nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

Que, a folio uno comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme lo previsto en la ley N°18.156, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, acompañando la documentación pertinente.

Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 12 de junio de 2025 es informada por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente: “…El certificado de nos adjuntas corresponde a una constancia electrónica y no al certificado de seguridad social, por lo tanto, este requerimiento se da por cerrado”

Reclama que obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de esta que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y relación con la causal de rechazo invocada precisa el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social de Venezuela, como se hacía anteriormente, pues señala que en este caso, frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos. Sostiene que esta situación constituye un caso de fuerza mayor, según el artículo 45 del Código Civil.

Argumenta que, para subsanar la falta de legalización consular, la recurrente presentó una declaración jurada ante un notario público chileno, donde jura la autenticidad del certificado del Instituto Venezolano de Seguridad Social. Sostiene que este documento, emitido en territorio nacional, debe tener el mismo valor probatorio que el que se obtenía antiguamente en la embajada.

Se acusa un trato desigual y arbitrario por parte de AFP Modelo. Se presenta como prueba un certificado de aprobación de retiro de fondos de AFP Cuprum a otro afiliado, quien habría utilizado una declaración jurada notariada de las mismas características para validar su documentación. Se postula que todas las AFP deben tener un criterio uniforme, ya que se rigen por la misma normativa.

La recurrente alega que la AFP realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, ignorando que el certificado del I.V.S.S cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página web oficial del organismo venezolano. El fin de la ley es corroborar la afiliación, lo cual es posible por esta vía. al hacer click en el portal web que se señala, se abre dicha página donde mediante la introducir el número de documento de identidad venezolano del recurrente y que se refleja en el título universitario, este arrojará el certificado de cotizaciones donde se puede observar que se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, señalando de igual manera estar cubierto por los siniestros que la ley que regula el acto que nos compete.

Afirma haber cumplido con todos los requisitos de la Ley 18.156, al presentar su contrato de trabajo, título profesional y el certificado de cotizaciones del IVSS (junto a la declaración jurada).

Alega vulnerada la igualdad ante la ley, por exigir requisitos no contemplados en la ley y dar un trato desigual en comparación con casos similares en otras AFP, y su derecho de propiedad, al impedirle disponer de sus fondos previsionales, que son de su propiedad, de forma caprichosa y arbitraria.

Previas citas legales, pide que se acoja el presente arbitrio, ordenando a la recurrida que se reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Que, a folio ocho, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso. Señalan que recibieron la solicitud de la recurrente el 9 de junio de 2025, junto con los documentos. Detallan que inicialmente se le solicitó un "Certificado de Seguridad Social que su vigencia sea máximo de 120 días, adicionalmente debe indicar coberturas". Al no recibir la documentación solicitada, y tras la insistencia con el mismo documento, se cerró el requerimiento, informando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no es el "certificado de seguridad social" requerido y no cumple con las exigencias legales.

Afirma que el documento presentado ("Constancia Electrónica de Cotizaciones") es insuficiente porque no está debidamente legalizado o apostillado, requisito indispensable para que un documento público extranjero tenga validez en Chile, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, añadiendo que el certificado no detalla de forma específica las prestaciones con las que cuenta la afiliada, sino que solo menciona las coberturas genéricas del sistema venezolano, lo cual contraviene las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Además, no especifica si la cobertura de salud incluye prestaciones médicas y pecuniarias.

La AFP sostiene que su actuar se basa en el cumplimiento obligatorio de las instrucciones de su ente fiscalizador, la Superintendencia de Pensiones. Citan oficios de la Superintendencia (como el N°4.277 del 13 de marzo de 2025) que explícitamente señalan que estos certificados electrónicos de Venezuela, al no estar firmados, apostillados ni legalizados, no son válidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Citan fallos de Cortes de Apelaciones (C.A. de Arica, Rol 151-2025) y de la Corte Suprema (Rol 239.773-2023) que han rechazado recursos similares por la misma razón: la falta de un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite de forma fehaciente los requisitos.

