalidad o arbitrariedad en su proceder.

A folio 35 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, plantea falta de legitimación pasiva, señalando que ninguno de los docentes individualizados en el listado del recurrente corresponde a funcionarios de establecimientos dependientes de esa comuna. Reconoce que existieron docentes adheridos a la paralización, pero sostiene que no se encuentran en la nómina aportada, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad en su respecto.

En subsidio, expone que los descuentos practicados se realizaron conforme a instrucciones obligatorias de la Contraloría contenidas en los dictámenes E23910/2025, E93773/2025, E93887/2025 y E122814/2025. Precisa que el municipio distinguió casos justificados por licencias, feriados o permisos administrativos, excluyéndolos de la rebaja.

Añade que se adoptaron medidas para asegurar continuidad del servicio educativo, como reorganización de funciones y contratación de personal de apoyo. Sostiene que la paralización afectó además la subvención escolar, lo que refuerza la necesidad de aplicar los descuentos.

Descarta vulneración de las garantías invocadas: la igualdad ante la ley se mantuvo, pues el descuento se aplicó a todos quienes se ausentaron sin justificación; la libertad de trabajo no fue restringida, limitándose la medida a descontar remuneraciones; y no existe derecho de propiedad sobre emolumentos no devengados.

A folio 36 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como cuestión previa, objeta por falta de legitimación pasiva, dado que ninguno de los docentes individualizados presta servicios para su Departamento de Educación Municipal.

En subsidio, señala que su actuación se ajustó al mandato de la Contraloría, citando los dictámenes E122814/2025 y E93887/2025, que reiteran la improcedencia de pagar remuneraciones por paralización, conforme al artículo 98 de la Constitución y a la Ley N°10.336.

Afirma que no corresponde instruir procedimiento disciplinario previo, pues no se trata de sanciones, sino de la aplicación del principio retributivo: el artículo 69 de la Ley N°18.883 dispone expresamente que por tiempo no trabajado no procede pago alguno.

Detalla que, en cumplimiento del Oficio E93773/2025, se informó a la Contraloría la ejecución de descuentos en la liquidación siguiente, excluyendo a quienes estaban con licencia o permisos administrativos, e individualizando a los afectados.

Agrega que el inciso final del artículo 19 N°16 de la Constitución prohíbe la huelga en el sector público, de modo que pagar remuneraciones a quienes no prestaron servicios quebrantaría la igualdad respecto de quienes sí cumplieron sus funciones.

A folio 40 evacúa informe la Contraloría General de la República, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, objeta por falta de legitimación activa, por cuanto el recurrente compareció en representación del Colegio de Profesores y de un conjunto de docentes sin acreditar mandato ni singularizar los casos concretos. Añade que el recurso de protección no tiene carácter popular y, además, es extemporáneo, pues se dirige contra el Dictamen N°28.046/2016, confirmado por dictámenes posteriores, con lo cual se excedió el plazo de treinta días del Auto Acordado.

Sostiene que los dictámenes y oficios citados no causan agravio, pues se limitan a reiterar jurisprudencia administrativa y a requerir información, sin ordenar descuentos directos ni desconocer derechos fundamentales. Aduce que lo pretendido por el recurso excede la naturaleza cautelar, en cuanto busca modificar futuros criterios del órgano contralor.

En cuanto al fondo, explica que la Contraloría actuó dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley N°10.336, emitiendo pronunciamientos en ejercicio de la potestad de control de legalidad. Niega contradicción en su jurisprudencia, señalando que siempre se ha establecido que la ausencia injustificada por paralización conlleva descuentos. Precisa que el Dictamen E23910/2025 no introdujo cambios, sino que reafirmó un criterio constante desde 1992.

Descarta infracción a tratados internacionales, indicando que la Constitución prohíbe la huelga en funcionarios públicos y que el descuento es consecuencia del principio retributivo. Reconoce, sin embargo, que para concretar descuentos debe contarse con antecedentes fidedignos, y en caso de duda corresponde instruir un procedimiento breve con garantías mínimas.

Finalmente, invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que ha confirmado la procedencia de descuentos por tiempo no trabajado, en resguardo de los principios de continuidad y regularidad del servicio público.

A folio 41 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema, constituyendo un mecanismo destinado a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen derechos fundamentales.

