nombre reservado con UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Comparece don Juan Carlos Ferrada Bórquez, abogado, en representación de nombre reservado, funcionaria de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, interpone un recurso de protección contra la Universidad de Playa Ancha y su Rector, nombre reservado. El recurso se presenta debido a las Resoluciones Exentas N°026 y N°086, que imponen a nombre reservado una suspensión de empleo por tres meses con goce del 70% del sueldo y la prohibición de participar en eventos académicos y extraacadémicos. Estas resoluciones, según el recurrente, vulneran los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, prohibición de discriminación arbitraria, interdicción de ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

Expresa que el Rector de la referida casa de estudios, ordenó un sumario administrativo contra nombre reservado basado en un informe de la Directora de Equidad e Igualdad de Género debido a una denuncia de estudiantes, incluyendo a Anggell nombre reservado. Los cargos formulados incluyen la lectura incorrecta de una resolución, cuestionamientos sobre el nombre social y uso inapropiado de pronombres, y el uso del término "colegue".

Explica que se formularon cargos a nombre reservado por violencia de género y acoso discriminatorio en razón de identidad de género. Los cargos se basan en tres hechos: la lectura de la Resolución N°27/2023 que identificaba incorrectamente a Pérez, preguntas sobre el nombre social y el uso del término "colegue". Según la fiscal, estos hechos constituyen infracciones según el artículo 4 del Decreto N°924/2022.

Argumenta que nombre reservado presentó sus descargos y se abrió un término probatorio. La defensa alegó vicios procedimentales y cuestionó la calificación jurídica de los hechos. Se mencionaron pruebas como programas de un diplomado, resoluciones universitarias y declaraciones de testigos. La defensa argumentó que los hechos no configuraban las infracciones imputadas.

Agrega que, pese a las alegaciones y pruebas presentadas por la defensa, la fiscal y el Rector consideraron configuradas las infracciones y aplicaron la sanción de suspensión de empleo por tres meses con goce del 70% del sueldo. La defensa presentó un recurso de reposición, que fue rechazado, manteniéndose la sanción.

Expresa en su recurso que existen una serie de irregularidades y vicios procedimentales en el sumario administrativo, los que resume en los siguientes:

- Falta de imparcialidad y objetividad del órgano instructor y resolutor.

- Valoración de prueba agregada por la actuaria del sumario.

- No valoración de pruebas rendidas por la defensa.

Adicionalmente, se habrían considerado en la sanción hechos no formulados como cargos, como la falta de disposición de nombre reservado a utilizar el lenguaje neutro y la indiferencia en el trato.

Plantea que de acuerdo con el sumario los mismos hechos configuran dos infracciones distintas, a saber, acoso discriminatorio y violencia de género.

Expresa que resulta paradójico que se le imputa a nombre reservado la lectura de una resolución incorrecta, pero no se sanciona a quienes emitieron dicha resolución.

Todo lo anterior, lleva a considerar que la sanción aplicada es desproporcionada conforme a los antecedentes y la irreprochable conducta anterior de la recurrente.

Concluye que estos actos, vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad. Lo anterior, desde que las resoluciones recurridas carecen de fundamentación suficiente y establecen diferencias arbitraria, infringen el derecho a un procedimiento racional y justo y además se afecta las remuneraciones de nombre reservado sin causa legal justificada.

Conforme a lo anterior, la actora solicita a esta Corte dejar sin efecto las resoluciones recurridas, restableciendo el imperio del derecho y con costas.

Acompaña antecedentes a su presentación.

Informando el recurso la abogada doña Constanza Zavala Soto, en representación de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, solicitó su rechazo en todas sus partes por los antecedentes que expone en su presentación.

Señala que recurso fue presentado contra las Resoluciones Exentas N°026/2024 y N°086/2024 que impusieron sanciones disciplinarias a nombre reservado.

Explica que por Resolución Exenta N°253/2023 ordenó un sumario administrativo contra nombre reservado por denuncias de estudiantes, incluyendo a Anggell nombre reservado.