Concluye que al no haber cumplido la recurrente con los requisitos copulativos y fehacientes que exige la ley, el actuar de la AFP no es arbitrario ni ilegal, sino una correcta aplicación de la normativa que la rige. Por lo tanto, no existe un derecho indubitado que deba ser cautelado por esta vía.

Que, a folio ocho evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, señalando en lo pertinente que el documento presentado por la Sra. nombre reservado, una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, toda vez que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Dado que tanto Chile como Venezuela son parte del Convenio de la Apostilla, este es el procedimiento legalmente previsto para que los documentos extranjeros surtan efecto en el territorio nacional, tampoco especifica si la cobertura de salud de la recurrente comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 239.773-2023) y de esta Corte (Rol 522-2025) que razonó en el mismo sentido.

La Superintendencia de Pensiones concluye que el actuar de AFP Modelo se ajustó a la normativa vigente, y que la negativa a cursar la solicitud de devolución de fondos se fundamenta en que la recurrente no acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, al presentar un documento que carece de la validez formal y del contenido específico exigido por la ley y la jurisprudencia administrativa.

Que, a folio nueve, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, la controversia de autos se centra en determinar si la negativa de la AFP Modelo S.A. a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, fundada en que el certificado de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social carece de legalización o apostilla, constituye un acto de carácter arbitrario o ilegal que vulnera las garantías constitucionales invocadas.

Cuarto: Que, si bien la normativa invocada por la recurrida y la Superintendencia de Pensiones exige, como regla general, que los documentos públicos otorgados en el extranjero sean presentados debidamente legalizados o apostillados para tener mérito en Chile, no es menos cierto que el espíritu de dicha exigencia es cautelar la autenticidad y veracidad de tales instrumentos.

Quinto: Que, en el presente caso, la recurrente ha sostenido y acreditado en su presentación que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad de manera directa en el portal web oficial de dicha entidad previsional.

Sexto: Que esta Corte, en uso de sus facultades para la correcta resolución del asunto, ha procedido a realizar el ejercicio de verificación propuesto por la recurrente, ingresando al sitio web http://www.ivss.gob.ve y utilizando el código de validación señalado en la constancia acompañada. Con lo anterior, se constata la autenticidad y vigencia del certificado de cotizaciones de la recurrente, coincidiendo plenamente la información del documento electrónico con la desplegada en el portal oficial del ente emisor.

Séptimo: Que, en este contexto, la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no dar tramitación a la solicitud de la recurrente, ateniéndose a un requisito formal —la legalización o apostilla— cuya finalidad (verificar la autenticidad) puede ser satisfecha plenamente por otros medios tecnológicos idóneos, directos y de acceso público, como el verificado por este Tribunal, se revela como una medida desprovista de razonabilidad y proporcionalidad. Al existir un mecanismo alternativo y fidedigno para comprobar la validez del documento, la negativa a emplearlo y la insistencia en una formalidad que, además, es de público y notorio conocimiento su dificultad o imposibilidad de obtención para los ciudadanos venezolanos en las actuales circunstancias, transforma el acto de la recurrida en uno caprichoso y, por ende, arbitrario. A mayor abundamiento, cabe señalar que la comprobación de autenticidad de los documentos exigidos por la recurrida resulta propia de la etapa de ponderación de la solicitud formulada por la recurrente, resultando improcedente efectuar una especie de examen de admisibilidad que la normativa sectorial no contempla.

Octavo: Que, la actuación de la recurrida, al levantar una barrera meramente formal para la solicitante, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste a doña nombre reservado sobre sus ahorros previsionales, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Dicha propiedad implica la facultad de disponer de sus fondos de acuerdo con las hipótesis que la ley contempla, si ello resultare en definitiva procedente.

Noveno: Que, por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de un acto arbitrario que afecta una de las garantías constitucionales protegidas por la acción cautelar de protección, el presente recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y en consecuencia, la recurrida deberá dar curso a la tramitación de dicha solicitud, dictando la resolución que en derecho corresponda en un plazo no superior a diez días hábiles contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes, en su oportunidad.

N°Protección-3391-2025.