nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORAS INDEPENDIENTES MUJER EMPRENDE

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Visto:

Que, a folio 1 comparecen nombre reservado, y doña nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Sindicato De Trabajadoras Independientes Mujer Emprende, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos por éste al hostigar, censurar y expulsarlas del mismo, vulnerando sus derechos contenidos en los numerales 1°, 3°, 4°, 16 de la Constitución Política de la República, solicita que se deje sin efecto la censura y expulsión de ambas recurrentes, que respecto de nombre reservado, se respete, al ser reincorporada, su derecho a fuero sindical contenido en el artículo 243 del Código del Trabajo, y respecto de nombre reservado cesen de inmediato las conductas vulneradoras de hostigamiento, por último solicita que oficie al Departamento de Desarrollo Económico de la I. Municipalidad de Viña del Mar, con el fin de que evalué la situación del Sindicato Mujer Emprende y los permisos concedidos a esta organización, creándose un lugar preferencial independiente del sindicato para aquellos grupos prioritarios y vulnerables.

Indican que nombre reservado fue socia fundadora del sindicato recurrido, siendo parte de su primera directiva en el cargo de secretaria, agrega que desde el mes de julio del año 2022 fue víctima de hostigamiento y acoso laboral por parte de socias del sindicato, agrega que en el mismo mes ella citó a una reunión de carácter privado lo que fue considerada como “practica anti sindical” por parte de la presidenta del sindicato, por ello se convoca a una asamblea extraordinaria el 13 de julio de 2022, donde ella expone los motivos de la citación a reunión privada, de dicha reunión no se levanta acta ni asistencia, se cita a una nueva asamblea para determinar la sanción a aplicar, de la cual tampoco se levanta acta, incumpliendo los requisitos establecido en el estatuto para censurar al directorio, declarándose ante el Director de la Inspección del trabajo que las asambleas antes señaladas, habían quedado sin efecto.

Agrega que con fecha 11 de agosto de 2022, la presidenta, tesorera y tesorera local presentan sus renuncias, por lo que se realiza nueva elección el 12 de septiembre del mismo año.

Indica que la nueva y actual directiva con fecha 23 de septiembre de 2022 le remite vía correo electrónico, carta de expulsión, agrega que dicha decisión fue tomada sin realizar asamblea para presentar descargos, y sin las firmas de la directiva, por lo que con fecha 26 de septiembre se presentó a trabajar en la feria siendo denigrada y humillada por la presidenta actual del sindicato quien le negó su derecho a trabajar en su puesto, teniendo permiso municipal pagado y vigente, indicándole que ya no es parte del sindicato y que no puede estar ahí, y que su permiso lo puede usar al final de la feria o en los bordes.

Además, arguye que con fecha 05 de septiembre entregó su documentación para la renovación del permiso municipal para el mes de octubre, sin embargo se le negó dicho derecho por la expulsión, encontrándose sin trabajo desde el mes de octubre, agrega que en noviembre concurrió a la inspección del trabajo para hacer su denuncia pero que en ella le indicaron que solo pueden atender denuncias de trabajadores dependientes.

Por su parte, la recurrente nombre reservado refiere que en el mes de octubre de 2022 fue en reiteradas ocasiones hostigada por la directiva del sindicato por el motivo de encontrase su hija en el puesto de ella, indica que su hija le ayuda con los bultos y que se queda en el puesto de la feria en su ausencia, cuando va al baño o realiza diversos trámites relacionados a su estado de salud, señala que la presidenta le indicó que debe avisar cada vez que salga de la plaza por cualquier motivo, y que su hija nombre reservado no puede ir con ella, señala sentirse vigilada y acosada que a cada hora pasan por su puesto para ver si ella se encuentra o no, arguye que en su calidad de adulta mayor de 66 años, con diversas afecciones de salud se ha sentido maltratada y discriminada, por lo que con fecha 25 de octubre realiza denuncia en el SENAMA.

