nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S. A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, tecnólogo en construcción civil, de nacionalidad venezolana, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., representada por don nombre reservado, fundada en el acto ilegal y arbitrario que rechazó, mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada por su representado en calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156. Afirma que dicho rechazo vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Expone que el 22 de mayo de 2025, el recurrente ingresó su solicitud de devolución de fondos previsionales mediante la plataforma web dispuesta por la AFP recurrida, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado. No obstante, recibió una respuesta negativa cinco días después, fundada en la falta de legalización consular del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, exigencia que —sostiene— resulta actualmente de cumplimiento imposible debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo cual ha dejado a los nacionales venezolanos sin representación consular en el país.

Aun así, señala que presentó declaración jurada de afiliación debidamente legalizada ante notario público en Chile, instrumento que acredita su adscripción al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Añade que cada certificado emitido por dicho organismo incorpora un código único de verificación, que permite a cualquier interesado constatar en línea la existencia y autenticidad del documento directamente en la plataforma oficial del IVSS, accediendo así al contenido original generado por ese Instituto.

Sostiene que la decisión de la recurrida implica una aplicación formalista y restrictiva de la Ley N° 18.156, contraria a su finalidad, en tanto desconoce el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales por parte del recurrente y le impide disponer de sus propios fondos previsionales, afectando directamente el ejercicio de su derecho de propiedad.

En razón de lo anterior, solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordenando a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, dentro del plazo de cinco días o el que Vuestra Señoría estime según el mérito de autos, y en general, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 rola el informe evacuado por doña Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, fundado en los antecedentes de hecho y derecho que expone.

En primer lugar, la recurrida indica que el actor ha presentado en total tres solicitudes de devolución de fondos previsionales ante AFP Capital, invocando la Ley N° 18.156, y que todas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos legales exigidos, especialmente en cuanto a la vigencia del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano (IVSS).

Precisa que la primera solicitud fue ingresada el 12 de junio de 2024 y rechazada por no poder verificarse la legalización del título profesional. La segunda solicitud, de 27 de agosto de 2024, fue rechazada por cuanto el certificado de afiliación no contaba con la vigencia necesaria, al haber sido emitido el 14 de diciembre de 2023, superando el plazo de 120 días que —afirma— es aplicable a ese tipo de documento. En cuanto a la tercera solicitud, presentada el 22 de mayo de 2025 y rechazada el 27 del mismo mes, sostiene que se fundó en los mismos motivos anteriores, agregando que la constancia electrónica de cotizaciones no se encontraba debidamente legalizada o apostillada, y que la declaración jurada apostillada no suple la exigencia de vigencia ni sustituye la validación formal del certificado emitido en el extranjero.

Conforme a lo anterior, la AFP alega que el recurrente tomó conocimiento efectivo del motivo del rechazo desde el 28 de agosto de 2024, cuando se le informó en atención presencial el rechazo de su segunda solicitud, de modo que el correo de 27 de mayo de 2025 no constituye un nuevo acto administrativo, sino una reiteración del mismo fundamento ya conocido, por lo cual afirma que la acción constitucional fue interpuesta fuera del plazo fatal de 30 días, resultando manifiestamente extemporánea Asimismo, sostiene que la jurisprudencia citada por el actor en su recurso carece de relación directa con los hechos del presente caso, en tanto ninguna de las sentencias invocadas se refiere a solicitudes rechazadas por falta de vigencia del certificado de afiliación previsional extranjero, exigencia contenida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. En su concepto, se trataría de casos con fundamentos distintos, por lo que descarta su aplicabilidad al presente asunto.

