TRABAJADORES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CHILDREN SCHOOL CONTRA COLEGIO CHILDREN S SCHOOL PROPIEDAD DE SOECA PORTALES LIMITADA

Foja: 35 Treinta y Cinco Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de marzo de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 1 comparece nombre reservado, profesora del colegio Children's School, cédula nacional de identidad n° RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, edad 45 años, de nacionalidad chilena, soltera, quien interpone recurso de protección en su favor y en el de los trabajadores del establecimiento educacional subvencionado y en contra de los que resulten responsables de la retención y embargo de la subvención del colegio Children's School de propiedad de SOECA PORTALES LTDA., cuyo representante legal es nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. La causa judicial se sigue en el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, rol número C-1866-2010.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, libertad de trabajo y derecho de propiedad.

Señala que a raíz de dicho embargo ilegal sus sueldos del mes de enero se han visto afectados, ya que dicha subvención es precisamente para el pago de sus remuneraciones.

Solicita protección sobre los sueldos de los trabajadores de dicho establecimiento.

Como antecedentes del recurso señala que:

1.- No corresponde el embargo sobre la subvención entregada por parte del Estado a cualquier establecimiento educacional, porque esta subvención no pertenece a las sociedades que la administran, en este caso SOECA Portales Ltda. ya que la subvención, derechos de matrícula, derechos de escolaridad y donaciones deben ser utilizados en el pago de remuneraciones del personal, en la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función del establecimiento educacional.

Si bien el sostenedor, quien es el que tiene la responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional en la forma y condiciones exigidas por los preceptos legales y reglamentarios, recibe dicha subvención, la recibe como mero administrador fiduciario, es decir, no incorpora los dineros de la subvención fiscal a su patrimonio, los que pasan a ser inembargables por aplicación del artículo 445 N°2: Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del trabajo y 14.

Agrega que la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente según el Código de Procedimiento Civil, son inembargables, estableciendo que: "No son embargables: la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente." Solicita finalmente que se tenga por interpuesto recurso de protección a su favor y en el de los trabajadores del colegio Children's School de propiedad de SOECA PORTALES LTDA, y en definitiva, previo informe de la Recurrida, sírvase dejar sin efecto el embargo, ordenando la liberación de dichos montos para que se proceda al pago de sus remuneraciones.

A fojas 9 comparece nombre reservado, profesora, con domicilio en domicilio reservado, representante legal de la SOCIEDAD EDUCACIONAL DE CAPACITACION Y ASESORIAS PORTALES LTDA., quien señala:

a).- La acción constitucional es efectiva ya que a la fecha se encuentran con una demanda judicial con la empresa constructora Sociedad de Inversiones ANTAR Limitada, por un monto de 72 millones de pesos chilenos, a la cual le hemos propuesto un avenimiento, teniendo lamentablemente una respuesta negativa de parte de dicha sociedad.

La subvención entregada al establecimiento por el MINEDUC se determina por la matrícula y la asistencia de los alumnos al Colegio mensualmente. En el caso de su establecimiento durante el año 2014 fluctuó entre los 9 y 11 millones de pesos chilenos mensuales.

Hace presente que los montos recibidos y devengados en el mes de enero de 2015 por la Sociedad son inferiores a la cantidad fijada en el embargo, por lo cual el embargo debiera proceder sólo respecto de subvenciones que estén devengadas y cuyo monto se encuentre liquidado o determinado por el Ministerio.

La subvención embargada corresponde a la general y a la del Programa de Integración Escolar, esta se rige por el Decreto de ley N° 170, el cual indica en el Título V, Del Fraccionamiento, artículo N°86 letra a),b),c) y d) el uso exclusivo de estos dineros.

Tienen retenida y embargada la subvención educacional general y la del Programa Integración Escolar (PIE), por lo que no han podido cumplir con los pagos de las remuneraciones y previsión de sus trabajadores.

b).- Que es efectivo que con la retención se ha privado a los profesores de su legítimo derecho a cobrar sus remuneraciones y también se conculca el derecho de propiedad que tienen sobre ellas.

c).- La Subvención fiscal educacional embargada en la causa solicitada traer a la vista, son los dineros que el Estado de Chile destina mensualmente para la administración, mantención y desarrollo de todos los establecimientos educacionales públicos y subvencionados y así cumplir con la garantía constitucional que encomienda asegurar a todos los niños y niñas el derecho a la educación.

d).- Mantener este embargo o medida precautoria sobre la subvención educacional llevará al término de la labor educacional del colegio, así como también al no pago de la deuda con la Sociedad de Inversiones ANTAR Limitada.

e).- Su parte no busca oponerse al cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, sino que, sólo pretende asegurar y resguardar los intereses de la subvención fiscal educacional a fin de cumplir con los fines determinados en el D.F.L. N° 2 y poder cumplir con las obligaciones contraídas con la Sociedad de Inversiones ANTAR Limitada, a través de un avenimiento.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 16 comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de la SOCIEDAD DE INVERSIONES ANTAR LTDA., del giro construcción, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien solicita a esta Corte se le tenga como parte en el presente recurso de protección.

Refiere que el interés actual de su parte en el resultado del presente recurso radica en que su representada demandó a la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Ltda., por incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, juicio en el que, por sentencia de 02 de julio de 2013, confirmada por fallo de esta lltma. Corte de 06 de marzo de 2014, y que a la fecha se encuentra firme, se la condenó a pagar a su representada la suma de $60.045.175.-, más los reajustes e intereses conforme a la variación del IPC, desde la notificación del presente fallo hasta su pago efectivo.

