nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, seis de enero de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece doña nombre reservado, funcionaria del CESFAM Raúl Sánchez Bañados dependiente de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, quien deduce Recurso de Protección en contra de ese municipio, representada por su Alcalde, don Rodrigo Sánchez Villalobos, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el término anticipado de su contrata vigente este año 2019, decisión que le fue notificada el día 26 de septiembre de 2019 en la Secretaría Municipal, esgrimiéndose como único fundamento un supuesto desempeño deficiente lo cual haría necesaria su salida por mala calidad de su trabajo y funciones, lo cual es falso, sin documentar sus dichos, sin dar razón de los mismos en los cuales se base su mal desempeño luego de años en el servicio y mucho menos acreditó la supuesta falta de funciones que expresa, con lo cual se infringe la normativa legal aplicable a los funcionarios públicos, normativa que ha sido recogida en el Dictamen N° 85700 de fecha 28 de noviembre de 2016 de la Contraloría General de la República, la cual obliga a las autoridades a fundamentar las no renovaciones de contratas y no utilizar para ello simples expresiones formales o genéricas.

Refiere que ha sido víctima de un trato discriminatorio por parte de la autoridad, pues tratándose de los demás funcionarios a contrata de sus unidades de desempeño, pues la Jefatura ha ordenado la prórroga de sus contrataciones para el año 2019. Que, también, se vulnera el Dictamen número 2802 de 27 de marzo de 2017, circulares del Ministerio de Hacienda de los años 2016 y 2018, que establecen que las no renovaciones deben fundarse y que generan legítimo derecho a mantenerse de no mediar otros hechos. La decisión, sostiene la recurrente, ha conculcado las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, consagrado y protegidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 y N°24, respectivamente.

