nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Que a folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Valparaíso, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago; por el acto Ilegal y arbitrario de fecha 27 de mayo de 2025, que rechaza solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, por afectar las garantías del artículo 19 N° 2, 24y 26 de la Constitución Política de la República, a fin que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Relata que el 22 de mayo de 2025, don nombre reservado solicitó la devolución de sus fondos previsionales, afirmando cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156. Sin embargo, el 27 de mayo de 2025, AFP Modelo rechazó su solicitud, argumentando en síntesis que la constancia emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no acreditaba de manera suficiente su afiliación, por cuanto era genérica, no especificaba las coberturas otorgadas, carecía de firma y no se encontraba apostillada.

Indica que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, verificable en línea, que acredita su afiliación desde 2013 y detalla las prestaciones del sistema previsional venezolano. También presentó contratos laborales y anexos que manifiestan su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen. ​ Señala que la falta de representación diplomática venezolana en Chile imposibilita obtener documentos apostillados, lo que constituye un caso de fuerza mayor. ​ Además, la normativa no exige apostilla ni legalización de documentos, solo acreditar la afiliación al sistema previsional extranjero. ​ Refiere que actuar de AFP Modelo resulta ilegal y arbitrario, toda vez que impone al recurrente requisitos que no están contemplados en la Ley N° 18.156 ni en su normativa complementaria, como la exigencia de documentos apostillados o legalizados. Tal conducta no solo carece de sustento jurídico, sino que también desconoce el carácter verificable y suficiente de la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual acredita la afiliación y las coberturas requeridas por la ley. Asimismo, la decisión de rechazar la solicitud de devolución de fondos sin fundamentación suficiente y sin considerar los medios de verificación disponibles revela un proceder antojadizo y formalista que vulnera los derechos fundamentales del recurrente.

Arguye que AFP Modelo impuso al recurrente requisitos adicionales no contemplados en la Ley N° 18.156, como la legalización o apostilla de documentos, exigencias que no son solicitadas a otros trabajadores en igual situación. Esta diferencia de trato carece de justificación razonable y constituye una discriminación arbitraria, pues otros solicitantes en condiciones similares han obtenido la devolución de sus fondos previsionales con documentos equivalentes vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Alega que el rechazo de la solicitud impide al recurrente disponer de sus fondos previsionales, los cuales constituyen propiedad legítima suya. Esta negativa carece de base legal suficiente y lo priva de un atributo esencial del dominio sobre dichos fondos, vulnerando su derecho de propiedad sin justificación en una ley general o especial.

Sostiene que la actuación de la AFP, al exigir formalidades imposibles de cumplir dadas las circunstancias (inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela), impide en la práctica el ejercicio del derecho del recurrente a solicitar la devolución de sus fondos previsionales. Esto afecta la esencia del derecho y lo hace ilusorio, en contravención del mandato constitucional, prohibición contemplada en el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental.

Solicita se ordene a la recurrida se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adopte las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Que a folio 5, informa la recurrida y señala que revisó los documentos presentados por el recurrente y concluyó que no cumplían con los requisitos legales. ​ En particular, porque la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no estaba legalizada ni apostillada y no acreditaba las coberturas específicas exigidas; y porque la declaración jurada tampoco cumplía con los requisitos legales. ​ Señala que la Ley N° 18.156 exige que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que esta afiliación sea acreditada mediante documentos legalizados o apostillados. ​ Además, el contrato de trabajo debe incluir la voluntad expresa del trabajador de mantener dicha afiliación. ​ Indica que actuó conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que son obligatorias. ​ No se acreditaron los requisitos esenciales para la devolución de fondos, ni la autenticidad de los documentos laborales presentados. ​ Concluye que no actuó de manera arbitraria ni ilegal, sino que cumplió estrictamente con la normativa aplicable.

Solicita que el recurso de protección sea rechazado. ​ Que a folio 6 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente desde el uno de enero de dos mil veinticinco al uno de abril del mismo año, fundado en que el recurrente cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, pero se le estarían exigiendo documentación que le es imposible de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa, en síntesis, que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el recurrente no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156, ya que el título profesional es una fotocopia simple y la apostilla no es verificable; el anexo de contrato en el que se incluye la cláusula de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero, indica que es a contar de esa fecha (uno de abril de dos mil veinticinco); no se acreditó que el recurrente haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero, y no cuenta con la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, el citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el recurrente no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, no se puede verificar en línea mediante el código QR o apostilla el certificado de afiliación emanado del Instituto Venezolano de Seguridad Social, el que no contiene las prestaciones cubiertas.

Quinto: Que, de lo expuesto, se aprecia que la recurrida ha rechazado la solicitud de fondos del actor, conforme a la normativa contenida en la Ley 18.156, lo que lleva a rechazar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3508-2025.

En Valparaíso, dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.