SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE EMPRESA CODELCO CHILE DIVISION ANDINA con CODELCO CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de febrero de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, el abogado Edgardo Lepe Acevedo, en representación convencional del Sindicato Industrial De Integración Laboral De Trabajadores De Empresa Codelco-Chile División Andina y del Sindicato Unificado De Trabajadores De Empresa Codelco-Chile División Andina, deduce recurso de protección en contra de en contra de la Corporación Nacional Del Cobre –División Andina, con el objeto que esta empresa sea compelida a adoptar todas la medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores de la División Andina en el traslado de los trabajadores desde la ciudad de Los Andes y alrededores hacia las instalaciones de la recurrida y viceversa, estableciendo al efecto medidas especiales que resguarden a los trabajadores de la División, según lo prescrito y establecido en el artículo 20 en relación con el artículo 19 número 1 Constitución Política de la República.

Indica que las principales faenas de la División Andina se desarrollan en su área industrial en un lugar situado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que implica que los trabajadores son recogidos en buses de acercamiento aproximadamente a las 05 de la mañana y luego a las 17 horas para su regreso. Dice que como consecuencia de las manifestaciones ocurridas en nuestro país, -en el contexto que se decretó Estado de Emergencia y toque de queda el día 23 de octubre (día previo a la interposición del recurso) y en la madrugada del 24 de octubre - los buses de acercamiento pertenecientes a la empresa “Buses JM”, fueron apedreados, tras lo cual dicha empresa de transportes decidió retirar momentáneamente la circulación de los buses de acercamiento, pero luego fueron nuevamente sacados a la calle. Indica que los dirigentes de ambos sindicatos le comunicaron su preocupación tanto a la administración de División Andina como a la empresa de buses lo que no fue escuchado. En la madrugada del 24 de octubre subiendo el turno a las instalaciones de la recurrida, nuevamente se habrían verificado ataques en contra de los buses en el camino internacional. Reclama que la administración de Codelco Chile División Andina, no contestó ni recibió a los dirigentes sindicales, por lo que el único camino es solicitar la cautela de los tribunales de justicia a través de esta acción de protección. Acompaña tres fotografías que darían cuenta de los ataques ocurridos.

Cita el artículo 20 de la Constitución Política de la República y argumenta que los hechos relatados constituyen un atentado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores y que se ha incurrido en una ilegalidad puesto que no se ha dado cumplimiento al deber del empleador de proteger eficazmente la vida de sus dependientes, conforme a lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo. Asevera que el traslado a las faenas e instalaciones de la recurrida está dentro de las obligaciones que debe cumplir Codelco, en tanto que el recorrido de los buses es definido por la empresa de transportes. Dice que si bien la administración de Codelco ha emitido una serie de declaraciones en cuanto a que existiría una normalidad en las calles, la realidad es distinta. Pide, en definitiva, ordenar que la recurrida adopte las medidas de seguridad adicionales a las que ordinariamente toma en el traslado del personal, y si fuese el caso ordenar que los trabajadores no suban a dichos buses, con el fin de resguardar su integridad.

En folio N°9, Christian Renzo Gutiérrez Rodríguez, abogado, en representación, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile División Andina, evacua informe, señalando que los hechos que motivan este recurso de protección no se encuentran establecidos, que en las fotografías acompañadas no se advierte que los vidrios hayan sido quebrados, sino que habrían resistido el impacto, astillándose, añadiendo que los actores no individualizan a los autores de esos ataques y que tampoco ha existido alguna denuncia ante el Ministerio Público. Agrega el abogado informante que no se ha precisado el lugar preciso de ocurrencia de esos ataques, los que habrían ocurrido fuera de las dependencias de la recurrida y que tampoco han sido puestos en conocimiento de la Administración.