Por lo anterior es que solicita la inmediata intervención del Poder Judicial para que estos derechos sean restablecidos, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que expone. Refiere que entró a trabajar al Cesfam Raúl Sánchez Bañados el 06 de Octubre del 2017 a la Oficina de Finanzas con la función de hacer los Informes Contables del Dpto. de Salud, lugar donde jamás recibió una capacitación o inducción sobre el trabajo que realizaría, por lo que todo el aprendizaje fue de manera paulatino y complicado. Que todos estos años en la Municipalidad en el Área de Salud cumplió a cabalidad sus funciones; que no tiene anotaciones de demérito y siempre fue bien calificada, faltando su calificación del periodo 2018 y 2019 que nunca me le entregada. Que al terminar el año 2018 un primo directo fue desvinculado injustamente del Cesfam; que éste inició los trámites para hacer la demanda contra la I. Municipalidad de La Ligua, la cual ganó. Que desde ese momento cambió el trato hacia su persona, empezando a ser ignorada por la Dirección, siendo perseguida, menoscabada en el trato y apartada de funciones que tenía, todo lo cual mermó su labor. Que durante los meses de febrero a abril del presente año la Srta. nombre reservado encargada del Personal de la I. Municipalidad de La Ligua fue a realizar asesorías a las Oficinas de Finanzas y de R.R.H.H. del Dpto. de Salud Municipal. Que en febrero le corresponde hacer el informe contable de Enero en el cual tenía un descuadre matemático, solicitó ayuda a la Srta. nombre reservado, pero no supo ayudarle a solucionar el problema, por lo que tuve que esperar a que la Sra. nombre reservado encargada de la contabilidad municipal llegara de su feriado legal para ayudarle a cuadrar dicho balance, por lo que el balance se envió con desfase. Que en marzo la Srta. nombre reservado le solicitó hacer un informe sobre la cuenta presupuestaria desde la cual se pagan los honorarios de los funcionarios de Salud. Que realizó el informe solicitado y luego hizo uso de su feriado legal. Que al llegar de sus vacaciones notó que la señorita antes mencionada hizo llegar su boleta de honorarios cobrando el informe hecho por su persona; y donde en su contrato aparece que dicho informe tenía que ser confeccionado por ella. Ante esta situación manifestó su molestia, comentándole a una colega que "era injusto que se le pagara a ella por un trabajo realizado por su persona", quien fue directamente hacia nombre reservado a comentarle lo que ella dijo, y al cabo de dos semanas fue removida de su puesto de trabajo en la Oficina de Finanzas, manteniéndola el director por casi dos meses sin funciones, solicitando en varias ocasiones poder hablar con él y arreglar esa situación, pero su única respuesta era "déjame verlo, voy a conversarlo, veré que hago". Luego de eso le dio la función de llamar a pacientes para confirmar la asistencia a sus horas tomadas, trabajo que ya hacían las SOME de cada sector, para dicha tarea se proporcionó un teléfono celular en cual tenía que turnarse con otra compañera para llamar. Que después la enviaron a Farmacia Popular con la función de sacar fotocopia y etiquetar (poner precio) a los medicamentos, también tenía la función de ayudar con las compras de la farmacia, pero dicha función nunca la pudo llevar a cabo, ya que nunca le instalaron el sistema de Adquisidores (Sic), sistema de compras que ella utilizaba, computador que tenía que compartir con el resto del personal, ya que si llegaban muchos medicamentos se ocupaba el escritorio para hacer el ingreso de éstos. Posteriormente la envían a Posta Rural Las Parcelas de Longotoma con la función de “per capitalizar” (inscribir a la población en dicha posta), por lo que solicitó al director “huellero” y clave del Servicio de Fonasa para hacer lo solicitado, pero las herramientas para llevar a cabo su función nunca llegaron. El 26 de septiembre de este año 2019 se presentó a trabajar normalmente, y la llaman desde Secretaría Municipal para notificarla sobre el término de su relación laboral desde ese mismo día, notificación entregada por la misma secretaria, y donde el Director de Salud nunca se pronunció. Que en dicha notificación mencionan que fue la encargada de la Posta de la Parcelas quien solicitó su salida y desvinculación, solicitud que jamás hizo. Que jamás recibió carta de aviso, ya que según la abogada de la Municipalidad podían terminar su nombramiento en cualquier momento, el que duraba hasta el 31 de diciembre del presente año. Toda esa acción realizada por la Dirección le pareció muy extraña ya que estaba a una semana de cumplir los 2 años trabajando la I. Municipalidad de La Ligua y después de los dos años conforme al concepto de “confianza legítima” no la pueden desvincular injustificadamente. Añade que, además del nombramiento que tenía por el año 2019 con la L Municipalidad de La Ligua, tenía un contrato de honorarios, el cual era remunerado aparte y donde cumplía la función de administrativa en el Servicio de Urgencia Rural de la Posta de Las Parcelas de Longotoma. Que al momento de desvincularla del Dpto. de Salud, también se le puso término anticipado sin previo aviso a éste contrato, el cual tenía duración de enero a diciembre del año 2019, ya que según la abogada de la Municipalidad podía ponerle término a ambos documentos (nombramiento y contrato). Indica que, según el Decreto de Alcaldía N° 5644 de 10/09/2019 que la desvincula del Depto. de Salud, menciona que ella no cumplía con las obligaciones dadas, lo que no es cierto. Que la duplicidad de documentación en el sistema de contabilidad ya sea de Facturas y/o boletas de Honorarios no era labor de su persona ingresarlas, sino de otros colegas. También se menciona el no cumplimiento de sus funciones en Posta rural de Las Parcelas, funciones que no pudo llevar a cabo por no tener las herramientas necesarias para hacer lo que la Dirección le pedía en ese momento, todas razones falsas y sacadas de contexto, siendo la única funcionaría notificada del término anticipado de su contrata. Acota que el acto por el cual se dispuso el término anticipado de su contrata y el documento mediante el cual fue notificada, no cumple con las exigencias normativas aplicables a los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado contenidos en la Ley N° 19.880 ni tampoco cumple con el criterio jurisprudencial establecido por la Contraloría General de la República en el Dictamen N°85700 de fecha 28-11-2016, ni en el Dictamen N° 2802 de fecha 27-03-2017. Que en cuanto al deber de fundamentar la decisión por parte de la Administración, se ha establecido que los actos administrativos en que se materializa la decisión de anticipar el término de una contrata deberán contener "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de Derecho en que se sustenta", lo que no ocurre en este caso. Que la decisión de anticipar el término de su contrata vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política el cual asegura la igualdad ante la ley. Que en este caso hay una diferencia arbitraria, pues todas las contratas duran hasta el 31 de diciembre de cada año y que la generalidad de ellas son renovadas anualmente y sólo excepcionalmente se podría anticipar una contrata pero con fundamentación y que esta sea real y acreditable. Que, además, la autoridad ha infringido su deber de fundamentar sus decisiones, deber contenido en la Ley N°19,880 que establece los principios básicos que deben respetarse respecto a todo acto administrativo, y entre ellos se encuentra el deber de fundamentación que debe cumplir la autoridad al momento de dictar un acto administrativo. Así lo disponen expresamente el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Solicita, en mérito de lo expuesto declarar que la decisión del Municipio de anticipar el término de su contrata es arbitraria e ilegal, por no estar legalmente fundamentada, y en definitiva, carecer de motivación, siendo además arbitraria por el hecho de no acatar lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 85.700 de 2016 y lo ordenado por el Ministro de Hacienda en la Circular N4 26 de 2016 y N° 21 del año 2018; con lo cual se vulneró la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad respecto de sus remuneraciones; que el acto recurrido, en cuanto carente de motivación, debe ser invalidado y que ella debe ser reincorporada al cargo público que ocupaba, en las mismas condiciones de la última renovación, y además se le deben pagar los meses de remuneraciones en que ha estado ilegítimamente separada de sus funciones, con costas.

