nombre reservado con nombre reservado

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, Juan Cristóbal Fernández Sanz, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de nombre reservado, en su calidad de Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la emisión del Oficio (O) N° 14/1/15133, de 24 de diciembre de 2025, que exige la restitución del inmueble fiscal en el Aeropuerto Mataveri, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que la historia vinculante de su representada con el recinto aeroportuario se remonta al 19 de junio de 2019, cuando mediante la Resolución N.º 0119/0579, se le otorgó la concesión para la explotación de la cafetería. Indica que, debido a la pandemia de Covid-19 y a conflictos territoriales en noviembre de 2020 que obstruyeron el terminal, la viabilidad económica se vio mermada, lo que motivó a la recurrida a sustituir la adjudicación por un contrato de arrendamiento aprobado por la Resolución N.º 1418, de 5 de octubre de 2022.

Refiere que, tras el fin de dicho contrato, se convocó a una propuesta pública mediante la Resolución N.º 1056 de 29 de mayo de 2024, proceso que fue posteriormente invalidado por la propia DGAC a través de la Resolución N.º 2664, de 31 de diciembre de 2024, tras reconocer vicios de legalidad, errores de coherencia interna y favoritismos hacia la otra oferente, Sra. nombre reservado. Agrega que, frente a un intento de desalojo posterior, interpuso un recurso de protección (Rol N.º 2772-2025) que derivó en la emisión de la Resolución N.º 1174, de 10 de junio de 2025, otorgándole una concesión provisional a contar del 1 de octubre de 2024 para garantizar la continuidad del servicio.

Sostiene que el conflicto actual emana del proceso licitatorio de 2025 (Resolución N.º 1375 de 4 de julio), donde fue excluida arbitrariamente en la evaluación técnica por una supuesta contraoferta en su Carta Gantt, derivando en la Resolución N.º 1788 de 27 de agosto de 2025 que adjudicó el servicio a un tercero. Afirma que el Oficio (O) N° 14/1/15133 impugnado constituye una vía de hecho y una medida de autotutela administrativa al ordenar el desalojo bajo apercibimiento de fuerza pública, ignorando que su título provisional se mantiene vigente mientras no exista una adjudicación válida y ajustada a los principios de legalidad e igualdad de los oferentes.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se dejen sin efecto el Oficio (O) N.º 14/1/15133, la Resolución N.º 1788 de adjudicación y el Oficio (O) N.º 14/1/13923, ordenando retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación para cautelar sus garantías constitucionales.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Oficio (O) N° 14/1/15133 de 24/12/2025, acto recurrido que exige restitución; b) Resolución N° 1174 de 10/06/2025, que otorga concesión provisional; c) Resolución N° 1788 de 27/08/2025, que adjudica licitación 2025; d) Oficio (O) N.º 14/1/13923 de 28/11/2025, que informa término de concesión; e) Resolución N° 2590 de 26/11/2025, que rechaza reposición administrativa; f) Correos electrónicos de agosto de 2025 sobre aclaración de Carta Gantt; g) Bases Administrativas de licitación 2025; h) Resolución N° 1172 de 10/06/2025, que dejó sin efecto desalojo previo; i) Resolución N° 2664 de 31/12/2024, que invalidó licitación 2024; j) Escritura pública de mandato judicial de 05/12/2025.

A folio 13, evacúa informe Diego Alfonso Romero Villar, abogado, en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien solicita el rechazo íntegro de la acción argumentando, en primer término, la extemporaneidad del recurso, toda vez que este se dirige contra un acto de mera ejecución, habiéndose configurado el agravio real con la Resolución N.º 1788 de agosto de 2025 o con la Resolución N.º 2590 de noviembre, actos firmes cuyo plazo de impugnación venció el 28 de diciembre de 2025. Añade a lo anterior la concurrencia de la excepción de cosa juzgada respecto del recurso Rol N° 8623-2025, alegando una identidad plena de partes, objeto y causa de pedir, lo que a su juicio constituye una instrumentalización abusiva de la sede constitucional para extender una tenencia de facto ya expirada.

