nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO

Foja: 74 Setenta y Cuatro Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de junio de dos mil dieciocho.

VISTO:

A fojas 2 y rectificación de fojas 20 comparece doña nombre reservado, chilena, Asistente Social, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto se han vulnerado las garantía constitucionales de los números del artículo 19 N° 2 y 3 de la Carta Fundamental.

Señala que ingresó a prestar servicios personales de Asistente Social para mi ex empleador, luego de un concurso público, en el Consultorio Jurídico de La Ligua, desde el 01 de marzo del año 2001 hasta el día 13 de abril de 2018, fecha en que fue despedida, encontrándose su relación laboral regida por el Código del Trabajo, cumpliendo funciones tales como prestar asesoría profesional a nivel de caso, grupo o comunidad, según corresponda; apoyar, desde la perspectiva del Trabajo Social, a los postulantes al título de Abogado que realicen la práctica profesional exigida por la ley, y a estudiantes en práctica de otras disciplinas; propender, en los casos en que sea posible, a la desjudicialización de la solución de los conflictos por medio de avenimiento, negociación o de técnicas alternativas de resolución de conflictos como la mediación, a fin de solucionar en forma rápida y eficiente el asunto, con las participación personal de y directa de las partes; realizar actividades de difusión de técnicas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación; insertar al Consultorio Jurídico en la red social pública y/o privada, a nivel comunal y regional; prestar asesoría en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos y/o programas; realizar las labores administrativas inherentes a la profesión y cargo; y en general cumplir las instrucciones directrices que le indique el Director General o el Abogado Jefe del Consultorio.

Señala que durante el desempeño de sus funciones pudo advertir el 2 de diciembre del 2016 que una postulante ejercía actos deshonestos con u usuario, haciéndole entrega, disimuladamente, de una tarjeta de presentación personal, con la finalidad de ofrecer sus servicios. Comunicó los hechos a don nombre reservado, quien en ese tiempo era Abogado Jefe del Consultorio Jurídico de La Ligua.

Indica que, posteriormente, la postulante entrega una carta a su abogado guía, dando cuenta de los hechos acontecidos e informando hechos diversos que la perjudicaban, haciendo notar en ellos que su reacción hacia ella fue desmedida y que la insultó.

Señala que el 09 de enero de 2018, el abogado jefe del consultorio jurídico decide informar a la señora nombre reservado de la Corporación recurrida, sin considerar la comunicación que entregó sobre los hechos, lo que motiva que se ordene la apertura de una investigación sumaria en su contra, la que le fue notificada mediante correo electrónico de fecha 09 de marzo del 2017, de la señora Paulina Meléndez Pérez, Abogada Actuaria de la investigación, sin adjuntar la documentación exigida por el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el Personal.

La investigación sumaria fue ordenada por resolución exenta 01/2017 de fecha 03 de marzo del 2017. Se designó como Abogado Investigador a don nombre reservado y como su actuaria la Abogado doña Paulina Meléndez Pérez.

Refiere que no intenta atacar los argumentos utilizados por la recurrida para dar termino al contrato de trabajo, más bien, se propone dar a conocer a S.S.I las arbitrariedades e ilegalidades que se han suscitado en los procedimientos administrativos.

Señala que el primero de los sumarios administrativos por los cuales se le investigó tuvo una duración de aproximadamente 2 meses y 5 días, cerrando la investigación con fecha 08 de mayo del 2017. Posterior a dicha actuación, con fecha 9 de mayo la Directora Regional, solicita información sobre el estado del proceso, lo que con fecha 10 del mismo mes fue evacuado por el abogado investigador, quien indica que dicha investigación se encuentra en etapa de formular cargos.

El 10 de mayo del 2017 don nombre reservado, informa nuevos hechos que bajo su criterio de jefatura son atentatorios del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal, los que por resolución exenta número 2/2017 de fecha 11 de mayo del 2017, se ordena iniciar una nueva investigación, que tuvo como Abogado investigador y Abogado actuario, a las mismas personas nombradas en la primera investigación sumaria. Dicha investigación fue cerrada el 9 de junio del 2017, sin considerar el tiempo que demoró la resolución de los recursos interpuestos, situación que, considerando la fecha en que es recibida por la Contraloría General de La República la resolución afecta N° 71, esto es, el día 16 de marzo del 2018, es dable sostener que dicho proceso tuvo una etapa de duración sobre los 10 meses.

