nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la conducta ilegal y arbitraria desplegada por la recurrida con la comunicación de fecha 29 de noviembre de 2024, en virtud de la cual se le informa el término de su nombramiento en calidad de contrata para el año 2025, vulnerándose con ello las garantías establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que en Enero de 2017, fue contratada en calidad de honorarios por la recurrida, renunciando a dicho cargo al ser electa convencional constituyente.

Señala que se reintegra al Municipio en el mes de julio de 2022, en calidad de contrata, trabajando en la creación de la Dirección de Género Mujeres y Diversidad, desempeñándose ininterrumpidamente por 2 años y 5 meses, mediante prórrogas sucesivas y siendo calificada en lista 1 de distinción, sobresaliente.

Refiere que mediante el Decreto Alcaldicio N° 2208 de 13 de noviembre de 2024, se dispuso la renovación de su contrata desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Agrega que, sin embargo, encontrándose con la legítima seguridad que su contrata ya había sido renovada para todo el año 2025, el día 29 de noviembre de 2024, mediante un correo electrónico de nombre reservado encargada del Departamento de Gestión de Personal, se le informó el cese de sus funciones a partir del 31 de diciembre de 2024, adjuntando una carta de no renovación de personal transitorio.

Expresa que, estuvo con licencia médica por estrés ante la incertidumbre de la situación, haciendo presente que los efectos perniciosos de la actuación, se producen a contar del 1 de enero de 2025, fecha en que la actora queda privada de sus funciones.

Alega que ha existido una actuación material de la administración que carece de un acto administrativo previo que haya ordenado la decisión comunicada a la recurrente, lo que se encuentra vedado por el artículo 50 de la Ley N° 19.880 y, como consecuencia de ello, se encuentra frente a un acto carente de motivación, pues no se han explicitado los fundamentos para revocar la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio N°2208.

Agrega que la funcionaria remitente de la carta, no detenta la competencia para remover a funcionarios, pues dicha facultar corresponde exclusivamente al alcalde.

Solicita que se deje sin efecto la comunicación de no prórroga de la contrata, declarando ilegal la misma, rigiendo plenamente, en consecuencia, el Decreto Alcaldicio N°2208, de 2024, ordenando su reincorporación a sus funciones y pagó de sus remuneraciones, con costas.

A folio 12, evacua informe la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, solicitando el rechazo de la acción.

Alega en primer término la extemporaneidad de la acción, fundado en que la actora indicó que tomó conocimiento de la no renovación de su contrata el día 29 de noviembre de 2024, por lo que estima que sostener que el plazo se contabiliza desde que la comunicación surte efectos, esto es, desde el 1 de enero de 2025, no es sino un intento de ampliar forzadamente un plazo que se encuentra vencido.

Luego, en cuanto al fondo, indica que en el ordenamiento jurídico nacional, existe un procedimiento de reclamo especial ante la Contraloría General de la República, para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los servidores públicos que se rigen por estatutos administrativos de sujeción especial, que, en la especie, se encuentra contenido en el artículo 156 de la ley Nº18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Por otro lado, arguye que el artículo 151 la Ley N° 18.695 contempla un recurso especial para reclamar en contra de actos u omisiones del alcalde o de otros funcionarios municipales que se estimen ilegales, que es el denominado Reclamo de Ilegalidad Municipal. Este recurso debe interponerse ante el alcalde dentro de un plazo de 30 días desde la notificación o publicación del acto cuestionado. Si el reclamo es rechazado o la municipalidad no se pronuncia, el afectado puede recurrir a la Corte de Apelaciones en un plazo adicional de 15 días. En este contexto, se argumenta que el recurrente debió utilizar este procedimiento en lugar del recurso de protección, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia lo consideran el medio idóneo para impugnar actos municipales, determinando así la improcedencia del recurso de protección en este caso.

Sostiene que no ha existido actuación ilegal o arbitraria de su parte, pues los cargos transitorios tienen ese carácter y duraran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Explica que si bien mediante Decreto Alcaldicio N° 2208 se dispuso la renovación de la designación del recurrente, dicho acto fue dejado sin efecto mediante la dictación de un acto posterior, según consta en el Decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, que dispuso la revocación, dentro de otros, del decreto alcaldicio N° 2208, de 2024, fundado en que al momento de dictarse la prórroga no se contaba con la aprobación del presupuesto municipal para el año 2025, lo que hacía inviable la renovación de ciertos contratos sin contar con certeza sobre la disponibilidad de recursos.