Indica que con fecha 02 de noviembre recibió carta de amonestación por parte de la directiva, y que con fecha 21 de enero se cita a asamblea extraordinaria para resolver sobre su expulsión, a la que no asiste por estar con licencia médica, recibiendo la notificación de su expulsión vía correo electrónico.

Respecto de los derechos conculcados, indica que se vulnera el N°3 del artículo 19 de la carta fundamental, por no respetarse la normativa contenida en el estatuto en cuanto al proceso de censura; en cuanto al respecto a la honra de la persona y su familia, su vulneración se traduce en los abusos que sufre la recurrente nombre reservado y la falsa acusación de haber cometido prácticas anti sindicales por nombre reservado; agrega que haber sufrido acoso laboral, y que también se vio vulnerado su derecho de libertad sindical; y, por ultimo señala conculcado el derecho a la integridad física y psíquica de nombre reservado.

A folio 10, evacua informe la recurrida Sindicato De Trabajadoras Independientes Mujer Emprende, quien primeramente alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que los hechos alegados como arbitrarios e ilegales, habrían ocurrido en septiembre de 2022 en el caso de nombre reservado, y el 21 de enero del presente año en el caso de nombre reservado; en segundo lugar alega la improcedencia de este arbitrio, pues el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de acciones y procedimiento existentes, lo anterior debido a que las actuaciones sindicales cuentan con un procedimiento judicial, y en el caso de marras cuenta con el procedimiento de tutela laboral. En cuanto al fondo, niega los hechos y señala que efectivamente con fecha 23 de septiembre de año recién pasado, la directiva notifica la expulsión del Sindicato a nombre reservado, decisión tomada de manera unánime por la directiva de acuerdo a lo establecido en artículo 29 letra e) de los estatutos sindicales, la decisión fue tomada por las reiteradas faltas cometidas por la recurrente las que se exponen en asambleas de fecha 26 y 27 de septiembre, señala que no han impedido el trabajo de la recurrente ya que no tiene facultades para ello, y solo que en el proceso de solicitud de permiso para el mes de octubre se solicitó la revocación del mismo debido a la expulsión. Agrega que nombre reservado no fue censurada, sino que perdió su calidad de directora al momento que el sindicato quedó acéfalo y se procedió de acuerdo a los estatutos a una nueva elección.

Respecto de la situación de nombre reservado, expone que solo han hecho cumplir una disposición municipal que indica que el permiso entregado es personal e intransferible por lo que a todas las socias se le hace hincapié que deben permanecer en sus puestos por las constantes fiscalizaciones que realiza la municipalidad, señala que tienes otras socias de la tercera edad y con problemas médicos y ninguna ha solicitado un trato preferente acatando con normalidad los acuerdos de las asambleas, además que es responsabilidad de cada socia complementar su puesto de trabajo con equipo apropiado según sus necesidades. Agrega que la recurrente fue amonestada de manera verbal y luego escrita a fin que cumpliera con los acuerdos establecidos en las asambleas y, que con fecha 12 de enero la directiva recibió una carta con un listado de firmas de socias solicitando la expulsión de la recurrente, por lo que se cita a asamblea extraordinaria, a la que no asiste la actora quien mediante correo electrónico indicó que no asistiría por problemas médicos sin certificado ni documentación de respaldo, determinándose finalmente su expulsión.

A folio 23, informa la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, señalando que nombre reservado, en su calidad de ex socia del mismo, informó problemáticas que se han dado al interior del Sindicato por medio de una reunión en enero de 2023, particularmente del eventual maltrato a socias y ex socias, de su expulsión y de actos irregulares dentro del Sindicato, hace presente que la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en relación a hechos de los que tomó conocimiento, en cuanto al posible tráfico de drogas. Respecto de los permisos, señala se han concedido desde abril a la fecha para generar ferias de emprendimiento en Plaza Sucre, Paseo Cousiño y Playa Los Cañones, realizando fiscalizaciones en terreno de la feria, además de informa que se ha creado un lugar preferencial independiente del sindicato para aquellos grupos prioritarios y vulnerables, A folio 24, rige el decreto de autos en relación.