En cuanto a los hechos, indica que desde el inicio de las manifestaciones, la Administración superior se constituyó en “Comité de Crisis” funcionando desde la Gerencia General; Gerencias de Área, tanto de operaciones, servicios, administración; Consejería Jurídica, en la localidad de Saladillo, el que adoptaba las medidas preventivas, de resguardo para evitar los factores de riesgo, tanto para los trabajadores como para las instalaciones y otros elementos, destacando que la División Andina es una empresa estratégica del Estado, encargada de explotar el yacimiento minero “Río Blanco” nacionalizado por Ley 17.450 de 1971. Relata que iniciadas las movilizaciones el día 20 de octubre recibieron un correo electrónico en que las Directivas Sindicales SUT y SIIL, solicitaron que se adoptaran las medidas preventivas del caso y que se actuara en consecuencia con la anormalidad del momento. Considera el abogado informante que este hecho desmiente que la Administración de la recurrida se haya negado a reunirse con las directivas sindicales, señalando luego la respuesta dada por la empresa recurrida, relativa a que la situación se iría evaluando para adoptar las medidas pertinentes. Dice que luego recibieron un correo electrónico dirigido por los Sindicatos recurrentes a sus asociados en el que les informaban a éstos últimos que habían pedido a la administración de Andina, que no se realizaran ciertos turnos en ciertos tramos y que no aceptarían que algunos trabajadores pernoctaran en la faena para extender sus turnos, sea de forma voluntaria o programada, concluyendo que no estaban las condiciones para operar en normalidad, pues hacer lo contrario, es una atenta contra la seguridad y la vida de las personas que pueden estar expuestas. En ese correo se hacía un llamado a los trabajadores a actuar con responsabilidad y a evitar acuerdos individuales o grupales. Asevera el abogado informante que el objeto de este correo era la suspensión de las operaciones, agravando la crisis en desarrollo. Añade que el día 22 de octubre los directores de ambos sindicatos interrumpieron una reunión, instando a los trabajadores a retirarse de sus puestos de trabajo, ante lo cual se habrían adoptado medidas de mediano y corto plazo. Dice que el día 23 de octubre los trabajadores que se dirigían al Edificio Institucional de Codelco Andina en la ciudad de Los Andes (en adelante EILA), se vieron impedidos de ingresar a realizar sus labores, por el actuar de los dirigentes sindicales señores nombre reservado (SIIL); Aldo Binimeliz Binimeliz (SUT) y nombre reservado (SUT). Refiere que dichos dirigentes sindicales se apostaron a la entrada principal del referido Edificio, e impidieron de facto el ingreso de los trabajadores, permitiéndolo a eso de las 08:45 horas a algunos de ellos. Indica que luego cruzaron un vehículo en la sede de la empresa de transportes JM, a eso de las 17 horas, impidiendo la salida de los buses que transportaban a los trabajadores de Codelco para desempeñar su turno nocturno, y que luego habrían realizado similar operación en el camino en dirección a la faena. Luego detalla que los días 24 y 25 de octubre, cerca de las 6:00 horas aproximadamente, y una vez que los buses de JM salieron del terminal hacia el área industrial, transportando trabajadores de Andina, uno de ellos fue apedreado por personas desconocidas en el sector de Chacayes, en el camino internacional, produciendo temor entre los trabajadores y daños materiales al bus. Además, durante la noche del día 25 de octubre de 2019, desconocidos quemaron el puente ferroviario en el sector Río Blanco, el cual es utilizado para el transporte del concentrado de cobre por la empresa Ferrocarriles del Pacifico S.A (FEPASA), tras lo cual se suspendió la circulación de trenes hasta su reparación, lo que ocurrió el día 25 de octubre a eso de las 21 horas. Repara que las barricadas en el camino habrían ocurrido a eso de las 04 de la mañana, lo que le hace suponer que se trata de acciones ejecutadas con la intención de inferir daño a División Andina, a sus trabajadores y colaboradores, lo que motivó la presentación de una querella contra los autores de los bloqueos por desórdenes públicos, daño calificados, y diversos delitos contemplados en la ley 12.927 que se presentaría luego de la emisión del informe.

