nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Renzo Gondolfi Díaz, abogado, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, técnico en enfermería, en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, por la aplicación de la medida de destinación al SAPU Las Torres y la modificación a su jornada laboral, medida que vulnera los derechos fundamentales de la actora, garantizados en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que la afectada es funcionaria del SAPU de Miraflores ubicado en el sector Miraflores Alto de la comuna de Viña del Mar, y que como consecuencia de hechos acaecidos en su vida personal se le instruyó un sumario administrativo en su contra, mediante Resolución de Gerencia N°539/24, de 17 de diciembre de 2024.

Refiere que, el fiscal mediante su vista impuso como sanciones la suspensión del cargo por 30 días con goce del 50% de remuneración e impuso como sanción la medida de traslado a otro establecimiento de dependencia de la Corporación Municipal, medidas que fueron aprobadas por el director de la Corporación. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la recurrente fue citada a reunión con el director de la Corporación, quien le notificó que a partir de esa fecha sería destinada al SAPU Las Torres, ubicado en el sector Forestal Alto, de Viña del Mar, imponiéndole una jornada de trabajo de 17:00 a 00:00 horas, de martes a viernes, y turnos de 16 horas los sábados y domingos que quedaron a disposición del director del SAPU quien puede disponer arbitrariamente del turno.

Arguye que, al consultar los motivos de dicho traslado y las razones de destinarla a ese SAPU en particular, el director de la Corporación respondió que la decisión se debía a las sanciones impuestas por el fiscal de su sumario administrativo, estableciéndose así que el traslado no se debió a una razón de autoridad justificada en las necesidades institucionales, sino que se entendió como una sanción adicional.

Expone que la decisión afecta gravemente su vida familiar, toda vez que es madre de la menor nombre reservado, de 14 años, a quien deberá dejarla sin supervisión de adulto como consecuencia del traslado, debido a que la ubicación del recinto es de difícil acceso a locomoción pública y porque los horarios impuestos hacen imposible estar presente en la vida de su hija, vulnerando su derecho a la vida privada, al igual que su derecho a la igualdad ante la ley, pues constituye una sanción adicional no contemplada expresamente en la ley ni en la resolución original del sumario, generando una diferencia arbitraria respecto de otros funcionarios que han sido sancionados con las penas legalmente establecidas.

Sostiene que la Ley 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece de forma taxativa las sanciones que pueden aplicarse en un sumario administrativo, en los artículos 121 y siguientes, siendo estas la destitución, suspensión del cargo, multa y censura, no contemplándose el traslado como sanción específica, por lo que su aplicación resulta ilegal.

Invoca vulneración del principio “non bis in ídem”, argumentando que la administración ya ejerció su potestad sancionadora por los hechos que dieron origen al sumario administrativo, por lo que aplicar un traslado con carácter punitivo por la misma falta, constituye una doble punición por el mismo fundamento.

Pide que se acoja el recurso y que se ordene dejar sin efecto la medida de traslado al SAPU Las Torres de Forestal Alto, y acompaña vista fiscal de 17 de diciembre de 2024, certificado de nacimiento de nombre reservado, entre otros documentos.

A folio 8, se concedió orden de no innovar.

A folio 13, informa Xavier Palominos Segovia, abogado, en representación de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, quien sostiene que la actora ejercía labores como auxiliar de enfermería del SAPU de Miraflores, mediante contrato de trabajo que en su cláusula tercera dispone: “(…) la Corporación podrá trasladar a doña nombre reservado en caso de necesidades del servicio, a otros establecimientos u oficinas que estén bajo las dependencias de la Corporación, en condiciones tales, que no signifique menoscabo alguno en la situación laboral y profesional del trabajador”.

Refiere que la funcionaria fue condenada en el sumario administrativo instruido el 17 de diciembre de 2024, siendo dicho sumario afinado a través de la resolución de gerencia N°231/25, la cual rechazó la reposición de la recurrente y ordenó aplicar la sanción de suspensión de empleo por 30 días, con goce de remuneraciones disminuidas en un cincuenta por ciento, de acuerdo con los artículos 120 letra c) y 122 de la Ley 18.883.

Explica que, en dicho sumario la fiscal propuso como recomendación la destinación de la funcionaria, estableciendo en su vista que “las situaciones incidieron directamente en las relaciones de trabajo entre nombre reservado y las víctimas de su actuar, en circunstancias que tras los hechos descritos, todos manifestaron haber compartido turnos con la inculpada, viéndose afectados emocionalmente e impactando en el clima laboral, llegando incluso, en el caso de nombre reservado, a optar por dejar de trabajar en la Corporación”.

Menciona que, mediante la Resolución N°231 de la Gerencia General, se dispuso en su resuelvo N°4 oficiar a la Dirección de Salud para que coordinara el período de suspensión y solicitó a dicha Dirección para que remitiera informe sobre disponibilidad de centros de salud para la destinación de la funcionaria. Luego que el director del Área de Salud informó que debía destinarse a nombre reservado al SAPU Las Torres, debido a que una funcionaria de aquel SAPU fue destinada a otro como medida de resguardo en contexto de un sumario.