Después de la vista de la causa los antecedentes quedaron en estudio para, posteriormente, pasar a la fase de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

PRIMERO: Que la alegación de extemporaneidad del recurso será desechada por cuanto aquel hecho denunciado, consistente en la expulsión de las recurrentes del Sindicato, constituye una situación que produce efectos permanentes, que perduran hasta la actualidad.

II.- En cuanto a la procedencia del recurso:

SEGUNDO: Que la recurrida, al informar, sostuvo que la presente acción constitucional estaría siendo utilizada “como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios” que existirían para cautelar las garantías de las recurrentes y que, por consiguiente, debía ser rechazado al no ser la vía idónea para conocer la pretensión de las actoras.

TERCERO: Que, según se colige de sus artículos 486 y 216 letra c), resulta ser efectivo que el Código del Trabajo les reconoce a las recurrentes, en tanto ex miembros de un sindicato de trabajadoras independientes, poder accionar a través del procedimiento de tutela laboral establecido en el párrafo 6° del Capítulo II del Libro V de la indicada codificación.

Sin perjuicio, debe descartarse que el aludido reconocimiento impida el ejercicio de la acción constitucional deducida en estos autos; toda vez que el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo prevé expresamente dicha posibilidad, cuando se señala que, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, no se podrá efectuar una denuncia de tutela laboral.

En consecuencia, la alegación de improcedencia del recurso, también será rechazada.

III.- En cuanto al fondo del recurso:

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que las recurrentes han invocado entre otras, como conculcada, la garantía contemplada en el inciso quinto del artículo 19 N° 3° de la Constitución Política.

El inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Ley Fundamental establece que "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho".

A través de la garantía consagrada en el referido inciso quinto el constituyente ha prohibido que comisiones especiales se arroguen facultades propias de los tribunales de justicia, sin serlo; ejerciendo de hecho la jurisdicción que la Constitución y las leyes reservan a órganos imparciales, competentes e independientes (en este sentido nombre reservado, nombre reservado; "Tratado de la Constitución de 1980", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1988, pp. 271 y ss.).

Asimismo la doctrina constitucional ha señalado que la prohibición de comisiones especiales, prevista en el inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, se encuentra directamente vinculada con el derecho al juez natural y el derecho a ser oído por un tribunal independiente (así nombre reservado y nombre reservado; "El Derecho a la Tutela Judicial y al Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno", en Estudios Constitucionales, Año 11, Nº 2, 2013, p. 260). Esta vinculación también ha sido explicitada -ya desde hace décadas- por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando establece que la garantía en cuestión "...reconoce a toda persona el derecho al juez natural y prohíbe el ser juzgado por comisiones especiales, como denomina el constituyente a todo órgano que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende asumirlas sin haber sido atribuido de ellas conforme a derecho" (así considerando séptimo, letra f, de la Sentencia Rol N° 184 de 07 de Marzo de 1994).

SEXTO: Que, en cuanto a los hechos denunciados por la actora nombre reservado, la recurrida reconoce que su expulsión se verificó por decisión unánime de la Directiva del Sindicato, el 23 de septiembre de 2022, notificándose con la misma fecha a la afectada mediante una carta de expulsión adjunta a un correo electrónico.

De la revisión de la carta de expulsión señalada, que figura acompañada a estos autos por el escrito del folio 10, se aprecia que la medida de expulsión fue tomada, por la Directiva, como medida disciplinaria por la supuesta infracción a algunas obligaciones estatutarias que son transcritas en la misiva.

SEPTIMO: Que el Estatuto Sindical, en su artículo 29, letra e), establece que el socio perderá su calidad de tal cuando la Directiva, en forma unánime, acuerde su expulsión. Por su parte el artículo 40, al describir las sanciones propias del régimen disciplinario, lista en su letra g) la expulsión de la organización sindical “cuando así lo acuerde la asamblea”. A su vez el artículo 43 reserva la medida de expulsión, únicamente, para ser impuesta por la asamblea y, siempre, en caso de faltas graves o reincidencias.