En cuanto al contexto fáctico, refiere que el Aeropuerto Mataveri es propiedad fiscal administrada por la DGAC bajo la Ley N° 16.752, y que el título provisional de la actora (Res. 1174/2025) estaba sujeto a una condición resolutoria —la notificación de la nueva adjudicación—, hito que extinguió automáticamente el vínculo, transformando la permanencia de la recurrente en una ocupación ilegal. Defiende la legalidad del Oficio (O) N° 15133 como un acto de mera ejecución destinado a restablecer el imperio del derecho, señalando que la advertencia del uso de la fuerza pública es una manifestación legítima de la potestad de imperio antes de proceder al desalojo administrativo ya solicitado a la autoridad provincial.

Respecto al análisis técnico de la licitación, fundamenta la exclusión de la oferente en la estricta sujeción a las bases, indicando que su Carta Gantt presentaba ambigüedades insalvables bajo el numeral 6.2.2 y que su aclaración posterior fue en realidad una "contraoferta" prohibida que alteraba los términos originales de la propuesta. Finalmente, descarta cualquier vulneración de garantías constitucionales, afirmando que no hay propiedad sobre un título extinguido, que el trato fue igualitario para todos los licitantes y que la exclusión derivó únicamente de la falta de diligencia técnica de la actora, afectando el interés público y el derecho de la legítima adjudicataria.

En apoyo a sus dichos acompañó: a) Oficio (O) N° 14/1/15133; b) Oficio (O) N° 14/1/13923; c) Resolución N° 1174 y su protocolización; d) Resolución N° 1375 de llamado a propuesta; e) Resolución N° 1539 de respuestas a consultas; f) Actas de apertura y evaluación; g) Resolución N° 1788 de adjudicación; h) Resolución N° 2590 de rechazo de reposición; i) Resolución N° 05/0/0115/0599 de auxilio de fuerza pública; j) Resolución de inadmisibilidad Rol N° 8623-2025.

A folio 14, la recurrente presenta escrito "Téngase presente" mediante el cual refuta pormenorizadamente la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrida, acusando una confusión entre la cosa juzgada formal y la material. Argumenta que la resolución de inadmisibilidad dictada en la causa Rol N° 8623-2025 solo produce efectos formales al ser un pronunciamiento in limine litis que no abordó el fondo de la controversia ni generó una certeza jurídica inmutable. Sostiene que no concurre la triple identidad requerida, pues la causa de pedir es distinta: mientras el primer recurso atacaba el proceso licitatorio, el presente se centra en la arbitrariedad de la orden de desalojo y las actuales vías de hecho administrativas. Asimismo, afirma que no existe identidad legal de sujetos que hayan participado en una relación procesal previa, ya que en el proceso anterior jamás se trabó la litis al no haberse notificado a la DGAC para informar, debido al rechazo temprano de la acción. Finalmente, denuncia que la recurrida ha generado nuevos actos ilegales al impedir físicamente el acceso de la actora a su lugar de trabajo.

A folio 15, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

Primero: Que, la recurrida alegó la extemporaneidad del recurso, alegando que, en la especie, la recurrente pretende impugnar el Oficio (O) Nº 14/1/15133 de 24 de diciembre de 2025, del Departamento Comercial de esta DGAC, notificado el día 26 del mismo mes. Sin embargo, del propio relato de los hechos y de los antecedentes acompañados, se colige que dicho oficio no es sino un acto de mera ejecución de decisiones administrativas previas, plenamente conocidas y consentidas por la recurrente meses atrás.

Segundo: Que, basta para rechazar tal alegación considerar que la orden de desalojo, que es lo que afecta las garantías constitucionales de la actora, se encuentra actualmente vigente.

En cuanto a la alegación de cosa juzgada:

Tercero: Que la recurrida dedujo la excepción de cosa juzgada, la que fundamenta en que la recurrente doña nombre reservado interpuso un recurso de protección ante esta misma I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, registrado bajo el Rol Nº 8623-2025. El que fue declarado inadmisible mediante resolución firme de fecha 29 de diciembre de 2025, por estimar que los hechos aludían a "derechos dubitados" y no requerían tutela de urgencia.

