Protección contra Sra

Foja: 45 Cuarenta y Cinco //mjcv C.A. de nombre reservado

Certifico: Que en la presente causa se anunció para alegar el abogado, Sra. Mabel Muñoz Miranda, 10 minutos contra el recurso, quien hizo uso a su derecho en estrado, luego de escuchar relación pública. nombre reservado, veinte de julio de dos mil dieciséis.

3382-2016.Recurso de Hecho.

nombre reservado

Relator nombre reservado, veinte de julio de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 9 comparece don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la empresa Eulen Chile S.A., del giro de su denominación, RUT Nº RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que por Resolución de Multa Administrativa Nº 8851/16/35-l, notificada a su parte el 26 de abril de 2016, la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, le aplicó a su representada una multa administrativa de 60 UTM, por infracciones constatadas en la fiscalización efectuada el día 1 de abril del año 2016. En contra de esta Resolución, con fecha 27 de mayo pasado, presentó una solicitud de reconsideración administrativa ante la recurrida; sin embargo, con fecha 6 de junio, se le notificó el Ordinario N°916 de dicha Inspección, resolviendo la inadmisibilidad de dicha solicitud, por cuanto fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de las multas.

Alega que la decisión de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, al violentar el derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa en razón de una decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa. Lo anterior, por cuanto el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, es un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, y éstos tienen una norma especial que los regula y que es la Ley 19.880, la que deberá ser aplicada en forma supletoria y que, en su artículo 25, prescribe que los plazos del procedimiento administrativo que son de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos. Lo anterior encuentra su fundamento en que, ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza de dicho plazo, la norma aludida debe interpretarse en armonía con el resto del texto legal, en particular el artículo 435 inciso 3º del Código del Trabajo, según el cual, los términos de días se entienden suspendidos durante los feriados; mientras que, el artículo 432 del mismo cuerpo legal establece que en todo lo no regulado en éste o en leyes especiales, deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Libro I y II del Código de Procedimiento Civil. Así, tratándose en la especie la reconsideración de una gestión que se realiza ante un órgano administrativo como lo es la Inspección del Trabajo, debe aplicarse la regla especial prevista en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, la que dispone que para el cómputo de los plazos de un procedimiento administrativo, éstos deben estimarse de días hábiles, entendiéndose que no lo son los días sábados, domingos y festivos. Así las cosas, la solicitud de reconsideración presentada el día 27 de mayo de 2016, lo ha sido dentro de plazo legal, pues su parte fue notificada el día 26 de abril, venciendo el plazo para presentar la reconsideración el día 1 de junio de 2016.

Agrega que la actuación denunciada también vulnera la garantía del artículo 19 Nº 3 inciso 1º, que tiene por objeto proteger el ejercicio de los derechos de las personas ante cualquier órgano del Estado, ya que, al estimar la recurrida que la solicitud de reconsideración administrativa, es inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo, impide a la recurrente, no sólo acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya que en virtud al artículo 512 inciso 2º del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, al cual, en el caso particular su parte se encuentra impedida de ocurrir, por la decisión arbitraria e ilegal de la Inspección del Trabajo.

Solicita, se acoja el presente recurso, dejando sin efecto la resolución impugnada, debiendo acoger la solicitud de reconsideración administrativa presentada con fecha 27 de mayo de 2 016, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: (i) Ordinario N°916, de fecha 01 de junio de 2016; (ii) Copia de la resolución de la multa N°8851/16/35-l., y acta de notificación de 26 de abril de 2016; (iii) Copia del formulario de solicitud de reconsideración administrativa de fecha 27 de mayo de 2016; y (iv) Copia de orden de transporte emitido por Chilexpress en donde se señala fecha de envío el 27 de mayo de 2016 y su posterior recepción.

A fojas 31 informa la recurrida Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado, doña nombre reservado, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección.

Indica que con fecha 11 de febrero de 2016, se generó la fiscalización Nº 0501/2016/318, siendo asignada la comisión a don nombre reservado, fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, quien durante la visita constató una infracción a la normativa laboral, la que fue debidamente contenida en la Resolución de Multa Nº 8851/16/35, notificada por correo certificado, depositada en la oficina de Correos de Chile, el 19 de abril de 2016, entendiéndose notificada conforme lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, el 26 de abril de 2016. En contra de dicha Resolución, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa, con fecha 27 de mayo de 2016, esto es, fuera del plazo de 30 días corridos exigidos por la ley, por lo que la Inspección Provincial de nombre reservado, dictó el Ordinario Nº 961 (1 de junio de 2016), en que se le informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por extemporánea.