Segundo: Que, el Alcalde de la I. Municipalidad de La Ligua, don Rodrigo Sánchez Villalobos, quien evacuando su informe solicita el rechazo del recurso de protección incoado por doña nombre reservado, pues está lleno de contradicciones, confusiones y errores, mezclando dos situaciones totalmente distintas como son la no renovación y el término anticipado de la contrata a plazo fijo, careciendo completamente de fundamento y, según se acreditará, el Decreto de Alcaldía N° 5644, de fecha 10 de septiembre de 2019, que dispuso el término anticipado al nombramiento a plazo fijo de la recurrente en ningún caso es arbitrario e ilegal, sino, por el contrario, se encuentra apegado a la legalidad y su dictación se dio en un marco de absoluta objetividad. Que el acto administrativo que dispuso el término anticipado de la contrata a plazo fijo de doña nombre reservado se dictó en ejercicio de la facultad que se otorga a este Alcalde, según lo establece el artículo 63, letra c), de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que obedece al ejercicio de una potestad discrecional de toda autoridad comunal, la cual debe ser ejercida en un marco de plena objetividad y no puede traducirse en un ejercicio arbitrario de la misma, cuestión que se cumple a cabalidad en esta situación. A continuación, se refiere a los diversos decretos alcaldicios mediante los cuales le fue renovada su contrata a la recurrente y añade que, respecto los empleos a contrata, la Ley N° 18.883, en su artículo 2 inciso segundo y tercero expresamente señala "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios. // Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos". Que, como consta del Decreto Alcaldicio N° 8224, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba el nombramiento de doña nombre reservado, la recurrente de protección fue designada a contar del 01 de enero de 2019 hasta que sus servicios sean necesarios no excediendo el 31 de diciembre de 2019, en calidad de contrata a plazo fijo según la nomenclatura utilizada por la Ley N° 19.378 en su artículo 14. Que, la Contraloría General de la República ha señalado en su jurisprudencia, entre otros, en los dictámenes N° 74.764, de 2012, y 33.418, de 2013, que cuando una contratación o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, debiendo necesariamente emitir un acto administrativo detallando los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho en que sustenta su decisión, pues lo contrario implicaría confundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico con arbitrariedad. A continuación, cita el Dictamen N° 6.400, de 2018 de la Contraloría General de la República sobre la materia. Que, el mencionado dictamen sostiene "que la renovación reiterada de una contrata torna en permanente y constante la mantención del vínculo de los empleados de que se trate, generando en ellos una legítima expectativa que les induce a confiar en la repetición de tal actuación; por ello, desde la segunda prórroga, al menos, la superioridad solo puede adoptar una decisión contraria a través de un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalen esa determinación". Indica que en el caso concreto estos requisitos no se cumplen, no obstante, atendido que el Decreto de Alcaldía N° 5644 se refiere a un término anticipado de la designación a plazo fijo, según establece que el mismo dictamen N°6.400, éste debe materializarse por un acto administrativo fundado, por lo que, en cumplimiento de aquello, en la parte considerativa del acto administrativo recurrido se han expresado los motivos, razonamientos y antecedentes que le sirven de sustento y conforme a los cuales se adoptó la decisión, de manera tal que de su sola lectura es posible conocer el raciocinio que llevó al suscrito a su dictación. Que no puede sostenerse bajo ningún concepto que haya existido una infracción al derecho de propiedad como alega la recurrente, pues el término anticipado de la contrata a plazo fijo se dispuso en plena concordancia con la normativa legal y mediante un acto administrativo fundado y, a mayor abundamiento, no se configura en su caso la confianza legítima que alega incorrectamente.