En este contexto, se formularon cargos a nombre reservado, notificados el 18 de octubre de 2023.

Recuerda que la recurrente, presentó sus descargos, abriéndose un término probatorio.

Así las cosas, el dictamen de 10 de enero de 2024 sugirió suspender a nombre reservado con goce del setenta por ciento del sueldo por tres meses y prohibirle participar en eventos académicos y extra académicos, propuesta de la fiscal que fue considerada por el Rector de la Universidad como quedó reflejado en la Resolución Exenta N°026/2024 acogió la propuesta y aplicó la sanción. Dicha resolución fue objeto de un recurso de reposición que fue rechazado por la Resolución Exenta N°086/2024, notificada el 22 de marzo de 2024.

Finalmente, la Resolución Exenta N°114/2024 aplicó la sanción disciplinaria, notificada el 24 de abril de 2024.

Señala que la recurrente alega que el sumario no se ajustó a las normas internas y al Estatuto Administrativo, no cumpliéndose con la debida imparcialidad y objetividad del órgano instructor y resolutor, añadiendo que se valoró únicamente la prueba agregada en el sumario sin considerar las pruebas presentadas por la defensa.

Según expone, la recurrente acepta tres hechos: la lectura de la Resolución N°27/2023, las preguntas sobre el nombre social, y el uso del término “colegue”, sin embargo se le imputó la falta de disposición para utilizar el lenguaje neutro y la indiferencia en el trato, hechos no formulados como cargos.

Por su parte, reclama la recurrente que los mismos hechos se usaron para configurar dos infracciones distintas: acoso discriminatorio y violencia de género, sin explicar cómo los mismos hechos configuran ambas infracciones, sin justificar por qué se sanciona a quien lee una resolución incorrecta, pero no se sanciona a quien la emitió. Reprocha, finalmente, que la sanción impuesta es desproporcionada y no considera las atenuantes, debiendo haberse aplicado una sanción de censura y no de suspensión del empleo.

En primer término alega como excepción que las resoluciones impugnadas no son actos terminales según la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Refiere, por otro lado que el recurso de protección fue presentado fuera de plazo respecto a la Resolución Exenta N°26, y solo puede conocerse respecto a la Resolución Exenta N°86.

Adicionalmente, explica que no existen actos u omisiones arbitrarias o ilegales, considerando que los argumentos del recurso de protección son los mismos utilizados en el recurso de reposición, sin que se aprecien vicios procedimentales ni parcialidad en la fiscal del sumario.

Establece que ha quedado asentada la falta de disposición para utilizar el lenguaje neutro y la indiferencia en el trato no son nuevos cargos, por lo que la sanción impuesta fue adecuada y conforme al Protocolo para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Acoso, Discriminación, Hostigamiento, Violencia de Género y Contra Diversidades Sexo Genéricas de la Universidad.

Conforme a lo anterior, la recurrida Universidad de Playa Ancha solicita rechazar el recurso de protección interpuesto por nombre reservado por ser extemporáneo respecto a la Resolución Exenta N°26 y por no concurrir las causales que habilitan la interposición de un recurso de protección respecto a la Resolución Exenta N°86, con expresa condena en costas.

Así las cosas, por los antecedentes expuestos, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña antecedentes a su presentación, entre los que destaca la copia del sumario administrativo y la resolución recurrida.

Con estos antecedentes se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, en cuanto la extemporaneidad del recurso, esta alegación deberá ser desestimada, porque no es posible considerar individualmente las resoluciones reclamadas, la primera de ellas N°0026/2024 de 17 de enero de 2024, de aquella recaída en el recurso de reposición instaurado en contra de dicha resolución, que fue fallado mediante Resolución Exenta N°0086/2024, de 07 de marzo de 2024, porque esas dos resoluciones, al estar íntimamente ligadas al resultado del sumario, conforman un solo acto para los efectos de su cuestionamiento, criterio que ha sustentado la Excma. Corte Suprema indicando que: “la voluntad de la administración se entiende concluida solo con la resolución que resuelve la reposición del acto primitivo” (Rol N° 2242-2018. 12 de marzo de 2018, C° 10°), por manera que, desde la última resolución es que debe contarse el plazo para interponer la acción cautelar que nos ocupa, el que no había transcurrido a la data de interposición del presente recurso.