Alega la improcedencia de la presente acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa; decisión en contra de la cual el ordenamiento jurídico laboral contempla diversas instancias y recursos específicos para impugnarla, no siendo el recurso de protección la vía idónea para reclamar de ésta. En efecto, el ordenamiento jurídico otorga para su impugnación, un procedimiento de reclamación tanto judicial como uno administrativo: el primero, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo competente, según lo dispone el artículo 512 inciso 2º del citado Código.

Advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por su parte, que atente contra la garantía de igualdad ante la ley, ya que, por una parte, la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, a los procedimientos establecidos por la Dirección del Trabajo, y al principio de juridicidad previsto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política; y porque, por otra parte, dicha resolución ha sido dictada con fundamento razonable, una vez comprobado que el término de 30 días corridos para deducir la reconsideración administrativa, se encontraba vencido; no existiendo en consecuencia un tratamiento desigual respecto de la recurrente, en tanto ésta será siempre la respuesta que la recurrida dará a cualquier infractor en similares condiciones. Así las cosas, explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por los funcionarios de su dependencia, debiendo dicha solicitud efectuarse por escrito y dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna; cuestión que, en este caso, no se ha cumplido, dado que notificada la resolución de multa a la recurrente el día 26 de abril de 2016, ésta presentó la solicitud de reconsideración administrativa, el día 27 de mayo del presente, esto es, encontrándose ya vencido el término legal de 30 días corridos con que contaba para hacerlo. Si bien la disposición del artículo 512 del citado Código no señala expresamente si dicho plazo es de días corridos o de días hábiles, para tales efectos debe tenerse a la vista lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil, los que aplicados en forma armónica con lo previsto en el derecho administrativo, permiten concluir que el referido plazo es de días corridos, lo que resulta reforzado con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 11.764, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, debiendo el Presidente de la República fijar el horario y establecer sus excepciones en casos calificados. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que en el mismo Formulario Nº 10, de solicitud de reconsideración de multa administrativa, consta, dentro de sus notas importantes, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación; además de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que cita al efecto; y las propias Circulares Nº 73, de fecha 8 de junio de 2012, y Nº 96, de fecha 23 de septiembre de 2009, ambas de la Dirección del Trabajo.

Agrega que tampoco existe un acto arbitrario que atente contra el derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se le ha negado al recurrente el acceso ante la autoridad administrativa y eventualmente judicial, sino que sólo se ha hecho valer un plazo establecido por la ley y no por el Servicio. Así, la recurrida no ha vulnerado el ejercicio de los derechos del recurrente, ya que se limitó a la aplicación de la ley.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: (i) Activación de fiscalización, de fecha 11 de febrero de 2016; (ii) Copia de carátula de informe de fiscalización N° 0501/2016/318, de fecha 12 de abril de 2016; (iii) Copia de Informe de Exposición N° 0501/2016/318, de fecha 09 de abril de 2016; (iv) Copia de resolución de multa administrativa N° 8851/2016/35, de fecha 01 de abril de 2016; (v) Guía de correos en que consta la fecha de depósito en Correos de Chile el día 19 de abril de 2016; (vi) Copia de solicitud de reconsideración administrativa de multa N° 8851/2016/35, enviada por Chilexpress con fecha 27 de mayo de 2016; y, (vii) Copia de ordinario N° 916 de fecha 01 de junio de 2016, mediante el cual se rechaza la solicitud de reconsideración administrativa por encontrarse presentada fuera de plazo.

Por resolución de fojas 41, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario N° 1688, de fecha 1de junio de 2016, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 8851/2016/35, de fecha 1 de abril de 2016, y notificada a su parte, con fecha 26 de abril del presente año, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 inciso 1º de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

TERCERO: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo del recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de las garantías que se reclaman conculcadas por la actora.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

QUINTO: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 27 de mayo de 2016, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 26 de abril del presente año, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 9 por don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, en representación de la empresa Eulen Chile S.A., en contra de la Sra. nombre reservado, y en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 916 de 01 de junio de 2016, dictado por la Sra. nombre reservado, en cuanto no admite a tramitación la solicitud de reconsideración de multa, por estimarla extemporánea, y se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 27 de mayo de 2016, deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Administrativa Nº 8851/16/35-l, de fecha 1 de abril de 2016.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 3382-2016.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, integrada por los Ministros Sra. María Angélica Repetto García, Sr. Max Cancino Cancino y Abogado Integrante Sr. Eduardo Morales Espinosa.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.