A continuación, se refiere de manera extensa a los hechos invocados por la recurrente como conculcatorios de sus garantías constitucionales, respondiendo a cada uno de ellos. Sostiene que en ningún caso puede afirmarse que exista una infracción al derecho fundamental de igualdad ante la ley, pues, ante fundamentos y razones que así lo justificaban, la recurrente y otra funcionaria fueron tratadas de igual forma por esta autoridad y en ningún caso se han establecido diferencias arbitrarias respecto de doña nombre reservado. Hace presente una situación de agresión física y amenazas en que incurrió doña nombre reservado en contra de una compañera de trabajo, añadiendo que el día que se le notificó el término anticipado de su contrata a plazo fijo, doña nombre reservado procedió a golpear y amenazar a doña nombre reservado, hecho acaecido al interior de las dependencias del Departamento de Salud Municipal, motivo por el cual la funcionaría agredida estampó la denuncia respectiva ante carabineros de Chile, quien la llevó a constatar lesiones, resultando con una contusión de muñeca y brazo derecho de carácter leve, por lo que doña nombre reservado fue detenida, según consta en causa RIT 1911-2019, RUC 1901041636-4, procedimiento monitorio seguido ante el Juzgado de Garantía de La Ligua, por sentencia de fecha 03 de octubre de 2019, doña nombre reservado ha sido condenada a pagar una multa como autora del ilícito de lesiones leves, previsto y sancionado en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, pena respecto a la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 del Código Procesal Penal, se dispuso la suspensión de la misma y de sus efectos, por el término de seis meses. Agrega que en el mes de enero de 2019, se suscribió contrato de prestación de servicios a honorarios con doña nombre reservado, mediante Decreto de Alcaldía N° 106, del 07 de enero de 2019, con el objeto de que cumpliera funciones administrativas en un Programa externo denominado Atención Primaria de Urgencias SUR en Posta de Las Parcelas, ciertos días sábados, domingos o festivos, según las necesidades del servicio y la coordinación de los días con la encargada del sector. Que, en la misma situación se encuentra la funcionaría doña nombre reservado, funcionaría agredida por la recurrente de protección, con quien también se suscribió un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 04 de enero de 2019, mediante Decreto de Alcaldía N° 102, de fecha 07 de enero de 2019, con el objeto de cumplir las mismas prestaciones en dicho Programa. Que teniendo presente el hecho de violencia acaecido y lo que se ha expuesto en párrafos precedentes, en cumplimiento de la obligación de dar seguridad en el trabajo y a solicitud del Director del Departamento de Salud Municipal, mediante Oficio Ord. N° 669, de fecha 30 de septiembre de 2019, comunicó a doña nombre reservado su decisión de poner término unilateral al contrato a honorarios vigente, conforme lo dispuesto en la cláusula segunda del mismo, fundamentando su decisión en la agresión y amenazas en que incurrió el día 26 de septiembre de 2019 en contra de una funcionaría, no pudiendo justificarse de ninguna manera, ni pasarse por alto, cualquier acto de violencia, por lo que no es efectivo que con el Decreto de Alcaldía N° 5644, del 10 de septiembre de 2019, se hayan infringido respecto de doña nombre reservado sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, y en ningún caso puede considerarse como arbitrario, pues se encuentra debidamente fundamentado con las razones que llevaron al suscrito a adoptar el término anticipado de la contrata a plazo fijo que vinculaba a doña nombre reservado con este Municipio.

