ADROX SPA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA

Foja: 58 Cincuenta y Ocho Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y considerado:

1° Que a fojas 24, comparece don Felipe Pacheco Gómez, abogado, en representación de la empresa ADROX SpA, ambos con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de la Región de Valparaíso, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución de Multa N° 4329 de fecha 12 de febrero de 2018, notificada con fecha 18 de abril de 2018, que perturba y amenaza el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3 inciso 5 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 29 de enero de 2018 el funcionario don nombre reservado, efectúa fiscalización a la empresa Adrox SpA, en la cual constata las siguientes infracciones: 1) Que no se escritura el contrato de trabajo de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 2) Que respecto de dichos trabajadores no se lleva registro de asistencia; 3) Que no se entrega junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas en el periodo de junio a diciembre de 2017 respecto del trabajador nombre reservado y Julio a diciembre respecto de las trabajadoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 4) Que no declara oportunamente las cotizaciones previsionales en la sociedad administradora del seguro de cesantía y 5) no declara oportunamente las cotizaciones previsionales por el periodo y monto impositivo que se indica en el anexo previsional.

Afirma que todas las personas señaladas tienen, cada uno de ellos, un contrato de honorarios, por lo que se niega la existencia de una relación laboral y se exhibió la documentación respectiva, no obstante, el fiscalizador se irrogó la facultad de calificar las relaciones como laborales, razón por la cual se ha excedido de sus facultades. Indica que no procede que se cursen las multas impuestas, ya que la calificación de una relación laboral es una cuestión privativa de las partes o de un juez, previa solicitud de una de las partes, lo que en la especie no ocurrió.

Acompaña a su recurso la resolución de multa, los respectivos contratos de honorarios y los estatutos actualizados de la sociedad recurrente.

2° Que, a fojas 39, informa la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso y expone que con fecha 15 de enero de 2018, concurre el trabajador de la empresa recurrente a denunciar de forma confidencial, informalidad laboral. Señala que a raíz de ello se genera fiscalización N° 0501/2018/107, realizando visita inspectiva a la empresa y revisión de la documentación pertinente. Indica que durante el procedimiento inspectivo se constató infracción a la normativa laboral, la que fue debidamente contenida en la resolución de multa N° 4329/18/11 de fecha 12 de febrero de 2018, por los conceptos ya detallados, los cuales fueron constatadas por el fiscalizador interviniente en su informe de exposición y que goza de presunción de veracidad en los términos del artículo 23 del DFL N° 2 del año 1967, que fija las funciones de la Dirección del Trabajo y en el cual se informa que se constató todos los elementos de una relación laboral.

Alega la improcedencia de la acción cautelar atendida la naturaleza del acto recurrido haciendo presente que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el artículo 503 y siguientes del Código del Trabajo.

Sostiene que la multa recurrida se ha ajustado a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose a la legalidad vigente, por lo que no se afecta la garantía constitucional establecida en el artículo 19 n° 3 y 24 de la República.

3° Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

4° Que, para resolver el recurso, cabe tener presente que las multas reclamadas fueron impuestas porque la Inspección del Trabajo, en un proceso de fiscalización, y a pesar de que se le presentó contratos civiles de prestación de servicios a honorarios, calificó como laboral la relación existente entre los suscribientes.

5° Que, al efecto, cabe tener presente que la autoridad administrativa fiscalizadora está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte necesaria de la función inspectora, de lo que se desprende que la actuación de la recurrida no puede ser calificada de arbitraria o ilegal. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa labor, en particular para la aplicación de una sanción administrativa, por lo que no existe infracción de ley en la situación denunciada, puesto que la Inspección del Trabajo de que se trata ha actuado en el ejercicio de las facultades de que ha sido investida. (Sentencia Excelentísima Corte Suprema Rol N°2006-2013).

6° Que, en este sentido, el artículo 503 del Código del Código del Trabajo, dispone que es la Inspección del Trabajo quien debe aplicar sanciones administrativas ante la infracción de la ley laboral. Para que los fiscalizadores cumplan con el encargo legal resulta necesario que éstos, ante hechos jurídicamente relevantes, decidan si resulta aplicable o no determinada normativa laboral, lo que implica necesariamente su interpretación. Si el inspector no puede interpretar la ley, tampoco puede aplicarla, perdiendo su actividad fiscalizadora todo sentido. Lo anterior se ve ratificado por lo dispuesto en los artículos 5° y 20 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

7° Que ratifica lo anterior lo prescrito en el artículo 28 del Decreto antes referido en cuanto dispone: “En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, los Inspectores del Trabajo podrán ordenar la suspensión inmediata de las labores que a su juicio constituyan peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores y cuando constaten la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral. En el caso del inciso anterior, los trabajadores seguirán percibiendo sus remuneraciones, o el promedio diario de los últimos seis meses si trabajaren a trato, a comisión o a sueldo y comisión, considerándose como efectivamente trabajado el período de suspensión para todos los efectos legales.” En efecto, esta norma faculta expresamente a los Inspectores del Trabajo, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras para determinar si la ejecución de determinadas labores infringe o no la normativa laboral.

8° Que, en uso de la facultad antes explicitada, los Inspectores del Trabajo no se constituyen en comisiones especiales prohibidas por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que, como se vio, la propia ley les otorga facultades sancionatorias y fiscalizadoras; y sus decisiones son revisables por los tribunales de justicia, a través de los procedimientos establecidos en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 24 por don nombre reservado, en representación de la empresa ADROX SpA.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección 3344-2018.

Redacción del Ministro Sr. Pablo Droppelmann Cuneo.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Eliana Quezada Muñoz, Sr. Pablo Droppelmann Cuneo y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Morales Espinosa.