nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado en la comuna de Viña del Mar, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para trabajador extranjero, comunicado por correo electrónico de 16 de abril de 2026.

Expone que solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. Sostiene que la solicitud fue rechazada bajo la causal “faltan apostillas”, pese a haber acompañado título universitario apostillado, contratos y anexos de trabajo, declaración jurada notarial y constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que, a su juicio, permite verificar su afiliación previsional mediante el código electrónico respectivo.

Alega que la Administradora incorpora exigencias no previstas en la Ley N° 18.156, mediante una interpretación excesivamente formalista, desconociendo además las dificultades de los nacionales venezolanos para obtener documentos apostillados o legalizados debido a la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile. Afirma que dicha negativa vulnera las garantías del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al privarlo de disponer de sus fondos previsionales. Solicita, en definitiva, que se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados, o se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso. Señala que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales el 16 de abril de 2026, respecto de cotizaciones enteradas por el empleador don nombre reservado, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con sus anexos. Indica que la solicitud fue rechazada porque la constancia electrónica de cotizaciones y las declaraciones juradas efectuadas por el propio trabajador no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, en los términos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que la persona solicitante no acompañó certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene que ha actuado conforme a las instrucciones del órgano fiscalizador y que no existe acto ilegal o arbitrario imputable a su parte.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones. Expone, en primer término, que el recurrente no registra reclamo ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción. Sin perjuicio de ello, señala que la devolución de fondos previsionales prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1 de dicha ley.

Precisa que la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile debe acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país respectivo, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste que el trabajador contó con cobertura efectiva durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Añade que la declaración jurada acompañada por el actor no resulta idónea para probar dicha exigencia, por no emanar de la autoridad previsional extranjera competente.

Asimismo, la Superintendencia tuvo a la vista la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, indicando que fue extendida el 21 de abril de 2026, pero que en el propio documento se consigna vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024; que no señala las coberturas concretas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de manera genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano; y que tampoco se encuentra firmada por quien la emite ni apostillada o legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, informa que, además, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el contrato de trabajo acompañado fue suscrito con don nombre reservado, por lo que no se cumpliría el supuesto previsto por el legislador, consistente en que los técnicos extranjeros celebren contrato con una “empresa”, conforme al concepto del artículo 3° del Código del Trabajo.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud formulada por el recurrente ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., mediante la cual pretendía obtener la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, por su calidad de trabajador extranjero.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, por no haberse acompañado una certificación idónea de afiliación y cobertura previsional extranjera, debidamente legalizada o apostillada.

Cuarto: Que, para resolver, debe tenerse presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 exige, para la exención de cotizar de los técnicos extranjeros, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su turno, el artículo 7 del mismo cuerpo legal permite solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley.

Quinto: Que, por tratarse de un régimen excepcional, su aplicación exige la concurrencia copulativa de los presupuestos legales. En particular, la afiliación y cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante documentación emanada de la autoridad competente del país respectivo y presentada con las formalidades que permitan reconocerle eficacia en Chile, especialmente cuando se trata de instrumentos otorgados en el extranjero que inciden directamente en el cumplimiento sustancial del beneficio pretendido.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no resulta suficiente para acreditar la exigencia legal antes indicada.

En efecto, según informó la Superintendencia de Pensiones, dicho documento no señala en forma específica las coberturas con que cuenta el recurrente durante el período de prestación de servicios en Chile, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de manera genérica las prestaciones que otorgaría el sistema previsional venezolano. Además, no consta que se encuentre firmado por quien lo emite ni debidamente apostillado o legalizado.

Séptimo: Que, a lo anterior se suma que el recurrente cuenta con visa de permanencia definitiva, circunstancia acreditada de acuerdo a la cédula de identidad acompañada en su recurso, que da cuenta de su ánimo de permanencia en Chile.

Octavo: Que, en este contexto, no es posible estimar que la Administradora recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario al rechazar la solicitud del recurrente, desde que su decisión se fundó en la falta de acreditación formal y sustantiva de los requisitos legales exigidos para acceder a la devolución de fondos previsionales, conforme a la normativa sectorial y a las instrucciones del órgano fiscalizador competente.

La existencia de un código de verificación electrónica no permite, por sí sola, sustituir las exigencias de certificación, cobertura específica, vigencia y legalización o apostilla requeridas para este régimen excepcional.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas, pues el rechazo impugnado no priva indebidamente al recurrente de sus fondos, sino que supedita la procedencia de la devolución al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Por ello, el arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-3494-2026