nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de julio de dos mil veinticinco.

Visto A folio 1, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor propio, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario que vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El acto reprochado consiste en el descuento unilateral e injustificado de una parte de su remuneración mensual, efectuado por instrucción de la recurrida Caja Los Andes a su empleador actual, Norte Lab SpA, en virtud del cobro de un crédito social cuya deuda ya fue materia de una demanda judicial interpuesta por la Caja La Araucana ante el Tercer Juzgado Civil de Iquique, causa rol C-635-2022. La deuda en cuestión se origina en un pagaré suscrito en julio de 2016, cuya última cuota se pagaba en el año 2018, y respecto del cual se encuentra pendiente la resolución de una excepción de prescripción deducida por el recurrente dentro del juicio ejecutivo respectivo.

El recurrente señala que con fecha 31 de mayo de 2025, al revisar su liquidación de sueldo, advirtió un descuento de $277.355, atribuido a una deuda de crédito social, sin haber mediado notificación alguna ni resolución judicial que lo habilitara. Al consultar a su empleador, este indicó que actuaba conforme a instrucciones de la Caja Los Andes, por lo que el recurrente concurrió personalmente a las oficinas de dicha institución, donde se le informó que el cobro era realizado a nombre de la Caja La Araucana. Acto seguido, se dirigió a las oficinas de esta última, donde se le confirmó que el descuento correspondía al mismo crédito judicializado, y que se efectuarían descuentos mensuales de manera indefinida.

En consecuencia, el acto impugnado reviste un carácter ilegal y arbitrario, toda vez que, habiendo las recurridas optado por la vía judicial para el cobro del crédito, les resulta improcedente y abusivo ejecutar de forma paralela una vía extrajudicial, menos aun tratándose de un instrumento mercantil prescrito, afectando de forma directa el patrimonio del recurrente y el derecho que le asiste sobre su remuneración íntegra como trabajador dependiente.

El recurrente funda su acción en el derecho de propiedad, reconocido por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, el cual establece que toda persona tiene derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de ley y mediante indemnización. Asimismo, invoca la protección consagrada en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los que prohíben la privación arbitraria de los bienes sin debido proceso ni justa compensación.

Agrega además jurisprudencia relevante de distintas Cortes de Apelaciones del país (Valparaíso, Chillán, Antofagasta, Rancagua), que han determinado que la interposición de una demanda ejecutiva inhabilita a la acreedora para ejercer el cobro mediante descuento extrajudicial, por configurarse una doble persecución de la misma deuda y, en definitiva, un enriquecimiento indebido por parte de la Caja.

Solicita que la recurrida se abstenga de solicitar y ejecutar cualquier tipo de descuento sobre las remuneraciones del recurrente, referidas a la deuda invocada, mientras no exista resolución judicial ejecutoriada que así lo ordene, la devolución de las sumas indebidamente descontadas por dicho concepto y como medida cautelar urgente se dicte orden de no innovar, disponiendo que mientras se tramita el presente recurso, se suspendan los descuentos mensuales sobre la remuneración del recurrente por parte del empleador.

A folio 12, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en el contexto del recurso de protección solicitando el rechazo del mismo, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario en los descuentos efectuados a su remuneración.

La recurrida expone que los descuentos reclamados por el actor se realizaron conforme al sistema integrado de recaudación de créditos sociales vigente desde abril de 2014, conocido como Proyecto Intercajas, en virtud del cual la Caja en la que un trabajador se encuentra actualmente afiliado puede recaudar deudas morosas de créditos otorgados por otras Cajas de Compensación, actuando como mandataria o diputada de cobro. En este caso, Caja Los Andes recaudó por encargo de Caja La Araucana, a través de nóminas de descuentos que fueron debidamente informadas al empleador del recurrente.

Se señala que este mecanismo opera bajo un mandato recíproco celebrado entre las Cajas de Compensación, regulado por la Ley N° 18.833 y por el Código Civil (arts. 1580 y siguientes), y supervisado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), con respaldo normativo en circulares y reglamentaciones técnicas.

Asimismo, la Caja enfatiza que los pagos recaudados extinguieron parcialmente la obligación del crédito social del recurrente, y que su intervención no ha sido en calidad de acreedora, sino de representante legal de la Caja mandatante, actuando conforme a la normativa vigente, sin vulnerar derecho constitucional alguno.

En cuanto a jurisprudencia, se cita lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en el Rol N°31.756-2019, en que se confirma la legalidad del sistema Intercajas y se rechaza un recurso de protección fundado en hechos similares, validando así la actuación coordinada entre Cajas bajo el convenio suscrito y autorizado legalmente.

A folio 13, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso de protección, por cuanto estima que los descuentos practicados sobre la remuneración del recurrente se encuentran plenamente ajustados a derecho, al derivar de un crédito social vigente contratado en el año 2016, respecto del cual no existe declaración judicial de prescripción ni causa legal de extinción. Expone que dichos descuentos se efectúan en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que obliga a la entidad empleadora a retener y remesar las sumas adeudadas, y conforme al sistema Intercajas autorizado y regulado por la Superintendencia de Seguridad Social. Señala además que la facultad de ordenar tales descuentos tiene respaldo en el artículo 58 del Código del Trabajo y en el marco legal de seguridad social, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento efectivo de obligaciones que financian prestaciones de naturaleza social. Alega que en consecuencia su actuar no constituye un acto ilegal ni arbitrario que vulnere el derecho de propiedad del recurrente, dado que la deuda subsiste mientras no sea declarada prescrita por resolución judicial, razón por la cual solicita se rechace íntegramente la acción de protección intentada en su contra.

A folio 14, se ordena traer los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido establecido por el Constituyente para otorgar tutela eficaz frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, del mérito de los antecedentes se advierte que no se encuentra discutida la existencia de la deuda contraída por el recurrente don nombre reservado con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sino que se controvierte la legalidad del cobro efectuado mediante descuentos directos en su remuneración, mecanismo que la recurrida estima ajustado a derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Tercero: Que, ha quedado acreditado que la deuda objeto del presente conflicto ya es materia de un juicio ejecutivo pendiente ante el Tercer Juzgado Civil de Iquique, Rol C-635-2022, habiéndose citado en dicha causa a oír sentencia para el 30 de junio de 2025, lo que implica que la vía jurisdiccional se encuentra activa y bajo conocimiento de los tribunales ordinarios, conforme a derecho.

Cuarto: Que, habiéndose optado por la vía judicial para la persecución del crédito social invocado, la ejecución paralela de descuentos extrajudiciales respecto de la misma obligación representa una duplicidad de acciones que infringe el principio de inexcusabilidad judicial, configurando un acto arbitrario y desprovisto de sustento legal que vulnera el derecho de propiedad del recurrente, especialmente en lo relativo a su remuneración, conforme al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en atención a lo razonado, y existiendo un procedimiento judicial pendiente donde puede ventilarse el cobro de la deuda en condiciones que garanticen el debido proceso y la posibilidad de defensa del deudor, se acogerá el presente recurso de protección, ordenando a las recurridas abstenerse de continuar efectuando descuentos sobre la remuneración del actor, referidos a la deuda invocada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a dichas instituciones abstenerse de efectuar nuevos descuentos sobre la remuneración del recurrente, referidos a la deuda objeto del juicio ejecutivo rol C-635-2022 del Tercer Juzgado Civil de Iquique, debiendo restituir las sumas indebidamente cobradas.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 7.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-3303-2025.

En Valparaíso, diez de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.