Segundo: Que, la circunstancia de haberse interpuesto el recurso contra actos que la recurrida considera que no son el acto terminal, al estimar que esa calidad la tiene la Resolución N°114, notificada a la recurrente el 22 de abril de 2024, que dispone el cumplimiento de la sanción, se trata de una alegación que resulta ser absolutamente contradictoria con la analizada en la motivación precedente, puesto que esa última Resolución tiene el carácter de un acto ejecutor de aquellos que impusieron la sanción y que fueron recurridos en el presente arbitrio, por manera que también será desestimada.

Tercero: Que la Acción Constitucional de Protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consiste en la vía jurisdiccional cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar así la debida protección para el afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de la presente Acción Constitucional es necesario que exista un derecho o garantía fundamental objeto de protección y que éste se vea amagado por un acto ilegal o arbitrario.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, lo recurrido son las dos resoluciones que pusieron término al sumario incoado en contra de la recurrente por la Universidad de Playa Ancha, donde se desempeñaba como Secretaria General de la Universidad, por hechos acontecidos en el mes de marzo de 2023, a propósito de la notificación de una Resolución Exenta a Anggell nombre reservado, estudiante de Pedagogía en Inglés de ese establecimiento universitario estatal, respecto de una denuncia que realizó en contra de un alumno de la misma universidad.

Quinto: Que, el recurrente expresa en su recurso que existen una serie de irregularidades y vicios procedimentales en el sumario administrativo, los que resume en los siguientes: Falta de imparcialidad y objetividad del órgano instructor y resolutor. Valoración de prueba agregada por la actuaria del sumario. No valoración de pruebas rendidas por la defensa.

Adicionalmente, se habrían considerado en la sanción hechos no formulados como cargos, como la falta de disposición de nombre reservado a utilizar el lenguaje neutro y la indiferencia en el trato.

Plantea que de acuerdo con el sumario los mismos hechos configuran dos infracciones distintas, a saber, acoso discriminatorio y violencia de género. Se le imputa a nombre reservado la lectura de una resolución incorrecta, pero no se sanciona a quienes emitieron dicha resolución.

El recurrente señala que estos actos, vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad. Lo anterior, desde que las resoluciones recurridas carecen de fundamentación suficiente y establecen diferencias arbitraria, infringen el derecho a un procedimiento racional y justo y además se afectan las remuneraciones de nombre reservado, sin causa legal justificada.

Sexto: Que, en el sumario, se le efectuaron los siguientes cargos a la denunciada: “Por cuanto, el 22 de marzo de 2023, nombre reservado, recibió en su oficina a Anggell nombre reservado, quien se presentó como una persona no binaria, expresándole que ese era su nombre social. Ante ello, la denunciada contrapuso su opinión, indicándole que la naturaleza de su nombre era registral. Con ello, expuso a Anggell nombre reservado a tener que darle explicaciones, en más de una oportunidad, sobre por qué mantuvo su segundo nombre cuando ejerció el derecho a uso de nombre social al interior de la universidad, ya que, a su juicio, se avenía con su identidad no binaria. Luego, la denunciada dirigió la conversación hacia el uso de los pronombres neutros respecto de las personas no binarias, planteándole sus dudas sobre el particular, no advirtiéndose la necesidad para efectos de la notificación. Anggell nombre reservado procedió a explicarle que, para facilitar el uso del lenguaje y evitar errores, debía usar palabras genéricas, colectivas, como “estudiante”, en vez de “alumno” o “alumna”, refiriéndose también al uso del pronombre “elle”. Posterior a ello, nombre reservado utilizó pronombres femeninos para referirse a Anggell nombre reservado cuando le notificó la Resolución Exenta N°027/2023 de Rectoría, pues así figuraba en ésta, sin detenerse, ni corregirse, pese a lo solicitado por elle en el acto. Además, en este contexto, la denunciada llamó por teléfono, delante de Anggell nombre reservado, al fiscal José Luis Camps Zeller y, al saludarlo, dijo “hola colegue”. Finalmente, en la constancia de notificación quedó individualizada Anggell nombre reservado con pronombres binarios.”

