nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado el 21 de abril de 2026, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2°, 3°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, fue notificada el 21 de abril de 2026 del rechazo de su requerimiento bajo el argumento de que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acreditaba cobertura por enfermedad común con prestaciones médicas y pecuniarias, y por carecer de apostilla o legalización.

Alega que dicha determinación constituye un acto ilegal y arbitrario, toda vez que la normativa especial aplicable no contempla formalidades adicionales ni distinciones respecto a la validez de las constancias electrónicas, las cuales son plenamente verificables en el sitio web oficial de la institución previsional extranjera mediante un código alfanumérico.

Argumenta que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista y caprichosa que desatiende la finalidad del legislador de atraer personal calificado y permitirles disponer de sus ahorros. Añade que la exigencia de una apostilla deviene en una condición de imposible cumplimiento debido a la inexistencia actual de representación diplomática venezolana activa en Chile, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor.

Afirma que este proceder genera una relación causal directa que vulnera la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, al otorgar un trato excluyente e injustificado en comparación con otros cotizantes en idénticas condiciones, traduciéndose en una retención arbitraria de fondos que le pertenecen en su esencia.

Pide, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceder a la efectiva devolución de los fondos previsionales de la recurrente.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 7, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, alegando preliminarmente, la improcedencia del recurso de protección, fundada en que la situación reclamada excede el ámbito de esta acción cautelar.

En cuanto a los hechos, refiere que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Argumenta que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyas normas deben interpretarse de manera restrictiva de acuerdo con las facultades de control y supervigilancia del sistema. Afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada, legalización o apostilla por la autoridad competente extranjera, requisitos de carácter obligatorio para instrumentos otorgados en el exterior según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Menciona que el código de verificación en línea no convalida las exigencias legales omitidas, y que el documento tampoco detalla de forma idónea una cobertura previsional de salud integral que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias específicas durante la vigencia laboral en Chile.

Añade que la alegación de caso fortuito por falta de nexos consulares es contradictoria e insuficiente, pues el trámite es gravoso, pero materialmente posible a través de terceros o sedes consulares en otros países, y advierte que la devolución improcedente arriesga el patrimonio fiscal frente al principio de universalidad de la seguridad social.

A folio 9, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso En primer lugar, sostiene que el recurso de protección es improcedente, pues no existe acto ilegal ni arbitrario, sino la aplicación de normativa previsional especial. Añade que la recurrente debió agotar previamente las instancias administrativas ante la AFP o la Superintendencia de Pensiones, organismo competente conforme al artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980.

En cuanto al fondo, funda el rechazo de la solicitud de devolución de fondos en el incumplimiento de los requisitos copulativos del artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156. Al respecto, aduce, en primer término, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acredita una cobertura de salud integral que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias durante toda la prestación de servicios en Chile, conforme lo exige la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. En segundo término, señala que dicho documento no se encuentra debidamente apostillado ni legalizado, requisito que reviste carácter obligatorio según lo instruido por la misma Superintendencia. Agrega que la invocación de fuerza mayor por parte de la recurrente no resulta procedente para eludir el cumplimiento de exigencias legales que condicionan el acceso a un beneficio de carácter excepcional.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) y b) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud puesto que el documento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acredita cobertura de salud integral con prestaciones médicas y pecuniarias, ni se encuentra apostillado o legalizado. Descarta además la fuerza mayor como causal para eludir requisitos legales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de trece de abril de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-3491-2026.