nombre reservado con nombre reservado

Foja: 486 Cuatrocientos Ochenta y Seis Jfah.- C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 60, comparece don nombre reservado, Cabo 1° del Ejército de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Teniente Coronel nombre reservado, del Capitán nombre reservado, del Mayor nombre reservado y del Comandante en Jefe General nombre reservado, por ser el representante y la máxima autoridad jerárquica interna, todos del Ejército de Chile y domiciliados, para estos efectos, los tres primeros en la Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en Avenida Larraguibel sin número, comuna de Quillota, y el último de ellos en domicilio reservado, comuna y ciudad de Santiago.

Señala que nació el 19 de marzo de 1983, tiene 34 años, que en la actualidad es Cabo 1° del Ejército de Chile, haciendo una relación histórica de su carrera militar.

Indica que el día 02 de junio de 2015 concurrió a la Fiscalía Centro Norte de Santiago a interponer una denuncia y auto denuncia, solicitando se investigaran los hechos relacionados con licitaciones irregulares, acumulándola a la denuncia efectuada por el mando de la institución que tomó conocimiento de los hechos, y en caso que dicha denuncia se hubiese omitido, se tuviera dicha presentación como denuncia de los hechos y de omisión de la obligación del artículo 175 del Código Procesal Penal, por parte de altos mandos de la institución. El mismo día, 02 de junio de 2015, concurrió a la Comandancia en Jefe Institucional a denunciar los hechos irregulares y situaciones de carácter laboral.

Al regresar a la División de Mantenimiento durante esa misma tarde, informó a su calificador directo de las gestiones realizadas durante la mañana en la Fiscalía Centro Norte y Comandancia en Jefe Institucional, señalando que se acogía al estatuto del funcionario público denunciante y cuyos detalles no puede señalar, toda vez que son parte de la declaración prestada como testigo en la causa rol N° 575-2014, conocida como "Milicogate", sustanciada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don nombre reservado, y que fuera declarada secreta.

Sostiene que, producto de lo anterior y mediante la coerción realizada, le ordenaron retirar la denuncia realizada ante la Fiscalía Centro Norte y la presentación hecha al Comandante en Jefe, para lo cual se dirigió durante la mañana del día 03 de junio de 2015 a la Fiscalía, donde le señalaron que no podía desistirse mientras no se designara un fiscal a cargo, y a la Comandancia en Jefe en la cual se entrevistó con el Teniente Coronel nombre reservado, jefe de la asesoría jurídica de la Secretaría General del Ejército, a quien le solicitó la devolución de la presentación, el cual requirió una solicitud por escrito y autorizada por el GDB Ureta. Al regresar a la División e informar respecto a las gestiones realizadas, le ordenaron consultar periódicamente a la Fiscalía con la finalidad de desistirse de dicha denuncia y en cuanto a la presentación de la Comandancia en Jefe, debió confeccionar el Oficio DIVMAN JEM REGIS N° 1595/2, de fecha 03 de junio de 2015, en el que solicitaba dejar sin efecto la presentación por no contar con la totalidad de los antecedentes, firmado por él y por el GDB Ureta, quien lo envió en su vehículo fiscal junto a su conductor a entregar el documento a la Comandancia en Jefe, producto de haber cumplido con lo ordenado se generó una contraorden y el recurrente permaneció en la División de Mantenimiento en el mismo puesto que desempeñaba, quedando sin efecto su presentación en el Regimiento Logístico N°3 "Limache".

Manifiesta que su presentación igualmente llegó a manos del Comandante en Jefe, General de Ejército nombre reservado, quien mediante oficio CJE N° 10300/5874, de fecha 11 de junio de 2015, devolvió la presentación realizada indicando que se habría infringido el conducto regular y que el solicitar dejar sin efecto la presentación era demostrativo de una conducta que no se condice con la responsabilidad que es exigible a un Clase que ostenta el grado de Cabo 1°, ordenando al Comandante de Apoyo a la Fuerza (escalón superior de la División de Mantenimiento) estudiar los antecedentes del caso e impetrar las medidas disciplinarias correspondientes, en conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, situación que no ocurrió, toda vez que sus mandos no aplicaron medida disciplinaria alguna.

Relata que, el día 19 de febrero de 2016, se presentó en la Escuela de Equitación del Ejército, ante el Teniente Coronel nombre reservado, Director (S) de la Escuela, quien inmediatamente preguntó en qué estaba involucrado, pensando que se refería a actuaciones irregulares ocurridas en la institución denominadas, por los medios de comunicación, como "Milicogate", y desde la fecha de su presentación, esto es, el 19 de febrero de 2016 hasta la fecha, al recurrente no se le ha otorgado ninguna función o desempeño, ni siquiera lo más mínimo, un puesto de trabajo físico, invadiéndole una profunda tristeza, angustia que, con el pasar de los días, aumentaba y se volvía intolerable, llegando en muchas ocasiones al llanto, de lo que se percató el Jefe de Plana Mayor de la Secretaría de Estudios, Cabo 1° nombre reservado, quien intentó disminuir la angustia que generaba dicha situación a través del deporte en las horas de colación e incluirlo en alguna de sus actividades. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, el tener que llegar todos los días a la Escuela de Equitación del Ejército y no tener nada que hacer, ni siquiera un puesto de trabajo, se fue convirtiendo en un martirio.

Añade que, el día 02 de mayo de 2016, concurrió por primera vez al Hospital Militar para ser atendido por la médico psiquiatra Dra. nombre reservado, quien le diagnosticó trastorno adaptativo ansioso depresivo otorgándole licencia médica total, tratamiento farmacológico y consulta con un psicólogo, lo que se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 2016, fecha en la cual solicitó volver a trabajar para recuperar la normalidad, siendo autorizado solamente por medio día, otorgando licencia médica parcial con prohibición de realizar guardia y portar armamento.

Relata que desde su llegada jamás se ha dado cumplimiento ni siquiera a lo más mínimo que dispone la cartilla de calificaciones, esto es, entrevista del calificador directo luego de la destinación, para informar aspectos básicos respecto a la función a desempeñar, cuales son las tareas del período, orientaciones, etcétera. Agrega que, luego de regresar de su licencia médica tampoco se le notificó el resultado de la Junta de Calificaciones, ni se le ha hecho firmar la hoja de vida y de calificaciones del período anterior, así como tampoco se ha realizado la primera entrevista de este nuevo período de calificaciones, considerando además que había regresado de un licencia médica prolongada.

