nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

C.A. de Valparaíso tacc Valparaíso, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don José Miguel Gutiérrez Salazar, deduciendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior. La acción constitucional se dirige en contra de la omisión de pronunciamiento y falta de respuesta oportuna respecto de la solicitud de regularización por paso no habilitado y los descargos administrativos presentados con fecha 29 de agosto de 2024, frente a un procedimiento sancionatorio de expulsión incoado en su contra por la Policía de Investigaciones de Chile.

La parte recurrente expone que el amparado ingresó clandestinamente a Chile y que, tras ser notificado del inicio de un procedimiento de expulsión el 26 de agosto de 2024, presentó oportunamente sus descargos e ingresó una solicitud de regularización. Denuncia que a la fecha de interposición del recurso la autoridad ha mantenido un silencio absoluto frente a sus peticiones, vulnerando los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad previstos en la Ley N° 19.880. Sostiene que esta inactividad lesiona sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, situación que se agrava de sobremanera considerando su delicado estado de salud derivado de un grave accidente laboral que le provocó quemaduras de segundo grado en cabeza y cuerpo, por las cuales recibe tratamiento activo de reconstrucción e injertos en el Hospital del Trabajador (ACHS Salud).

A folio 6, evacúa su informe el Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo previamente la excepción de incompetencia territorial y solicitando en el fondo el rechazo de la acción. Argumenta que el procedimiento sancionatorio se encuentra actualmente en tramitación en etapa de instrucción y análisis, no habiéndose dictado sanción migratoria alguna en su contra, sosteniendo que ha actuado dentro de un plazo razonable.

A folio 6, informa la Subsecretaría del Interior, solicitando igualmente el rechazo de la acción. Señala que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal se encuentra actualmente en análisis ante el Servicio Nacional de Migraciones en su calidad de organismo técnico, y que la sola tramitación pendiente no constituye por sí misma un acto u omisión ilegal o arbitraria.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la excepción de incompetencia territorial:

Primero: Que, la parte recurrida Servicio Nacional de Migraciones opone la excepción de incompetencia territorial, fundándose en que el recurrente registraría en algunos documentos acompañados un domicilio en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, por lo que los efectos de la omisión no se producirían en la jurisdicción de esta Corte.

Segundo: Que la alegación de incompetencia será desestimada, teniendo presente que el actor ha acreditado de manera fehaciente en estos autos poseer un arraigo laboral e innegable domicilio en la Región de Valparaíso. En efecto, el amparado cuenta con contrato de trabajo indefinido vigente como ayudante de cocina con el empleador "Restaurante Querida Lima III SpA", y domicilio en domicilio reservado, ambos en la comuna de Algarrobo. Lo anterior habilita plenamente a este Tribunal de Alzada a conocer del presente arbitrio de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales.

II.- En cuanto al fondo del recurso:

Tercero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos.

Cuarto: Que el acto reprochado consiste en una omisión, configurada por la falta de pronunciamiento y dilación en la tramitación por parte del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior respecto de los descargos y la solicitud de regularización migratoria presentados por el recurrente el 29 de agosto de 2024.

Quinto: Que, la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, consagra expresamente los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad, obligando a las autoridades a actuar por propia iniciativa en el procedimiento, a someter su actuar a plazos razonables y a dictar resolución expresa frente a las peticiones de los administrados. Mantener un procedimiento sancionatorio y una solicitud de regularización en una etapa de "instrucción y análisis" de forma indefinida pugna con el mandato legal de dar respuesta oportuna.

Sexto: Que, la omisión denunciada reviste en el presente caso caracteres de especial gravedad y arbitrariedad al soslayar la innegable situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra el recurrente. Según consta en la prueba documental aportada, el recurrente sufrió un accidente laboral en Chile que le causó severas quemaduras de segundo grado en cabeza, cuello y pecho, manteniéndose actualmente bajo tratamiento médico complejo, con cirugías reconstructivas e injertos de piel en la ACHS.

Séptimo: Que, someter a una persona en dicho estado de salud a un limbo migratorio prolongado e injustificado, amenazado latentemente por un proceso de expulsión inconcluso, amenaza de manera directa su garantía de integridad física y psíquica, así como el debido proceso y la igualdad ante la ley. El Estado, a través de sus órganos administrativos, no puede desatender razones humanitarias tan evidentes ni extender la incertidumbre jurídica de un administrado que requiere de estabilidad documental para continuar con su rehabilitación médica y mantener su fuente laboral formal, la cual ha acreditado mediante sus cotizaciones en FONASA y AFP.

Octavo: Que, en consecuencia, la falta de dictación de un acto terminal constituye una omisión arbitraria e ilegal que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, correspondiendo acoger la presente acción constitucional para disponer que la autoridad se pronuncie a la brevedad.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales:

I.- SE RECHAZA la excepción de incompetencia territorial opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones.

II.- SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado don José Miguel Gutiérrez Salazar, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas que, en el plazo máximo de sesenta días corridos contados desde que el presente fallo quede ejecutoriado, emitan un pronunciamiento formal, fundado y terminal respecto del procedimiento sancionatorio de expulsión y de la solicitud de regularización extraordinaria presentados por el actor, debiendo ponderar en su resolución los antecedentes médicos, laborales y humanitarios acompañados en esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3591-2026.