Indica que se han adoptado diversas medidas para la protección y resguardo de la vida e integridad de los trabajadores de División Andina desde el inicio de las manifestaciones y protestas, tales como la creación de este “Comité de Crisis” lo que permitió que los apedreos fuesen menores que los buses pudieran llegar a sus destinos, el alojamiento en ruta de personal en tránsito de otras regiones, traslado a domicilios (o lo más cercano posible) para personal saliente del día 20 en la mañana a Santiago y Rancagua, traslado de personal directo a La Serena y Coquimbo en vez de Los Vilos dado los problemas de transporte interurbano, entre otros; coordinación con Carabineros y Ejército de las acciones necesarias para proteger a los trabajadores, añadiendo que los buses en que son trasladados los trabajadores poseen laminas protectoras en sus ventanas las que fueron reforzadas y el uso de vehículos menores para el traslado de los trabajadores; la flexibilización de los horarios de trabajo; la entrega de un bono compensatorio en dinero a aquellos trabajadores que decidan pernoctar en las instalaciones de Saladillo (campamento minero), la coordinación con la autoridad policial para el otorgamiento de los salvoconductos para los trabajadores en el periodo de Estado de Excepción. Asevera que durante ese periodo no hubo trabajadores lesionados por los actos vandálicos en su traslado desde y hacia la faena minera.

En cuanto al cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, señala que corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar su cumplimiento, debiendo poner en conocimiento del Organismo Administrador de la ley N°16.744, todas aquellas infracciones o deficiencias que advierta. Por otra parte indica que esa obligación es de medios y no de resultado, circunscrito a la faena en la que desarrollan sus servicios los trabajadores, y que fuera de la faena respectiva, no rige esa obligación.

Alega que no se visualiza la forma en que se habría afectado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, pues no se indica el lugar donde ocurrieron los hechos, los que ocurrieron fuera de las faenas, en lugares y vías públicas, que quedan dentro de la jurisdicción de la fuerzas de orden y de las autoridades que regulaban la situación de excepción, pudiendo solo adoptar ciertas medidas de contingencia lo que fue efectuado.

Respecto a los efectos que han sido calificados como ilegales, dice que las medidas adoptadas por la Administración han evitado saqueos, abordajes a buses y daños a trabajadores y que solo esporádicamente se produjeron aquellos apedreos. Indica que son aproximadamente 48 buses diarios los qe transitan desde y hacia Saladillo y que solo 2 resultaron apedreados, reiterando que fueron realizados por terceras personas y por la recurrida.

Refiriéndose al objeto del recurso, dice que los hechos descritos ya ocurrieron por lo que cualquier medida que adopte esta Corte sería inocua por lo que pide en definitiva, tener por informado el recurso y declararlo sin lugar, con costas.

En folio 23, la parte recurrente acompaña 1) Copia de la cláusula 3.9 del convenio colectivo que existe entre las partes donde consta que Codelco se hace cargo del traslado de los trabajadores. 2) Set fotográfico que da cuenta de los hechos acontecidos en el valle del Aconcagua y que han continuado hasta fechas muy recientes como el apedreamiento de un bus el 29 de noviembre. 3) Declaración conjunta de los sindicatos de la División Andina donde rechazan el proceder de la administración y de las decisiones que ha tomado. 4) Copia de querella criminal presentada por Codelco Chile División Andina en contra de los dirigentes sindicales fundada en la ley de seguridad Interior del Estado.

En folio 29, se informa por Carabineros de Chile Prefectura Aconcagua 3a Comisaría de Los Andes, que con los directivos de la cuprífera de Codelco división Andina existen coordinaciones permanentes sobre las medidas de seguridad y mitigación para posibles conflictos en el corte de la Ruta Internacional 60 CH desde la ciudad de Los Andes hasta el pique de extracción en el sector de Saladillo en los sectores de "Chacabuquito" Km - 55, sector "Los Chacayes" Km - 60, sector "Los Azules" Km-70 y sector Saladillo Km - 79, lugares que por su situación geográfica y morfología del terreno facilita el poder efectuar cortes de la vía utilizando las rocas y maderas del entorno además de la existencia de sectores poblados próximos.