Asimismo, en el auto de cargo se indica que: “El hecho anterior, según lo analizado en el en el considerando séptimo, es constitutivo de “violencia de género” y “acoso discriminatorio en razón de identidad de género” en los términos de lo dispuesto en artículo 4 letras g) y c) del Decreto Exento N°924, de 2022 de Rectoría, respectivamente.” Añade: “Lo anterior contraviene el principio constitucional de igualdad, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y el principio constitucional que reconoce la dignidad de toda persona, consagrado en el número 1° de la Carta Fundamental.” Prosigue: “Por último, en virtud de lo prescrito en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, la sumariada ha vulnerado, además, el derecho de Anggell nombre reservado a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1 de la Ley n° 21.369, en relación con lo previsto en el artículo 3° de la Convención de Belem do Pará”.

Séptimo: Que, los hechos que se dieron por acreditados en la Resolución N°0026/2024, según consta en el numeral 27 del considerando séptimo, fueron los siguientes: “Que, en síntesis, el 22 de marzo de 2023, nombre reservado, recibió en su oficina a Anggell nombre reservado, quien se presentó como una persona no binaria y le expresó que ese era su nombre social. Ante ello, la denunciada contrapuso su opinión, indicándole que la naturaleza de su nombre no era social, sino registral. Con ello expuso a Anggell nombre reservado a tener que darle explicaciones, en más de una oportunidad, sobre por qué mantuvo su segundo nombre y prescindió del primero cuando ejerció el derecho a uso de nombre social al interior de la universidad, ya que, a su juicio, se avenía con su identidad no binaria. Luego, cuando, según la denunciada, comprendió que debía llamar a la persona denunciante como “Anggell nombre reservado”, aquélla dirigió la conversación hacia el uso de los pronombres neutros, planteándole sus dudas sobre el particular. A partir de ahí, Anggell nombre reservado procedió a explicarle que, para facilitar el uso del lenguaje y evitar errores, debía usar palabras genéricas, colectivas, como “estudiante”, en vez de “alumno” o “alumna, refiriéndose también al uso de pronombre “elle”. A pesar de lo anterior, posterior a ello, nombre reservado utilizó los pronombres femeninos con los que individualizaba la Resolución Exenta N°27/2023 de Rectoría a Anggell, sin detenerse, ni corregirse, pese a lo solicitado por ella, y aun cuando se había presentado como persona no binaria y se había visto sometida a dar las explicaciones referidas. Además, en este contexto, la denunciada llamó por teléfono, delante de Anggell nombre reservado, al fiscal José Luis Camps Zeller y, al saludarle, dijo: “hola colegue”. Finalmente, en la constancia de notificación, elaborada por Secretaria General, se individualiza a Anggell nombre reservado con pronombres binarios”. En el párrafo siguiente prosigue indicando: “Así las cosas, la indiferencia de la denunciada frente a la autoidentificación sexo-genérica que le expresó Anggell nombre reservado cuando hizo ingreso a su oficina como persona no binaria; la contraposición de su opinión, a través de preguntas y contra preguntas, que le efectuó respecto a la naturaleza de su nombre a Anggell; sus consultas inútiles sobre los pronombres neutros que utilizan las personas no binarias (a razón de lo señalado en el número 23 anterior); el descuido injustificado para nominarle con pronombres femeninos durante la lectura de la resolución que le estaba notificando (según los argumentos del número 25 precedente) pese a que elle la corrigió; la forma en que se individualizó, en términos binarios, a Anggell nombre reservado en la certificación de la notificación que elabora Secretaria General (fojas 275), y; el inadecuado e impertinente uso del término “colegue” cuando llamó al fiscal José Luis Camps Zeller, constituyeron una conducta de parte de nombre reservado que perpetúa el sistema binario, marginando, excluyendo y vulnerando el derecho de Anggell nombre reservado a identificarse con un género que desafía el binarismo, expresado en el ejercicio de su nombre social al interior de la universidad , “Anggell”, el que, en su concepto, se aviene a su identidad de género. En efecto, dicho proceder le invisibilizó como persona no binaria, especialmente cuando la denunciada, luego de insistirle y preguntarle sobre la naturaleza registral del nombre “Anggell”, mantuvo un uso del lenguaje en clave binaria respecto de éste (femenino), lo cual, desvirtuó totalmente el sentido no binario asociado a dicho nombre social y que elle le expresó. Dicha invisibilización se agravó cuando la denunciada reconoció no usar y no poder utilizar los pronombres asociados a personas no binarias, en el contexto de la audiencia de declaración. Cuestión que, a su vez, transgrede la propia normativa interna, según se señaló en el número 23.3 anterior de este mismo numeral. Todo ello, generó para Anggell nombre reservado gran sensación de ansiedad y miedo de encontrarse en un escenario similar en el que tenga que defender “su nombre” e “identidad de género”, tornándose el espacio universitario, en relación con las personas que ostentan altos cargos funcionarios, un entorno intimidatorio a su respecto”.