El día 29 de septiembre de 2016, a las 23:30 horas, se le comunicó al recurrente que el Teniente Coronel nombre reservado., ordenó informarle que debía presentarse a la guardia del Campo Militar San Isidro al día siguiente a las 07:45 horas, para cumplir con el puesto de telefonista, ante lo cual le señaló que se encontraba con licencia médica parcial (solo jornada de la mañana) y con prohibición de realizar guardia y portar armamento, a lo cual el el Teniente Coronel nombre reservado, 2° Comandante del Regimiento Escolta Presidencial "Granaderos", quien le ordenó cumplir de todas formas con su guardia, retirándose del lugar. Señala que, lo anterior repercutió en su estado de salud presentando temblor general, dificultad para respirar y alza de presión entre otros síntomas, dirigiéndose hasta la enfermería de la unidad donde fue atendido por la enfermera de servicio, quién constató un alza de presión y la angustia, señalándole la enfermera que se trataba de una crisis de pánico, viendo afectada su recuperación de salud, por lo que la médico tratante consideró mantenerlo con licencia psiquiátrica total desde el 03 de octubre de 2016 a la fecha.

Expone que, por tal motivo, comunicó los hechos a su abogado quien le instruyó interponer una denuncia por el delito de prevaricación administrativa en contra del Teniente Coronel nombre reservado, por lo cual se dirigió a Carabineros a interponerla, siendo enviados los antecedentes a la Fiscalía Militar de Valparaíso y solicitó, el día 17 de octubre de 2016, mediante carta dirigida a su calificador directo Mayor Marabolí, informando nuevamente las situaciones de acoso laboral sufridas en la Escuela de Equitación del Ejército y Campo Militar "San Isidro", solicitando expresamente en el párrafo N° 3 de la carta, que a través del conducto regular se informe de dicha situación al escalón superior y/o estamentos institucionales correspondientes, con la finalidad que tomen conocimiento de los hechos y considerando la gravedad de los mismos, se decretara en el más breve plazo posible una investigación sumaria administrativa; la que fue resuelta mediante Resolución del Secretario de Estudios ESCEQ SECRET N°1000/22815, en la cual se soluciona la petición planteada por él, señalando: "Referido a la petición del recurrente, éste presenta los documentos ante la autoridad que corresponde, esto es, Director de la Escuela de Equitación, toda vez que, el suscrito no tiene las competencias reglamentarias para disponer una Investigación Sumaria Administrativa, como tampoco entregar copia de los antecedentes señalados en VISTO numeral 3" (debiese decir numeral 4)”.

Lo anterior tiene por finalidad impedir o retrasar la reclamación presentada por actos de acoso laboral en los cuales se encuentran involucrados el propio Mayor Marabolí y nombre reservado., desconociendo flagrantemente las órdenes emanadas por el propio Comandante en Jefe del Ejército, a través de la Orden de Comando CJE EMGE DPE III b N° 1000/10949, de fecha 29 de mayo de 2015, y Circular CJE JEMGE OTIPE N° 6800/2699, de 25 de mayo de 2014, como así también la normativa institucional, especialmente, la Ordenanza General del Ejército y el artículo 7° del Reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas.

Expresa que, los hechos antes relatados, es decir, hasta el 02 de noviembre de 2016, fueron puestos en conocimiento de los Tribunales de Justicia, el 18 de noviembre del año 2016, mediante interposición de denuncia de vulneración de derechos, en procedimiento de tutela laboral, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa rol T-1106-2016, caratulados "nombre reservado con Fisco de Chile", luego de haber agotado las instancias institucionales de las cuales incluso tuvo conocimiento el propio Comandante en Jefe.

Manifiesta que, desde el origen de todo este proceso, triste y doloroso para él, tanto por los costos personales como familiares, en donde habiendo observado el proceder corrupto por parte de algunos de sus superiores, hechos que afectan la probidad administrativa y otros que pudiesen ser constitutivos de delitos, procedió a realizar las correspondientes denuncias, lo que redundó en un constante y persistente hostigamiento, por parte de algunos oficiales del Ejército de Chile, actos de vulneración de derechos denunciados en el procedimiento de tutela laboral, pero sólo hechos ocurridos hasta el día 02 de noviembre de 2016. Sin embargo, mandos de la institución han continuado con la vulneración de sus derechos mediante acciones y/u omisiones, lo cual, ha derivado en "trastorno adaptativo ansioso depresivo y estrés psicosocial por conflicto laboral".

En cuanto al primero de los actos recurridos, indica que la resolución ESCEQ DIRECCION domicilio reservado, adoptada el 22 de mayo de 2017, por el recurrido Teniente Coronel nombre reservado, Director de la Escuela de Equitación del Ejército de Chile, y que le fue comunicada por carta certificada el día 23 de mayo de 2017, declara su incompetencia para resolver la investigación sumaria administrativa, fundado en el principio de abstención de la Ley N° 19.880, artículo 12, N° 4. El día 04 de noviembre de 2016, mediante resolución ESCEQ DIRECCION domicilio reservado, se ordena instruir en averiguación de la causal de la enfermedad que le afecta, en el sentido de si ésta es o no profesional, y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto determinado del servicio o con ocasión de éste, designando como Fiscal al Capitán nombre reservado.

Con fecha 02 de marzo de 2017, solicitó a la autoridad declarar la nulidad de la investigación sumaria administrativa por vulneración de derechos y falta a la probidad, ordenando la substanciación de una nueva, que respete las garantías constitucionales y la probidad. Asimismo, se reitera la solicitud de una investigación sumaria administrativa, por la que se determine la efectividad de los hechos denunciados, la que involucra a generales que integraron e integran el Alto Mando, al propio Teniente Coronel nombre reservado quien debe resolver el sumario, entre otros oficiales, requerimiento que fue enviado al Capitán Cuadra, en su calidad de subrogante del Secretario de Estudios, mismo puesto que ocupaba su calificador directo anterior, en calidad de titular, al Director de la Escuela como autoridad que ordenó instruir la investigación sumaria, Capitán Cuadra como Fiscal del sumario, enviando copia informativa al Jefe de Institutos, a los Generales Comandante del Comando de Educación y Doctrina, Jefe de Estado Mayor General del Ejército y al propio Comandante en Jefe Institucional autoridades que según el artículo 14° del DNL 910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas" pueden conocer de las actuaciones y diligencias de la investigación, y quienes además podían ordenar la sustanciación de la ISA cuya solicitud se reiteraba.

Agrega que, el 24 de abril de 2017, se le hizo entrega del oficio CJE SGE AJ N° 1595/2201, de fecha 27 de marzo de 2017, en el cual el Comandante en Jefe Institucional le comunica al Teniente Coronel nombre reservado, Director de la Escuela de Equitación, con copia a él, que carece de facultades para pronunciarse sobre procedimientos que, encontrándose en etapa de investigación, los que deben ser resueltos por las instancias institucionales competentes, resultando improcedente formular ante dicha autoridad solicitudes de nulidad como la realizada. Así también se reitera, una vez más, la solicitud de investigación sumaria administrativa para determinar la responsabilidad de aquellos funcionarios que han realizado acciones y/u omisiones que pudiesen constituir acoso laboral en su contra, solicitud enviada al Capitán Cuadra como Fiscal del sumario, Jefe de Institutos, a los Generales Comandante de la División Educación, Comandante de Educación y Doctrina, Jefe de Estado Mayor General del Ejército, y al propio Comandante en Jefe Institucional, autoridades que según el artículo 14° del DNL 910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas" pueden conocer de las actuaciones y diligencias de la investigación y quienes además podían ordenar la sustanciación de la ISA, cuya solicitud se volvía a reiterar.

