nombre reservado con nombre reservado

Foja: 41 Cuarenta y uno Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 6, comparece don nombre reservado, Administrativo Segundo Informático, interpone Recurso de Protección en contra de doña nombre reservado, Administrativo Segundo, en su calidad de Investigador Sumariante y en contra de doña nombre reservado, Administrativo Jefe, esta última en su calidad de Ministro de Fe en la Investigación instruida en contra del recurrente en virtud del Decreto Económico N° 20-2017 del 1 de Febrero de 2017, llevado a cabo en el Juzgado de Familia de Casablanca, donde todos se desempeñan.

El hecho que motiva la presentación de este recurso es que ambas recurridas, a sabiendas y conociendo las causales de implicancia que le afectan, consistente en abierta enemistad e interés en el resultado de la investigación y no obstante haber sido recusadas por el suscrito por estos mismos hechos, han desestimado y rechazado infundadamente tal solicitud, desarrollando un proceso investigativo viciado.

Refiere que el 12 de Junio de 2017 la recurrida nombre reservado lo notificó en su lugar de trabajo de un Acuerdo del Pleno de esta Corte de Apelaciones de fecha 27 de enero de 2017 y del Decreto N° 20 de 01 de febrero de 2017, suscrito por la Juez Presidente (s) dona nombre reservado, en que se designó como funcionaria Investigadora a la recurrida nombre reservado. Sostiene que dicha notificación no le dio certeza ni seguridad de que se encontrara debidamente nombrada e investida para" Notificar" esa resolución. Como consecuencia de lo anterior, ingresó una solicitud a la Investigadora Sumariante, requiriéndole copia de la resolución de nombramiento de Ministro de Fe, la que le fuera entregada al día siguiente. Indica que la referida resolución es de fecha 2 de febrero de 2016 y que señala: “Casablanca, dos de febrero de dos mil diecisiete Por recibido los antecedentes con esta fecha. No encontrándome inhabilitada para el ejercicio del cargo, acepto el nombramiento de funcionario investigador y procedo a designar actuario y Ministro de Fe a dona nombre reservado, Administrativo Jefe, de este Tribunal, quien no teniendo causal de implicancia que la inhabilite acepta y promete guardar reserva de lo que se obrare en la presente investigación sumaria. Para constancia firma conjuntamente con la funcionaria investigadora." Que posteriormente ingresó el 14 de junio de 2017 una presentación la que en lo principal, recusa a investigadora y ministro de fe, pidió la suspensión y corrección del procedimiento y en subsidio, apeló, acompañando documentos. En dicha presentación sostuvo que cuenta con serios y fundados antecedentes de que las recurridas se encuentran inhabilitadas de conocer y resolver cualquier asunto que diga relación con esta investigación sumaria, pues han prestado declaración en su contra en otra Investigación en curso, que han servido de base y antecedente para la formulación de cargos en su contra en sumario ordenado por Decreto N° 176-2016 del que fuera notificado recientemente. Ambas declaraciones indican una evidente enemistad, animadversión por lo que es de toda lógica presumir la existencia de un interés de que esta investigación le sea contraria y perjudicial al infrascrito, sin que se pueda garantizar la debida imparcialidad y objetividad, lo que se evidencia en el contenido de la formulación de cargo:

"Vistos:

"... que la declaración de doña nombre reservado, se aprecia un trato inadecuado por parte del funcionario don nombre reservado , hacia la referida, consistente en palabras groseras y alzamiento de voz..." y en forma idéntica "...que la declaración de doña nombre reservado, se aprecia un trato inadecuado por parte del funcionario don nombre reservado, hacia la referida, consistente en palabras groseras y alzamiento de voz..." Antecedente que consta en la formulación de cargo ordenado por Decreto N° 176-2016.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo al artículo 195 N° 8 en relación con los artículos 199 y 200 del Código Orgánico de Tribunales, recusó a ambas funcionarias, pues carecen de la imparcialidad necesaria para conocer y resolver en esta investigación, siendo con ello el proceso ilegal y arbitrario de perseverar este vicio. Señala que se debe suspender esta investigación y ordenar la corrección del procedimiento, mediante la designación de un nuevo Investigador y Ministro de Fe no inhabilitado.