Cabe consignar que en el número 23 del fundamento séptimo de la resolución aludida, especialmente en el 23.3, se estableció: “La falta de disposición de la denunciada al uso del lenguaje neutro que se utiliza para nominar a las personas no binarias, no se aviene con el estricto cumplimiento de la normativa interna de la Universidad, específicamente, del Decreto Exento N°478/2021, de Rectoría, y de la Resolución Exenta N° 029/2022 de Contraloría Interna que, explícitamente, indica que Anggell nombre reservado se identifica con el pronombre “ELLE”, respecto de la cual la denunciada queda obligada como funcionaria a utilizar, independientemente de sus consideraciones personales”.

Octavo: Que, en el considerando décimo tercero de la Resolución N°0026/2024 recurrida, el ente sancionador, al efectuar la calificación jurídica de los hechos, señaló: “En este orden de cosas, este Rector comparte las calificaciones realizadas por la fiscal especializada en derechos humanos y perspectiva de género, tal como ha constatado en el proceso disciplinario en comento, la inculpada cometió un acto de “violencia de género” y “acoso discriminatorio en razón de identidad de género”, en los términos de lo dispuesto en artículo 4 letras g) y c) del Decreto Exento N°924, de 2022 de Rectoría, respectivamente. Ello contravino el principio constitucional de igualdad, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y el principio constitucional que reconoce la dignidad de toda persona, consagrado en el número 1° de la Carta Fundamental. Por último, en virtud de lo prescrito en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, la sumariada vulneró, además, el derecho de Anggell nombre reservado a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género, según lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 1 de la Ley No. 21.369, en relación con lo previsto en el artículo 3° de la Convención de Belém do Pará”.

Noveno: Que, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha proyectado las causales de nulidad de los actos administrativos a las sanciones administrativas, señalando que la resolución sancionatoria reclamada es un acto administrativo y, como tal, la ilegalidad “que puede acarrear su anulación puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del órgano, defecto de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos, y violación de la ley de fondo aplicable” (CS. Rol Nº 5.120-2016, 5 de mayo de 2016, c. 7º2).

En relación a la ilegalidad en cuanto a los motivos o fundamentos, estos pueden ser de hecho o de derecho, ya sea que se encuentren en los supuestos fácticos contenidos en la norma jurídica, o sea, la norma o normas jurídicas que justifican su ejercicio.

Así, para sancionar a un particular, se requiere que la ley otorgue dicha potestad (motivo de derecho) y que éste haya realizado una conducta que para la ley sea constitutiva de infracción (motivos de hecho).

