nombre reservado con CÁMARA DE DIPUTADOS

C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de marzo de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de la Comunidad Indígena Pai Ote, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Senado y la Cámara de Diputados de Chile, por el acto ilegal, arbitrario, discriminatorio y atentatorio de derechos fundamentales, de no realizar consulta indígena basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto de cambios en la legislación sobre patentes mineras.

Indica que los recurrentes son indígenas de la etnia Colla, en su mayoría son mineros y que un cambio tributario en la legislación de las patentes les afecta en su vida y en sus actividades ancestrales.

Señala que el Senado despachó el proyecto que establece el financiamiento de la denominada Pensión Garantizada Universal, y sin consultar a los indígenas collas se les cambió el régimen tributario de las patentes mineras, afectando gravemente el sustento de sus negocios.

Refiere que el Convenio 169 de la O.I.T. establece que los Estados establecerán un diálogo con los Pueblos Indígenas y Tribales, siendo el pueblo Colla un pueblo que se dedica principalmente a la minería y no ha sido consultado respecto a los cambios de esta legislación.

Explica que, son diversos los factores por los cuales un pequeño o mediano minero no puede explotar un yacimiento, por ley de mineral, por precios internacionales, pandemia, etc; en ese sentido, además de no estarlo explotando, al pequeño minero se le aumentará, por ese mismo hecho, cuatro veces la patente en los primeros cinco años lo que constituye a todas luces un acto confiscatorio, ante la imposibilidad de su pago.

Indica que una norma como la reclamada que modifica absolutamente el Régimen Tributario de los pequeños mineros Collas, es un acto arbitrario e ilegal.

Alega también que existiría una evidente infracción al principio de no afectación tributaria, ya que se trataría de un proyecto de ley que se crea para solventar económicamente una Pensión Garantizada Universal, lo que es ilegal e inconstitucional.

Alega además, que existiría una infracción al principio de no confiscatoriedad, que establece que los tributos no pueden llegar al punto de confiscar los bienes del contribuyente, en ese sentido, para los pequeños mineros Collas recurrentes, el aumento de las patentes mineras, se transforman en impagables.

Solicita en definitiva, se acoja el recurso de protección ordenando a los recurridos a suspender la tramitación del proyecto de ley hasta que se realice la consulta indígena.

A folio 7, informa la Cámara de Diputados de Chile, señalando que la tramitación legislativa de la medida tributaria contra la que se reclama, así como otras propuestas de recaudación, han sido fruto de la discusión seguida en el proyecto de ley iniciado en Mensaje del Presidente de la República, que “Reduce o elimina exenciones tributarias que indica”, Boletín N°14763-05, ingresado en sede legislativa el 21 de diciembre de 2021, cuyo objetivo fundamental es dotar al Estado de los recursos necesarios para financiar de forma permanente la Pensión Garantizada Universal, la que, en régimen, implica un mayor gasto fiscal ascendente a 0,95% del Producto Interno Bruto.

Indica que entre las modificaciones introducidas en el segundo trámite constitucional por el Senado, se encuentran las relativas a las concesiones mineras, cambio tributario está contenido en el nuevo artículo 9 del proyecto de ley, disposición plantea una serie de modificaciones al Código de Minería, que se traducen en los siguientes efectos: a) Se aumenta el plazo de duración de la patente de exploración a 4 años, pero eliminando la posibilidad de renovación. Adicionalmente, se aumenta el monto de la patente de 1/50 UTM por hectárea a 3/50 UTM por hectárea; b) Con respecto a la patente de explotación, se mantiene la duración indefinida. El valor de las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas patentes que demuestren trabajo, pero se aumenta el valor de la patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM); c) Con respecto a los valores de las patentes de explotación, se crea una escala progresiva de acuerdo con el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos.

En cuanto a la consulta indígena reclamada, indica que se encuentra regulada en el Decreto Nº 66 del Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 04 de marzo de 2014, que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6, N° 1, letra a), y N° 2 del convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Señala que en el artículo 2° se regula la consulta como un deber de los órganos de la Administración del Estado, por lo que no es una obligación que pese sobre la Cámara de Diputados ni el Senado, sino sobre los órganos de la administración del Estado, aun cuando se trate de una medida legislativa, con lo que malamente podrían ser las Cámaras Legislativas que integran el Congreso Nacional sujetos pasivos de la acción de protección interpuesta.

En cuanto al fondo del recurso, indican que es falso que la reforma en comento modifique en parte y mucho menos en forma absoluta el “régimen tributario de los pequeños mineros Collas”, en tanto tal régimen especial no existe, siéndoles aplicables el mismo que rige para cualquier persona que en Chile desarrolle la actividad minera.