Indica que, en la misma fecha de cierre de la segunda investigación, se resolvió por el abogado investigador acumular esta investigación a la primera y estando vigente el plazo para la decisión del abogado investigador, tendiente a formular cargos o declarar el sobreseimiento, con fecha 12 de junio, nuevamente el abogado investigador resuelve acumular las investigaciones (ya acumuladas) para en la misma fecha, declarar en otra resolución que se resuelve reanudar el procedimiento y a contar de esta fecha (12 de junio del 2017) aplicar lo dispuesto en el artículo 35. 3 N° 6 del citado Reglamento, siendo notificada personalmente el día 21 de junio del 2017 en la ciudad de La Ligua, en contravención a lo establecido en el artículo 35.3 N° 2 del Reglamento aludido.

Refiere que fue notificada de la formulación de cargos con fecha 21 de junio de 2017, esto es, 8 días hábiles administrativos después de haber cerrado las investigaciones sumarias seguidas en su contra.

Con fecha 9 de junio del 2017 se cierra la segunda investigación y con fecha 12 de junio del mismo año, el abogado investigador plasma en su resolución lo siguiente: “Resuelvo: reanúdese el procedimiento y a contar de esta fecha, rija lo dispuesto en el artículo 35. 3 N° 6 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal”, vulnerándose las garantías constitucionales por la extemporaneidad en la formulación de cargos.

Las investigaciones que resuelven dar término a su contrato de trabajo.

Señala que una vez que fue notificada por la recurrida de la formulación de cargos, pudo tener en su poder copia fiel del expediente administrativo, donde fue posible identificar que dicha copia no era completa y que existen otros documentos en el expediente administrativo, los que no coinciden con los acompañados en los respectivos oficios.

Refiere que, en el ejercicio de su derecho a presentar descargos, informó sobre las irregularidades en la copia del expediente administrativo que le fue entregado al momento de la notificación de la formulación de cargos, no recibiendo respuesta.

Indica que nunca fue informada de la posibilidad de rendir prueba.

Señala que no se ha respetado la ley en las investigaciones sumarias seguidas en su contra. Cita la Ley N° 19.880.

Solicita finalmente se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida ya individualizada y, en definitiva, ordenar se reestablezca el imperio del derecho sobre sus garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley vulneradas, amenazadas o perturbadas ilegal y arbitrariamente por la recurrida, siendo necesario el reintegro a sus labores, si en derecho corresponde o ser sometida a un proceso racional y justo, en los términos establecido por ley, con costas.

Acompaña documentos a su recurso.

A fojas informa don nombre reservado, Director General de la recurrida, solicitando el rechazo total y absoluto del recurso deducido.

Indica que la relación laboral que la ex funcionaría recurrente mantuvo con la Institución que representa, no sólo estaba regida por las normas del Código del Trabajo, sino también por aquellas que rigen a los funcionarios públicos, por ende, su desempeño debe ser medido bajo el prisma de la probidad, rectitud funcionarla y ética contractual.

Los funcionarios o trabajadores de la Corporación, se rigen por las normas del Código del Trabajo, de la Ley 18,575 de Bases Generales de la Administración del Estado; por la Ley 17.995 y el D.F.L. N° 944 Estatutos de la CAJVAL, ambas de 1981; y por las. disposiciones del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, agregando que los dictámenes emitidos por la Contrataría General de la República son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización En este contexto, las conductas de la ex-funcionarla, fehacientemente acreditadas en las investigaciones que se practicaron conforme a un imperativo legal, eran contrarias a la función pública que le correspondía cumplir, por lo que la decisión adoptada de poner término a su relación laboral fue del todo lógica, racional y proporcionada.

Alega la inadmisibilidad del recurso, por cuanto es extemporáneo, ya que la resolución N° 71, de 5 de septiembre de 2017 y que aplicó el término de la relación laboral fue notificada a la funcionarla con fecha 13 de septiembre de 2017, momento en que tomó pleno conocimiento del resultado de las investigaciones practicadas, por lo que, desde ese momento hasta el día de la interposición del presente recurso, transcurrió en exceso el plazo de 30 días que exige la norma.

En cuanto a las actuaciones que tuvieron lugar con anterioridad a la antedicha resolución, la recurrente reclama supuestas ilegalidades y arbitrariedades acaecidas en las investigaciones sumarias que se siguieron en su contra. No obstante, el primero de dichos procesos sancionatorios se inició en marzo de 2017 y el segundo en el mes de mayo del mismo año, habiendo presentado sus descargos en el mes de junio, por lo que, desde esa fecha, la recurrente conocía plenamente los hechos y actuaciones.