Sobre el particular, la Corte Suprema ha señalado que “[…] el juez revisa y verifica su existencia, para luego, en un segundo paso y establecido lo anterior, determinar que la calificación jurídica de los hechos realizada por la autoridad, de ser ella necesaria, está amparada y guarda directa vinculación con la disposición que autoriza o regula el proceder administrativo. La apreciación de los hechos, para adoptar la decisión, esto es si son de la entidad necesaria para llevarle a tomar la determinación respectiva, queda dentro de la esfera propia de la autoridad administrativa, y sólo ante una desproporción grave, manifiesta y evidente puede actuar el órgano jurisdiccional; aunque el error en la misma apreciación o calificación jurídica de los hechos puede y debe ser controlada por el juez” (SCS Rol Nº 4.308-2021, c. 5º (reemplazo), 20 de junio de 2022).

En efecto, a raíz de la acción cautelar que ha dado competencia a esta Corte, se debe ponderar, no sólo la existencia de los hechos, sino que también la calificación jurídica de los mismos, especialmente cuando existen elementos normativos o un estándar de comportamiento (v. gr. Actuación indebida, infracción de norma, negligencia, etc.). En este caso, la eventual nulidad del acto derivaría de la ausencia de motivos de hechos o de su ilegalidad producto de una errónea calificación jurídica.

La Corte Suprema propugna que, tratándose de la revisión judicial de las sanciones administrativas, prima un control de legalidad, conforme al cual el juez se debe limitar a la revisión de la juridicidad de la decisión, tanto adjetiva como sustantiva, es así que ha resuelto: “Que, como ha declarado anteriormente este Tribunal, el reclamo de ilegalidad en análisis “constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad de la decisión, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos fácticos que fueron determinados en sede administrativa”. (CS Rol Nº 34.073-2019, c. 3º, 10 de febrero de 2020). De esta manera, se busca remediar un acto afectado por la concurrencia de un vicio de legalidad o constitucionalidad, al tribunal le corresponde precisar si concurre la infracción propuesta por el reclamante, pero no efectuar consideraciones de mérito respecto de los extremos de la sanción aplicada por la autoridad administrativa. (CS. Rol Nº 45.054-2017, c. 11º, 20 de junio de 2018).

Décimo: Que, el recurrente cuestiona los actos dictados por el Rector de la Universidad de Playa Ancha que le impusieron una sanción de suspensión y la rebaja parcial de sus remuneraciones a la funcionaria investigada de dicha Universidad, basado en primer lugar en la falta de imparcialidad tanto de la Fiscal que tramitó el sumario como del Rector; y en lo que concierne a este último también añade que no se hizo investigación alguna por las faltas en que se incurrió en la Resolución Exenta N°27/2023 de 20 de enero de 2023, que fue el origen de las situaciones de hecho que se investigaron en el sumario administrativo.

En relación con la fiscal instructora, no aparece de manifiesto la falta de parcialidad, basados únicamente en las aseveraciones que realiza en el auto de cargos; sin embargo, no ocurre lo mismo con el señor Rector, porque el suscribió la Resolución Exenta N°27/2023 de 20 de enero de 2023, donde en “nueve” oportunidades se emplean términos binarios para referirse a Anggell, a pesar de contar ese directivo con antecedentes proporcionados por la Directora de Equidad e Igualdad de Género, dirigido a él por el Memorandum N°6, de 2023, que adjuntó un informe nada menos que de la Comisión Técnica; según consta en las resoluciones reclamadas, esas inadvertencias se catalogaron únicamente como un error administrativo, no obstante que su importancia radica en que fue a raíz de la notificación de ese documento y su lectura a Anggell nombre reservado lo que motivó la situación de afectación que se denunció, únicamente, en contra de la Secretaria General de la Universidad; ese hecho, como quiera que se le denomine, debió, por transparencia e imparcialidad, abstraer al señor Rector del conocimiento de esta investigación, porque claramente estaba involucrado en los hechos, desde que confeccionó o suscribió, haciendo suya, la Resolución Exenta N°27/2023.

