nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Francica nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Ymmay nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y en contra del Servicio Local de Educación Pública Petorca (SLEP Petorca), por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la disminución unilateral de la asignación de experiencia a partir de enero de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que las 16 recurrentes se desempeñaban hasta el 31 de diciembre de 2025 como asistentes de la educación, dependientes del Departamento de Administración de Educación Municipal de Papudo bajo el Código del Trabajo.

Señala que percibían regularmente una asignación de experiencia por bienios, según antigüedad, la cual constituía un derecho adquirido incorporado a su patrimonio. Indica que, con el traspaso del personal al Servicio Local de Educación Pública de Petorca, sin previa notificación, la recurrida rebajó considerablemente las asignaciones de experiencias a partir del 1 de enero de 2026, aplicando un monto uniforme del 2% por dicho concepto, eliminando el sistema progresivo vigente y provocando una disminución salarial de entre $73.942 y $1.449.849.

Sostiene que este acto infringe los artículos 42 transitorio de la Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública y 3 transitorio de la Ley N° 21.109, que regula el estatuto de los asistentes, normas que prohíben la disminución de remuneraciones por causa del traspaso. Argumenta que la medida vulnera el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones y la igualdad ante la ley al imponer un trato uniforme que desconoce condiciones particulares.

Argumenta que el pago histórico y reiterado de este beneficio lo incorporó al patrimonio de las trabajadoras, configurando un derecho adquirido protegido constitucionalmente.

Hace presente que esta materia ya fue conocida por esta Corte, siendo acogido un recurso, en idéntico caso, causa Rol IC 535-2026.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto la orden de disminución de la asignación de experiencia, ordenando el reintegro del monto de las asignaciones no percibidas desde enero de 2026, debiendo pagar en lo futuro la asignación determinada anteriormente por el DAEM de la Municipalidad de Papudo.

A folio 9, evacúa informe el Servicio Local de Educación Pública Petorca, solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, señala que, de las 16 recurrentes, 3 son educadoras de párvulos; 2 auxiliares de servicios menores; y 11 asistentes técnicos en educación parvularia, quienes se rigen por un marco legal distinto.

Precisado lo anterior, solicita a esta Corte inhibirse o suspender el pronunciamiento, por existir un pronunciamiento pendiente sobre la misma materia por la Contraloría Regional de Valparaíso, por lo que no existe acto decisorio de dicho órgano.

Indica que mediante Oficio Ordinario N° 141 y N° 160, de 1 y 9 de abril de 2025, respectivamente, solicitó a la Contraloría Regional, su pronunciamiento jurídico sobre la procedencia de dar continuidad al pago de la Asignación de Experiencia, respecto de estos funcionarios. Agrega que, en la causa citada por la contraria que, si bien acogió la acción, en su considerando décimo señaló que lo resuelto era “sin perjuicio de lo que pueda decidir la autoridad competente sobre la legalidad de la asignación pactada.” (sic).

Enseguida señala que, respecto de las asistentes de la educación y auxiliares, el segundo semestre del año 2025, previo al traspaso desde la Municipalidad de Papudo, se realizó un análisis técnico de sus remuneraciones, detectando que la fórmula de cálculo aplicada por el Departamento de Educación Municipal de Papudo excedía los parámetros legales permitidos para el ámbito público. Indica que la asignación de experiencia, conforme al artículo 48 de la Ley N°21.109, corresponde a un 2% sobre la remuneración, parámetro que los recurrentes superaban ampliamente con porcentajes acumulativos de hasta el 13,42% al segundo bienio.

Refiere que, su actuar se ajusta al principio de juridicidad y legalidad del gasto, pues la administración no puede convalidar pagos que carecen de asidero legal, no pudiendo generar derechos adquiridos. Sostiene que no hay vulneración a la igualdad, sino que se restablece al aplicar un estándar uniforme a todos los asistentes, evitando privilegios derivados de fórmulas sin sustento jurídico suficiente.

Añade que, ante una solicitud de pronunciamiento respecto de la misma asignación para asistentes de la educación de la comuna de Cabildo la Contraloría Regional de Valparaíso, emitió su pronunciamiento, dictaminando que no procede dar continuidad al pago de la asignación de experiencia.

Sostiene que no hay vulneración a la igualdad ante la ley, sino que se restablece al aplicar un estándar uniforme a todos los asistentes, evitando privilegios derivados de fórmulas sin sustento jurídico suficiente.

Expresa que, no existe derecho de propiedad sobre el cargo ni sobre remuneraciones cuya cuantía está controvertida. Finalmente, afirma que la materia no versa sobre un derecho indubitado, requiriendo un juicio de lato conocimiento incompatible con la vía de protección.

En cuanto a las educadoras de párvulos indica que también se detectó que percibían una asignación que superaba el límite que establecía el legislador. Precisa que, su asignación de experiencia es un componente de la asignación de la carrera docente, sujeto a lo dispuesto en la letra d) del artículo 88 C del Estatuto Docente, de acuerdo al cual existirá el derecho a percibir esta asignación mientras el profesional de la educación reciba una remuneración inferior a la establecida en la letra a) del presente artículo, situación no que aplica para las funcionarias, toda vez que la remuneración que perciben supera lo establecido en el literal a) del artículo 88 C. Agrega que, no procede la aplicación supletoria del Código del Trabajo en materias ya reguladas expresamente.