Expone que, el Oficio del Fiscal de la Investigación Sumaria Administrativa número 1585/8874, de 18 de mayo de 2017, por el recurrido el Capitán nombre reservado, Fiscal de la Investigación Sumaria Administrativa (ISA) en el cual se informa el cierre de la investigación, la que se ordenó instruir en averiguación de la causal de la enfermedad que le afecta, si ésta es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto determinado del servicio o con ocasión de éste, elevando el expediente sumarial para la resolución definitiva. Señala que, de esta resolución tomó conocimiento al estar citado en el considerando 1) de la resolución ESCEQ DIRECCION domicilio reservado, en que el TCL nombre reservado se declara incompetente.

Agrega que, el fiscal del sumario debió declararse incompetente e inhábil por los argumentos expuestos en la presentación de fecha 02 y 29 de marzo de 2017. Sin embargo, el Teniente Coronel nombre reservado mediante oficio ESCEQ DIRECCIÓN domicilio reservado, de fecha 11 de abril de 2017 y notificada por carta certificada el día 13 de abril de 2017, señala que el Fiscal Capitán Cuadra por oficio ESCEQ FISCOM N° 1585/6437, de fecha 06 de abril de 2017, que tanto el fiscal como el secretario del sumario no se encuentran inhabilitados (Art. 7° DNL 910), es decir, que según dichos funcionarios (fiscal y secretario) no son subordinados del Teniente Coronel nombre reservado, Director de la Escuela de Equitación, a quien desde su primera declaración ha sindicado como uno de los mandos que han realizado acciones y/u omisiones que han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, hechos que han sido la causa de su enfermedad. Así también estima que el fiscal del sumario ha señalado que no sería incompetente, es decir que el Mayor Marabolí, Teniente Coronel nombre reservado, Teniente Coronel Garín y Generales de Brigada en retiro y activo entre otros, no serían oficiales más antiguos que él (quien es capitán). Además, indica que en el curso de las diligencias practicadas no han aparecido hechos que lo obliguen a declarar su incompetencia, es decir, que exista una denuncia en fiscalía en contra de Altos Mandos de la institución; que se hayan detectado un sin número de hechos "irregulares" por parte de la Contraloría General de la República, en la División de Mantenimiento por su denuncia; que se haya recurrido de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo, en el que se señalan Altos Mandos de la institución como vulneradores de derechos, posterior a las mencionadas denuncias; que se haya realizado una imputación en la Fiscalía Local de Quillota en contra del Teniente Coronel nombre reservado por hechos que pudiesen constituir delito, entre varias otras acciones y/u omisiones que oportunamente ha hecho presente.

Señala que, la parcialidad y falta a la probidad queda demostrada con la dictación del oficio ESCEQ FISCOM N° 1585/6632, de fecha 03 de abril de 2017, en el cual divulga, entregando copia de una de sus actuaciones realizadas en el sumario al Mayor Villarroel, infracción de la cual tuvo conocimiento el día 26 de mayo de 2017 al entregarle copia de dicho documento su calificador directo. En dicho acto, mientras se sustanciaba la investigación, el Fiscal Capitán Cuadra transgrede gravemente lo dispuesto en el artículo 14° del DNL 910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas", con la única y clara intención de perjudicarlo, lo que queda de manifiesto en el oficio ESCEQ SECRET N° 1500/455 de 17 de mayo de 2017, lo anterior se termina por confirmar al intentar notificar el Mayor Villarroel una sanción cuyo fundamento es el documento que figuraba en la investigación sumaria, y que el Capitán Cuadra divulgó arbitrariamente, pese a existir prohibición expresa.

Indica que la resolución de medida disciplinaria en su contra, adoptada el 26 de mayo de 2017, por el recurrido, Mayor nombre reservado, Secretario de Estudios de la Escuela de Equitación del Ejército de Chile, del cual fue notificado, con fecha 19 de mayo de 2017, mediante carta certificada del oficio ESCEQ SECEST N° 1500/455, de fecha 17 de mayo de 2017, mediante el cual el Mayor Villarroel le ordena indicar las razones que lo motivaron a no canalizar tres presentaciones a las que hace referencia, a través de él, su calificador directo, es decir por conducto regular, remitiendo respuesta, con fecha 25 de mayo de 2017, indicando el contexto para una mejor resolución, señalando que tanto en la División de Mantenimiento del Ejército (su anterior unidad), como en la Escuela de Equitación del Ejército, fue y es víctima de acciones y/u omisiones consideradas como acoso laboral, y que producto de lo anterior, fue afectada su integridad psíquica y física, razón por la cual le fue diagnosticado trastorno adaptativo ansioso depresivo y estrés psicosocial por conflicto en medio laboral, por ello el profesional institucional, determinó otorgar licencia médica de reposo total, desde el 02 de mayo de 2016 al 10 de septiembre de 2016. Indica que, con la intención de recuperar la normalidad, solicitó reincorporarse a sus actividades laborales, derivado de lo anterior la profesional estableció otorgarle licencia médica parcial, esto es, podía trabajar sólo durante la jornada de la mañana, además de prohibición de realizar guardias y portar armamento, desde el 11 de septiembre de 2016 al 02 de octubre de 2016. Considerando que durante ese lapso de tiempo las acciones y/u omisiones se mantuvieron incluso vulnerando la licencia médica, lo cual provocó efectos negativos en su integridad psíquica y física, es por ello que nuevamente se le otorgó licencia médica total desde el 03 de octubre de 2016 manteniendo el reposo médico hasta la fecha producto que el acoso laboral continúa.

Agrega que, con fecha 26 de mayo de 2017, a las 14:50 horas, concurrió a la Escuela de Equitación con la finalidad de hacer entrega al Mayor Villarroel de una solicitud de autorización para realizar una entrevista en un medio de televisión y prensa escrita respecto a su caso, lo anterior para ser tramitado por conducto regular, la cual entregó en la registratura de la Escuela de Equitación, por no encontrarse el Mayor Villarroel en su oficina, momento en el cual se le intentó notificar de una sanción, por incumplir el conducto regular, instante en que se percató que había sido engañado para permanecer al interior de la Escuela de Equitación con la finalidad, no de entregar el documento solicitado, sino que intentar notificar la medida disciplinaria, entendiendo el recurrente que se trataba de una actuación del sumario y que de conformidad al Reglamento de investigaciones administrativas, el Mayor Villarroel no era una de las personas que pueden conocer de dichas actuaciones ya que están señaladas de manera taxativa, sumado a ello que el fiscal había infringido gravemente su obligación de reserva al violar el secreto del sumario.

