nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana y de profesión Ingeniero de Sistemas, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada conforme a la Ley N°18.156, estimando vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó ante AFP ProVida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la recién citada ley, sin embargo, el 29 de diciembre de 2025, al comunicarse telefónicamente con el servicio de atención al cliente de la recurrida, se le informó que la solicitud no sería aprobada, fundado en la falta de un certificado de afiliación al sistema previsional extranjero, apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Alega que dicha exigencia sería de imposible o muy difícil cumplimiento, atendido el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile y la inexistencia de funciones consulares, circunstancia que califica como un hecho público y notorio ajeno a la voluntad del recurrente. Añade que cuenta con una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad sería verificable en línea mediante el sitio oficial de dicha institución, ya sea a través del código de verificación indicado en el documento o mediante consulta por cédula de identidad.

Sostiene que la recurrida habría desestimado dicha constancia sin proceder a su verificación por los canales oficiales disponibles, imponiendo requisitos no contemplados en la Ley N°18.156, lo que configuraría un actuar arbitrario e ilegal que perturba su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales e infringe la igualdad ante la ley.

En particular, refiere que la argumentación relativa al vencimiento del documento, escapa a las exigencias de la normativa que regula este derecho, que solo se limita a requerir el título profesional, y que se manifieste la voluntad de mantenerse afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen en el contrato o en sus anexos, de manera que se desatiende el tenor literal de la norma, agregando requisitos no expresamente contemplados; en ese sentido, refiere que el artículo 18 del Código Civil señala expresamente que “cuando las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”, lo que demostraría que la falta de validez sólo ha de darse cuando la ley exija el instrumento público, lo que no acontece en este caso.

Concluye solicitando que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenándose a AFP ProVida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho de la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados y, en general adoptando las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 informó la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Como cuestión previa, sostiene que el recurso de protección no sería la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de materias de lato conocimiento y carácter contradictorio, en las que no existiría un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente al amparo de la Ley N°18.156, indicando que dicha normativa constituye un régimen excepcional que exige el cumplimiento copulativo de sus requisitos. Señala que el rechazo obedeció a que la “constancia de afiliación” al sistema previsional extranjero debía encontrarse vigente y venir apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, agregando que la documentación acompañada por el actor, esto es, una constancia electrónica de cotizaciones sin firma y una declaración jurada, no sería idónea para acreditar la cobertura previsional exigida.

Cita el Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones, sosteniendo que para acreditar la cobertura en el país de origen no basta un documento genérico, sino que se requiere certificación específica emanada de la autoridad previsional competente que dé cuenta de la protección por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile, precisando -en materia de salud- que la cobertura debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias. Añade que, conforme a las reglas generales sobre valor probatorio de instrumentos extranjeros y desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, resultaría exigible la apostilla tratándose de Venezuela como Estado Parte, con referencia a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya.

Sostiene, además, que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas y que no consignen coberturas específicas no permitirían acreditar el requisito del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, destacando, asimismo, la falta de firma del documento. En relación con las declaraciones juradas, afirma que la Superintendencia de Pensiones habría instruido que no constituyen un medio idóneo para acreditar cobertura previsional, por tratarse de una materia propia de la seguridad social que debe ser certificada por la autoridad competente.

Agrega referencias a oficios de la Superintendencia de Pensiones -entre ellos, el Oficio N°12.954 y el Oficio N°21.880- en cuanto a la exigencia de cobertura integral en salud y a la improcedencia de devoluciones cuando existirían manifestaciones de voluntad contradictorias o extemporáneas respecto de mantenerse afecto a un sistema previsional extranjero, sosteniendo que, en caso de contradicción, debe primar la regla general de enterar cotizaciones en Chile. Añade consideraciones sobre la residencia permanente del recurrente, indicando que aquello podría incidir en eventuales efectos para el sistema previsional y el erario fiscal.

Finalmente, reitera que su actuación se ajustaría a la ley y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, afirmando que no existiría acto ilegal o arbitrario ni afectación de garantías constitucionales, solicitando el rechazo del recurso con costas.

A folio 7 evacuó informe la Superintendencia de Pensiones. Como cuestión previa, informa que el señor nombre reservado no registra reclamo alguno ante ese Organismo Fiscalizador por los hechos que motivan la presente acción cautelar, de modo que no existirían antecedentes en su poder específicamente referidos al caso.

Refiere que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional, aplicable a trabajadores extranjeros dependientes que tengan calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la citada ley. Y que, de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500 y la letra i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, corresponde a esa Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, y que en ejercicio de tal facultad ha emitido jurisprudencia administrativa sobre la aplicación de la Ley N°18.156.

En cuanto al requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, señala que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el trabajador aporte certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Agrega que la jurisprudencia administrativa ha admitido, para estos efectos, un certificado extendido por embajada o consulado del país de origen, siempre que indique expresamente que se emite en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país respectivo.

Asimismo, sostiene que la cobertura debe acreditarse en forma específica y efectiva, existiendo al inicio y durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, y que, en materia de salud, se exige que sea integral, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias (subsidios) por enfermedad común. En consecuencia, afirma que no basta un documento genérico sobre coberturas del sistema extranjero, sino que debe consignarse específicamente, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con protección por todos los riesgos durante todo el período trabajado en Chile.

En relación con la declaración jurada suscrita por el recurrente, sostiene que no es idónea para probar la cobertura previsional fuera de Chile, pues dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades para dar fe sobre ello.

En cuanto a la “Constancia de cotizaciones” acompañada, conforme al Compendio de Normas y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre Apostilla, el documento del IVSS aportado no serviría para acreditar el requisito de cobertura, por no estar firmado, ni apostillado o legalizado; y, además, porque no señala coberturas específicas ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar en forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano. Reitera, en este contexto, que el procedimiento de apostilla es el mecanismo previsto para que documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en Chile, y que, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de la Convención, no correspondería acoger la pretensión del recurrente.

Por último, menciona que, por sentencia de 12 de mayo de 2025, dictada por esta Iltma. Corte en autos Rol N°1431-2025, se rechazó un recurso en situación similar, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema el 26 de junio de 2025 en Rol N°17866-2025, transcribiendo considerandos en que se concluye que el código de verificación electrónica no sustituye las exigencias formales de legalización o apostilla y que no resulta ilegal ni arbitrario exigir tales estándares.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión acreditada es la de ingeniero en sistemas, y que cuenta con permanencia definitiva en el país.

2° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que no se acompañó un certificado de afiliación al sistema previsional extranjero que se encontrara vigente y debidamente apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Agregó que, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, por tratarse de un documento sin firma, no legalizado ni apostillado, y que no permite acreditar de manera específica la cobertura previsional exigida por dicha normativa; asimismo sostuvo que las declaraciones juradas acompañadas no constituyen un medio probatorio suficiente para tales efectos.

Añadió, además, que durante el período en que el actor prestó servicios en Chile no constaría en su contrato de trabajo una manifestación expresa de voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, circunstancia que habría sido consignada solo con posterioridad.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del certificado descrito; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, constando que no se acreditó la concurrencia de de las restantes exigencias.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros con permanencia definitiva, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-358-2026.

En Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.