Recurso de protección

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Nicolás Pérez Castro, abogado, en representación de Clínica Reñaca S.A. o Clínica Bupa Reñaca, representada legalmente por don nombre reservado, quien deduce acción de protección en favor del niño nombre reservado y en contra de sus padres nombre reservado e nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la vacunación del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, en específico las vacunas anti-hepatitis B (VHB) y BCG, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la madre ingresó al recinto clínico de la recurrente el 13 de abril de 2026 manifestando el rechazo de la inoculación de las vacunas correspondientes al período neonatal. Señala que, pese a ser informada de los beneficios de los procedimientos y de la obligatoriedad que rige en Chile mediante el Decreto N°68 Exento del año 2021 del Ministerio de Salud, los recurridos persistieron en su negativa fundados en un certificado médico particular de aplicación diferida.

Refiere que, el mismo día se realizó una cesárea de urgencia naciendo el lactante en buenas condiciones, dándose de alta el 14 de abril de 2026, fecha en que los progenitores reiteraron su oposición suscribiendo el formulario de rechazo de vacunas. Sostiene que, este acto vulnera la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, pues expone al lactante a contraer patologías graves que amenazan de forma directa su vida e integridad física, contraviniendo el principio de interés superior del niño y el marco regulatorio del Código Sanitario, la Ley N°21.430 sobre Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Concluye solicitando que se acoja la acción constitucional de protección, se restablezca el imperio del derecho y se ordene la aplicación inmediata de las vacunas anti-hepatitis B (VHB) y BCG al menor amparado, disponiéndose todas las medidas necesarias para tal cometido.

Acompaña antecedentes.

A folio 8, evacúa informe la abogada Yanara Nicole Bravo Montenegro, en representación del Ministerio de Salud. Señala que, recae en el Ministerio de Salud la potestad y obligación estatal de garantizar el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 19 N°9 constitucional, el cual se halla directamente vinculado con el derecho a la vida consagrado en el artículo 19 N°1.

Explica que, conforme al artículo 32 del Código Sanitario y el Decreto Supremo N°50 de 2021 de dicha cartera, la vacunación de la población infantil reviste un carácter mandatorio justificado en la consecución de la "inmunidad colectiva" y el resguardo de la salud pública, limitando la autonomía individual que la Ley N°20.584 reconoce para rechazar tratamientos médicos. Aduce que, la obligatoriedad de la inoculación de las vacunas BCG y Hepatitis B constituye un deber preferente del Estado para con los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de especial protección, cuyo interés superior debe primar conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional y la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que el actuar de la recurrida al oponerse a inmunizar al menor configura una conducta ilegal y arbitraria que amenaza ilegítimamente su derecho a la integridad física y a la vida.

A folio 15, evacúa informe la abogada Javiera Francisca Cabezas León, en representación de los recurridos nombre reservado e nombre reservado. Alega que, sus representados actúan en el pleno ejercicio de sus deberes parentales y en cumplimiento estricto del principio del interés superior de su hijo, no existiendo por su parte una arbitrariedad o ilegalidad.

Indica que, los padres decidieron de manera libre, voluntaria e informada la postergación o diferimiento temporal de las inoculaciones neonatales a fin de evaluar de manera específica los factores individuales de riesgo junto con el pediatra de su confianza, lo que se encuentra plenamente amparado bajo los estándares de autonomía de la voluntad y consentimiento informado consagrados en la Ley N°20.584 y en tratados internacionales de bioética. Afirma que, el menor cuenta con exámenes prenatales que comprueban que la madre dio negativo para hepatitis B, minimizando el peligro de una transmisión vertical, y que actualmente el lactante mantiene controles periódicos con especialistas privados que acreditan un óptimo y sano estado de desarrollo.

Sostiene además que, al contar el menor con dos meses de edad a la fecha del informe, ha transcurrido la oportunidad originalmente prevista por el Decreto Exento N°50 para recibir las inmunizaciones neonatales, criterio que aduce ha sido validado por resoluciones jurisprudenciales, por lo que solicita el rechazo de la acción.

Finalmente pide el rechazo de la presente acción de protección en todas sus partes, con costas.

Acompaña antecedentes.

A folio 17, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la obligatoriedad de la vacunación omitida respecto del lactante, se encuentra consagrada en el Decreto N°6 del Ministerio de Salud, promulgado el 29 de enero de 2010, norma que en su artículo 1° dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles, dentro de las que se menciona la tuberculosis y la hepatitis B, siendo su objetivo toda la población infantil.

Segundo: Que, por lo demás, la norma antes aludida encuentra su fuente en el Código Sanitario, cuerpo de normas que en su artículo 32 dispone que: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

Tercero: Que, conforme lo expuesto, se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a la recurrida, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme el Plan Nacional de Inmunización, afecta el derecho a la vida e integridad del niño.

Cuarto: Que, en consecuencia, atendido el interés superior del niño y la necesidad de resguardar adecuadamente su derecho a la vida e integridad física, esta Corte dispondrá la administración de las vacunas obligatorias, respecto del niño nombre reservado, conforme a los protocolos y lineamientos sanitarios vigentes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida en favor del niño nombre reservado y en contra de sus padres nombre reservado e nombre reservado, en cuanto se dispone que de forma inmediata se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3335-2026.