De este modo, argumenta que, mediante Resolución N°302, de 3 de junio de 2025, la Gerenta General destinó a la funcionaria al SAPU Las Torres a partir del día 10 de junio, circunstancia que también quedó reflejada en el anexo de contrato de trabajo suscrito por la recurrente.

Afirma que el acto impugnado se fundó legalmente en la atribución que tiene la autoridad contemplada en el artículo 70 de la Ley 18.883, por lo que no constituye un acto ilegal. Además, sostiene que la destinación tampoco fue arbitraria, toda vez que la resolución contiene los fundamentos por los cuales se adoptó tal decisión, derivados de las recomendaciones planteadas por la fiscal del sumario administrativo, referidas a que el clima laboral dentro del SAPU Miraflores se había visto deteriorado a tal punto que uno de los compañeros de trabajo de la recurrente habría renunciado para no desempeñar funciones en el mismo establecimiento.

Respecto a la alegada vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución Política sobre igualdad ante la ley, la Corporación argumenta que el artículo 70 de la Ley 18.883, establece que los funcionarios solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados, manteniendo las mismas funciones en una misma jerarquía, lo cual se cumple toda vez que doña nombre reservado fue destinada al SAPU Las Torres a prestar exactamente las mismas funciones que cumplía en SAPU Miraflores.

En relación al cambio de jornada de trabajo, la recurrida sostiene que responde a una necesidad del servicio y se encuentra amparada por la cláusula cuarta del contrato de trabajo que establece que “la jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a domingo. El horario de trabajo se adecuará a las necesidades de funcionamiento de los establecimientos y acciones de atención primaria de salud”, concordante con el artículo 15 de la Ley 19.378.

Respecto a la alegada vulneración del artículo 19 N°4 de la Constitución sobre respeto y protección a la vida privada, la Corporación argumenta que la destinación es una facultad de la autoridad que se ejerce debido a la relación laboral y profesional, no relacionándose con aspectos personales de la vida privada de la recurrente, constituyendo una destinación netamente profesional cumpliendo con la normativa y el contrato de trabajo firmado y consentido por la funcionaria.

Manifiesta que la destinación tiene como fin resguardar el ambiente laboral del SAPU Miraflores que había sido gravemente comprometido, mientras que la sanción del artículo 121 de la Ley 18.883, tiene como fundamento la responsabilidad administrativa por haber obtenido datos bancarios sin autorización de tres funcionarios, realizando compras por internet sin consentimiento, vulnerando el principio de probidad.

Pide que se rechace el recurso, con costas, y acompaña contrato de trabajo, resolución que ordena la destinación, anexo de contrato de trabajo, vista fiscal del sumario administrativo, entre otros documentos.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El presente recurso de protección se funda en la alegación de que la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social vulneró los derechos fundamentales de la recurrente, garantizados en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al aplicar la medida de destinación al SAPU Las Torres y modificar su jornada laboral. La actora sostiene que dicha destinación constituye una sanción adicional no contemplada en la ley, que viola el principio “non bis in ídem” y afecta gravemente su vida familiar al impedirle supervisar adecuadamente a su hija menor de edad.

Segundo: Por su parte, la recurrida argumenta que la destinación se fundó legalmente en las atribuciones contempladas en el artículo 70 de la Ley 18.883 y en las cláusulas contractuales suscritas por la funcionaria, siendo una medida adoptada para resguardar el clima laboral del SAPU Miraflores que había sido gravemente comprometido como consecuencia de los hechos que motivaron el sumario administrativo, y que el cambio de jornada responde a necesidades del servicio conforme a las facultades contractuales y legales de la empleadora.

Tercero: En relación a la destinación al SAPU Las Torres, debe tenerse presente que esta medida se encuentra expresamente contemplada en la cláusula tercera del contrato de trabajo suscrito por la recurrente, la cual establece la facultad de la Corporación de trasladar a la actora en caso de necesidades del servicio a otros establecimientos u oficinas que estén bajo las dependencias de aquella, en condiciones tales, que no signifique menoscabo alguno en la situación laboral y profesional. Asimismo, dicha facultad encuentra respaldo en el artículo 12 del Código del Trabajo, que permite al empleador alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad y que no se cause perjuicio al trabajador, requisitos que en la especie se han cumplido cabalmente y, en lo que respecta a un menoscabo eventual, ello no ha sido acreditado por la recurrente.

Además, la trabajadora mantiene las mismas labores de técnico en enfermería en un establecimiento de la misma naturaleza y dentro de la misma comuna, por lo que la destinación se ajusta al ius variandi del empleador, no configurándose la arbitrariedad o ilegalidad alegada.

Cuarto: Respecto a la modificación de la jornada laboral, es dable consignar que esta materia dice relación con aspectos propios de la relación laboral que requieren de un análisis de fondo que deben ser dilucidadas en sede laboral ordinaria, donde existe la posibilidad de rendir prueba y debatir ampliamente los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las respectivas posiciones. Por tanto, no se configura en este aspecto un derecho indubitado cuya protección pueda ser amparada mediante el presente recurso, lo que también lleva al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 8.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3555-2025.

En Valparaíso, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.