Señala que, mediante presentación de fecha 02 de marzo de 2017 y reiterada en presentación de fecha 29 de marzo de 2017, solicitó a la Comandancia en Jefe del Ejército se dispusiera una investigación sumaria por acoso laboral, no obstante lo anterior, la mencionada autoridad no se ha pronunciado ni tomado ninguna medida tendiente a protegerlo frente al acoso laboral sufrido, y ante la nula respuesta institucional ha debido recurrir a los juzgados laborales, Contraloría General de la República y hoy ante esta Corte para obtener el restablecimiento del imperio del derecho.

Hace presente que, la única autoridad que se ha pronunciado respecto a la solicitud de una investigación sumaria administrativa es el recurrido Teniente Coronel nombre reservado a través del oficio ESCEQ DIRECCION domicilio reservado, de fecha 11 de abril de 2017, oficial que ha denunciado en la acción de tutela laboral y Fiscalía Local de Quillota, como uno de sus acosadores que ha influido en el deterioro de su salud, quien en dicho oficio le comunica que de los antecedentes aportados por él, y los que ha tenido a la vista en su calidad de Director, no constituyen acoso laboral, por tanto no procede la instrucción de un sumario, es decir ha resuelto que las acciones y/u omisiones realizadas por él (juez y parte) y por algunos de superiores y subordinados no constituyen acoso laboral, sin una investigación previa por una autoridad de mayor jerarquía que él, no por un subordinado.

Adiciona que, mediante Oficio del Secretario de Estudios número 1500/555, de 31 de mayo de 2017, el cual le fue notificado por carta certificada el día 02 de junio de 2017, le niegan su derecho a la libertad de expresión, al denegar la autorización para dar entrevista a medio escrito y televisivo, la cual fue solicitada a través de presentación efectuada el día 26 de mayo de 2017, señalando que los procesos judiciales y administrativos se encuentran pendientes de resolución. Lo anterior, además de atentar contra la libertad de expresión, atenta contra el derecho a la igualdad, toda vez que a otros miembros de la institución se les ha permitido participar en entrevistas, como es el caso del Coronel Masalleras, Capitán Harvey, Sargento 2° Águila, que fueron entrevistados para el programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile, emitido el 03 de julio de 2016, en el cual se revelaron graves denuncias e irregularidades en el Ejército, las que son de público conocimiento, en el cual se refirieron a procesos judiciales y administrativos pendientes de resolución. También el caso del Coronel Grossi que aparece entrevistado en reportaje de Chilevisión y otros muchos funcionarios que han sido autorizados para dar entrevistas, como da cuenta la misma página web institucional.

Respecto de las garantías constitucionales conculcadas, sostiene que en relación a la resolución del Director de la Escuela de Equitación número 1585/8979, de 22 de mayo de 2017, remitida por correo certificado recibido el 23 de mayo de 2017; al oficio del Fiscal de la investigación sumaria administrativa número 1585/8874, de 18 de mayo de 2017; la resolución de medida disciplinaria en su contra adoptada por el Mayor Villarroel, la cual no le ha sido notificada legalmente, ha sufrido la perturbación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 19 N°1, inciso 1°; del derecho al respeto y a la protección de la honra personal, reconocida en el artículo 19 N°4; y, del derecho de propiedad sobre su derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 19 N° 24, en relación al N° 9 del mismo precepto, todos de la Carta Fundamental.

En cuanto a la omisión arbitraria del Comandante en Jefe del Ejército que ha tomado conocimiento de los hechos de acoso laboral y que no han ordenado la instrucción de una investigación sumaria administrativa en averiguación de los hechos, ni ha tomado medidas tendientes a proteger al recurrente que fue y es víctima de acoso laboral, ha visto vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 inciso final de la Carta Magna, además de lo dispuesto en el artículo 19 N° 1, 9 y 24 del mismo cuerpo legal.

En relación con el oficio del Secretario de Estudios número 1500/555, de 31 de mayo de 2017, el cual le fue notificado por carta certificada el día 02 de junio de 2017, señala que ha sufrido la perturbación del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de expresión, además de aquellos contemplados en los numerales 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por todo lo expuesto, solicita tener por interpuesta acción de protección de garantías constitucionales en contra de los recurridos ya individualizados, todos funcionarios del Ejército de Chile, por los cuatro actos emanados y la omisión que se han especificado en esta presentación, solicitando a fin de que se restablezca el imperio del derecho, ordenar la adopción de las siguientes medidas: 1.- Se anule la resolución del Director de la Escuela de Equitación número 1585/8979, de fecha 22 de mayo de 2017, y en su reemplazo se señalen los verdaderos motivos por la cual el Teniente Coronel nombre reservado es incompetente para resolver la investigación sumaria administrativa; 2.- respecto del Oficio del Fiscal de la Investigación Sumaria Administrativa número 1585/8874, de fecha 18 de mayo de 2017: a) se anule la resolución y el procedimiento sumarial por la inhabilidad, incompetencia, infringir la probidad administrativa y haber vulnerado gravemente la reserva del sumario; b) se ordene que la Comisión de Sanidad del Ejército se abstenga de entrar a conocer de la enfermedad que afecta al Cabo 1° nombre reservado, mientras no quede afinado un nuevo sumario en averiguación de las causas que ocasionaron la enfermedad, el cual respete las garantías del debido proceso a través de un procedimiento racional y justo, toda vez que es uno de los pilares fundamentales para un pronunciamiento conforme a derecho de dicha Comisión, teniendo todos los antecedentes del caso; 3.- se anule el procedimiento y la sanción impuesta como medida disciplinaria, en contra del recurrente, adoptada por el Mayor Villarroel, la que a la fecha no ha sido notificada legalmente; 4.- se ordene al Comandante en Jefe del Ejército que disponga una investigación sumaria administrativa, en averiguación de los hechos de acoso laboral que han afectado al mismo recurrente, y como medidas de protección frente a la vulneración de derechos denunciadas, ordenar a la misma autoridad que se disponga su traslado al Sub Centro Médico Militar Quillota, para poder reintegrarse nuevamente a la vida laboral, resguardando su salud e integridad, mientras se resuelve la causa rol T-1106-2016 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y cualquier otra medida que se estime necesaria para resguardar sus derechos; 5.- se anule el acto administrativo consistente en oficio del Secretario de Estudios número 1500/555, de fecha 31 de mayo de 2017; y 6.- se ordene al Comandante en Jefe del Ejército disponer las investigaciones sumarias administrativas en averiguación de: a) la falta de probidad administrativa y otras normarles legales en la tramitación de la ISA del recurrente cometidas por el Teniente Coronel nombre reservado; b) la infracción grave o gravísima a la estricta prohibición de reserva de la investigación sumaria administrativa cometida por el Capitán Cuadra; c) al actuar ilegal y arbitrario del Mayor Villarroel al censurar de manera previa al recurrente, prohibiendo el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de opinión; d) a la responsabilidad administrativa del Teniente Coronel nombre reservado por haber compartido públicamente expresiones en contra de integrantes del Poder Judicial, en que se les injuria y calumnia como prevaricadores, entre otras imputaciones.