Cuarto: Que, para que la excepción de cosa juzgada pueda prosperar, es necesario que exista identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir. Además, es requisito indispensable que, sobre la cuestión sometida a conocimiento del tribunal, haya recaído un pronunciamiento de fondo, lo que no ocurre en la especie, por lo que la referida excepción será desestimada.

En cuanto al fondo:

Quinto: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, con el objeto de que el tribunal adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Sexto: Que, el recurrente acude a esta vía jurisdiccional impugnando el Oficio (O) N.º 14/1/15133, de 24 de diciembre de 2025, emanado del Departamento Comercial de la DGAC, así como los actos que le sirven de referencia, esto es, la Resolución N.º 1788, de 27 de agosto de 2025, y el Oficio (O) N.º 14/1/13923, de 28 de noviembre de 2025.

Fundamenta su pretensión en que la orden de desalojo bajo amenaza de fuerza pública es una vía de hecho derivada de un proceso licitatorio viciado donde se le excluyó arbitrariamente.

Séptimo: Que, por su parte, la recurrida DGAC evacúa su informe solicitando el rechazo íntegro de la acción. En lo formal, opone las excepciones de extemporaneidad y cosa juzgada respecto de una acción anterior. En cuanto al fondo, sostiene que la actora carece de un derecho indubitado, toda vez que su concesión era transitoria y expiró por el solo ministerio de la ley al adjudicarse el servicio a un tercero mediante la Resolución N.º 1788. Defiende la legalidad del oficio impugnado señalando que se trata de un acto de mera ejecución destinado a recuperar un inmueble fiscal ante la negativa de la recurrente de restituirlo voluntariamente, configurándose a su juicio una ocupación ilegal que lesiona el patrimonio del Estado.

Octavo: Que, para resolver, cabe considerar que el Decreto Ley N° 1939, en su artículo 19, regula el procedimiento para enfrentar la ocupación ilegal de bienes raíces fiscales. Dicha norma dispone en su inciso tercero: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código.”.

Del tenor literal de esta disposición, se colige que el legislador no ha conferido a los organismos administradores una potestad de autotutela para ejecutar desalojos de forma directa y por mano propia, sino que los obliga a recurrir a los tribunales de justicia o a las autoridades políticas competentes que poseen el mando de la fuerza pública.

Noveno: Que, en la especie, el acto impugnado consistente en el Oficio (O) N.º 14/1/15133 advierte expresamente que la DGAC "arbitrará las gestiones para exigir administrativamente la restitución del inmueble fiscal, con auxilio de la fuerza pública", no obstante, el órgano emisor (Departamento Comercial de la DGAC) carece de la facultad legal para disponer por sí mismo del auxilio de la policía. En consecuencia, al amenazar con el uso de la fuerza sin que medie una orden judicial previa o un decreto de desalojo formalmente tramitado y dictado por la Delegación Presidencial —única autoridad administrativa facultada para dicho auxilio—, la recurrida se aparta del procedimiento reglado en el mencionado D.L. 1939.

Por consiguiente, la orden de desalojo bajo tales condiciones se traduce en una vía de hecho administrativa que vulnera la garantía del artículo 19 N° 3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, si bien la administración tiene el deber de proteger el interés fiscal, este debe ejercerse con estricto apego al principio de legalidad, evitando la aplicación de medidas de apremio que no han sido autorizadas por el órgano competente. Así, mientras no exista un título ejecutivo o administrativo válido que ordene la restitución forzada conforme a las reglas del debido proceso, el requerimiento de entrega bajo apercibimiento inminente de fuerza pública contenido en el oficio impugnado debe calificarse de ilegal y arbitrario.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida.

II.- Que se rechaza la excepción de cosa juzgada interpuesta por la recurrida.

II.- Que, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto el Oficio (O) N.º 14/1/15133, de 24 de diciembre de 2025, del Departamento Comercial de la DGAC, debiendo la recurrida abstenerse de realizar el desalojo de la recurrente mientras no cuente con una orden de la autoridad política o judicial competente, tramitada conforme a los procedimientos legales vigentes.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministra Sra. Carolina Figueroa Chandía.

N°Protección-338-2026.