Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, licenciado en contaduría pública, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicado mediante correo electrónico de fecha 06 de abril de 2026.

Expone que solicitó ante AFP Modelo la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada ante notario público, título profesional apostillado, contratos de trabajo y anexos en los cuales manifestó su voluntad de mantener afiliación al sistema previsional de su país de origen.

Refiere que la solicitud fue rechazada bajo el argumento que la “constancia electrónica notariada” no cumpliría con los requisitos normativos exigidos para acceder al beneficio solicitado. Sostiene que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista de la Ley N°18.156, agregando requisitos no contemplados por el legislador, toda vez que el certificado acompañado puede ser verificado electrónicamente en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante el código incorporado en el mismo documento.

Agrega que actualmente no existen relaciones diplomáticas normales entre Chile y Venezuela, por lo que exigir documentos apostillados o legalizados importaría imponer cargas imposibles de cumplir. Añade que la finalidad de la Ley N°18.156 consiste precisamente en permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus fondos previsionales cuando mantienen afiliación a un sistema previsional extranjero, circunstancia que estima suficientemente acreditada en autos. Solicita, en definitiva, que se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada y efectuar un nuevo pronunciamiento respecto de la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 5, evacua informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la devolución de fondos previsionales regulada en la Ley N°18.156 constituye un beneficio excepcional cuyo otorgamiento exige el cumplimiento íntegro y copulativo de los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de dicho cuerpo legal, así como de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que el recurrente acompañó una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada notarial, antecedentes que no satisfacen las exigencias normativas vigentes, desde que no constituyen certificación idónea emanada de autoridad previsional competente debidamente legalizada o apostillada.

Añade que la sola verificabilidad electrónica de un documento no sustituye las formalidades exigidas por la normativa previsional chilena para producir efectos en el país, especialmente tratándose de instrumentos destinados a acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero en los términos exigidos por la Ley N°18.156.

Sostiene que la Administradora se limitó a aplicar la normativa legal y administrativa vigente, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto el recurrente no acreditó de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 6, evacua informe la recurrida Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Expone que la devolución de fondos previsionales regulada en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 constituye un beneficio excepcional, razón por la cual su procedencia exige el cumplimiento estricto y copulativo de todos los requisitos previstos en dicha normativa.

Refiere que, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500, el artículo 47 N°7 de la Ley N°20.255 y el artículo 3° letra i) del D.F.L. N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, corresponde a dicho organismo interpretar administrativamente las normas del sistema de pensiones y dictar instrucciones obligatorias para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Añade que, en ejercicio de tales atribuciones, ha dictado instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, relativas a la devolución de fondos previsionales de técnicos extranjeros, exigiendo que la afiliación al sistema previsional extranjero sea acreditada mediante certificación idónea emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, y que permita constatar el otorgamiento de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que, en la especie, la constancia electrónica acompañada por el recurrente y la declaración jurada otorgada ante notario no satisfacen las exigencias previstas en la normativa vigente, desde que no constituyen certificación emitida en la forma requerida por el sistema normativo aplicable.

Agrega que la verificabilidad electrónica del documento acompañado no reemplaza las formalidades exigidas por la normativa previsional chilena para reconocer eficacia a instrumentos otorgados en el extranjero, ni permite tener por acreditado el cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

En cuanto a la documentación laboral acompañada por el recurrente, indica que tampoco permite tener por acreditado el cumplimiento de la exigencia prevista en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, relativa a la manifestación clara e inequívoca de voluntad de mantener afiliación al sistema previsional extranjero. Expone que el contrato de trabajo suscrito con fecha 1 de octubre de 2021 autorizaba expresamente al empleador para efectuar los descuentos previsionales correspondientes conforme a la legislación chilena, mientras que el anexo en que se incorpora la declaración de mantención de afiliación extranjera, aun cuando aparece fechado el mismo día, sólo fue autorizado ante notario con fecha 29 de mayo de 2024, haciéndose presente además que dicho instrumento no fue redactado en la referida notaría, circunstancias que evidenciarían inconsistencias en la manifestación de voluntad invocada por el actor.

Finalmente, señala que el recurrente cuenta con residencia permanente en Chile, circunstancia que desnaturaliza el carácter excepcional del régimen contemplado en la Ley N°18.156 y no asegura el retorno a su país de origen. Añade que permitir el retiro de fondos previsionales en tales condiciones podría generar un eventual perjuicio fiscal, desde que el actor eventualmente podría acceder en el futuro a beneficios financiados por el sistema previsional solidario chileno, pese a haber retirado previamente los fondos enterados en su cuenta de capitalización individual.

Concluye señalando que tanto AFP Modelo como dicho organismo actuaron dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, limitándose a aplicar las exigencias previstas en la normativa vigente, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los amenacen, perturben o priven.

Segundo: Que el acto reprochado consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el actor al amparo de la Ley N°18.156, fundado en que la documentación acompañada no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Tercero: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el respectivo contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el referido artículo 1°.

Cuarto: Que la devolución de fondos previsionales contemplada en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, motivo por el cual su procedencia exige el cumplimiento estricto y copulativo de los requisitos previstos por el legislador y por la normativa administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales.

Quinto: Que corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar administrativamente las normas del sistema previsional y dictar instrucciones obligatorias para las Administradoras de Fondos de Pensiones, razón por la cual ha emitido disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones destinadas a regular la aplicación de la Ley N°18.156.

Así, el Libro II, Título XI del referido Compendio exige que la afiliación al sistema previsional extranjero sea acreditada mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, y que permita constatar el otorgamiento de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que, en la especie, el recurrente acompañó una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada otorgada ante notario público. Sin embargo, dichos antecedentes no constituyen certificación emitida en la forma exigida por el sistema normativo aplicable, desde que no se encuentran debidamente legalizados o apostillados conforme a las exigencias establecidas por la normativa administrativa vigente.

Séptimo: Que la sola circunstancia de que el documento acompañado pueda ser verificado electrónicamente mediante un código disponible en el portal web del organismo emisor no sustituye las formalidades exigidas por la normativa previsional chilena para reconocer eficacia jurídica a instrumentos otorgados en el extranjero, particularmente tratándose de antecedentes destinados a acreditar el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio excepcional.

Octavo: Que, en cuanto a las alegaciones del actor relativas a las dificultades existentes para obtener documentos legalizados o apostillados provenientes de Venezuela, si bien constituyen circunstancias que pueden dificultar el cumplimiento de tales exigencias, ello no autoriza a prescindir de requisitos expresamente contemplados en la normativa vigente ni faculta a esta Corte para sustituir las formalidades previstas para acceder al beneficio excepcional regulado en la Ley N°18.156.

En efecto, las exigencias relativas a la acreditación formal de afiliación a un sistema previsional extranjero no constituyen meras trabas administrativas carentes de fundamento, sino requisitos establecidos en el sistema normativo aplicable, cuya observancia resulta necesaria para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

Noveno: Que, en consecuencia, el requerimiento efectuado por las recurridas de acompañar certificación emitida por autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, no constituye una exigencia antojadiza o carente de fundamento normativo, sino que corresponde a la aplicación de las disposiciones legales y administrativas vigentes sobre la materia.

Décimo: Que, por lo razonado, aparece que las recurridas se limitaron a exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que el actor hubiere acreditado suficientemente el cumplimiento de tales presupuestos.

Luego, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar impugnado y, por el contrario, la decisión recurrida aparece debidamente fundada en el incumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

Undécimo: Que, por consiguiente, no existiendo acto ilegal o arbitrario susceptible de afectar las garantías constitucionales invocadas por el actor, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3361-2026.