A fojas 120 y siguientes, el recurrido Comandante Jefe del Ejército, señala preliminarmente que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario, el actuar del CJE respecto del Oficio CJE. SGE AJ (R) N° 1595/2201, de 27 de marzo de 2017, que remite presentación de 02 de marzo de 2017, que solicita la nulidad de la investigación sumaria administrativa (en adelante ISA) ordenada instruir en la Escuela de Equitación, en averiguación de la enfermedad que lo afecta, ello por estimar que en tal procedimiento se habrían vulnerado sus derechos, incurriéndose además en infracciones a las normas sobre probidad administrativa. En efecto, ante dicha solicitud, la autoridad respondió que se carece de las facultades para pronunciarse sobre procedimientos que, encontrándose en etapa de investigación, deben ser resueltos por las instancias institucionales competentes. Al respecto, hace presente, que la autoridad a la cual está dirigida la presentación antes mencionada, es el Capitán nombre reservado, por lo que el Comandante en Jefe tomó conocimiento de la misma por estar incluido en la distribución del documento (considerado con copia informativa), razón por la cual, y en virtud del principio de inexcusabilidad, estimó necesario hacer presente al peticionario que aquella no era la instancia reglamentaria en la cual podría intervenir la máxima autoridad institucional.

Refiere que, en razón de lo indicado, se dictó, con fecha 27 de marzo de 2017, el Oficio CJE SGE AJ (R) N° 1595/2201, el cual fue puesto en conocimiento del actor con fecha 24 de abril de 2017, según lo que el mismo recurrente señala en el escrito de protección, habiéndose deducido en recurso de protección con fecha 08 de junio de 2017. Lo anterior no hace sino constatar que desde la fecha en que el recurrente ha tomado conocimiento del supuesto acto (omisión) ilegal o arbitrario, Oficio CJE SGE AJ (R) N° 1595/2201, de 27 de marzo 2017, notificado el 24 de abril de 2017, ha transcurrido largamente el plazo de 30 días establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, para la interposición de la presente acción de protección, ya que ésta fue interpuesta a 45 días de habérsele comunicado el acto impugnado.

Agrega que, el acto recurrido es un oficio, notificado al recurrente con fecha 24 de abril de 2017, en que el Comandante en Jefe del Ejército se inhabilita de conocer de un procedimiento administrativo que se encuentra en tramitación, dado que, en su condición de máxima autoridad institucional, es también la última instancia que deberá conocer de la tramitación de dicha ISA, en caso de que se utilice, por parte del recurrente, la vía recursiva que contempla la normativa que regula dicha investigación. Por lo que la omisión que reclama el actor, no tiene la aptitud suficiente para afectar el ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que resultan objeto del recurso de protección, sin perjuicio de que la interposición del presente recurso es extemporánea, por las razones ya expuestas.

Añade que, si bien la referida acción de protección se interpone en contra del Ejército de Chile y en especial en contra del Teniente Coronel nombre reservado, del Secretario de Estudios Mayor nombre reservado, del Capitán nombre reservado, y del Comandante en Jefe General nombre reservado, quienes a juicio de la recurrente, han actuado de manera incorrecta y lesiva a sus derechos, el emplazamiento del recurso resulta erróneo, por cuanto no ha existido respecto del Consejo de Defensa del Estado interpelación alguna, por lo que carece de legitimación pasiva, toda vez que, la representación judicial del Ejército corresponde, en estos casos, al presidente de dicho organismo, debiendo por ello emplazarse a esa autoridad.

En cuanto al fondo del recurso de protección incoado en su contra, informa que el cabo 1° nombre reservado funda la eventual vulneración de sus garantías constitucionales en los problemas a su salud mental y los efectos colaterales que ello conlleva, toda vez que a través de no asignarle funciones y no entregarle herramientas para desarrollar su trabajo, entre otras omisiones señaladas en su recurso, a su juicio, constituirían causales de acoso laboral. Aduce que, el recurrente, haciendo alusión a diversos hechos imputables a las autoridades institucionales recurridas en la presente acción, atribuye concretamente al Comandante en Jefe la omisión arbitraria, consistente en haber tomado conocimiento de los hechos de acoso laboral y no haber ordenado la instrucción de una investigación sumaria administrativa en averiguación de esos sucesos, ni haber tomado medidas tendientes a proteger al recurrente de los actos de acoso laboral.

Hace presente, a modo de contexto, que el Clase, ha presentado licencias médicas de reposo total otorgadas por un médico psiquiatra que se han extendido desde el 02 de mayo de 2016 al 10 septiembre 2016, y posteriormente licencia médica parcial hasta el 02 de octubre de 2016, y nuevamente se otorgó licencia médica total desde 03 octubre de 2016 a la fecha. Producto de lo anterior, y dado el largo periodo de licencias médicas y tratamiento psiquiátrico que afecta al CB1° nombre reservado, es que la autoridad competente, representado por el Director de la Escuela de Equitación del Ejército, ordenó instruir una Investigación Sumaria Administrativa, por medio de resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N° 1585/17763, de fecha 04 de noviembre de 2016, para la averiguación de las causas de la enfermedad del CB1° nombre reservado, en el sentido de si ella es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio. En el contexto de la tramitación de dicho sumario, se emitió el correspondiente dictamen fiscal, que fuera remitido a la autoridad competente -Director de la Escuela de Equitación (Teniente Coronel (TCL) nombre reservado) - para su decisión, autoridad que, con fecha 22 de mayo de 2017, dictó la resolución ESCEQ N°1585/8979, de 22 de mayo de 2017, en virtud de la cual se declara incompetente para resolver la referida ISA médica, en razón a que precisamente, en ese expediente ha declarado como testigo durante la tramitación de la misma, razón por la cual, y en estricta aplicación de las disposiciones de la Ley N°19.880, deriva el expediente a su superior jerárquico para que lo resuelva, representado por el Comandante de la División Educación. Y hace presente que a la fecha, la aludida investigación sumaria instruida en averiguación del origen de la enfermedad del recurrente y si ésta es o no atribuible al servicio, se encuentra aún en tramitación, no existiendo por ello decisión sobre el particular.

Relata, que posteriormente, con fecha 02 de marzo de 2017, encontrándose aún pendiente la tramitación de la investigación sumaria para la averiguación de su patología y si ésta es o no profesional, el recurrente, solicitó al Capitán Cuadra, con copia informativa al CJE, que se declare la nulidad de la antedicha investigación sumaria administrativa en razón a que, a su juicio, deben inhabilitarse de ejercer sus cargos, tanto el fiscal como el secretario de la ISA, por ostentar cargos de menor jerarquía que el TCL nombre reservado, y éste mismo, no puede ser la autoridad que la resuelva, ya que el recurrente lo ha sindicado como uno de los responsables en el empeoramiento de su estado de salud. Asimismo, solicita que se instruya una investigación sumaria administrativa, para la averiguación de supuestos hechos constitutivos de acoso laboral.