Tercero: Que el Recurso de Protección es un proceso sumarísimo de tutela urgente de derechos fundamentales, en aquellos casos en que éstos sean vulnerados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de cualquier órgano o persona. En este contexto, para que este recurso pueda prosperar se requiere acreditar en el caso concreto la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria y la privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos constitucionales enunciados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, a los antecedentes expuestos por la recurrente cabe agregar el omitido por la misma, cual es que fue condenada por lesiones leves inferidas a una compañera de trabajo, doña nombre reservado, previos insultos, durante la jornada del día 26 de septiembre pasado, a las 16:50 horas, mismo día en que le fue notificado el cese de sus funciones para el órgano estatal, según consta de la copia de la sentencia de 3 de octubre de este año, dictada por el Juzgado de Garantía de La Ligua.

Quinto: Que, antes de ese episodio violento tuvo la recurrente un desempeño deficiente en las diversas funciones asignadas por la autoridad correspondiente de la I. Municipalidad de La Ligua, en la Unidad de Finanzas del Departamento de Salud Municipal, especialmente, en la entrega de informes contables al órgano contralor, como se demuestra con el memorándum N° 22/2019 de 11 de abril de 2019, emanado del Director de Administración y Finanzas y correos electrónicos de don nombre reservado de 16 de octubre de 2018, de la Unidad Contable Regional de la Contraloría General de la República, solicitándole le indique la fecha en que “se cargará toda la información pendiente de modo que a fin de mes el municipio esté al día con la carga de la información contable” a doña nombre reservado, de la unidad de Finanzas del municipio, quien, al responderle, alude al atraso en demasía en enviar los informes. Y otras comunicaciones por la misma vía destacando el de 16 de noviembre de 2018, la urgencia en “que se pongan al día con la carga de la información contable”.

Sexto: Que, luego del anómalo desempeño de la recurrente para el cual había sido contratada originalmente, por decreto de Alcaldía N° 4394 de 15 de julio pasado, se le destinó a labores en la farmacia popular y otras labores administrativas, no obstante su especialidad en auditoría. Ello se debió, como ya se mencionó en el párrafo anterior, a la serie de problemas que se presentaron en la referida Unidad de Finanzas del Departamento de Salud Municipal, relativos a “reiterados retrasos en el envío de información presupuestaria y contable y errores e inconsistencias en el sistema de contabilidad municipal respecto de los Informes de Contabilidad Analítico y de Comprobación de los Saldos del Departamento de Salud Municipal en determinadas cuentas”, lo que se expuso a la Encargada de Finanzas y a la recurrente, “quienes tenían a cargo dichas funciones y/o tareas, sin embargo no se logró subsanar dichas deficiencias”.

Séptimo: Que de lo dicho se advierte que el decreto alcaldicio impugnado por esta vía constitucional fue precedido de asignarle a la recurrente otras funciones, al parecer de menor relevancia y en que no llevó “a cabo su trabajo como corresponde ya que pasa su mayor tiempo de jornada laboral PM revisando actividades de ámbito personal (celular) en el cual estamos disconforme por su desempeño laboral ya que nos perjudica y no nos beneficia para agilizar nuestro trabajo”, como lo informó doña nombre reservado, por el Equipo Posta Las Parcelas, Sector Costa, con fecha 13 de agosto de 2019.

Octavo: Que, se advierte, entonces, racionalidad y proporcionalidad en la medida e impugnada por la presente vía, de manera que excluye la arbitrariedad que se reprocha. Y, en cuanto a las facultades para concluir el vínculo no solo están señaladas en el estatuto normativo general que rige a la Ilustre Municipalidad de La Ligua sino en el Decreto Alcaldicio que le asignó otras funciones, de manera que el Decreto N° 5644 de 10 de septiembre de 2019 no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, debiendo desestimarse el presente libelo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2 y 21 del artículo 19 y artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado deducido en contra de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, sin costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Mario Gómez Montoya, quien no firma por encontrarse ausente.

N°Protección-33813-2019.