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Dictámenes de la Contraloría General de la República; b) Maestro de remuneraciones de los últimos 3 meses previos al traspaso; c) Correo electrónico sobre la fórmula de cálculo en la Municipalidad de Papudo; d) Liquidaciones de los últimos 6 meses; e) Oficios Ordinarios N° 141 y N° 160 de 2026 emitidos por el Servicio Local.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la disminución unilateral de las remuneraciones de los recurrentes - asistentes de la educación -, mediante el recálculo y reducción de la asignación de experiencia tras el traspaso al Servicio Local de Educación Pública Petorca, lo que estiman ilegal por contravenir las normas de resguardo remuneratorio de las Leyes N°21.040 y 21.109 y arbitrario al desconocer derechos adquiridos.

Tercero: Que, el recurrido, en primer término, solicita la inhibición de pronunciamiento por existir una decisión pendiente por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso, sobre la materia. En cuanto al fondo informa, en síntesis, que su actuar se ajusta al principio de legalidad del gasto y que no existe un derecho indubitado, ya que la administración no puede convalidar pagos que carecen de asidero legal. Afirma que la medida busca restablecer la igualdad ante la ley mediante un estándar uniforme, descartando una vulneración al derecho de propiedad sobre remuneraciones cuya cuantía considera irregular, sin perjuicio de estimar que la controversia requiere un juicio de lato conocimiento ajeno a la naturaleza del recurso.

Cuarto: Que, en cuanto a la solicitud de la recurrida sobre la inhibición o suspensión de pronunciamiento, será desestimada, teniendo únicamente presente que el artículo 54 de la Ley N°19.880 no resulta aplicable en materia de protección que se encuentra regulado en la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, para resolver el presente arbitrio, es preciso examinar lo dispuesto en el artículo 42 transitorio de la Ley N° 21.040 y el artículo 3 transitorio de la Ley N° 21.109. Ambas normas establecen un principio de "protección de remuneraciones", señalando expresamente que el traspaso de personal desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública no podrá significar disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos estatutarios o contractuales de los trabajadores.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados, especialmente de las liquidaciones de sueldo y lo expuesto por los intervinientes en estrado, se desprende fehacientemente que los recurrentes percibían una asignación de experiencia bajo su dependencia municipal, que por su reiteración pasaron a formar parte de sus remuneraciones y, en consecuencia, de su contrato de trabajo y que, tras el traspaso, estos montos fueron reducidos para ajustarlos a una fórmula de cálculo uniforme del 2%.

Séptimo: Que, si bien la recurrida alega que su actuar se funda en el principio de legalidad y en la necesidad de corregir un error en la base de cálculo heredada del DAEM de Papudo, tal alegación no puede prosperar por esta vía. En efecto, de la atenta lectura de las leyes antes citadas, en ninguna de ellas aparece que el Servicio recurrido tenga la facultad de modificar la referida cláusula ni menos pronunciarse acerca de la legalidad de la misma o su nulidad, de manera que los descuentos de que se trata resultan del todo ilegales, por no ajustarse a la legislación vigente. A lo anterior se agrega que las resoluciones de Contraloría en que se fundaron las alegaciones de la recurrida en estrados, son posteriores a las acciones en que incurrió y que motivaron el recurso en estudio.

Octavo: Que, en consecuencia, la modificación unilateral de la estructura remuneratoria de los recurrentes, que se traduce en una merma económica efectiva, constituye un acto ilegal, por cuanto contraviene las disposiciones transitorias de las Leyes N° 21.040 y 21.109, y arbitrario, al carecer de un fundamento razonable que permita desconocer derechos ya incorporados al patrimonio de los trabajadores.

Noveno: Que lo anterior vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, el cual recae no solo sobre bienes corporales, sino también sobre derechos incorporales, como es el derecho de los recurrentes a percibir íntegramente las remuneraciones y asignaciones según los términos en que se encontraban vigentes al momento de su traspaso al Servicio Local de Educación Pública Petorca. Asimismo, la recurrente al modificar unilateralmente los contratos de trabajo de que se trata se constituyó en una comisión especial prohibida por el inciso quinto del numeral tres del artículo 19 de la Constitución Política de la Repúlblica.

Décimo: Que, habiéndose constatado la existencia de un acto ilegal y arbitrario que lesiona el derecho de propiedad de las actoras, la presente acción de protección debe ser acogida, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la integridad de las remuneraciones de los trabajadores afectados, en la forma en que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Undécimo: Que, lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que respecto de la legalidad de las asignaciones pactadas con el municipio previo al traspaso, puedan ejercerse, teniendo en consideración que las sentencias en materia de recurso de protección producen únicamente cosa juzgada cautelar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Francica nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Ymmay nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Petorca (SLEP) y, en consecuencia, el recurrido deberá proceder al pago íntegro de las remuneraciones de los actores, manteniendo la asignación de experiencia en los mismos términos, montos y porcentajes que estos percibían con anterioridad al traspaso desde la Municipalidad de Papudo, debiendo además restituir lo descontado de las asignaciones desde el mes de enero de 2026 a la fecha, sin perjuicio de las acciones que se estimen procedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3295-2026.

En Valparaíso, diez de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.