Sostiene además que no se ha acreditado debidamente el cumplimiento del requisito contenido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya que, por una parte, la constancia de afiliación al IVSS acompañada por el recurrente tiene una vigencia limitada de 120 días desde su emisión, y en el caso concreto fue emitida el 14 de diciembre de 2023, por lo que se encontraba claramente vencida al momento de la solicitud ingresada el 22 de mayo de 2025. En segundo lugar, afirma que la constancia electrónica de cotizaciones no fue legalizada ni apostillada, por lo que carece de valor probatorio en Chile conforme a las reglas sobre documentos emitidos en el extranjero. A juicio de la recurrida, la ausencia de vigencia y legalización impide satisfacer uno de los requisitos esenciales para acceder al beneficio legal, esto es, la acreditación de afiliación actual y efectiva a un régimen de previsión social foráneo, tal como lo exige expresamente la ley.

Añade que la situación de crisis diplomática entre Chile y Venezuela no exonera a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, y que AFP Capital carece de facultades para interpretar o flexibilizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el legislador, en especial en lo relativo a la vigencia y autenticidad de los documentos presentados. Afirma que su actuación debe ceñirse estrictamente al texto legal y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y que desconocer esas exigencias la expondría a incurrir en actuaciones ilegales o sancionables, excediendo sus competencias y contraviniendo el marco normativo que rige su función como administradora del sistema previsional.

La recurrida concluye señalando que la acción de protección no constituye la vía idónea para debatir materias sujetas a interpretación legal, como lo sería la acreditación del cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156. En su opinión, no existe acto ilegal ni arbitrario, sino el estricto apego a las exigencias legales vigentes, razón por la cual solicita el rechazo de la acción, con costas.

Se trajeron lo autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales deducida por el recurrente en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N° 18.156, resolución que le fue notificada por correo electrónico el 27 de mayo de 2025, fundada en la falta de vigencia y de legalización consular del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano.

Tercero: Que, la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., informa que el actor ha presentado tres solicitudes ante dicha entidad, todas rechazadas por no cumplir con los requisitos legales exigidos por la Ley N° 18.156. En lo que respecta a la solicitud de 22 de mayo de 2025, objeto de esta acción, señala que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) fue emitido el 14 de diciembre de 2023, por lo que superaba el plazo de vigencia de 120 días indicado por la Superintendencia de Pensiones, y que, además, dicho documento no fue legalizado ni apostillado conforme a las normas aplicables a documentos públicos extranjeros.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7° de la misma ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, en este caso, el recurrente acompañó una constancia electrónica de afiliación al IVSS, emitida el 14 de diciembre de 2023, la que no fue legalizada ni apostillada y cuya vigencia excedía los 120 días al momento de presentarse la solicitud el 22 de mayo de 2025, conforme a lo instruido por la autoridad administrativa competente.

Sexto: Que, el argumento del recurrente relativo a la posibilidad de verificación electrónica del documento no se concilia con las exigencias establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que exige que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean debidamente legalizados o apostillados para producir efectos legales en Chile, además de encontrarse vigentes.

Séptimo: Que, en tales condiciones, no se advierte que el actuar de la recurrida constituya un acto ilegal o arbitrario, al haberse aplicado las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, por lo que no se configura vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Interino señor Núñez, quien estuvo por acoger la acción deducida, para el solo efecto que la recurrida dé curso a la tramitación de dicha solicitud, dictando la resolución que en derecho corresponda, en base a las siguientes consideraciones:

1°) Que, si bien la normativa invocada exige, como regla general, que los documentos públicos otorgados en el extranjero sean presentados debidamente legalizados o apostillados para tener mérito en Chile, esta exigencia tiene como propósito fundamental cautelar la autenticidad y veracidad de tales instrumentos.

2°) Que, en el presente caso, el recurrente ha sostenido y acreditado en su presentación que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad de manera directa en el portal web oficial de dicha entidad previsional.

3°) Que, en este contexto, la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no tramitar la solicitud, ateniéndose a un requisito formal, cuya finalidad puede ser satisfecha por otros medios tecnológicos idóneos, resulta arbitraria. Por otra parte, la verificación de autenticidad corresponde a la etapa de ponderación, resultando improcedente un examen de admisibilidad no contemplado en la normativa sectorial.

4°) Que, además, la actuación de la recurrida, al imponer una barrera meramente formal, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste al recurrente sobre sus ahorros previsionales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3408-2025.