Segundo: Que, los recurrentes, representados por don nombre reservado, presidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., interponen esta acción en favor de 166 docentes y asistentes de la educación de la región, en contra de la Contraloría General de la República, de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social y de las Municipalidades de Santa María, Santo Domingo, Hijuelas, Algarrobo, Cartagena, Zapallar, Rinconada, La Calera, San Antonio y La Ligua, impugnando los actos administrativos que instruyeron y ejecutaron descuentos en remuneraciones con ocasión de la paralización nacional de los días 4 y 5 de junio de 2025. Sostienen que tales actos son ilegales y arbitrarios, al haberse dispuesto sin procedimiento previo ni posibilidad de defensa, con desconocimiento de dictámenes previos de la propia Contraloría y de instrumentos internacionales que protegen la libertad sindical.

Tercero: Que, por su parte, las Municipalidades recurridas y la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social han solicitado el rechazo de la acción, en lo principal, sobre la base de tres líneas argumentativas: (i) objeciones formales, como la falta de legitimación activa del actor al no acreditar mandato válido de los docentes individualizados, y la falta de legitimación pasiva en algunas municipalidades al no tener funcionarios comprendidos en la nómina acompañada; (ii) la alegación de que los descuentos obedecen al cumplimiento estricto de dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República, que reiteran jurisprudencia administrativa uniforme desde 1992, en aplicación del principio retributivo previsto en el artículo 72 de la Ley N°18.834 y en el artículo 69 de la Ley N°18.883, conforme al cual no procede pagar remuneraciones por tiempo no trabajado; y (iii) la invocación de la prohibición constitucional de huelga para funcionarios del Estado y de las municipalidades, establecida en el inciso final del artículo 19 N°16 de la Constitución, por lo que la inasistencia en que incurrieron los docentes durante la paralización constituye una falta de justificación suficiente para impedir el descuento.

Cuarto: Que, a su turno, la Contraloría General de la República evacúa informe solicitando el rechazo del recurso. En lo principal, (i) alega falta de legitimación activa, por cuanto el actor no acreditaría su calidad de docente ni la representación del Colegio Regional ni de las personas individualizadas —recordando que el recurso de protección no es una acción popular y exige afectados determinados—; (ii) opone extemporaneidad, por dirigirse la impugnación, en definitiva, contra un criterio jurisprudencial fijado desde el Dictamen N°28.046, de 14 de abril de 2016, que habría sido solo reiterado por el Dictamen N°E23910, de 12 de febrero de 2025; (iii) sostiene que los oficios E92242 y E93773 de 2025 se limitaron a requerir información y, por ende, no generan agravio; (iv) afirma que lo pedido es ajeno a la naturaleza cautelar del artículo 20 —por pretender definiciones generales y “definitivas” sobre la procedencia de descuentos y sobre futuras interpretaciones del órgano de control—; y (v) niega toda ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, la que dice ejercida dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, reiterando además que, de faltar antecedentes fidedignos para descontar, debe instruirse un procedimiento breve y contradictorio, con eventual reintegro si se comprobó descuento improcedente.

Quinto: Que, previo a analizar el fondo, corresponde hacerse cargo de las alegaciones planteadas por las recurridas.

Sexto Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa, cabe señalar que el recurso de protección puede ser deducido por el afectado o por quien actúe en su representación, lo que ocurre en la especie, desde que el recurrente acompaña nómina de docentes y asistentes individualizados, lo que permite tener por cumplido dicho presupuesto.

Séptimo: Que, en lo referido a la falta de legitimación pasiva alegada por las municipalidades de Zapallar, Santo Domingo, Cartagena y de Algarrobo dicha objeción será acogida, pues de los antecedentes que obran en autos ninguno de los docentes individualizados en el listado del recurrente corresponde a funcionarios de establecimientos dependientes de las referidas comunas. Por lo cual no pudieron disponer y ejecutar los descuentos que se impugnan por no tratarse de docenes ni asistentes de la educación que prestasen servicios en los respectivos municipios.

Octavo: Que, en cuanto a la extemporaneidad, ella tampoco procede, desde que lo que se cuestiona en estos autos no es un dictamen antiguo de la Contraloría, sino los descuentos efectivamente practicados en junio de 2025, de modo que la acción se dedujo dentro del plazo previsto en el Auto Acordado.

Noveno: Que, de los antecedentes acompañados al proceso, se encuentra acreditado, en primer término, que los días 4 y 5 de junio de 2025 se produjo una paralización de actividades convocada por el Colegio de Profesores y asociaciones gremiales afines, a la cual adhirieron docentes y asistentes de la educación de distintos establecimientos municipales de la región. Consta asimismo que, en el marco de esa movilización, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N°E23910/2025 y los Oficios N°E92242/2025 y E93773/2025, reiterando la doctrina contenida en el Dictamen N°28.046/2016, en orden a que la inasistencia por paralización constituye tiempo no trabajado y debe dar lugar a descuentos de remuneraciones, salvo causales de justificación legal como licencias médicas, permisos administrativos o feriados. En cumplimiento de dichas instrucciones, varias de las municipalidades recurridas dictaron decretos alcaldicios u órdenes de descuento, individualizando a los funcionarios afectados y excluyendo, en algunos casos, a quienes se encontraban amparados por permisos o licencias. Asimismo, de los documentos acompañados por las partes, en especial las liquidaciones de remuneraciones de junio de 2025, consta que se practicaron efectivamente rebajas bajo el concepto “CGR Oficio N°E93773”, lo que permite tener por demostrada la ejecución material de los actos impugnados.

