SINDICATO INTEREMPRESAS NACIONAL DE TRABAJADORES DE LANCHAS SINATRAL CONTRA TERMINAL PACÍFICO SUR S.A Y OTRA

Foja: 235 Doscientos Treinta y Cinco edp C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados, don David Díaz Peña, por Sindicato Interempresas Nacional de Trabajadores de Lanchas, 20 minutos por el recurso; don nombre reservado, por Terminal Pacífico Sur S.A. (TPS), 15 minutos y don nombre reservado, por Empresa Constructura Belfi S.A.,10 minutos, ambos contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho en estrado, luego de escuchar relaciòn pública. Valparaíso, veinte de octubre de dos mil quince.

N° Protección-3473-2015 nombre reservado

Relator Suplente Valparaíso, veinte de octubre de dos mil quince.

Visto:

A fojas 2 comparece nombre reservado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, por sí y por el Sindicato Nacional De Trabajadores De Lanchas, Sinatral, -según se acreditará-, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección contra Terminal Pacífico Sur S.A. y la Empresa Constructora Belfi S.A.

Expone que con fecha 7 de agosto de 2015, la directiva del sindicato de Tripulantes de Lanchas de Paseo del Muelle Prat, participaron de una reunión en las dependencias de la empresa Terminal Pacífico Sur S.A., en la que se les informó acerca de las obras que la Constructora Belfi S.A., por encargo de la referida empresa, ejecutaría y que significarían la estrechez en ciento veinte metros de la entrada a la poza donde los tripulantes de lanchas del muelle desarrollan su trabajo. Alega que es un hecho público y notorio que su actividad de Tripulantes de Lanchas del muelle Prat es una actividad inmemorial y que ha sido declarada "Patrimonio Humano", agregando que el muelle Prat, se encuentra ubicado dentro del pentágono que la Unesco determinó como el más valioso sector patrimonial. Explica que las obras, introducirán hasta el fondo marino y, en plena poza abrigada donde se encuentra el muelle Prat, más de sesenta pilares metálicos que luego sostendrán una losa de concreto armado que a su vez será una extensión del puerto, con el fin de que en ese lugar atraquen barcos más grandes de los que caben en el actual Sitio Cuatro. Añade que la construcción de dichas obras genera polvo en suspensión y un ruido apreciable en toda la ciudad y en cualquier hora del día, y que si bien, se les explicó que dicho polvo y ruido, estaban permitidos por la autoridad sanitaria, no se les exhibió ningún acta de fiscalización o alguna evaluación que hubiera efectuado algún organismo certificador. Argumenta que la boca o entrada a la poza no alcanza los 270 metros, por lo tanto se reducirá casi en un cincuenta por ciento o a la mitad, quedando cerrada a perpetuidad en los ciento veinte metros indicados.

Señala que la recurrida Terminal Pacífico Sur ha difundido recientemente a través de la prensa local, que cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias para llevar a cabo sus obras, faltando a la verdad, pues pretende desarrollar la ampliación portuaria con una "Declaración de nombre reservado", en circunstancias que lo que se debió haber efectuado y aprobado, era un "Estudio de nombre reservado". Explica que los pilares introducidos en el fondo marino pasarán a llevar restos náufragos que constituyen patrimonio arqueológico protegido y que la ampliación y las obras reclamadas, destruyen su actividad laboral, el patrimonio humano y vivo de la ciudad, y el referido patrimonio arqueológico.

Estima que el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas constituye una amenaza para el desarrollo de su actividad, sumado a la perturbación actual, los que vulneran la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Alega que se vulnera -perturbando y amenazando- su legítimo derecho de propiedad contemplado en el N° 24 de la misma norma, sobre la actividad que desarrolla en el muelle Prat y la autorización y reconocimiento por parte del Estado y de sus distintos agentes.

Pide por tanto tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Empresa Terminal Pacífico Sur S.A., y en contra de la Empresa Constructora Belfi S.A., acogerlo a tramitación y en definitiva dar lugar al recurso, declarando la privación, perturbación o amenaza a los derechos garantizados como ilegal o arbitrario, todo con expresa condena en costas a las recurridas.

