Protección contra ILUSTRE MUNICIIPALIDAD DE EL QUISCO

Foja: 46 Cuarenta y seis Jvp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTO:

A fojas 10 comparece Aníbal Manuel Reyes Díaz, abogado, Juez Subrogante del Juzgado de Policía Local de El Quisco, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIIPALIDAD DE EL QUISCO, representada por la Alcaldesa doña Natalia Andrea Carrasco Pizarro, y en contra de la Administradora Municipal doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por haberse verificado a su juicio actos arbitrarios e ilegales consistentes en el descuento efectuado a su remuneración con fecha 19 de mayo del año 2017, y el memorando número 93/2017 que amplía injustificadamente su horario de trabajo que le corresponde cumplir al haber sido nombrado juez subrogante de dicho tribunal, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que fue nombrado Juez Subrogante del Segundo Juzgado de Policía Local de El Quisco por Decreto Alcaldicio 1366 de fecha 31 de marzo del año en curso, a contar del 1 de abril del mismo año, y que desde esa fecha y en cumplimiento de sus obligaciones ha asistido con regularidad a las horas de audiencia que fueron mandatadas por la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante oficio 1721 de fecha 12 de mayo de 2005 y ordenadas por la Ilustre Municipalidad de El Quisco, esto es, los días Lunes, Miércoles y Viernes, entre las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.

Que no obstando a lo anterior, en el mes de mayo de 2017 se le efectuó un descuento en su remuneración fundada en el supuesto atraso de 6 horas correspondientes al mes de abril del año 2017, cuestión efectuada fuera de cualquier fundamento material y sin decreto alcaldicio, al no ser efectivo que él se haya restado del cumplimiento de los horarios antes descritos.

Agregó que mediante memorando 93/2017 de fecha 22 de mayo de 2017 la administradora Municipal doña nombre reservado, recepcionado con fecha 23 del mismo mes, le informó que la jornada de trabajo del Juez de Policía Local es de 44 horas semanales y que él debía cumplir con las mismas, horarios que al igual que los actos aludidos se encuentran en disconformidad a Derecho.

Sostuvo que sólo tuvo conocimiento del respectivo descuento con fecha 19 de mayo de 2017 cuando se le entregó su liquidación de remuneraciones; que ha cumplido con el horario fijado por la Ica de Valparaíso y que el horario que le fuere impuesto por el municipio no sustenta una justificación legal suficiente, y no puede serle impuesto arbitrariamente por una autoridad de carácter municipal.

Alegó que estos actos son ilegales pues si bien el artículo 21 del Decreto Ley N° 249 fijó un horario de 44 horas semanales al personal municipal, el artículo 1 del D.L. N° 812 de 1974 eximió de dicha carga a los Juzgados de Policía Local indicando dicha norma que solo corresponde la determinación de dichos horarios a las Cortes de Apelaciones respectivas, y que a su vez, cumplidos los horarios regulados por dicho alto tribunal, se debe entender como completo para el solo efecto de las remuneraciones. Citó en concordancia con su petición, las directrices legales contenidas en los artículos 8 y 53 de la ley 15.231 que a su juicio dan cuenta que lo obrado por el municipio recurrido se encuentra ajeno a la facultad exclusiva de la Iltma. Corte para regular los horarios de audiencia, cuestión ya tratada y resuelta en el mismo sentido por pronunciamiento efectuado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en causa Rol 696-2012.

Concluye indicando que los actos impugnados mediante este recurso resultan ser arbitrarios e ilegales, toda vez que al haberse reducido su remuneración por el supuesto incumplimiento de su horario laboral, y al intentar forzarlo a cumplir con una carga laboral ilegal y arbitraria, se ve conculcado su derecho a la igualdad ante la ley al imponerle obligaciones distintas a las correspondientes al resto de los jueces de policía local, sino que además se frustran sus posibilidades de ejercer libremente la profesión en términos a los que legítimamente tiene derecho, así como el derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones inapropiadamente reducidas, conculcando los derechos que constitucionalmente tiene garantizados en los artículos 19 N° 2, N° 21, y N° 24 de la Constitución Política, por lo que solicitó se reestablezca el imperio del derecho dejando sin efecto los actos impugnados.

A fojas 29 y 35 informa el recurso Oscar Adolfo Campos Burgos, abogado en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de El Quisco, quien sostuvo que mediante el Oficio N° 1022 de fecha 23 de enero de 2017 emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso se le informó a la recurrida que el juez de Policía Local tenía derecho a percibir como remuneración aquella proporcional a las horas en que efectivamente cumple con sus funciones; que se tuvo en consideración que mediante memorando 93/2017de fecha 22 de mayo del año en curso, el juez Subrogante debía cumplir con 44 horas mensuales de trabajo a lo que no dio cumplimiento, excusándose en que el horario de los magistrados de los juzgados de policía local era especial y no correspondía a las 44 horas que se le irrogaban, razón por la que el municipio efectuó los descuentos conocidos.

Sostuvo que el artículo 51 de la ley Orgánica de la Contraloría los obliga como municipalidad a cumplir con las instrucciones de dicho órgano y que en la especie solo cumplieron con sus instrucciones las que, sostiene, serían compatibles con los actos cuestionados, no obstando a que en función de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema citada la recurrida estará en cualquier caso llana a dar cumplimiento a lo que el alto tribunal decida a este respecto, solicitando que en cualquier caso dicha resolución sea con condenación en costas.