Décimo: Que, para resolver la cuestión planteada, corresponde ponderar el marco normativo aplicable. En efecto, el artículo 19 N°16, inciso final, de la Constitución establece expresamente la prohibición de huelga para los funcionarios del Estado y de las municipalidades, dentro de los cuales se comprenden los profesionales de la educación municipal. A su turno, el principio retributivo, consagrado en el artículo 72 de la Ley N°18.834 y en el artículo 69 de la Ley N°18.883, dispone que no podrán percibirse remuneraciones por tiempo no trabajado, salvo en las excepciones legales de licencia médica, feriado o permiso administrativo. Tales disposiciones han sido reiteradamente aplicadas por la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes N°28.046/2016 y E23910/2025, que afirman que la adhesión a paralizaciones ilegales genera necesariamente la deducción de haberes. La Excma. Corte Suprema ha sostenido en fallos previos que el descuento por tiempo no trabajado no reviste carácter sancionatorio, sino que constituye la consecuencia natural del incumplimiento de la jornada laboral, por lo que no requiere de sumario ni procedimiento disciplinario previo, sin perjuicio de que la Administración deba contar con antecedentes fidedignos que justifiquen la rebaja y asegurar, en su caso, un contradictorio mínimo que permita al afectado alegar causales de justificación.

Undécimo: Que, en lo referido a las garantías constitucionales invocadas, no se advierte vulneración de la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, desde que los descuentos se aplicaron de manera uniforme a todos los funcionarios que se ausentaron de sus labores sin justificación legal, distinguiéndose expresamente a quienes contaban con licencias médicas, permisos administrativos o feriados. En cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24, cabe precisar que solo se configura sobre remuneraciones efectivamente devengadas, lo que supone la prestación del servicio; de lo contrario, no existe un derecho adquirido a su pago. En relación con el derecho al trabajo y a una justa retribución, del artículo 19 N°16, la limitación reclamada deriva directamente de la prohibición constitucional de huelga en el sector público, de manera que la inasistencia por adhesión a paralizaciones ilegales no genera un derecho a percibir remuneraciones. Tampoco puede acogerse la alegación relativa a la supuesta incoherencia de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, por cuanto de los antecedentes aparece que sus dictámenes han mantenido de manera uniforme, al menos desde 1992, la tesis de que la recuperación de clases no enerva el deber de descontar haberes por los días de ausencia, lo que descarta la existencia de un cambio intempestivo de criterio susceptible de afectar la certeza jurídica.

Duodécimo: Que, en consecuencia, de los antecedentes examinados no se desprende la existencia de actos ilegales ni arbitrarios atribuibles a las recurridas, desde que los descuentos practicados encuentran sustento en normas expresas de rango legal y constitucional, en la jurisprudencia administrativa reiterada de la Contraloría General de la República y en el principio retributivo que rige la función pública. Dichas medidas, además, no constituyen sanciones disciplinarias, sino la consecuencia inmediata de la inasistencia injustificada, lo que excluye la exigencia de un procedimiento previo distinto a la verificación objetiva de los días no trabajados. En tales condiciones, no se configura la afectación actual, concreta e inmediata de las garantías invocadas por los recurrentes, razón por la cual el presente arbitrio constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. y de los docentes y asistentes de la educación individualizados en autos, en contra de la Contraloría General de la República, de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social y de las Municipalidades de Santa María, Santo Domingo, Hijuelas, Algarrobo, Cartagena, Zapallar, Rinconada, La Calera, San Antonio y La Ligua.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Silvana Donoso, quien estuvo por acoger el arbitrio, teniendo presente que los descuentos efectuados en las remuneraciones de los docentes individualizados se practicaron de manera masiva y automática, sin instruir previamente un procedimiento contradictorio que permitiera a los afectados formular descargos o acreditar causales justificadas de inasistencia, tales como licencias médicas o permisos administrativos. Estimó que esta omisión configura un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía del derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, en los mismos términos que ha sostenido la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en causas análogas.

Redacción por la Ministra señora Rosa Herminia Aguirre Carvajal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3612-2025.

No firma la Ministra Sra. Donoso, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa por no integrar Sala el día de hoy.