Señalan que lo anterior, permite afirmar que en este caso la no realización de la consulta indígena no constituye una infracción a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, en tanto el impacto de las medidas resultan ser de carácter general, aplicables a toda persona que desarrolle la actividad minera.

En tercer lugar, indica que la acción de protección no es la vía idónea para salvaguardar los fines del recurrente. En la especie, se intenta recurrir de protección aludiendo a supuestas afectaciones de derechos que no se encuentran amparados por la acción constitucional en comento, según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sino que además se alude a la no observancia de la Consulta Indígena, en circunstancias que la propia regulación interna prevé una vía para solicitar la realización de un proceso de consulta en los supuestos en que aquella debería proceder.

En cuanto a los supuestos derechos afectados alegados por los recurrentes, ellos alegan una supuesta infracción al principio de no afectación tributaria al principio de no confiscatoriedad , contenidos en el artículo 19 N°20 de la Constitución Política de la República, que no resultan susceptibles de ser reclamados por la vía del recurso de protección, en razón de que, de acuerdo a la regulación de la acción de protección, contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, dichas garantías no se encuentran amparadas por esta acción.

En virtud de los antecedentes expuestos, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, por estimar que las tres materias planteadas por los recurrentes no son susceptibles de ser reclamadas por la vía del recurso de protección, en razón de que ninguna de ellas está considerada en el artículo 20 de nuestra Carta fundamental, y que la Cámara de Diputados de Chile ha actuado con irrestricto apego a las normas que regulan el proceso de formación de las leyes, consideradas en la Constitución Política de la República, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el reglamento de la Corporación, no infringiendo ninguna garantía constitucional de ningún integrante del Pueblo Colla, de ningún minero indígena Colla, de ningún minero, ni de ningún otro ciudadano.

En folio 9, se informa en representación del Senado, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, solicita el rechazo por la vaguedad e imprecisión del recurso, alega que la acción no sólo es poco clara, sino que el recurrente traslada al Tribunal, mediante una acción cautelar, la carga de dilucidar la forma y la oportunidad acerca de cómo aplicar la obligación que el Estado de Chile tendría en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siendo además el propio petitorio poco claro y confuso ya que, por un lado, se pide la suspensión de la tramitación del proyecto de ley, pero a su vez, se indica que el proyecto contiene ilegalidades e inconstitucionalidades en materia tributaria, que producen un perjuicio a los recurridos.

En segundo lugar, alega la falta de legitimidad pasiva ya que el proyecto de ley que establece la Pensión Garantizada Universal PGU, se originó en un mensaje del Presidente de la República y esta fue promulgada, por el propio Presidente, el día 26 de enero pasado, lo que necesariamente debe conducir al rechazo del recurso, por no ser el Congreso la entidad válidamente llamada a dar cumplimiento a lo solicitado por los recurrentes.

En tercer lugar, alega la pérdida de oportunidad del recurso, ya que se interpuso el día 25 de enero de 2022, sin embargo el proyecto de ley citado fue despachado el mismo día al Presidente de la República, el que lo promulgó el 26 de enero de 2022, publicándose el 29 de enero de 2022 en el Diario Oficial como Ley 21.419, por lo teniendo presente que lo solicitado en virtud de la acción de autos, era la suspensión de la tramitación del proyecto de ley y que dicho proyecto ya es una Ley de la República, ni aún en el caso de acogerse los argumentos expuestos, es posible acceder a lo solicitado.

En cuanto al fondo del recurso, reitera los antecedentes y fundamentos ya expuestos por la recurrida Cámara de Diputados, especialmente que las infracciones al principio de no afectación tributaria, contenido en el artículo 19 N°20, párrafos 3 y 4 y la garantía del artículo 19 N°20, párrafo 2 de la Constitución Política de la República, esto es, de no establecer tributos desproporcionados o injustos, no son susceptibles de ser reclamada por la vía del recurso de protección, por no estar consignada en el catálogo de derechos protegidos por la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Fundamental.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Segundo: Que la presente acción de protección tiene por objeto que esta Iltma. Corte disponga que las recurridas procedan a suspender la tramitación del proyecto de ley por el cual se recurre, hasta que se realice la Consulta Indígena que solicitan.

Tercero: Que atendido que el proyecto de ley contra el cual se recurre fue despachado por el Senado el día 25 de enero de 2022, siendo promulgado por Presidente de la República y publicado el día el 29 de enero de 2022 en el Diario Oficial como Ley N° 21.419 y, teniendo presente que lo solicitado en estos de autos es la suspensión de la tramitación del referido proyecto de ley, la acción planteada por los actores ha perdido oportunidad.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento y, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, supuestos que no se configuran en estos autos, ya que las garantías fundamentales alegadas por los actores no se encuentran resguardadas por la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Comunidad Indígena Pai Ote, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Senado y la Cámara de Diputados de Chile.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3343-2022.