Que llama la atención, sobre este punto que conforme se indica en la resolución n°0026-2024, entre las objeciones que se le achacan a la recurrente esta entre otras, mantener un uso del lenguaje no binario asociado a un nombre social, lo que transgrediera la normativa interna respecto a lo que se consigna en el número 23 del considerando 7° de la Resolución recurrida en el sentido que se establecerá “ la falta de disposición de la denunciada al uso del lenguaje neutro que se utiliza para nombrar a las personas no binarias”, lo que no se aviene con la normativa interna de la Universidad, específicamente en el Decreto Exento n°478/2021 de Rectoría y de la Resolución Exenta N°22029/2022 de Contraloría interna, quedando obligada, según indica la recurrente a individualizar con el pronombre “Elle” situación que cabe en todo caso predicar primeramente respecto de la resolución que se ordena notificar a la recurrente. Con lo anterior, queda en evidencia que a ella se le exige el cumplimiento de una normativa que no fue aplicada ni respetada por el Rector, según ya se ha señalado, por lo que no resulta razonable ni prudente exigir tal cumplimiento sin olvidarse que ha sido el propio Rector que está utilizando un lenguaje, al decir de la propia Universidad, equívoco y demostrativo de una supuesta transgresión de normas internas, que en el caso que se conoce no ha sido respetado por el órgano que avaló la sanción.

El artículo 19 N°3 de la Norma Fundamental, dispone que toda persona tiene derecho a un proceso legalmente tramitado, y en cuanto al órgano sancionador, debe actuar conforme al principio de imparcialidad que regula para la administración el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos, y también el artículo 1° número 3 del Decreto Exento N°924/2022 de la Universidad de Playa Ancha, de lo que se colige que el señor Rector no pudo, por estar involucrado en los hechos, conocer de esta investigación sumaria, antecedente suficiente para establecer la ilegalidad de los actos que se impugnan a través del presente recurso.

Undécimo: Que, por otra parte, también se cuestionó la afectación al derecho a defensa, desde que no se decretaron diligencias pedidas y necesarias para aclarar los hechos, y además, la prueba rendida por la defensa no fue considerada al momento de dictar el veredicto que sanciona a la recurrente. Del análisis del considerando décimo de la Resolución N° 0026/2024 impugnada se constata que se omitió ponderar cuatro pruebas documentales y cuatro testimonios presentados por la defensa, limitándose a señalar “en nada altera lo concluido precedentemente por la fiscal” (sic). Ese vicio procedimental afecta el derecho a defensa de la funcionaria investigada lo que también vicia la legalidad de los actos impugnados por esta vía.

Décimo segundo: Que, en cuanto a la calificación jurídica efectuada por el sancionador, debe tenerse en cuenta el tenor de las disposiciones del Decreto Exento N° 924 de 2022, que constituye el reglamento a que se refieren los artículos 3, 6 y 9 de la Ley N° 21.369 y que se consideran amagadas. En efecto, el considerando 13° de la Resolución N°0026/2024, señala que la denunciada cometió un acto de “violencia de género” y “acoso discriminatorio en razón de identidad de género, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4° letras g) y c). El artículo 4, que se titula “Definiciones” señala que: “Para los efectos del presente protocolo y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y/o en otras disposiciones legales vigentes, se entenderá por…”: En la letra g) se define "Violencia de género" como “cualquier acción o conducta que atente contra la vida, la integridad física o la libertad sexual de una persona y que evidencie que ha sido realizada tomando en consideración a su sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”. Y en la c) se expresa que "Acoso discriminatorio por razón de sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género" es todo acto discriminatorio realizado en función del sexo, orientación sexual, identidad de y/o expresión de género de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Décimo tercero: Que al analizar los hechos establecidos por el ente sancionador según se indicó en la motivación séptima de esta sentencia, no se vislumbra que la conducta que allí se describe y que se le imputa a la denunciada haya atentado contra la vida, la integridad física o la libertad sexual de Anggell nombre reservado, o al menos no se explica de qué manera pudo afectar esos bienes jurídicos. En cuanto a los actos discriminatorios, se requiere que haya sido realizado en función del sexo, orientación sexual, identidad de y/o expresión de género de una persona, exigiéndose, además, “el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, y de la descripción fáctica antes aludida, tampoco se desprenden esos elementos, propósitos o efectos, de tal manera que la errada calificación jurídica de los hechos establecidos, torna al acto administrativo que aplicó la sanción y a aquel que la ratificó mediante el rechazo del recurso de reposición, en ilegales.