Se indica que la coordinación se efectúa directamente con el encargado del apoyo a las operaciones Don nombre reservado quien patrulla la ruta antes de los horarios de cambio de turno de la Cuprífera y con ello poder advertir a personal de Carabineros de la 3a Comisaría Los Andes de cualquier situación anómala que requiera de la presencia policial en dichos sectores, lo cual se realiza de manera diaria.

Indica que ante situaciones de contingencia se realizan labores de coordinación en el cuartel policial habitualmente, donde se evalúa si la problemática proviene de los sindicatos o de los pobladores que residen en los costados de la vía y que en oportunidades cortan la ruta. Concluye que la mayor parte de las veces que se efectuaron cortes de la ruta 60CH se actuó con información previa que permitió en la mayoría mantener personal en aquellos lugares que se efectúan los cortes de ruta y con ello una normalidad en el desplazamiento por la vía. Dice que hubo ocasiones que se registraron cortes de rutas que evadieron todo tipo de pronóstico, no obstante se ejecutaron de manera inmediata los cursos de acción que fueron necesarios a fin de asegurar el normal tránsito de la ruta 60CH y de las personas que hacen uso de la vía.

Se evacua informe en folio 41 y 42 por la Empresa de Buses Minardi, señalando las fechas en las cuales habrían ocurrido ataques a los buses que trasladan a los trabajadores, las rutas y horarios de sus traslados hacia la División Andina de Codelco y las medidas que se han adoptado para la seguridad de los mismos.

Con fecha 20 de enero de 2020 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mediante un procedimiento extraordinario, rápido y concentrado, cuando por causa de una acción ilegal o arbitraria, se ha amenazado, perturbado o vulnerado alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que supone la existencia de una vía de hecho o de un acto ilegal que de manera evidente vulnere derechos indubitados del afectado Segundo: Que del mérito de los antecedentes que obran en la causa y los hechos expuestos por las partes se desprende que esta acción no es la vía idónea para su conocimiento, puesto que se trata de situaciones que se enmarcan dentro de las obligaciones del empleador de proteger eficazmente la seguridad de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, aspecto sobre el cual tienen competencia tanto la Inspección del Trabajo como los Juzgados de Letras del Trabajo.

Tercero: Que, en tal sentido existiendo procedimientos y organismos competentes para fiscalizar y analizar si el empleador ha cumplido o no con su deber de proteger eficazmente la integridad física y la salud de los trabajadores, la presente acción no puede prosperar al apartarse de su finalidad cautelar. Lo anterior redunda en que para establecer si existe dicho incumplimiento y adoptar alguna medida como las solicitadas por los actores –tales como disponer que los trabajadores no suban a los buses de traslado- se requiere de un juicio de lato conocimiento que contemple las etapas de discusión, probatorias y de decisión, lo que no se corresponde con este tipo de recurso, sin perjuicio de las acciones ordinarias que las partes puedan deducir con tal finalidad.

Cuarto: Que, por otra parte, cabe tener presente que el recurso de protección se circunscribe a hechos ocurridos en el mes de octubre del año 2019, tras el estallido social acaecido en nuestro país, por lo que se estima que este arbitrio ha perdido oportunidad, al no existir alguna medida que esta Corte de Apelaciones pudiere disponer para remediar los efectos denunciados por los actores.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por Sindicato Industrial De Integración Laboral De Trabajadores De Empresa Codelco-Chile División Andina y por Sindicato Unificado De Trabajadores De Empresa Codelco-Chile División Andina, en contra de en contra de la Corporación Nacional Del Cobre –División Andina.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-33539-2019.