nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección por el abogado Javier Hernández Silva, en representación de doña nombre reservado, y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la omisión de resolver un procedimiento administrativo sancionatorio, vulnerándose el articulo 19 N°3 de la Constitución Policita de la Republica y el artículo 211-B del Código del Trabajo que consagra expresamente los principios de celeridad e imparcialidad, los cuales no son meramente orientadores, sino obligatorios para la autoridad administrativa.

En cuanto a los hechos explica que el 12 de mayo de 2025 la Corporación Municipal de Quilpué dictó la Resolución N°467, mediante la cual remitió antecedentes a la Dirección del Trabajo para que se efectuara una investigación conforme al Protocolo contra el acoso laboral, sexual, violencia en el trabajo y discriminación arbitraria, en el marco de la Ley Karin, siendo su representada la parte denunciada.

En la Dirección del Trabajo se ingresó la investigación el 15 de mayo de 2025 con el numero n°31464, sin haber actuación investigativa ni noticia de su contenido por meses, hasta que el 24 de junio de 2025, el compareciente solicitó por correo antecedentes de la denuncia para poder defenderla y el 27 de junio de 2025 se le indica no haber registro de ingreso efectuado por la Corporación Municipal.

Indica que presentó una primera solicitud de caducidad de la investigación respondiendo la Corporación Municipal, por medio de oficio ordinario 619 de 12 de agosto de 2025 que ello no era posible por cuanto si había ingreso de denuncia el 15 de mayo de ese año.

Añade que ante la inactividad del órgano fiscalizador, presenta con fecha 20 de noviembre de 2025 la solicitud formal de declaración de caducidad de la investigación fundada en la infracción de los plazos legales establecidos en el Código del Trabajo, la cual fue remitida a los correos electrónicos de la Jefa de la Unidad de Derechos Fundamentales y Libertad Sindical, esto es, a doña nombre reservado y a la profesional de apoyo de la misma unidad, doña nombre reservado, sin respuesta alguna.

Continúa señalando que el 18 de diciembre de 2025, la fiscalizadora de la Dirección Regional del Trabajo, nombre reservado, se apersona en dependencias del lugar de trabajo de su representada, a saber, el Colegio Fernando Durán de la comuna de Quilpué, para, recién después de 7 meses, iniciar extemporáneamente el proceso indagatorio de investigación, ante lo cual, doña nombre reservado, le hace presente a la Fiscalizadora, la omisión por parte de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, de resolución respecto de la solicitud de caducidad presentada por esta parte, según se señala en el punto anterior, con fecha 20 de noviembre de 2025.

Precisa que su representada se negó a prestar declaración en un primer momento, al no estar resuelta su solicitud de caducidad, pero la fiscalizadora indicó que si no respondía perdería su derecho a formular descargos.

Tras ello, su parte el día 22 de diciembre contesta el cuestionario y lo envía al correo señalado conjuntamente con una nueva solicitud de caducidad sin que haya a la fecha, respuesta alguna. Solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida, ordenar a la Dirección del Trabajo de Valparaíso el archivo del procedimiento investigativo, por vulneración del debido proceso y de los principios obligatorios de la Ley Karin, y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas. Adjunta antecedentes.

A Folio 9, evacúa informe la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso indicando que el 15 de mayo de 2025, la entidad empleadora Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Atención al Menor derivó a este Servicio la denuncia interna en la empresa que efectuó la trabajadora doña nombre reservado, para que sea la Dirección del Trabajo la encargada de llevar a cabo el proceso de investigación por las materias denunciadas, generándose así el ticket N°31.464 del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC).

Agrega que la fiscalía laboral que revisa jurídicamente los antecedentes y la fiscalizadora a cargo del proceso investigativo, determinan iniciar investigación n°500.2025.1045 constatando y concluyendo jurídicamente indicios del acoso laboral denunciado y vulneración a la honra de la denunciante.

En cuanto a lo recurrido, que es la falta de respuesta a una presentación de investigación derivada por la recurrente y sus requerimientos para la declaración en un procedimiento administrativo, añade que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección en el entendido que el recurso de protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados.

Hace presente que de acuerdo al principio de impugnabilidad establecido en el art. 15 de Ley 19.880 todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico.

En cuanto al fondo dice que con la entrada en vigencia de la Ley 21.643 se aumentaron la materias que pueden denunciarse y consecuencialmente aumentó de forma exponencial la cantidad de denuncias interpuestas por trabajadores de manera presencial en las distintas oficinas de la región de Valparaíso, como aquellas que son derivadas por el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), mediante el cual los empleadores ingresan las solicitudes de investigación de denuncias de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo y las solicitudes de revisión de las investigaciones realizadas por ellos, números que superan la capacidad de actuar del servicio con los funcionarios destinados a las investigaciones. A lo anterior se suma el hecho de que la implementación de la citada ley no trajo aparejada mayor cantidad recursos para su implementación, lo que implica que servicios como la Dirección del Trabajo deben atender una carga mucho mayor de requerimientos con la misma cantidad de funcionarios, sin perjuicio de las ausencias por licencias médicas lo que constituye una fuerza mayor para el organismo.