Lo anterior se refuerza porque en agosto de 2017 dedujo acción de Tutela por Vulneración de Derechos Fundamentales ante el Juzgado del Trabajo de la Ligua por los mismos hechos.

En segundo lugar, el debido proceso no se encuentra amparado por el recurso de protección, por cuanto sólo el artículo 19 N°3 inciso 3°está protegido por esta acción.

Alega el incumplimiento de los requisitos del recurso de protección, por cuanto no existe ilegalidad o arbitrariedad, ya que con la copia del expediente de investigación se concluye que el procedimiento carece de ilegalidades o de arbitrariedades, y que la responsabilidad administrativa de la recurrente se encuentra acreditada suficientemente, siendo ésta de tal gravedad que se justifica la aplicación de la sanción disciplinaria de término de la relación laboral. Se trata de una medida adoptada por la autoridad competente actuando en el ámbito de sus facultades, dotada de razonabilidad y fundamentada de manera suficiente.

Señala que se tomó razón de la Resolución que determinó el término de la relación laboral. Tanto la legalidad del proceso de investigación como la resolución que aplicó a la recurrente la medida de término de su relación laboral se ven refrendadas por el trámite de toma de razón que realizó la Contraloría General de la República con fecha 9 de abril de 2018, teniendo a la vista todo el expediente de investigación, lo que reafirma la legalidad del proceso investigativo, de manera que a los actos resolutivos y a todo lo obrado en el marco de la investigación, les asiste la presunción de legalidad inherente a todo acto administrativo.

El recurso de protección no es el mecanismo idóneo para pretender desvirtuar de manera indirecta el acto administrativo con su Toma de Razón.

Señala que en el juicio sobre Tutela Laboral en que la recurrente alegó los mismos hechos, se reafirmó la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones y medida aplicada en el procedimiento disciplinario, toda vez que la demanda fue rechazada y el recurso de nulidad fue declarado abandonado. Cita partes de la sentencia.

En cuanto al supuesto incumplimiento de plazos alegado por la recurrente, no es tal, toda vez que en el procedimiento se ha dado cumplimiento íntegramente al Reglamento Interno. Por otro lado, la recurrente no señala en su presentación, que el procedimiento disciplinario se vio suspendido por varios meses a raíz de la existencia de un juicio laboral por tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado Laboral de La Ligua. No obstante, la propia jurisprudencia administrativa ha precisado que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones, se lleven a cabo con posterioridad a ella.

Señala que no existen derechos fundamentales vulnerados. No se aprecia cómo podría haberse infringido la igualdad ante la ley, ya que en el proceso investigativo y en la resolución que aplicó la medida de término de relación laboral, se ha dado aplicación al procedimiento disciplinario consagrado en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, aplicable a todos los funcionarios de la Cajval, en cumplimiento de la ley laboral; así como las normas generales y principios aplicables a todo funcionario público, calidad que invisten los trabajadores de esta institución y en cuanto al debido proceso, si bien esta garantía fundamental no se encuentra protegida por el Recurso de Protección, no ha sido vulnerada, ya que el trámite de toma de razón evidencia la legalidad del proceso.

Indica que, del expediente sumarial es posible constatar que éste fue sustanciado por un funcionario investigador, quien recibió declaraciones de testigos y demás medios probatorios, formuló cargos, realizó sus descargos la funcionaría investigada, y luego el investigador sugiere una sanción. Posteriormente el Director General, previo estudio y análisis de los antecedentes, dicta la fundada resolución, N° 71 de fecha 5 de septiembre de 2017. En contra de ésta, la investigada deduce recurso de reposición con apelación subsidiaria para ante el Consejo Directivo de la Cajval, los que fueron rechazados. Es decir, 1a ex funcionaría hizo uso de los recursos que la ley le franquea. En consecuencia, no se advierte infracción al debido proceso, existió bilateralidad de la audiencia, pudo conocer el motivo de la acusación y presentar prueba en su favor, haciendo uso del derecho a impugnación.

