nombre reservado con ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, once de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente conforme con lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico el 27 de mayo de 2025, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor solicitó a AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 mediante el portal web, presentando el formulario correspondiente y la documentación requerida. Sin embargo, el 27 de mayo de 2025 recibió correo electrónico de la recurrida informando el rechazo de la solicitud presentada, argumentando que la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida, por lo que dicho documento no permitía acreditar el cumplimiento del requisito legal de contar con cobertura para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, toda vez que tiene fecha de emisión el 17 de octubre de 2023, acreditando su afiliación desde el 3 de enero de 2011 hasta 120 días desde su fecha de emisión, lo que no permite determinar que dicha afiliación haya perdurado por la totalidad del periodo cuya devolución se ha solicitado, agregando, que ello debía acreditarlo con un certificado de afiliación actual y debidamente legalizado.

Sostiene que cumplió con los requisitos legales establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, presentando cinco documentos: contrato de trabajo, anexo con cláusula previsional, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, constancia de cotizaciones ante el IVSS y título profesional apostillado.

Argumenta que existe una imposibilidad material de obtener la legalización consular del certificado de afiliación debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales, situación que constituye un caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil.

Añade que, pese a esta circunstancia, presentó el certificado de afiliación con verificación electrónica, destacando que cualquier interesado puede verificar la autenticidad del certificado mediante el código proporcionado en la planilla a través del portal web oficial del IVSS.

Refiere que la recurrida realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, ignorando la finalidad legislativa de permitir que el extranjero disponga de sus fondos previsionales.

Sostiene que la ley ya estableció los requisitos necesarios para la devolución, siendo improcedente que las administradoras exijan condiciones adicionales.

Concluye que esta conducta vulnera tanto el derecho a la igualdad ante la ley, al dar trato desigual frente a otros solicitantes en circunstancias similares que obtuvieron respuestas favorables, como el derecho de propiedad, al impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos.

A folio 13, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, solicitando el rechazo de la acción.

En primer lugar, afirma que el recurso de protección no es la vía para solucionar esta controversia, por no existir un derecho indubitado del actor.

En cuanto al fondo, indica que el recurrente presentó su solicitud de devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, la que fue rechazada el 27 de mayo de 2025 por dos motivos: la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida y la Constancia Electrónica de Cotizaciones carecía de apostilla.

Afirma que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, requiriendo cuatro requisitos copulativos: ser extranjero, ser profesional o técnico, mantener afiliación a un régimen previsional extranjero (acreditado mediante certificación legalizada), y que el contrato incluya cláusula de mantención de dicha afiliación.

Argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada por el recurrente carece de firma autorizada y apostilla, requisitos formales que no pueden ser reemplazados por un código de verificación electrónica según la normativa chilena sobre documentos extranjeros.

Concluye que no ha vulnerado derechos constitucionales, ya que los fondos permanecen en la cuenta del afiliado, quien podrá disponer de ellos conforme al DL 3.500 si no califica para el beneficio excepcional de la Ley 18.156, y cita jurisprudencia reciente que confirma la exigencia de apostilla para documentos extranjeros como requisito formal válido.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la solicitud fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó, para sustentar su petición, una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social que se encuentra vencida toda vez que en el instrumento se consigna que tendrá vigencia por 120 días, y porque el certificado del régimen previsional extranjero no cumple con los requisitos de legalización o apostilla exigidos conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7° de la misma ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, aparece que el documento presentado por el actor -constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)- si bien contiene una rúbrica y ha sido legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cierto es que fue extendido el 17 de octubre de 2023, por lo que no permite acreditar que el recurrente durante toda la relación laboral desarrollada en Chile haya dado cumplimiento a las exigencias de la Ley N° 18.156, pues su vigencia era solo por el termino de 120 días.

Sexto: Que, además, el recurrente acompañó una constancia electrónica de afiliación al IVSS que, aun cuando contiene un código de verificación digital, no cumple con la exigencia normativa de legalización o apostilla y tampoco acredita de forma inequívoca que la cobertura previsional incluya todas las prestaciones mínimas señaladas, durante la totalidad del período en que prestó servicios en Chile, requisitos indispensables para acceder a la devolución solicitada.

Séptimo: Que, el argumento del recurrente relativo a la posibilidad de verificación electrónica del documento no se ajusta a las formalidades exigidas por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones, que imponen requisitos específicos de autenticidad y vigencia para documentos extranjeros.

Octavo: Que, en tales condiciones, no se advierte que el actuar de la recurrida constituya un acto ilegal o arbitrario, desde que ha aplicado de manera razonada las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, en cumplimiento de su deber de verificar la procedencia de la devolución solicitada, por lo que no se configura vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Interino Sr. Núñez, quien fue del parecer de acoger el presente arbitrio constitucional, en base a las siguientes consideraciones:

1° Que la recurrente ha acreditado fehacientemente en autos la imposibilidad material de cumplir con la formalidad de la apostilla, al ser un hecho público y notorio que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con representación diplomática o consular en Chile que pueda realizar dicha gestión. Esta circunstancia configura un caso de fuerza mayor, definida en el artículo 45 del Código Civil como un imprevisto imposible de resistir, que la exime de cumplir una exigencia que se ha tornado fácticamente inexigible. A lo imposible, nadie está obligado (ad impossibilia nemo tenetur).

2° Que, ante esta imposibilidad, la recurrente ha actuado con la máxima diligencia, aportando medios sucedáneos que permiten a esta Corte formarse la convicción de que el requisito de fondo —la afiliación a un sistema previsional extranjero— se encuentra cumplido. A saber: a) La "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), una entidad oficial. b) Dicho documento contiene un código de verificación en línea que permite a cualquier interesado, incluida la recurrida, comprobar su autenticidad y vigencia directamente en el portal web de la institución emisora.

3° Que, esta prueba, apreciada en su conjunto y bajo los principios de la sana crítica, resulta suficiente para tener por acreditado el supuesto fáctico que la ley exige, de manera que, a juicio de este disidente, correspondía hacer lugar a la petición de retiro de fondos formulada por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3481-2025.