En lo relativo a los plazos para concluir la investigación cabe señalar que la Contraloría General de la República, en reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes N°s 96.251, de 2015, 3.860, de 2018 y 19.288, de 2019, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, pues tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, de modo que la expiración de dichos términos no impide que aquellas se lleven a cabo con posterioridad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder.

Expresa que el Servicio ha respetado los principios del procedimiento, el que ha sido dirigido por un órgano administrativo independiente e imparcial, tanto objetiva como subjetivamente; las partes fueron correctamente emplazadas, en este caso, notificadas del inicio del proceso investigativo; y se respetó la bilateralidad de la audiencia, igualdad de partes y derecho a presentar prueba durante el transcurso de la investigación. Por ende, se ha ajustado a un procedimiento racional y justo conforme a la normativa constitucional.

Enfatiza que se trata de un caso de acoso laboral con vulneración a la integridad psíquica y honra de la trabajadora afectada. En este sentido, es necesario distinguir entre los hechos acusados, acaecidos entre 2023 y 2025, y los derechos vulnerados propiamente tales, los que razonablemente pueden entenderse vulnerados de forma permanente en el tiempo, no entendiéndose, por tanto, caducado el plazo de este Servicio para investigar, constatar y concluir jurídicamente los derechos fundamentales vulnerados, por lo que solicita el rechazo con costas.

A folio 10 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que los hechos que motivan el presente recurso se relacionan con la demora en la investigación a cargo de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso y, asimismo, con la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud formulada por el actor en el marco de un procedimiento tramitado conforme a la Ley N° 21.643, referida a la caducidad de la investigación precisamente por haberse superado el plazo establecido en el artículo 211-B del Código del Trabajo.

Tercero: Que, al informar, la recurrida no controvirtió los supuestos de hecho expuestos en el libelo, reconociendo que la demora en el inicio de la investigación no es arbitraria, sino que constituye un retraso justificado por el alto volumen de denuncias ingresadas tras la entrada en vigencia de la denominada “Ley Karin” y por la insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, detallando que el caso fue asignado, se notificó el inicio de la investigación, se tomaron declaraciones y se evacuó el informe respectivo, y que la investigación se encuentra afinada. Añadió que, en cuanto a la caducidad del procedimiento, no procedía porque razonablemente pueden entenderse vulnerados de forma permanente en el tiempo los derechos de la persona afectada por el acoso laboral, por lo que el Servicio está facultado para investigar, constatar y concluir jurídicamente el cometido.

Cuarto: Que para la adecuada resolución del presente arbitrio cabe tener presente que la Ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otras normas en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, incorporó el artículo 211-B al citado cuerpo legal, estableciendo expresamente que los procedimientos de investigación deben sujetarse, entre otros, a los principios de celeridad y perspectiva de género. Asimismo, el artículo 211-C del mismo Código dispone de manera expresa que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, exigencia que encuentra su fundamento en la especial gravedad de las conductas denunciadas en materia de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo.

Quinto: Que estos sentenciadores advierten que la demora del Servicio recurrido en tramitar el requerimiento del recurrente de protección resulta explicable y justificada por el aumento significativo de denuncias tras la entrada en vigencia de la denominada “Ley Karin” y la insuficiencia de recursos del servicio y, además, a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente, especialmente atendido que el procedimiento propiamente tal se encuentra en tramitación, y considerando que se inició la investigación en el mes de diciembre de 2025 aún si quiera se supera el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880. En efecto, la Dirección del Trabajo recurrida emitió un informe de fiscalización preliminar el 26 de enero de 2026, en cuya parte final, se rechaza la caducidad alegada y, posteriormente, se indica que se citó a las partes a mediación para el 16 de febrero recién pasado, todo ello, dentro del plazo de seis meses -sin perjuicio que éste no es fatal-, lo que ha terminado con cualquier incertidumbre que pudiera haber tenido la recurrente, más aún cuando sobre ésta no pesa ninguna medida cautelar.

Sexto: Que, en mérito de las consideraciones precedentes, la presente acción cautelar será rechazada en la forma que se indicará en lo resolutivo del fallo, al no advertirse acto ilegal ni arbitrario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por el abogado Javier Hernández Silva, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Redactó la ministra interina Leonor Cohen Briones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-356-2026.