Expone que, en razón de la copia informativa recibida por el recurrido, dicha autoridad tomó conocimiento de una petición del CB1° nombre reservado, respondiéndola mediante oficio GTE SGE AJ (R) 1595/2201, de 27 de marzo de 2017, a través de la cual se comunicó al Director de la Escuela de Equitación, que el CJE carece de facultades legales para pronunciarse sobre procesos que encontrándose en etapa de investigación, deben ser resueltos por las instancias institucionales competentes. Y hace presente que se ha dado cumplimiento a la normativa sectorial que rige la materia, en cuanto a que se ha dispuesto una investigación sumaria administrativa para la averiguación de la enfermedad del CB1° nombre reservado, por la autoridad competente para disponerla, la que se ha inhabilitado de conocer por las causas legales que se exponen y que a la fecha no se encuentra resuelto dicho procedimiento administrativo, por lo que no se puede exigir una intervención de la máxima autoridad institucional en este punto, ya que se deben respetar las esferas de competencia de cada una de las autoridades institucionales que deben conocer de este asunto, estando reservado para el CJE, la última instancia de revisión, por lo que pronunciarse en este punto resultaba improcedente.

En cuanto al régimen jurídico aplicable, señala que la materia se encuentra regulada en el Decreto N°277 de 1974 del Ministerio de Defensa, norma que establece el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas. Dicho cuerpo reglamentario, en su artículo 98, establece que "…en la substanciación de Investigaciones Sumarias Administrativas por éste y enfermedades profesionales, deberá siempre solicitarse informe a la respectiva Comisión de Sanidad…”. A su vez, el artículo 232 del DFL (G) N°1 de 1997 del Ministerio de Defensa "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", prescribe que "…todos los accidentes ocurridos en acto del servicio, como las enfermedades derivadas de éste y las enfermedades profesionales, se verificarán previa instrucción de una investigación sumaria administrativa dispuesta por la autoridad competente, la que se tramitará conforme con lo dispuesto en la reglamentación vigente…". Indica que, en aplicación estricta de todas las normas citadas, se dictó la resolución ESCFQ DIRECCIÓN (R) N° 1585/17763 de fecha 04 de noviembre de 2016 que dispuso la instrucción de una ISA para la averiguación de las causas de la enfermedad del CB1° nombre reservado, si es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio. En el evento que se llegue a determinar que la enfermedad del CB1° nombre reservado sea profesional, se podrá incoar otro proceso administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de quienes resulten responsables en el origen de sus patologías. Considerando lo anterior, corresponde que se pronuncie la Comisión de Sanidad respectiva, entidad técnica que debe revisar los antecedentes clínicos del actor, dado su carácter especializado, para que posteriormente declare, eventualmente, su vinculación con el servicio, de acuerdo a las diligencias que consten en la investigación.

En otro orden, refiere que el actor, pretende por esta vía impugnar el procedimiento sumario incoado para la averiguación de su patología, sobre si ésta tiene su origen en actos atribuibles al servicio, a través de solicitar que por esta vía se declare ilegal y arbitrario el actuar del Comandante en Jefe, al omitir la resolución que ordena instruir una ISA para la averiguación de los hechos supuestamente constitutivos de acoso laboral. Por esta vía, el actor, busca desnaturalizar la finalidad de acción de protección, ya que en el petitorio solicita que se deje sin efecto la ISA ya incoada por el Ejército, y que la Comisión de Sanidad del Ejército se abstenga de evaluarlo mientras se encuentre pendiente la tramitación de la ISA que investigue sus denuncias de acoso laboral, circunstancias que no se relacionan con el hecho alegado, cual es la omisión del Comandante en Jefe, de ordenar se investigue los hechos constitutivos de acoso, ya que, desde un punto de vista lógico, se debe esclarecer primero si la enfermedad es atribuible al servicio, y una vez resuelta tal relación causal, se deberán determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Indica que la acción constitucional, no es la vía idónea para dejar sin efecto resoluciones administrativas, dictadas en un procedimiento realizado en conformidad a la normativa legal vigente y en que se pronuncia sobre una cuestión de fondo. Así, las alegaciones deducidas, no corresponden a una materia que concierna ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre por cuanto lo que se persigue por la recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto una resolución dictada en un procedimiento de carácter administrativo, consistente en la aplicación de una sanción disciplinaria, como es en este caso el licenciamiento del servicio, y que se priven de sus efectos actos trámites o preparatorios consistentes en la elaboración y notificación de documentación que da origen al procedimiento de retiro.

En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 19 N°1 referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indica que el recurrente no señala cómo en la especie se vulnera esta garantía, no entregando elementos de juicio, en virtud de los cuales se pueda explicar la forma, en que la omisión de esta autoridad pueda producir dicha vulneración. Y añade que la institución ha dado cumplimento a la normativa legal para la averiguación de las causas de su enfermedad, así como ha respetado sus licencias médicas, que suman a la fecha un descanso que sobrepasa el año.

En lo referido a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, respecto a la igualdad ante la ley, indica que al actor le asistió el derecho a que los procedimientos legales, se le aplicaran sobre la base de la existencia efectiva de los hechos o requisitos para el caso concreto, y no de acuerdo a la interpretación libre y antojadiza que se hubiese permitido el mando. En ese sentido, el actor no sufrió ninguna vulneración en sus derechos, dado que se le aplicó el procedimiento de licenciamiento del servicio, establecido por normativa legal, de carácter general y vigente a la fecha.

Respecto a la vulneración del artículo 19 N° 24, en relación al N° 9 de la misma norma legal, se señala que el derecho protegido por el recurso de protección es aquel del artículo 19 N° 9 inciso final, vale decir, la libertad para elegir el sistema de salud, cuestión que en este caso de manera alguna se ha conculcado.

Por último, sostiene que en la especie se ha verificado una actuación institucional que se conforma al ordenamiento vigente, por lo que las alegaciones efectuadas por el recurrente no permiten dar por establecida la existencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal que vulnere sus derechos fundamentales, pretendiendo más bien el CB1° nombre reservado, que el órgano jurisdiccional se avoque al conocimiento y fallo del fondo de su situación institucional, motivos por los cuales corresponde que el recurso de protección deducido sea desestimado.

A fojas 153, el recurrido, Mayor nombre reservado, alega, preliminarmente, la falta de legitimidad pasiva en los mismos términos indicados por el recurrido Comandante en Jefe del Ejército. En cuanto al fondo, informa que mediante oficio ESCEQ SECEST (R) N° 1000/12331, de 26 de mayo de 2017, se resolvió sancionar al recurrente "con tres días de arresto, sin servicio, por incluir como destinatarios en una carta de su autoría, de fecha 29 de marzo de 2017, a mandos jerárquicamente superiores a su Calificador Directo, como es el Director de la Escuela de Equitación, Jefe de Institutos de la División Educación, al Comandante de la División Educación, al Comandante del Comando de Educación y Doctrina, al Jefe del Estado Mayor General del Ejército y al Comandante en Jefe del Ejército, sin observar el Conducto Regular que la reglamentación del Ejército establece. Resolución que se adoptó teniendo en cuenta que con fecha 29 de marzo de 2017, el CB1° nombre reservado, solicita al Director de la Escuela de Equitación, que se declare la incompetencia e inhabilidad del fiscal como del secretario de dicho sumario. En dicha oportunidad, solicita también que se instruya una investigación sumaria, para determinar la responsabilidad de aquellos funcionarios que han realizado acciones y/u omisiones que pudiesen constituir acoso laboral".