A fojas 117, comparece el abogado Leslie Tomasello Weitz, en representación de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., quien, evacuando el informe de rigor, expresa que su representada es titular de la concesión portuaria sobre el Terminal N° l del Puerto de Valparaíso constituido por los Sitios 1 a 5, conferida conforme a la Ley N°19.542, sobre Modernización del Sector Portuario Estatal, por la Empresa Portuaria Valparaíso, según consta del Contrato de Concesión para el Desarrollo, Mantención y Explotación del Frente de Atraque Número Uno del Puerto de Valparaíso celebrado por escritura pública de 12 de noviembre de 1999, otorgada en la Notaría Pública de Valparaíso de don nombre reservado.

Indica que el objeto de la citada concesión portuaria es desarrollar, mantener y explotar el Terminal N° l del Puerto de Valparaíso, incluyendo el derecho a cobrar a los usuarios tarifas por los servicios portuarios prestados en el mismo. Dicha concesión portuaria fue otorgada por 20 años contados desde la fecha de entrega del citado terminal, ampliable por un periodo de 10 años más, si antes del comienzo del décimo noveno año de vigencia, la concesionaria completa la ejecución del Proyecto Opcional que se establece en Anexo VII de las Bases de Licitación; y declara su intención de prorrogar el plazo en tal sentido.

Aclara que el citado Proyecto Opcional tenía por objeto establecer las alternativas de inversión que Terminal Pacífico Sur disponía para aumentar la capacidad de transferencia del Terminal N° l a través del mejoramiento de la infraestructura portuaria existente en sus Sitios 4 y 5 del Terminal N° l del Puerto de Valparaíso, explicando a continuación cuáles eran las alternativas al proyecto opcional. Sin embargo, verificada la existencia de nuevos requerimientos operativos para la infraestructura portuaria de parte del mercado naviero - que básicamente exigen una infraestructura más amplia para poder recibir naves de mayor envergadura y eslora, se hizo imperiosa la ejecución de obras que permitieran responder a tales necesidades motivo por el cual, mediante escritura pública de fecha 9 de enero de 2012, otorgada en la Notaría Pública de Valparaíso de don nombre reservado, Terminal Pacífico Sur y Empresa Portuaria Valparaíso, acordaron modificar el Contrato de Concesión, actualizando el Proyecto Opcional descrito en el Anexo VII a tales necesidades, sustituyendo las alternativas de inversión antes descritas, por un Proyecto que, en síntesis, consiste en la extensión en 120 metros de los Sitios 1, 2 y 3 del Terminal N° l del Puerto de Valparaíso. Sostiene que la extensión en 120 metros del Sitio 3 del Terminal N°l del Puerto de Valparaíso apunta a posibilitar un uso eficiente del citado Terminal, frente a estos nuevos requerimientos del tráfico marítimo, la que permitirá la recalada de dos de las naves de futuro diseño y aprovechar integralmente sus muelles y áreas de respaldo, generando al mismo tiempo una mayor rentabilidad social de la inversión en infraestructura portuaria del Puerto de Valparaíso.

Afirma que los planes de Terminal Pacífico Sur y Empresa Portuaria Valparaíso acerca de esta modificación del Proyecto Opcional fueron informados a las autoridades locales y difundidos en la prensa, incluso antes de formalizar la modificación del Contrato de Concesión. Agrega que ya durante esa época, la prensa daba cuenta de la preocupación e inquietud de los lancheros del Muelle Prat y de sus trabajadores agrupados en el Sindicato Interempresas Nacional de Trabajadores de Lanchas, Sinatral, recurrente en estos autos por las obras a ejecutar. Indica que posterior a la suscripción de la Modificación del Contrato de Concesión en enero de 2012, Terminal Pacífico Sur dio inicio a la campaña informativa del citado Proyecto con todos los actores relevantes de la zona del Muelle Prat, incluyendo a los recurrentes, en la que les fue oportunamente informado el Proyecto, su estado de avance, etc.