Agrega que además su parte obtuvo, el 20 de julio de 2010, la medida precautoria de retención de bienes, la que se ordenó se hiciera efectiva en los dineros que se encontraban, a esa fecha, en poder del Ministerio de Educación a favor de la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Ltda., hasta por la suma de $ 72.054.209.-. Por resolución de 9 de octubre de 2014 el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, ordenó oficiar al Ministerio de Educación a fin de que pusiera a disposición del Tribunal los fondos retenidos en virtud de la medida precautoria.

Solicita ser tenido como parte recurrida en este recurso, a lo que se le proveyó téngase presente.

A fojas 22 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en nuestro ordenamiento constitucional tiene por objeto poner fin a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho o garantías establecidas en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República y que se precisan en el Artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquella a que se refiere el Artículo 1° del Código Civil; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

Tercero: Que, un acto u omisión es arbitrario, cuando carece de fundamento suficiente, es decir, de sustentación lógica, o sea, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente- Es lo contrario a derecho o a la ley.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que la recurrente, como se explicitó en la parte expositiva de esta sentencia, pretende se deje sin efecto el embargo realizado sobre los dineros correspondientes a la subvención fiscal educacional a fin que se proceda al pago de las remuneraciones de los trabajadores y profesores en favor de quienes se ha interpuesto este recurso.

Sexto: Que informando doña nombre reservado, profesora, representante legal de la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Limitada, señala que la subvención embargada corresponde a la general y a la del Programa de Integración Escolar y por ello no ha podido cumplir con los pagos de las remuneraciones y previsión de sus trabajadores. La subvención fiscal educacional embargada en la causa Rol N° 1866-2010, corresponde a los dineros que el Estado destina mensualmente para la administración, mantención y desarrollo de todos los establecimientos educacionales públicos y subvencionados, mantener este embargo llevaría al fracaso de la labor educacional del Colegio Children’s School de la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Ltda., así como también el no pago de la deuda de la Sociedad de Inversiones Antar Ltda. Lo pretendido a través de este recurso, es poder cumplir con sus obligaciones contraídas por la sociedad y en caso alguno oponerse a lo ordenado en las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia.

Séptimo: Que en estos autos, a fojas 16, se hizo parte la Sociedad de Inversiones Antar Ltda., indicando que demandó a la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Ltda., por incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, juicio en el que se ordenó pagarle la suma de $60.045.175.-, más reajustes e intereses conforme a la variación del I.P.C., lo que dio origen a solicitar la medida precautoria de retención de bienes, la que se ordenó se hiciera efectiva en los dineros que se encontraban a esa fecha en poder del Ministerio de Educación a favor de la Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Ltda.

Octavo: Que de las argumentaciones vertidas por las partes y de los antecedentes traídos a la vista (causa Rol N° 1866-2010, caratulada “Sociedad de Inversiones Antar Ltda. con Sociedad Educacional de Capacitación y Asesorías Portales Ltda.”, del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar), se desprende que se pretende someter al conocimiento de este Tribunal un negocio que se ha conocido en sede jurisdiccional a través del procedimiento correspondiente, y en el cual se debe solicitar el posible alzamiento del embargo decretado sobre los dineros indicados, en consecuencia, la presente no es la vía idónea para obtener lo solicitado.

Noveno: Que, por otra parte, se debe tener presente que es requisito esencial de la acción de protección interpuesta, en este caso, que el derecho invocado como vulnerado sea indubitado en cuanto a su existencia. La resolución de lo solicitado por la recurrente en su favor y de los trabajadores del establecimiento educacional subvencionado, dada su naturaleza jurídica compete a un tribunal ordinario que en un proceso de lato conocimiento, regido por la bilateralidad de la audiencia, pondere conforme a derecho los argumentos de cada parte, evalúe las pruebas que se produzcan y en definitiva emita la decisión correspondiente, todo lo cual no es compatible con el procedimiento especialísimo a que está sometido el recurso de protección.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo razonado en los considerandos precedentes, para que un recurso de protección prospere debe haberse cometido un acto arbitrario o ilegal, en el presente caso, la retención de la subvención fue ordenada a través de una medida precautoria dispuesta en un juicio, de lo que se concluye no existe ilegalidad ni arbitrariedad, la retención se ordenó con la finalidad de garantizar que la sostenedora del colegio cumpliera con lo que en definitiva se ordenó en la causa tenida a la vista.

Undécimo: Que, otro requisito de esta acción, es que vulnere alguna garantía constitucional que esté amparada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en concreto la recurrente sólo menciona el artículo 19 N° 16 y 24 de la Carta Fundamental sin desarrollarlas, sin embargo, del contexto se podría desprender sobre la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, porque con la subvención se pagarían sus remuneraciones, aquello no es correcto, los profesores y trabajadores del colegio no son dueños de la subvención, ello porque su monto varía año a año y no depende del número de profesores contratados y el monto de la subvención no está destinado solo a pagar el sueldo de los profesores.

En relación a la del artículo 19 N° 16, que es la libertad de trabajo y su protección, tampoco señala en qué forma se ve afectada la libertad de trabajo y en todo caso el acto por el cual se recurrió, es el embargo de unos dineros, y que ello le trae como consecuencia el no pago de sus remuneraciones, de lo que no se vislumbra en qué forma podría afectarse la libertad de trabajo.

Duodécimo: Que, por lo razonado, procede desestimar el recurso deducido, sin perjuicio de otros derechos que puedan hacerse valer.

Y visto además lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por doña nombre reservado en su favor y de los trabajadores del establecimiento educacional subvencionado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad, previa devolución de la causa Rol C-1866-2010.

N°Protección-328-2015.- Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich.

No firma la Ministro Interina Sra. María Teresa Valle Vásquez, por haber cesado en sus funciones.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y la Ministro Interina Sra. María Teresa Valle Vásquez.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.