A fojas 41 evacuó informe la recurrida nombre reservado, funcionaria de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, como Administradora Municipal, quien, representada por el mismo abogado de la Municipalidad limitó sus argumentaciones a reiterar las explicaciones previamente expuestas.

A fojas 44, se ordenan traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que para resolver el asunto es necesario realizar una reseña al marco jurídico aplicable.

El artículo 21 del Decreto Ley Nº 249 (publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1974) fijó para el personal de las instituciones, servicios y organismos señalados en el artículo 1º una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas distribuidas de lunes a viernes.

El Decreto Ley Nº 272 de 1974 mediante su artículo 16 agregó a las Municipalidades del país a la lista de instituciones enumeradas en el artículo 1º del DL 249.

A su vez, el artículo 1 del D.L. Nº 812 de 1974 dispone: “Declárase que el artículo 21 del Decreto Ley N° 249 de 1973 publicado en el Diario Oficial de 05 de enero de 1974 no se aplica, ni ha sido aplicable a los Jueces de Policía Local”.

El artículo 8 inciso segundo de la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, dice “Los jueces de policía local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones”.

A su turno, el artículo 53 del mismo cuerpo legal expresa que la Corte de Apelaciones previo informe del Municipio y del Juez de Policía Local correspondiente fijará los días y horas de funcionamiento de estos Juzgados en su respectivo territorio. En ningún caso las audiencias al público serán inferiores a tres por semana y se celebrarán en días distintos con una duración de al menos tres horas cada una.

Tercero: Que de las disposiciones señaladas es claro concluir que mediante el artículo 1º del D.L. Nº 812 -texto de carácter interpretativo- se eximió a los jueces de policía local de la jornada semanal obligatoria de cuarenta y cuatro horas. Dicha conclusión se refuerza por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 15.231 ya citado.

Por otra parte, el claro tenor del artículo 2 del Decreto Ley N° 812, el que declara que: “corresponde exclusivamente a las Corte de Apelaciones respectiva fijar el horario de funcionamiento de estos Juzgados, el que se entenderá completo para el solo efecto de las remuneraciones”, no deja dudas respecto a que desde el punto de vista de las remuneraciones, el horario que fija la Corte de Apelaciones al Juez de Policía Local, cualquiera que este sea, no afecta a su remuneración la que deberá ser percibida íntegramente por esta funcionario, de acuerdo a lo que disponga la planta de la respectiva Municipalidad.

Cuarto: Que del propio dictamen de la Contraloría General de la República a que se hizo referencia se infiere que la actora asiste al Tribunal los días de audiencia al público fijados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por lo cual no cabe duda de que el Juez de Policía Local de El Quisco cumple el horario establecido. Cuestión en la que solo abunda el oficio1721-2005 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso que obra a fojas 2 de estos antecedentes y que establece que las audiencias en el respectivo tribunal deben efectuarse los días, lunes, miércoles y viernes entre las 09:00 horas y las 13:00 horas, sin que se haya controvertido por la recurrida el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones por parte del magistrado recurrente.

Quinto: Que, por otra parte, es útil consignar –tal como se ha señalado en anteriores fallos sobre la materia- que el trabajo de un Juez no consiste únicamente en la atención al público, puesto que debe desempeñar otras labores propias de su función, consistentes principalmente en el estudio de expedientes y la redacción de las resoluciones, que no necesariamente se realizan durante el horario fijado para atender audiencias, ni en el recinto del Tribunal. Tampoco debe confundirse el periodo en que está abierta la Secretaría de un Juzgado con el horario de asistencia de un Juez, pues en general, aquella debe atender durante un lapso siempre superior al de las audiencias del magistrado, para desarrollar el trabajo administrativo correspondiente, que no requiere la presencia física del Juez, pero sí la del Secretario, todo ello según se desprende especialmente del artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales.

Sexto: Que las consideraciones precedentes, permiten concluir que la decisión alcaldicia fundada en el pronunciamiento de la autoridad Contralora ha incurrido en vulneración de los artículos 8 y 53 de la Ley N° 15.231 y del Decreto Ley N° 812, lo que transforma su actuar en ilegal. Que lo mismo ocurre respecto de la actuación de la Contraloría General de la República, sin perjuicio que no se procederá a su anulación formal, puesto que por sí sola no produce efectos directos en el funcionario, siendo su objeto instruir a la administración, para que adopte determinadas medidas, que son precisamente las que constituyen el acto que vulnera las garantías constitucionales del recurrente.

Séptimo: Que como consecuencia de todo lo anterior, la Juez de Policía Local de El Quisco tiene derecho a percibir el total de sus remuneraciones si cumple el horario fijado la Corte de Apelaciones respectiva, de manera tal que el actuar ilegal de la autoridad municipal afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en términos que se produce una vulneración en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que percibe como Juez del referido tribunal; razón por la cual el recurso de protección debe ser acogido.

Octavo: Que así ha sido resulto por la Excma. Corte Suprema, en causa rol Nº 696-2012.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 10 sólo en cuanto se declara que el Alcalde de la Municipalidad de El Quisco deberá dejar sin efecto lo dispuesto en el referido memorándum 93-2017 de fecha 22 de mayo de 2017, restituir los descuentos de remuneraciones efectuadas ilegalmente y disponer que la actora podrá continuar percibiendo el total de sus remuneraciones si cumple el horario de audiencias al público fijado por esta Corte de Apelaciones.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3449-2017.