Menciona que dentro de los procesos ordinarios y habituales de renovación o prórroga de las designaciones en calidad de contrata, la municipalidad de manera reiterada ha realizado esta determinación luego de aprobado el presupuesto municipal del año respectivo, constituyéndose en una práctica atípica la dictación de estos decretos de manera previa a la aprobación del presupuesto municipal, como acontece en la especie, lo que evidencia un cambio en el curso ordinario de estos procedimientos administrativos.

Sobre la materia, expone que la Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia administrativa que la revocación es una potestad privativa de las autoridades edilicias, la que se podrá ejercer por razones de mérito, conveniencia u oportunidad conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N°19.880.

Afirma que las alegaciones de falta de motivación, comunicación por funcionario incompetente e incumplimiento de normas de notificación por parte del recurrente carecen de fundamento, destacando que la municipalidad actuó conforme a la normativa vigente, sin incurrir en ilegalidades ni vulneraciones de derechos.

Señala que, de la misma manera la Excma. Corte Suprema ha confirmado el criterio de la naturaleza transitoria y temporal de las designaciones en calidad de contrata, determinación del límite temporal para entender que existe o no confianza legítima (vinculación por más de 5 años), y las exigencias que se imponen para disponer la no renovación en caso de contar o no con dicha institución.

Por último, sostiene que la Administración del Estado no se encuentra obligada, en los casos en que no se aplica el principio de confianza legítima, a dictar un acto fundado ni a comunicar tal decisión, siendo una acción que por órganos optativamente pueden ejercer con la finalidad de otorgar certeza jurídica y en el marco de la deferencia con los funcionarios, situación que aconteció en la especie.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

I.- En cuando a la alegación de extemporaneidad:

Primero: Que, la alegación de extemporaneidad interpuesta será acogida, toda vez que entre la fecha en que la recurrente se enteró de su desvinculación el 29 de noviembre de 2024 y la presentación del recurso el 28 de enero del año 2025, transcurrió con creces el plazo de treinta días establecido en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que, sin perjuicio de lo resuelto, pronunciándose sobre el fondo, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, por la presente vía cautelar se impugna la decisión de no renovar la contrata del recurrente para el año 2025, porque tal decisión habría sido tomada por persona no facultada al efecto y sin considerar que mediante decreto Alcaldicio N° 2210, de 13 de noviembre de 2024, ésta ya había sido prorrogada para el año 2025.

Cuarto: Que, para los efectos de resolver el recurso cabe tener presente que:

a.- Mediante Decreto N° 2811, de 29 de diciembre de 2023, se contrató a doña nombre reservado, en el carácter de funcionario transitorio, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en el cargo Profesional Grado 6° E.M., desde el 1° de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o mientras sus servicios sean necesarios, dependiente de la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades. Firma don nombre reservado. (Folio N°12, documento N°13). Durante el año 2022 fue contratada bajo la misma figura mediante Decreto N° 1508, de 11 de julio de dicho año.

b.- Mediante Decreto Alcaldicio N°2208, de 13 de noviembre de 2024, se contrató en calidad de funcionario transitorio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a doña nombre reservado, como profesional, grado 6° EM, Dirección de Género, Mujeres y Diversidades, desde el 1° de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025. Se dejó constancia que la contratación no sobrepasaba el máximo establecido en el artículo 2° de la Ley N°18.883, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante oficio circular N° 3.991 de 1995, de la Contraloría Regional de Valparaíso. Firma don nombre reservado. (Folio N°1, documento N°1)

c.- Que, mediante Decreto Exento N° 574, de 27 de noviembre de 2024, dictado por doña nombre reservado, Alcaldesa de Valparaíso, se revocó el decreto Alcaldicio N°2208, de 13 de noviembre de 2024. Al efecto tiene en consideración que el artículo 2° de la Ley N° 18.883 señala que, en su conjunto, las contratas no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal, el que debe calcularse, de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, debe calcularse sobre el presupuesto asignado a la planta municipal para cada año por concepto de remuneraciones; y que a la fecha de dictación del decreto N° 2208, este no se había aprobado por el Concejo Municipal. (folio N° 12, documento N°2).

d.- Mediante carta de 29 de noviembre de 2024, firmada por doña nombre reservado, encargada del Departamento de Gestión de Personal, se le informa a la recurrente que, conforme lo autoriza el artículo 2° de la Ley N°18.883, su nombramiento a contrata no será prorrogado para el año 2025. (Folio N°1, documentos N°s 2 y 3).