Argumenta que las obras reclamadas cumplirían con la normativa legal, y con los permisos administrativos, tales como la aprobación de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad marítima y la autoridad ambiental.

Respecto de la aprobación de la autoridad ambiental, expresa que ésta consta de la Resolución Exenta N°199, de 31 de julio de 2013, suscrita por el Presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso y la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso que calificó ambientalmente el proyecto y certificó que el mismo: cumple con toda la normativa ambiental aplicable, incluyendo la Ley N°19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, así como con la Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales y su Reglamento, todas normas invocadas por los recurrentes, puntualizando además que éste no genera ninguno de los efectos, características o circunstancias requeridas en el artículo 11 de la Ley N°19.300 para la elaboración de un Estudio de nombre reservado, como pretenden los recurrentes.

Agrega dicha resolución que las obras cuentan con todos los Permisos Ambientales Sectoriales requeridos, para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico o paleontológico a que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales, con los exigidos por los artículo 79 y 80 del Código Sanitario; y con los necesarios para realizar pesca de investigación a que se refiere el Título VII de la Ley N°18.892. Menciona que la citada Resolución de Calificación Ambiental estableció las medidas para controlar el ruido y las emisiones atmosféricas de material particulado derivado de las actividades de construcción del Proyecto en comento y que declaró que éste no genera cambios significativos a la dimensión socioeconómica que se desarrolla actualmente en el Muelle Prat, por cuanto no habrá interferencia con dichas actividades, las que podrán seguir desarrollándose libremente. Expresa que una vez verificado lo anterior, mediante carta de fecha 07 de noviembre de 2014, la Empresa Portuaria Valparaíso confirió la Aprobación Inicial al citado proyecto y confirmó haber revisado toda la documentación que Terminal Pacífico Sur le remitió.

Por otra parte, alega la recurrida que el recurso de protección es deducido de forma extemporánea, y que los recurrentes estarían conscientes de ello, motivo por el cual señalan que habrían tomado conocimiento del Proyecto, recién con fecha 7 de agosto de 2015, sin embargo, ello no es efectivo. Expone que dicho proyecto fue acordado por Terminal Pacífico Sur y Empresa Portuaria Valparaíso en octubre de 2011, suscribiéndose la correspondiente Modificación del Contrato de Concesión en enero de 2012; que fue aprobado por la Empresa Portuaria Valparaíso en noviembre de 2014; que las obras de construcción comenzaron en febrero de 2015 y que cada uno de los hitos anteriores fue ampliamente difundido por la prensa local y nacional, acompañado por una campaña de difusión de Terminal Pacífico Sur que incluyó reuniones informativas con los actores relevantes de la zona del Muelle Prat, entre los cuales se encontraban los recurrentes.

Considera que los reclamantes habrían tomado conocimiento de este hecho a lo menos desde el 07 de octubre de 2011, fecha en la que se adhirieron al recurso de protección interpuesto en esa oportunidad ante esta Corte y que tienen noticia o conocimiento cierto de las obras relativas al mismo desde su inicio, según el acta de la reunión informativa de febrero de 2015, ello, sin perjuicio de estimar que si trabajan en la misma poza aledaña a las instalaciones de Terminal Pacífico Sur, tomaron conocimiento del inicio de las obras a contar de esa fecha.

Alega la reclamada, la ausencia de acto u omisión arbitrario e ilegal, y que si bien los recurrentes no especifican cuál o cuáles serían los actos imputables a Terminal Pacífico Sur que los agravian, ni las ilegalidades y/o arbitrariedades de los mismos, cada una de las etapas del Proyecto Opcional, la Modificación del Contrato de Concesión, la tramitación del citado Proyecto y el inicio de las obras de construcción, se han materializado a través de actos que se han ajustado a la racionalidad y a la legislación y reglamentación vigente.