Sostiene que advirtió a las recurridas la irregularidad de la investigación ordenada por Decreto Económico N° 20-2017, porque no se le notificó en forma íntegra y válida dicha investigación al haber omitido expresa e intencionalmente la designación y aceptación de cargo de la Ministro de Fe, de la que solo tomó conocimiento mediante solicitud posterior. Hace presente que esta investigación comenzó el 2 de febrero de 2017 habiendo transcurrido a la fecha 3 meses y medio, dentro de un proceso reglado por el artículo 389 letra F) que menciona que el plazo de investigación no parece está vencido, toda vez que la Investigación comienza con la aceptación del cargo y la designación del Ministro de Fe, hecho ocurrido el pasado 2 de febrero de 2017.

Reclama que con fecha 14 de junio de 2017 se dictó la siguiente resolución:

"A lo principal: Resolviéndose la implicancia y no dándose en el cuerpo de las causales invocadas. No ha lugar. Con respecto a la apelación subsidiaria no ha lugar por improcedente. Al Primer Otrosí: Por acompañados." Reitera sus alegaciones relativas a la falta de imparcialidad de las recurridas.

Agrega que la recurrida nombre reservado con fecha 30 de septiembre de 2016, interpuso denuncia en su contra la que es la materia de la investigación sumaria seguida en su contra, conteniendo antecedentes extemporáneos ya que el supuesto hecho habría ocurrido a mediados del mes de julio del presente año, siendo falso y calumnioso. Agrega que en forma anterior a esta denuncia, la Sra. nombre reservado fue designada como investigadora en otra investigación sumaria seguida en su contra,- la que fue sobreseída- siendo sometido no obstante en dicho proceso a palabras y acoso laboral por parte de la mencionada quien lo habría difamado y amenazado con buscar alguna estrategia para perjudicarlo, vulnerando una y otra vez sus derechos en el curso de la investigación.

Que una vez conocida la resolución que lo sobreseía de esta investigación, la funcionaria nombre reservado, manifestó públicamente su disconformidad a lo resuelto por el Administrador del Tribunal don nombre reservado. Demanda que, atendida la naturaleza sancionatoria del presente procedimiento, resulta imperioso el respeto de las garantías de un debido proceso.

De los hechos, sostiene que se desprende la arbitrariedad y conducta caprichosa de las recurridas al no inhabilitarse, frente a los antecedentes, pues sabiendo y habiendo tornado además conocimiento de su inhabilidad, han caído en exceso en el ejercicio de sus facultades, al rechazar la recusación y no admitir la inhabilitación.

Argumenta que se han vulnerado las garantías contempladas en los N° 2, 3, y 24 del artículo 19, de la Constitución Política del Estado. Respecto al artículo 19 N° 2, arguye que la conformación de la investigación con el Investigador y Ministro de Fe no garantizan la imparcialidad y objetividad que si se les garantiza a los otros investigados. En cuanto al artículo 19 N°3, sostiene que este procedimiento se encuentra viciado, vulnerando las normas fundamentales del debido proceso, por la implicancia evidente de quienes actúan como Tribunal. En lo relativo al artículo 19 N°24, asevera que se conculca el derecho de propiedad de ser investigado dentro de un debido proceso.

Pide, por tanto, tener por interpuesto recurso de protección de los derechos constitucionales referidos, en contra de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, ambas ya individualizadas, disponiendo que se toman las medidas que, en concepto de esta Corte, sean conducentes al restablecimiento y la protección de los derechos amenazados y efectivamente conculcados, en definitiva, declarar y dejar sin efecto la investigación en curso, todo esto con expresa condenación en costas.