Finalmente, señala que la Excma. Corte Suprema ha señalado que el recurso de protección es una acción de urgencia, rápida y desformalizada, que no puede ni aun por la inexistencia de un contencioso administrativo, convertirse en instancia de fondo. La misma Corte sostiene que el recurso de protección no es un juicio que pueda adentrarse en cuestiones que ameriten discusión y prueba, y por ello se ha dicho que para que resulten amparados por su manto, los derechos deben resultar indubitados. En cuanto a los procedimientos disciplinarios, la Corte Suprema en reiteradas sentencias, ha sostenido que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que- de protección dé aquellos que, siendo preexistentes e; indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados. En la especie, dicho presupuesto no concurre por cuanto lo que se persigue por la recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término a sus servicios, por lo que el presente recurso de protección no está: en condiciones de prosperar.

A fojas se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida Primero: Que, la recurrida ha alegado que el recurso de protección se ha deducido más allá del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, esto es, treinta días corridos desde la ocurrencia del acto u omisión impugnada, por cuanto es posible colegir el conocimiento de la actora respecto de los actos de la investigación sumaria acumulada seguida en su contra en fecha muy anterior en relación con la de interposición del arbitrio.

Segundo: Que, del mérito de los antecedentes aparece que con fecha 05 de septiembre de 2017 se dicta la resolución afecta Nº 71 que resuelve la investigación sumaria y aplica medida disciplinaria a la actora y con fecha 20 de septiembre del mismo año la Sra. nombre reservado deduce recurso de reposición con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero por resolución Nº 860, de 28 de septiembre de 2017 y concedida la apelación para ante el Consejo Directivo de la Corporación, el que finalmente es rechazado por acuerdo 02/231, de 03 de octubre de 2017.

Tercero: Que, del mérito de los actos referidos precedentemente, se revela inequívocamente el conocimiento que la recurrente tuvo de los antecedentes de la investigación seguida en su contra a lo menos al mes de septiembre de 2017, cuando toma conocimiento del resultado de la misma y ejerce los recursos procesales que franquea la ley.

Cuarto: Que, a mayor argumentación, en el mes de agosto de 2017 la actora interpuso acción de tutela de derechos fundamentales ante el Tribunal del Trabajo de La Ligua, la que evidentemente realiza un reproche diverso al que funda el presente arbitrio, sin embargo, los hechos descritos en aquel libelo se refieren a los que motivaron la investigación sumaria seguida en su contra, de modo que este proceder judicial refuerza el conocimiento de los hechos que en contra de la recurrente se esgrimían.

Quinto: Que, por lo antecedentes expuestos y habiéndose deducido el presente recurso en el mes de mayo de 2018, claramente lo ha sido en exceso del plazo de treinta días corridos desde que tomó conocimiento de los hechos respecto de los cuales recurre, por lo que será rechazado por extemporáneo.

II.- En cuanto al fondo:

Sexto: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de rango constitucional cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y proteger al afectado frente a actos u omisiones, de carácter ilegal o arbitrario, que afecten el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales que el artículo 20 de la Carta Fundamental señala.

Séptimo: Que, se han estimado vulneradas por la actora las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, siendo procedente reconducir la primera hacia la segunda, toda vez que, tanto en el libelo del recurso como en estrados, los reproches a la investigación sumaria seguida contra la actora son de naturaleza procesal y formal, esto es, acerca de cumplimiento de plazos, bilateralidad de la audiencia, posibilidad de rendir probanzas, conocimiento oportuno de los antecedentes íntegros, etc., sin embargo, la garantía del debido proceso no se encuentra incorporada en el catálogo que de manera taxativa contiene el artículo 20 de la Carta Fundamental, en relación al artículo 19 del mismo Cuerpo Normativo, toda vez que la única hipótesis de protección del numeral 3 del artículo 19 aludido se refiere al juzgamiento por Comisiones Especiales, reproche que no se ha realizado en este caso, de manera que no es posible siquiera emitir pronunciamiento sobre el respeto de una garantía constitucional no amparada por el mecanismo judicial ejercido y sometido al conocimiento de esta Corte.

Octavo: Que, así las cosas, el presente arbitrio no puede prosperar por motivos de oportunidad y temporalidad como se ha venido diciendo, incluso en el evento de haber superado aquel obstáculo procesal, su devenir tampoco le permitiría arribar a buen puerto dada la deficiencia de fondo consignada en el considerando anterior.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge la alegación de extemporaneidad de la recurrida y, en consecuencia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 2 y rectificación de fojas 20 por doña nombre reservado, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3490-2018.