Asevera que dichos actos no son arbitrarios, pues dicen relación con la realización de una obra cuyo único objeto es velar porque el Puerto de Valparaíso y, en particular, su Terminal N° l, sean capaces de satisfacer los nuevos requerimientos operativos del mercado y tráfico naviero y que la omisión de los mismos habría significado que no se hubiera podido hacer frente a la demanda naviera que existe en la actualidad y que se seguirá incrementando en el tiempo, estimando que este Proyecto constituye un aporte a las pretensiones del Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Valparaíso.

Afirma que estos actos tampoco son ilegales, por cuanto cada uno de dichos actos encuentran pleno sustento y amparo legal, tanto desde el punto de vista de las concesiones portuarias reguladas en la Ley N°19.542, como de la ejecución de las obras asociadas al Proyecto reguladas básicamente en la Ley N°19.300 que habilitaron a Terminal Pacífico Sur a dar inicio a las obras asociadas al mismo. De ese modo, las actividades que a este respecto se encuentra realizando Terminal Pacífico Sur se encuentran amparadas por la ley, y la demostración de lo anterior es que los órganos de la Administración del Estado con competencia sobre el Proyecto Opcional dieron su plena aprobación al mismo, y que durante su tramitación y construcción Terminal Pacífico Sur no ha sido denunciada por incumplimiento legal o reglamentario alguno.

La recurrida sostiene la ausencia de afectación de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, pues a su juicio, la ejecución del proyecto no genera, ni generará el impedimento absoluto para ejercer su actividad, ni menos su desaparecimiento, pues la extensión en 120 metros del Sitio 3 del Terminal N° l objeto del mismo, no afectará la actividad normal de las lanchas que fondean en el Muelle Prat, dado que durante su construcción y, posteriormente, durante su operación, no se reducirá el área de maniobra de la poza del Muelle Prat y, por ende, no se afectará el tránsito regular de dichas lanchas.

Indica que se comprobó por la Autoridad Marítima a través de simulaciones, que las maniobras de atraque podrán ser realizada de igual forma como se hace hoy, recalcando que la actividad de los recurrentes se verá beneficiada por el hecho que el Proyecto Opcional en comento considera reducir la capacidad operacional de los Sitios 4 y 5 del mismo Terminal N° l en aproximadamente 117 metros y, producto de ello, disminuiría el número de recaladas en tales Sitios.

Sostiene que lo anterior es confirmado por las autorizaciones gubernamentales antes referidas y en la evaluación realizada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico, de julio de 2012, se concluye que este proyecto no afecta a las operaciones actuales del muelle Prat. Agrega que los mismos dueños de las lanchas, a través de la Asociación Gremial de Dueños de Lanchas Fleteras y de Turismo del Muelle Prat, en una reciente declaración pública confirmaron que desde el año 2011 han mantenido una mesa de trabajo junto con Terminal Pacífico Sur a propósito del Proyecto Opcional en comento y que luego de una nueva reunión informativa acaecida el 16 de septiembre de 2015, expresaron su respaldo a las citadas obras de ampliación del frente de atraque puesto que no han tenido algún problema que afecte su trabajo y que, si ellos que son los dueños de las lanchas y no tienen problemas con el desarrollo del proyecto, ni sus trabajadores ni nadie más podría tenerlos.

Sostiene que la supuesta imposibilidad absoluta de operación es una afirmación “infectiva e irracional”, porque luego de la ejecución del Proyecto Opcional, podrán continuar atracando, maniobrando y zarpando al interior de la poza naves de hasta 185 metros de eslora, y que entonces podrán hacerlo naves de menor tamaño.

Denuncia que en el recurso de protección no hay una sola petición concreta, sino sólo se solicita que se declare "la privación, perturbación o amenaza a nuestros derechos” y que el interés de los recurrentes es otro, el que no revela.

Pide, por tanto, tener por evacuado el informe en contra del recurso de protección y en base a los argumentos de hecho y normas de derecho expuestos, rechazarlo en todas sus partes por ser manifiestamente extemporáneo y, en todo caso, carecer de mérito y ser contradictorio con conductas pasadas de los recurrentes, todo ello, con costas.