A fojas 12, informa doña nombre reservado, Administrativa Segundo del Tribunal de Familia de Casablanca, quien sostiene que fue designada como investigadora para realizar sumario administrativo por Decreto N° 20-2017 de dicho Tribunal, por la Juez Titular doña Astrid Veninga Fergadiott en contra de don nombre reservado, Administrativo Segundo Informático del Tribunal. Que es efectivo que declaró en sumario administrativo seguido en contra del recurrente, por trato inadecuado de dicho funcionario, en atención a que realmente fue víctima de sus malos tratos, consistente en palabras groseras, alzamiento de voy y acercamiento físico. Señala que como investigadora de este sumario no tiene interés personal en perjudicar o beneficiar al investigado, como tampoco siente odio hacia él y que solo está acatando una orden de su superior jerárquico, ajustándose a derecho en el desarrollo del mismo.

Agrega que, al momento de haber sido designada por la Magistrada Veninga, como investigadora de este sumario, le hizo presente verbalmente que reconsiderara dicha designación ya que no tenía experiencia en este tipo de procedimiento, que había tenido problemas de relaciones humanas con el investigado, haciéndole presente que había declarado en el otro sumario llevado en contra del Sr. nombre reservado en calidad de víctima y que se excusaba de ser investigadora. No tuvo otra alternativa de aceptar el cargo ante la negativa de su superior jerárquico de designar a otra persona. Menciona que se siente muy insegura de llevar esta investigación y que fue un error no haberlo hecho por escrito.

A fojas 20, informa doña nombre reservado, quien manifiesta que fue designada Ministro de Fe por la funcionaria investigadora nombrada según decreto N°20-2017 del Tribunal de Familia de Casablanca, en investigación sumaria S-3-2017. Que no se inhabilitó, atendido a que su misión en el sumario, solo correspondía a la de certificar lo obrado por la funcionaria investigadora, cumplir lo ordenado por ella, presenciar las declaraciones de los posibles citados, por lo tanto, no obstante haber dudado por las posibles consecuencias y no sin antes haber consultado las normas legales de inhabilitación, verificando que no se ajustaban a su condición, no consideró necesario inhabilitarse. Informa que manifestó su preocupación y su deseo de no inmiscuirse en esta investigación, en forma verbal a sus superiores pero estos me dijeron que no existía causal para su inhabilitación por el rol que debía cumplir.

Menciona que lo que el señor nombre reservado alude como causal de inhabilitación, esto es el numeral 16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales y la abierta enemistad e interés en el resultado de la investigación, está muy lejos de su ánimo y de su forma de ser, de hecho evidenció que él se está basando en una supuesta animadversión que no es real. En este caso su labor de Ministro de Fe no interfiere y tampoco interviene en la decisión y convicción que adquiera la funcionaria investigadora respecto al asunto investigado.

Agrega que en el Juzgado de Familia de Casablanca se llevan siete sumarios por distintas razones, todos llevados por los mismos funcionarios investigando a sus propios colegas por órdenes tanto del Tribunal al cual pertenezco como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo válido pensar y sentir por parte de los propios colegas que las cosas se pueden salir de control o que exista una enemistad u odio entre ellos mismos, lo que está lejos de la realidad ya que cada hecho investigado es eso, un hecho concreto a investigar, no una idea, una creencia o un capricho y las pruebas deben evaluarse y fallarse ajustado estrictamente a ellas.

Por resolución de fojas 22, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que este Ilustrísimo Tribunal ha manifestado en forma reiterada que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que de la lectura del recurso aparece que lo que se pretende es que el actuar del recurrente sea investigado por una autoridad imparcial, lo que debe estimarse constitutivo del derecho al debido proceso, derecho no garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como aparece claramente en su texto, por lo que el recurso deberá ser desestimado en este punto.

Atendido lo anterior, tampoco es posible acoger el recurso incoado por afectación del derecho de propiedad sobre el mismo derecho al debido proceso ya señalado.

Tercero: Que, asimismo, tampoco se ha acreditado una afectación del derecho a la igualdad ante la Ley, por cuanto no se probó la existencia de otra situación o caso similar de contraste que permita establecer la desigualdad o discriminación acusada, lo que es indispensable para dar por configurada la vulneración del derecho que se acusa.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 6 por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, ambas funcionarias del Juzgado de Familia de Casablanca.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 3464-2017.