nombre reservado con ASEGURADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que el actor solicitó, la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjero y acompañando antecedentes destinados a acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen y su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que, mediante correo electrónico de 6 de junio de 2025, la recurrida rechazó la solicitud, fundándose en el incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por no haberse acompañado documentación suficiente para acreditar afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Precisa que, según la comunicación de rechazo, la Administradora observó, en primer término, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada; en segundo lugar, que dicho documento no indicaría que, en caso de enfermedad, el actor contara con cobertura que incluyera prestaciones médicas y pecuniarias; y, finalmente, que de su contenido aparece como fecha de ingreso al IVSS el 1 de enero de 2006, registrando estatus de asegurado cesante con fecha de egreso el 5 de julio de 2018, de modo que no quedaría acreditada su afiliación durante la vigencia de la relación laboral invocada.

Refiere que, no obstante lo anterior, el actor estima cumplir los requisitos previstos en la Ley N° 18.156, sosteniendo que la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, al exigir requisitos que no se encontrarían expresamente contemplados en ella. Añade que la afiliación al IVSS puede verificarse electrónicamente mediante el sitio oficial del organismo, a través del código de validación contenido en la constancia acompañada o por consulta con la cédula de identidad venezolana del solicitante.

Agrega que acompañó, además, una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada notarial, título profesional apostillado, y contratos y anexos de trabajo en que constaría su voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen. Sostiene también que existirían casos en que la misma administradora habría autorizado retiros de fondos con documentación que estima equivalente.

Concluye que el rechazo impugnado importaría la imposición de exigencias no previstas en la Ley N° 18.156, configurando un obrar ilegal y arbitrario que vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de sus fondos previsionales, o lo que esta Iltma. Corte estime conforme al mérito de autos.

A folio 16, atendido el tiempo transcurrido sin que fuera evacuado informe por la recurrida, se hizo efectivo apercibimiento, prescindiendo del informe de Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum S.A. y se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

SEGUNDO: Que, en la especie, la acción constitucional se ha interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada conforme a la Ley N° 18.156.

Sostiene que acompañó antecedentes suficientes para acreditar su calidad profesional, su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su voluntad de mantener dicha afiliación, por lo que la negativa de la recurrida, fundada en la falta de apostilla o legalización de la constancia electrónica, en la insuficiencia de la cobertura acreditada y en la falta de claridad respecto de la vigencia de su afiliación durante la relación laboral, constituiría una interpretación formalista y desprovista de razonabilidad, que vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

TERCERO: Que, si bien en autos no se evacuó informe por la recurrida, por haberse hecho efectivo el apercibimiento decretado a su respecto, consta en la carta de rechazo acompañada por el propio actor, de 6 de junio de 2025, que la solicitud fue desestimada por estimarse incumplido el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

En particular, dicha comunicación consigna: a) que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada; b) que no indicaba que, en caso de enfermedad, el solicitante contara con cobertura que incluyera prestaciones médicas y pecuniarias; y c) que de su contenido aparecía que el actor registraba estatus de asegurado cesante con fecha de egreso el 5 de julio de 2018, sin quedar acreditada su afiliación al sistema durante la vigencia de la relación laboral invocada. Asimismo, se deja constancia en la misma respuesta que, una vez subsanadas dichas observaciones, podía presentarse una nueva solicitud.

CUARTO: Que, para resolver, corresponde tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos de las leyes de previsión chilenas siempre que se reúnan las condiciones de: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, dispone que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones señaladas durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por el propio recurrente, aparece que éste aportó copia de su cédula de identidad para extranjeros, título profesional apostillado de Técnico Superior Universitario en electrónica industrial, una declaración jurada de 20 de mayo de 2025 en que afirma encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida el 16 de junio de 2025, en la que se indica que posee 653 semanas cotizadas, ingresando al sistema el 1 de enero de 2006, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante, con fecha de egreso el 5 de julio de 2018.

Asimismo, acompañó una carta de rechazo de la AFP recurrida, pero no allegó a estos autos contrato de trabajo ni anexo laboral alguno que permita verificar el cumplimiento del requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, relativo a la manifestación de voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera.

SEXTO: Que, en tales condiciones, aun prescindiendo del informe de la recurrida, los propios antecedentes allegados por el actor no permiten tener por acreditado el cumplimiento copulativo de los requisitos que hacen procedente la devolución solicitada.

En efecto, la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, y no consigna de manera específica que el actor haya contado, durante el período trabajado en Chile, con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte en los términos exigidos por la normativa aplicable, ni que dicha cobertura, en caso de enfermedad, comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias.

A su vez, del propio tenor del documento aparece que el recurrente figura en estatus de asegurado cesante con fecha de egreso el 5 de julio de 2018, circunstancia que no permite establecer con certeza que hubiera mantenido afiliación y cobertura efectiva durante la relación laboral respecto de la cual pretende el retiro de fondos previsionales.

Por otra parte, la declaración jurada acompañada no resulta idónea para suplir la certificación emanada de la autoridad previsional competente, pues el derecho extranjero y sus efectos deben probarse en Chile por los medios previstos en la ley, lo que en la especie no ha ocurrido.

SÉPTIMO: Que, aun cuando la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela.

Por lo mismo, la exigencia de legalización o apostilla constituye una garantía de autenticidad que no puede omitirse, en especial cuando se trata de un régimen previsional de excepción que exige acreditar con certeza los requisitos copulativos de la ley.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos del actor, toda vez que dicha decisión aparece fundada en antecedentes objetivos que dan cuenta de la falta de acreditación suficiente del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, sin que, además, se haya acompañado en autos documentación que permita verificar el cumplimiento del requisito contemplado en su letra b).

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros con permanencia definitiva, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

NOVENO: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante la presente acción cautelar, ni la consecuente vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3390-2025.