A fojas 215, evacuando el informe de rigor, comparece nombre reservado, Procuradora del Número, en representación de la recurrida Empresa Constructora Belfi S.A., quien al efecto rechaza la veracidad de los hechos expuestos en el recurso de protección y la veracidad de la fundamentación del recurso, al igual que las consecuencias que los recurrentes dicen que existirán de terminarse las obras relativas al Provecto.

Alega la extemporaneidad del recurso, pues la recurrente conocía del Proyecto y sus detalles desde mucho antes de la reunión del 7 de agosto de 2015, y estima que usa esa fecha para fabricarse un hito que quede dentro del plazo de 30 días corridos señalado en el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, para la interposición del recurso de protección. Afirma que es un hecho cierto que las obras del Proyecto comenzaron conjuntamente con la entrega del terreno por parte de Terminal Pacífico Sur a Belfi, lo que ocurrió el 17 de febrero de 2015 y que los recurrentes no pudieron haberse enterado de la construcción del Proyecto después de esta fecha.

Expresa que la empresa Belfi es la constructora del proyecto, contratada por Terminal Pacífico Sur para tales efectos, el que fue suscrito el 26 de mayo de 2014, cuyo ejecución se produjo una vez que se encontraron cumplidos todas las disposiciones y requisitos medioambientales y legales en general y que a la fecha ninguna autoridad ha tenido reparos ni observaciones al respecto. Agrega que Terminal Pacífico Sur tramitó una Declaración de nombre reservado que da cuenta de la legalidad con que se ha llevado adelante la construcción del Proyecto y que su representada jamás hubiese iniciado la construcción sin contar con dicho trámite y con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. Al respecto, informa que mediante Resolución de Calificación Ambiental de fecha 31 de Julio de 2013, se aprobó la Declaración de nombre reservado relativa al proyecto, lo que demuestra que todas las supuestas irregularidades acusadas en el recurso de protección, no son tales y que la autoridad ambiental tuvo en consideración todas las partes de la obra del Proyecto y las etapas de construcción, calificándolo favorablemente. Comunica que en el Resuelve N°3 de la Resolución de Calificación Ambiental, se certifica que el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, y se especifica que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y cumple con los requisitos ambientales de los Permisos Ambientales Sectoriales Nº 76, Nº93 y N°95 establecidos en el Título VII del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Considera que es imposible entender el planteamiento de supuesta ilegalidad y arbitrariedad que acusa el recurso, cuando las recurridas han cumplido a cabalidad con los requisitos jurídicos para llevar adelante la construcción del Proyecto, quedando demostrado, que los efectos perniciosos medioambientales que denuncia la recurrente no existen.

En cuanto al argumento relativo a que se debió haber presentado un Estudio de nombre reservado, expresa que dicha alegación es extemporánea y errada en su forma y en el fondo, pues el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento administrativo especialmente regulado que tiene por objeto evaluar los impactos ambientales de determinados proyectos que, siendo susceptibles de causar nombre reservado y establecidos en el artículo 3o de la Ley N° 19.300, deben ser sometidos a análisis por parte de los distintos órganos de la administración del Estado con competencia ambiental, de manera previa a su ejecución.

Explica que, procedimentalmente, la autoridad puede tanto al inicio del proceso de evaluación, como en su parte final terminar o rechazar el proyecto, porque el proyecto objeto de una Declaración de nombre reservado, deba ser sometido a un Estudio de nombre reservado, no obstante en ninguna de las instancias seguidas ante la autoridad ambiental, se levantó siquiera el punto, lo que demuestra la falta de fundamento de la solicitud de la Recurrente.

Considera que el recurso de protección de autos es una vía inidónea y encubierta de impugnar la RCA, en forma extemporánea, pues la misma fue dictada hace más de dos años, el 31 de julio de 2013, y que ésta se encuentra ajustada a derecho. Estima que, si bien en la legislación ambiental no existe un medio específico para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental, basado en que habría procedido un Estudio de nombre reservado y no una Declaración de nombre reservado, la recurrente, de haber estimado que la Resolución de Calificación Ambiental era contraria a derecho, pudo haber solicitado su invalidación, como acto administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.880, agregando que los plazos para lo anterior han vencido latamente por lo que el derecho a solicitar la referida invalidación ha caducado.