A la luz de las normas estatutarias referidas se observa que la sanción de expulsión se encuentra prevista para ser aplicada tanto por la Directiva como por la Asamblea del Sindicato.

Esta dualidad de competencias en el ejercicio del régimen disciplinario, si bien prevista en el Estatuto Sindical, es anómala y no se ajusta a la legalidad vigente; por cuanto el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil, dispone: "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario".

De la prohibición legal del inciso segundo del artículo 553 del Código Civil se deriva un principio de separación de competencias que resulta ser absoluto ("En todo caso..."), sin reconocer excepciones y que, en concepto de esta Corte, ha sido inobservado por la recurrida.

Cabe hacer presente que la naturaleza absoluta de la citada prohibición legal es de tal entidad que, por ello, la Excelentísima Corte Suprema ha otorgado la protección cuando en casos similares al de autos se ha incurrido en la incompatibilidad proscrita por el inciso segundo del artículo 553 de la codificación ya indicada (así en los autos Rol N° 4702-2014, N° 6434-2014 y N° 11499-2014). Igual criterio también ha sido recepcionado y aplicado por esta misma Ilustrísima Corte en los autos Rol N° 798-2016.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al ejercer la Directiva del Sindicato la facultad disciplinaria de expulsión de la actora nombre reservado incurrió en una ilegalidad, transgrediendo los principios básicos que guían el régimen disciplinario al interior de una asociación; lo cual determina acoger la acción deducida respecta a esta recurrente en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

NOVENO: Que, en cuanto a los hechos denunciados por la actora nombre reservado, las partes están contestes que su expulsión se verificó por decisión de asamblea extraordinaria del Sindicato, celebrada el 24 de enero de 2023 y que, si bien la fecha de esta reunión le fue previamente notificada a la actora (el 21 de enero de 2023), para que compareciera, en definitiva ella no concurrió al excusarse por estar enferma.

De la revisión del acta manuscrita de la asamblea extraordinaria señalada, que figura acompañada a estos autos por el escrito del folio 10, se lee, en su hoja N° 2, que se dejó constancia de lo siguiente:

“Defensa socia nombre reservado: La socia no se presenta a asamblea extraordinaria. Hace envío mediante correo electrónico justificación por la ausencia mencionando que se encontraba con licencia médica, la cual no fue adjuntada al correo, cabe mencionar que el correo fue enviado a la mitad de iniciada la asamblea”.

Con la constancia anterior queda establecido que esta recurrente no fue oída ni pudo ejercer sus descargos, respecto a las faltas que se le reprochaban, antes de decidirse su expulsión del Sindicato.

Debe recordarse que el derecho a ser oído en todo proceso disciplinario es de la esencia de un procedimiento racional y justo y dicha exigencia aparece expresamente recogida en el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil, cuando dispone que la potestad y facultades disciplinarias respecto de los integrantes de una asociación deben ser ejercidas “mediante un procedimiento racional y justo”, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. Además el propio Estatuto Sindical, en su artículo 39, establece que cuando se estimare pertinente “la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho de la afiliada a ser oída”, situación que en el caso de la actora claramente fue inobservada vulnerándose su derecho; todo lo cual lleva también a acoger el arbitrio en su favor tal como más adelante se dirá.

DECIMO: Que, conforme a lo que se viene exponiendo, se concluye entonces que el actuar de la Directiva del Sindicato de Trabajadoras Independientes Mujer Emprende no se ha ajustado a derecho en cuanto expulsó ilegalmente a sus socias nombre reservado y nombre reservado, vulnerándose con dicha actuación la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, frente a lo cual corresponde otorgar la indispensable protección y adoptar las medidas necesarias conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos, por doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Sindicato De Trabajadoras Independientes Mujer Emprende, dejándose sin efecto la expulsión de ambas recurrentes, quienes deberán ser reintegradas como socias del citado Sindicato, dentro de los treinta días siguientes a que este fallo quede ejecutoriado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Señor Felipe Caballero Brun.

No sujeto a anonimización.

N°Protección-3556-2023.

En Valparaíso, cuatro de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.