nombre reservado con ADMINIATRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la ley N°18.156, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó mediante el portal web de la recurrida el retiro de sus fondos previsionales mediante la plataforma dispuesta para tal efecto, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado.

No obstante, el 6 de junio pasado, el recurrente fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud por no cumplir los documentos presentados con los requisitos legales, por dos motivos: 1)La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no era un certificado de afiliación, no señalaba las prestaciones específicas por las cuales se encontraba cubierto y no estaba firmado ni apostillado o legalizado; y 2) El anexo de contrato de trabajo de 19 de agosto de 2023 contenía manifestaciones de voluntad contradictorias, pues por una parte autorizaba al empleador a descontar de su remuneración las cotizaciones previsionales y por otra manifestaba su voluntad de mantener su afiliación al régimen de seguridad social de su país de origen.

Al respecto, alega que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 18.156, precisando que acompañó los siguientes documentos: 1) Contrato de trabajo; 2) Anexo de contrato individual de trabajo; 3) Constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); 4) Declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, autorizada ante notario; y 5) Título Profesional debidamente apostillado.

Sostiene que la AFP Modelo realiza una interpretación excesivamente formalista de la Ley N°18.156, desatendiendo su finalidad de permitir a los extranjeros disponer de sus ahorros previsionales. Argumenta que la documentación presentada es válida y verificable, destacando que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de Seguridad Social es legítima y cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página oficial del IVSS.

Como respaldo a su pretensión, el recurrente cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones que han acogido recursos similares, argumentando que la negativa de la AFP constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, al exigir requisitos no establecidos en la ley e impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 4, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que el 5 de junio de 2025, el recurrente presentó la solicitud N° 24159 para la devolución de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, correspondientes al período entre mayo 2019 y abril 2025 enteradas por el empleador CLARO CHILE SPA, acompañando para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales cuatro documentos: un Título Profesional apostillado, una Declaración Jurada notarial de 9 de mayo de 2025, una Constancia Electrónica de Cotizaciones del 6 de mayo de 2025, y el Contrato con su anexo suscrito con el empleador.

Añade que, el 6 de junio pasado, rechazó la solicitud por dos motivos: la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumple los requisitos normativos al no constituir un certificado de afiliación, no especificar las prestaciones cubiertas, carecer de firma y no estar apostillada; y porque el anexo de contrato contiene manifestaciones contradictorias al autorizar descuentos previsionales en Chile mientras declara mantener afiliación al régimen venezolano. Cita jurisprudencia favorable a su respecto.

Fundamenta jurídicamente su posición en que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 18.156, la devolución de fondos previsionales requiere cumplir con los requisitos del artículo 1°, entre ellos la afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que esto debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, o excepcionalmente mediante certificado consular, requisitos que no fueron satisfechos por la recurrente.

Adicionalmente, enfatiza que está obligada a seguir las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, citando específicamente el Oficio Ordinario N° 4277 de marzo de 2025, que establece que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar la cobertura previsional por no estar firmado ni apostillado. También invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre los requisitos para que instrumentos públicos otorgados fuera de Chile puedan producir efectos en el país, mediante su debida legalización o apostilla.

Concluye sosteniendo que AFP Modelo ha actuado conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que vulneren los derechos fundamentales del recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., comunicado mediante correo electrónico de 6 de junio 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida afirma que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y/o apostillado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", que no especifica las prestaciones cubiertas y carece de firma, además de que el anexo de contrato de trabajo acompañado contenía manifestaciones contradictorias sobre el destino de las cotizaciones. Sustenta su posición en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la normativa vigente, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de seis de mayo de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, por otra parte, no se advierte necesidad de cautela urgente, toda vez que el recurrente cuenta con residencia definitiva en el país y se encuentra actualmente trabajando, de lo que colige que no existe urgencia en obtener la devolución de los fondos previsionales, sin perjuicio de otras acciones que pueda hacer valer.

Noveno: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3329-2025.