La recurrida sostiene la inexistencia de ilegalidad y/o arbitrariedad, y asevera que de la revisión del recurso de protección, se puede advertir que éste carece de fundamentación acerca de la ilegalidad que dice existir en el actuar de las recurridas. Reclama que no aparece ninguna norma, ni de naturaleza legal ni reglamentaria que el recurso dé por infringida y que a la luz de lo expuesto, se puede advertir que el actuar de la Empresa Constructora Belfi, se encuentra ajustado a derecho. Considera que el recurrente confunde conceptos, asimilando la arbitrariedad con las consecuencias de hecho que tendría y que no explica cuál sería el actuar ilógico, voluntarista y / o caprichoso de las recurridas, que merezca ser catalogado de arbitrario.

Alega la inexistencia de conculcación a las garantías constitucionales que reclama la recurrente, pues el proyecto no impedirá la actividad económica de los recurrentes, ni menos aún afectaría el derecho de propiedad.

Pide por tanto, tener por informado el recurso de protección de autos y, en mérito de los antecedentes expuestos, rechazar íntegramente el recurso de protección impetrado por extemporáneo o, en su defecto, por no existir acto u omisión arbitrario y/o ilegal de parte de Belfi y Terminal Pacífico Sur, y no existir tampoco conculcación de las garantías constitucionales que los recurrentes señalan como afectadas.

Por resolución de fojas 229, se ordenó regir el decreto de autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso resulta extemporáneo desde que al menos desde febrero del año en curso la parte actora no pudo ignorar el comienzo de la ejecución material de las obras del proyecto, sin perjuicio de que en su propio alegato el abogado recurrente reconoció el conocimiento previo que sus representados tuvieron del proyecto mismo. El documento de acta de entrega del terreno para el inicio de las obras, corrientes a fs. 192, presta sustento a la afirmación de los recurridos de que estos trabajos comenzaron efectivamente en febrero del año 2015 y, que por ende, el plazo para accionar de protección estaba largamente superado a la fecha de interposición de la que ahora nos ocupa.

Segundo: Que sin perjuicio de lo anterior, tampoco se reclama de hechos indubitados, porque aunque las obras en sí lo son, resulta controvertido que ellas afecten negativamente la actividad turística que como trabajadores de lanchas desarrollan los actores. Las recurridas niegan esa afectación indicando que el área de maniobra de la poza del muelle Prat no variará en perjuicio de las lanchas de turismo y su operación, con la ejecución del proyecto. Sin perjuicio de ello, los propios actores hablan de una disminución del área de salida a mar abierto y reconocen dificultades actuales para su industria por la actividad portuaria misma, en especial, por el ingreso de buques de gran calado; es decir, admiten que su propia actividad está subordinada a la del puerto.

Tercero: Que, por estas mismas razones, no parece aplicable aquí el artículo 11 letra f) de la Ley Nº 19.300, sin perjuicio de que los actores tampoco explican por qué, en su concepto, no bastaría la declaración de nombre reservado.

Cuarto: Que, por fin, tampoco hay arbitrariedad desde que el propio recurso explica que los motivos de las obras dicen relación con el aumento de la capacidad operativa del puerto. Las decisiones de orden político económico adoptadas por el Estado o permitidas por éste no pueden ser controladas por los Tribunales sino en cuanto a su juridicidad y racionalidad y, en el caso sub lite, en estos dos aspectos no aparece un reproche que formular, todo lo cual basta para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobra la materia, se rechaza al recurso de protección deducido a fs. 2, por nombre reservado, por sí y por el Sindicato Nacional De Trabajadores De Lanchas, Sinatral, en contra de Terminal Pacífico SurS.A. y la Empresa Constructora Belfi S.A.

Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada, archívese, previa devolución de los documentos en custodia.

Nº Protección- 3473-2015.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sr. Pablo Droppelman Cuneo y el Abogado Integrante, Sr. Luis Gastón Gauché Toromoreno.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.