nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO:

Que, se interpone recurso de protección en favor y representación de nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., RUT N° RUT reservado, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la administradora habría aplicado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo la validez de la documentación presentada conforme a la ley N°18.156 y estableciendo requisitos adicionales no contemplados por el legislador, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., mediante su portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. En este contexto, el recurrente realizó la solicitud de retiro de fondos mediante la plataforma dispuesta para tal efecto, adjuntando toda la documentación requerida y cumpliendo con los requisitos establecidos. No obstante lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2025, la administradora de fondos comunicó al solicitante las razones del rechazo de su petición.

El rechazo se basó en que no se había acompañado documentación que acredite que el afiliado se encontraba cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, requiriendo que se acredite que a la fecha de ingreso al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba cubierto por el régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones médicas y pecuniarias.

Respecto de los fundamentos jurídicos esgrimidos por el recurrente, este sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, particularmente en sus artículos 1° y 7°. El artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la misma ley.

En este sentido, el recurrente acompañó la siguiente documentación: contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y título profesional debidamente apostillado. Adicionalmente, el recurrente argumenta que la constancia electrónica presentada cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social, específicamente en la plataforma http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, lo que demuestra que el documento es expedido por la autoridad venezolana competente y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

Se vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, toda vez que ha otorgado un trato desigual al recurrente respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los mismos requisitos, han obtenido respuestas favorables, requiriéndosele al recurrente una formalidad adicional no contemplada en la ley N°18.156. Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al impedírsele disponer de sus fondos previsionales mediante una interpretación restrictiva y formalista de la norma que no se ajusta a la finalidad del legislador, actuando de forma caprichosa y obstaculizando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que la Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por el señor nombre reservado, fundando su petición en la correcta aplicación de la normativa vigente contenida en la Ley N°18.156, el incumplimiento por parte del recurrente de los requisitos esenciales para acceder a la devolución de fondos previsionales, y la improcedencia de la vía tutelar para resolver esta clase de controversias.

La medida se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la Ley N°18.156 y su normativa reglamentaria. Argumenta que dicha normativa contempla una exención respecto del cumplimiento de las disposiciones previsionales generales, aplicable exclusivamente a aquellas empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, estableciendo en su artículo 7° la facultad de los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, condicionando dicha prerrogativa al cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal.

El rechazo se fundamenta en el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, consistente en la obligación de acreditar que durante todo el período de prestación de servicios en Chile, el trabajador extranjero se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que otorgue las prestaciones exigidas por la normativa vigente. En este sentido, la recurrida precisa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Que la documentación presentada por el recurrente no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, constituyendo ello un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a un país extranjero. Fundamenta esta exigencia en la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, particularmente en los Oficios Ordinarios N°32.365 de 27 de diciembre de 2016 y N°24.089 de 11 de noviembre de 2019, que establecen la obligatoriedad de acompañar documentación apostillada o debidamente legalizada para acreditar los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Finalmente, plantea la improcedencia del recurso de protección como vía para impugnar el rechazo de solicitudes de devolución de fondos previsionales. Sostiene que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia de la acción constitucional, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP CUPRUM S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente entre el mes de febrero de 2022 y el mes de abril del presente año, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado.

Además, funda el rechazo en que una declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”. A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Quinto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3449-2025.