Quinto: Que, en primer lugar, resulta necesario explicitar que, de acuerdo con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en los antecedentes 20.476-2024, de conformidad a la fecha de ingreso del recurrente a prestar servicios, en calidad de contrata, a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a su respecto no concurre la institución de la confianza legítima y, en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.883, el cargo que la recurrente sirvió durante el año 2024, salvo renovación expresa, se extinguió, por el solo ministerio de la ley.

Sexto: Que, por otro lado, la renovación de la contrata mediante el Decreto N°2208, de 13 de noviembre de 2024, fundamento del recurso, no es tal porque fue dejada sin efecto, por el Decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, de cuyos efectos se puso conocimiento al recurrente mediante correo electrónico y antes de que el decreto revocado surtiere efectos. Esta actuación está prevista por la legislación en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, fue debidamente fundada y no incurre en las prohibiciones previstas en la norma citada. En efecto, los funcionarios públicos, en general, carecen de propiedad sobre los cargos que sirven, máxime si el cometido es dejado sin efecto antes de que se materialice.

Séptimo: Que, por último, ante la oposición de la Municipalidad de reintegrar a la recurrente y la falta de claridad respecto de los derechos que invoca, cobran relevancia los procedimientos establecidos en el artículo 156 de la Ley N° 18.883; 151 del D.F.L. N°1, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695; y de tutela laboral, previsto en el Código del Trabajo, en resguardo de sus derechos. En efecto, la naturaleza cautelar del recurso de protección y las medidas de urgencia, en esencia revocables, que esta Corte está facultada a adoptar, determinan que, ante la inexistencia de un derecho indubitado, este se discuta en sede ordinaria.

Octavo: Que, de conformidad a lo expuesto, se concluye que la decisión recurrida se encuentra suficientemente fundada y ha sido tomada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones legales, no siendo arbitraria, esto es, carente de razón o por el mero capricho de la jefatura correspondiente, motivos suficientes para desestimar el presente arbitrio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Silvana Donoso Ocampo, quien fue la opinión de acoger el recurso por las siguientes consideraciones:

1° Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, esta disidente fue de opinión de rechazarla toda vez que se acreditó en autos, que el acto previo que supone la comunicación entregada a la actora y que es el único con capacidad suficiente para producir efectos jurídicos como el término de una relación especial de trabajo, no ha sido notificado a la fecha y, en consecuencia, no rige plazo para interponer la presente acción cautelar.

2° Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley N° 19.880, las decisiones escritas adoptadas por la Administración deben expresarse mediante actos administrativos, entendiendo por tales aquellas decisiones formales que contienen declaraciones de voluntad emitidas en el ejercicio de una potestad pública. Dichos actos deben ajustarse a las formas establecidas en la ley, lo que en el caso de los municipios incluye la adopción de decretos alcaldicios, según lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3° Que, de los antecedentes acompañados, consta que con fecha 13 de noviembre de 2024, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 2208, que prorrogó la contrata de la recurrente, a contar del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, por carta de 29 de noviembre de 2024, se informó a la funcionaria que su contrata no sería renovada para el año 2025.

4° Que, un primer aspecto que debe ser abordado es la aptitud de la referida carta para dejar sin efecto un Decreto Alcaldicio legalmente emitido y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, aplicable en la especie, la respuesta deberá ser negativa desde que sólo por otro acto de la autoridad de la cual emanó, podría producirse tal efecto.

5° Que, en estas condiciones, no puede entenderse que el Decreto Alcaldicio N° 2208, haya perdido vigencia y, en consecuencia, la contrata prorrogada por dicho instrumento se mantiene en vigor.

6° Que, no es óbice para decidir del modo antes dicho, la dictación del Decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, que decidió dejar sin efecto el N° 2208 anterior, resolviendo en este caso, no prorrogar la contrata, desde que dicho acto administrativo terminal nunca fue notificado a la recurrente, dentro del plazo legal y, además, no constituye un verdadero acto revocatorio de otro anterior.

7° Que, conforme a lo razonado, se ha producido una vulneración a lo previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, que exigen que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, cuyo no es el caso.

Regístrese, notifíquese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-356-2025.