Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolano, en contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario cometido en la dictación de la Resolución Exenta que rechaza proceso de nacionalidad número NUM000, de fecha 13 de junio de 2025, por parte del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Departamento de Extranjería y Migración.

Explica que ingresó su solicitud de, cumpliendo con todos los requisitos legales, sin embargo, es notificado por parte del Servicio Nacional de Migraciones del contenido de la Resolución Exenta NUM001 que rechaza su solicitud de nacionalidad.

Señala que el recurrente en el mes de julio de 2022, su cuenta RUT del Banco Estado fue bloqueada por supuesta participación en un hecho constitutivo de estafa, situación de la cual tuvo conocimiento únicamente al concurrir personalmente a dicha entidad bancaria, señala que el 24 de junio de 2025, fue notificado mediante correo electrónico por el Servicio Nacional de Migraciones, que su solicitud de nacionalidad había sido rechazada debido a la existencia de una denuncia por estafa presentada ante el Juzgado de Letras y la Policía de Investigaciones (PDI), la cual – según se indica en el mismo correo– fue cerrada en octubre de 2022 sin dar inicio a investigación formal alguna, coincidiendo temporalmente con el momento en que se resolvió el incidente bancario antes descrito.

Arguye que jamás fue formalmente notificado ni requerido judicial o administrativamente respecto de tal denuncia, no existiendo en su contra condena penal alguna, ni procesos en curso, ni antecedentes de responsabilidad penal. Incluso, con fecha 28 de septiembre de 2023, acudió a la entrevista citada por la PDI en la ciudad de Iquique, y en dicha oportunidad no fue informado ni verbal ni documentalmente que existiera en mi contra una causa vigente o archivada por el delito señalado.

Solicita que se deje sin efecto dicho acto administrativo terminal, y que adquiera como providencia necesaria el restablecimiento del imperio del derecho A folio 5, Informa el Ministerio de Interior, señalando que es el Servicio nacional de Migraciones el encargado de recibir los antecedentes de los solicitantes de carta de nacionalización y tramitar el procedimiento respectivo, por lo que corresponde a dicho Servicio informar el estado de la solicitud y los argumentos que tuvo en consideración al dictar el acto administrativo impugnado. A folio 7, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien explica que se recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación del Decreto Exento NUM000 de fecha 13 de junio de 2025, del Ministerio Del Interior, que rechazó su solicitud de nacionalización, no siendo la autoridad administrativa que debe evacuar el informe respectivo. Señala que el recurrente es titular del permiso de residencia definitiva otorgado mediante Resolución Exenta NUM002 de fecha 28 de agosto de 2018, y que presentó una solicitud de carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones con fecha 03 de agosto de 2022 y que mediante Oficio Ordinario NUM003 de fecha 13 de mayo de 2025, se remitió al Ministerio del Interior, el expediente de solicitud de Carta de nacionalización de la recurrente.

Indica que en ejercicio de sus facultades discrecionales conforme al artículo 1 y 2° del D.S. N° 5.142 de 1960, se dictó el Decreto Exento NUM000 de fecha 13 de junio de 2025 del Ministerio del Interior.

Arguye que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundado, siendo una especial gracia del Presidente de la República su otorgamiento.

A folio 9, informa el Ministerio del Interior, explicando que la arbitrariedad está determinada por el actuar infundado por parte de los órganos de la Administración de Estado, lo que deviene en actos administrativos que normalmente carecen de mérito y fundamentación, en el caso del Decreto Exento NUM004, del 13 de junio de 2025, no es posible afirmar tal circunstancia, toda vez que, para su dictación, previamente la autoridad ministerial formó su convencimiento en base a un exhaustivo análisis de antecedentes, que se apoyó estrictamente en informes técnicos efectuados por diversos organismos expertos en la materia, tales como los informes de la Policía de Investigaciones de Chile y el estudio casuístico efectuado por el Servicio Nacional de Migraciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

En ese sentido, al señalar la reclamante que el acto administrativo que por esta vía busca controvertirse es arbitrario, realiza una afirmación de carácter genérica y que no corresponde a la realidad en la que obra esta Cartera de Estado.

Indica que el administrativo impugnado efectivamente posee una fundamentación. Distinto es que la parte recurrente considere que aquella no es suficiente, o derechamente inválida, lo cual no significa, necesariamente, que el acto efectivamente padezca de una arbitrariedad.

En cuanto a la ilegalidad, señala que el Decreto Exento NUM004 dictado por el Ministerio del Interior, por expreso otorgamiento de facultades del legislador conforme la normativa legal. En ese sentido, el acto administrativo impugnado está dictado por autoridad competente, previa investidura regular, en uso de sus facultades y conforme las formalidades que dispone la Ley. En consecuencia, no es posible afirmar que estamos ante un caso de ilegalidad contemplada por el ordenamiento jurídico nacional.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación del Decreto Exento NUM000 de fecha 13 de junio de 2025 del Ministerio del Interior, que rechazó la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente.

Tercero: Que, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Cuarto: Que, de los dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto antes señalado, el otorgamiento de la carta de nacionalización es un privilegio otorgado por el Jefe de Estado a aquellas personas que cumplan con los requisitos legales, en uso de sus facultades discrecionales, razón por la que no corresponde revisar por esta vía los fundamentos que la autoridad tuvo en consideración para proceder al rechazo de la solicitud de nacionalización del actor, motivo por el cual se desestima la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3574-2025.

En Valparaíso, uno de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.