Agrega que, mediante oficio ESCEQ SECEST (R) N° 1500/455, de 17 de mayo de 2017, se solicitó al CB1° nombre reservado, informe por escrito, acerca del hecho de haber remitido la anterior solicitud al Director de la Escuela de Equitación, sin respetar el conducto regular, al no haber solicitado la autorización correspondiente a esta autoridad. Asimismo, se le requirió indicar los motivos por los cuales solicitó información sin dar cumplimiento al conducto regular. Dicho oficio fue notificado, mediante carta certificada, de fecha 22 de mayo de 2017 y recibida el 25 del mismo mes y año, en la que el CB1° nombre reservado, remite su respuesta a la solicitud de informe, no dando explicación alguna en cuanto al hecho de no haber cumplido con el conducto regular, señalando solamente ser víctima de un supuesto acoso laboral y aludiendo a la negativa de la entrega de información solicitada al Ejército. Señala, además, una serie de situaciones que no se condicen con la solicitud de informe, como el hecho de haber concurrido ante la Contraloría General de la República, indicando que dichas situaciones se avalarían en el derecho de petición, consagrado constitucionalmente. Por ello, habiéndose constatado una infracción disciplinaria, hecho respecto del cual se dio traslado al recurrente para que efectuara sus descargos, sin que éste haya indicado el motivo concreto y las razones de su actuar, se estimó que el CB1° nombre reservado, habría incurrido en la infracción en atención a que en dicha solicitud no consideró al recurrido (su calificador directo) en la distribución de su carta de fecha 29 de marzo de 2017, por lo que se estimó que el citado clase incumplió su obligación de respetar el "Conducto Regular", en los términos establecidos en el artículo 4, del DFL N° 911, "Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas", toda vez que, acorde lo establece esa misma disposición, debió haber entregado al suscrito el documento para que se elevara al escalón Superior o, solicitar autorización para efectuar una presentación, situaciones que no materializó, por lo que se procedió a la aplicación del castigo disciplinario respectivo, ya que se habían configurado en la práctica los supuestos de hecho del artículo 33 y 35 del referido reglamento.

Agrega que, la mencionada resolución fue notificada personalmente al recurrente, ya que él concurrió voluntariamente a la Escuela de Equitación, el día 26 de mayo de 2017, como relata el mismo en el libelo de su recurso, donde señala que fue conducido con engaños a su oficina y que la decisión de sancionarlo ya estaba tomada sin haberlo oído previamente, situación que no se condice con lo señalado anteriormente, ya que con fecha 17 de mayo del presente año, se le solicitó informar de la situación, al haber incumplido el conducto regular, informe que evacuó el día 25 de mayo de 2017. Por tanto, se dio estricto cumplimiento a la normativa y fue oído y ponderado su informe antes de aplicársele la sanción correspondiente, siendo la notificación efectuada ajustada a derecho.

Hace presente que en la sanción aplicada al CB1° nombre reservado, no se le reprocha el hecho de concurrir a la Contraloría General de la República, ni el hecho de solicitar documentación, sino que se le castiga por la presentación del 29 de marzo de 2017, la que fue dirigida al Director de la Escuela de Equitación e incluyendo en su distribución a una serie de autoridades militares, incluida la máxima autoridad institucional. En dicha carta se hacen mención a dos objetos; el primero "informa situación y solicita respuesta del fiscal y secretario respecto de la inhabilidad e incompetencia que les afecta y a la autoridad que ordenó la sustanciación y debe resolver la ISA respecto a su falta de implicancia y falta de probidad" y el segundo "reiterar la solicitud de investigación sumaria administrativa para determinar la responsabilidad de aquellos funcionarios que han realizado acciones y/u omisiones que pudiesen constituir acoso laboral en contra del cabo 1° nombre reservado".

Agrega que, no se puede vislumbrar la infracción al debido proceso alegada por el recurrente, sobre todo si se considera, que respecto de las sanciones el Reglamento de Disciplina contempla los recursos de reclamación y apelación de dichas medidas, ninguno de los cuáles fue ejercido por el recurrente. Se estima con ello que el recurrente pretende hacer pervivir una situación disciplinaria ya agotada. Busca por esta vía impugnar dicha sanción, no habiendo utilizado las instancias administrativas contempladas para estas situaciones.

Luego indica que la sanción impuesta al CB1° nombre reservado tiene su fundamento en la facultad establecida en el artículo 35 inciso primero del Reglamento de Disciplina, que permite castigar sin la instrucción de una investigación sumaria administrativa, cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o la propia confesión del inculpado, situación que acontece en autos. Y en lo que respecta al mérito de los elementos de convicción, se advierte que es un aspecto que es apreciado en forma exclusiva por la autoridad institucional que ejerce la potestad disciplinaria, por tanto, la ponderación de los sucesos y la evaluación de la gravedad de las faltas cometidas y por ende la determinación del castigo aplicable, corresponde a las jefaturas de la institución, sin que ello pueda implicar una arbitrariedad.

Señala que la solicitud de autorización del CB1° nombre reservado, se refiere a hechos genéricos, que pretenden hacer públicas denuncias contra integrantes del Ejército, sin que éstas hayan sido resueltas por los organismos pertinentes, como él mismo reconoce. En ese sentido, destaca la imprecisión del requerimiento, sin designar el medio de comunicación en el cual presentará sus descargos, quiénes serán objeto de sus denuncias, ni a los hechos los que hará alusión, por lo que, se estimó no dar curso a la autorización fundado en que el citado Clase se encuentra involucrado en procesos judiciales y administrativos pendientes y además que el recurrente es un integrante activo del Ejército de Chile, por lo que debe someter su actuar a las reglas de obediencia y de jerarquía que rigen la función militar. En este sentido se debe ajustar a la Política Comunicacional, que es el documento doctrinario que posee la institución para el quehacer comunicacional, que entrega un conjunto de principios y orientaciones, generales y específicos, que enmarcada en la Doctrina institucional y guiada por los intereses y necesidades del Ejército, estructura y sistematiza, da coherencia y establece procedimientos de comunicación corporativa tanto a nivel interno como externo.

Así, las alegaciones deducidas, no corresponden a una materia que concierna ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre por cuanto lo que se persigue por la recurrente al accionar por esta vía es que invalide una sanción válidamente impuesta al recurrente.