Décimo cuarto: Que, respecto a la ilegalidad de los actos administrativos que son alegados por esta vía, cabe incluir el hecho que en el sumario incoado por la Universidad recurrida se incorporaron antecedentes aportados por al actuaria que tramitaba el sumario, consistente con los antecedentes aportados por el curso, que tanto la recurrente como otros funcionarios de esa casa de estudios recibieron en torno a la normativa de género y que es un elemento que se consideró para imponerle la sanción que ha sido impugnado. Que lo anterior no ha sido reclamado o recurrido por la recurrida, he implica una forma irregular de incorporar una prueba al sumario, lo que en definitiva también conspira con la ilegalidad y juricidad del acto, al desconocerse y limitarse el debido proceso en materia administrativa.

Décimo Quinto: Que, con respecto al cargo consistente en la falta de disposición de nombre reservado a utilizar un lenguaje neutro, dicho argumento no consta de los antecedentes, toda vez que, de la lectura de la mencionada resolución, ello importe “per se” la transgresión que se ha señalado, dado que precisamente el problema surgió por la duda en la utilización de determinados pronombres que implicarían el menoscabo que se denunció. Ya se ha dicho, que la recurrente no es autora de la resolución causante del problema sino que ha fungido sólo como notificadora. En ese escenario, aparece claro y patente que no se ha acreditado la falta de disposición aludida, pues las partes están contestes en que la recurrente llamó al Fiscal de la Universidad en razón de las dificultades surgidas en el acto de la notificación. Surge entonces, que la resolución sancionatoria parte de la base que las objeciones del notificado eran válidas, pues ellas apuntan a un tratamiento formal que deben recibir determinadas personas y siendo que el uso de pronombres determinados “elles” no existen oficialmente en nuestro idioma. Al respecto, de la posición oficial de la Real Academia Española ha sido creado y promovido en determinados ámbitos, para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes, pero su uso no está generalizado ni asentado. En concreto, y sin entrar en el problema de la obligatoriedad o no obligatoriedad, de su uso, pretender que la persona que notifica un resolución donde no está presente el “elle” u otra denominación similar, no constituye en ningún caso violencia de género o, por lo menos ello no está demostrado, conforme a los antecedentes existentes, resultando por tanto excesivo incoar un sumario dando por sentado un uso no obligatorio o que no respete las opiniones diferentes que puedan tener las personas sobre una materia altamente discutible. Que lo anterior también vale por el supuesto acoso discriminatorio que también se denuncia, lo cual no consta de los antecedentes que se tuvieron en vista al sancionar a la actora.

Décimo Sexto: Que, de esta manera, habiéndose constatado la ilegalidad de los actos administrativos cuestionados, que vulneran la igualdad ante la Ley y el derecho de propiedad de la recurrente, garantías constitucionales protegidas por este recurso, se acogerá la acción de protección disponiéndose la nulidad de esos actos administrativos.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra el Rector de la Universidad de Playa Ancha, don nombre reservado y contra dicha casa de estudios superiores, en consecuencia, se declaran nulas las Resoluciones Exentas 26 de 17 de enero de 2024 y 86 de 7 de marzo de 2024, en consonancia con lo solicitado en esta parte por la recurrente y no siendo necesario referirse al resto de las peticiones subsidiarias de esta parte, por no avenirse con la antedicha decisión.

Se previene que el Ministro Sr. Hormazábal, no comparte el párrafo tercero del motivo décimo y el considerando décimo quinto y que, junto con decretarse la nulidad de las resoluciones reclamada, fue de la opinión de ordenar una nueva investigación sumaria por los órganos no inhabilitados que corresponden.

Redacción del Ministro Vicente Hormazábal Abarzúa.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3483-2024.