En lo referido a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 1, referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indica que la sanción aplicada se ajustó a derecho y respecto de ella no ejerció las vías de impugnación contempladas en el ordenamiento jurídico, por lo que busca generar una nueva instancia de impugnación a través de esta acción de protección.

En cuanto al artículo 19 N° 24 en relación al N° 9 de la Constitución Política, señala que el derecho protegido por el recurso de protección es aquel del artículo 19 N° 9, inciso final, vale decir, la libertad para elegir el sistema de salud, cuestión que en este caso de manera alguna se ha conculcado. En efecto, la situación por la cual reclama el CB1° nombre reservado respecto de este acto impugnado -sanción administrativa y negación de autorización- no se encuentra en forma alguna incluido en el catálogo de derechos protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política.

En relación a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 2 y N° 12 referido a la igualdad ante la ley, y derecho a la libertad de expresión acota que debe estarse a lo señalado en el presente informe, donde se indica que efectivamente existen autoridades institucionales que han dado entrevistas, pero aquellas están determinadas en las políticas comunicacionales del Ejército, a fin de entregar la versión oficial de esta institución en determinados asuntos, por lo que las situaciones a la que hace alusión el recurrente corresponden a situaciones diversas, en razón de lo cual no se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley. Del mismo modo, tampoco se ha censurado su opinión, ya que el recurrente puede expresar sus opiniones personales, sin perjuicio de ello, debe someterse al especial régimen disciplinario que lo rige al ser miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que para los asuntos del servicio, debe estarse a lo dispuesto en dicho régimen.

A fojas 173, el recurrido Capitán nombre reservado, invoca, en primer término, la falta de legitimidad pasiva en los mismos términos indicados por el recurrido Comandante en Jefe del Ejército. En cuanto al fondo, informa que el recurrente ha presentado licencias médicas de reposo total otorgadas por un médico psiquiatra y que producto de lo anterior, y dado el largo periodo de las mismas, así como del tratamiento psiquiátrico que afecta al CB1° nombre reservado, es que la autoridad competente, representada por el Director de la Escuela de Equitación del Ejército, ordenó instruir una investigación sumaria administrativa, por medio de resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N 1585/17763, de fecha 04 de noviembre de 2016, para la averiguación de las causas de la enfermedad del recurrente, si es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio, siendo este Oficial nombrado como fiscal de la misma.

Indica que la instrucción del sumario referido constituye la aplicación de las normas generales existentes en el Ejército, ya que ello representa el cumplimiento de la Orden de Comando CJE EMGE DSE DEPTO II (R) N° 3756/119, de 03 FEB 2015, que establece en su numeral 3 del orden, subnumeral 1), letra f), (1) una clasificación de patologías psiquiátricas de bajo y alto riesgo y, en virtud de ello, contempla en el subnumeral 3) ''Seguimiento y evolución", letra c) que, transcurrido el sexto mes de tratamiento, se deberá siempre solicitar o disponer por el Comandante de la Unidad a la que pertenezca el personal afectado, la sustanciación de una investigación sumaria administrativa para determinar si la enfermedad es o no profesional y si fue adquirida o no a consecuencia de un acto determinado del servicio. En aquellos casos que la enfermedad sea de gravedad o se considere como irrecuperable, no se requiere esperar hasta el sexto mes de tratamiento para instruir el procedimiento investigativo, sino que puede iniciarse apenas se disponga de los antecedentes clínicos suficientes para tal efecto.

Refiere que, en el contexto de la tramitación de dicho sumario y en estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que regulan su tramitan (DFL 910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias para las Fuerzas Armadas), se emitió el correspondiente dictamen fiscal contenido en el acto recurrido ESCEQC FISCOM N° 1585/8874, de 18 MAY 2017. Dicho dictamen, en aplicación también de las disposiciones del referido Reglamento, fue remitido al Director de la Escuela de Equitación, para su aprobación o rechazo. Ante lo cual la autoridad correspondiente -Director de la Escuela de Equitación-, dictó la resolución ESCEQ N° 1585/8979, de 22 de mayo de 2017, en virtud de la cual se declaró incompetente para resolver la referida ISA médica, en razón haber declarado como testigo durante la tramitación de la misma, razón por la que derivó el expediente a su superior jerárquico para que lo resolviera, representado por el Comandante de la División Educación. Hace presente que a la fecha, la aludida investigación sumaria instruida en averiguación del origen de la enfermedad del recurrente y si ésta es o no atribuible al servicio, se encuentra aún en tramitación, no existiendo por ello decisión sobre el particular.

Refiere que el recurrente sostiene que él debió declararse incompetente e inhábil, en razón a que ha sindicado a oficiales más antiguos como responsables de acciones de acoso laboral en su contra y, en consecuencia, no debió dictar el citado dictamen fiscal. Alega que, el recurrente en su presentación indica que la parcialidad y falta de probidad de dicho Oficial, queda demostrada con la dictación del oficio ESCEQ FISCOM N° 1585/6632, de 03 ABR 2017, en el cual, a su juicio, divulgó información de actuaciones del sumario al Mayor Villarroel, al remitirle copia de la carta de 29 de marzo de 2017, en la cual el recurrente solicita al Director de la Escuela de Equitación, se declare la inhabilidad del recurrido y se instruya un nuevo procedimiento administrativo para la averiguación de las eventuales acciones de acoso laboral que él mismo señala, con lo cual se habría vulnerado el artículo 14 del DFL N°910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas”, pero la actuación indicada se refiere a actuaciones y diligencias requeridas por el recurrente y que no dicen relación con el objeto de la investigación en trámite, razón por la cual quedaban al margen de la norma relativa a la reserva del sumario en curso.

Añade que la institución, mediante la Orden de Comando CJE EMGE DSE DEPTO II (R) N° 3756/119, de 03 de febrero de 2015, estableció un procedimiento administrativo interno de aplicación general para el personal afecto a problemas de salud mental, reglamentando la forma en que los integrantes de la institución que sufran de ese tipo de patologías sean evaluados por los órganos competencialmente facultados para determinar y examinar la salud y aptitud de los miembros de la entidad castrense. Y en ese contexto se dictó la resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N° 1585/17763, de fecha 04 de noviembre de 2016, que dispuso la instrucción de una ISA para la averiguación de las causas de la enfermedad del CB1° nombre reservado, si es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio. Se debe tener presente que el objeto de la presente investigación es la averiguación de las causas de la enfermedad que padece el recurrente.

Sostiene que respecto de la infracción que se le imputa en su calidad de fiscal del sumario, asevera que ello no es así, debido a que el sumario en trámite persigue determinar si las patologías que afectan al recurrente dicen relación con el servicio, no correspondiendo por ello a investigaciones que persigan responsabilidades administrativas, no es posible configurar la causal de inhabilidad del artículo 8 del DFL 910 "Reglamento de ISA" que establece el fiscal deberá declararse incompetente si durante la tramitación de la investigación aparecieran hechos en los que aparezca afectado o inculpado un oficial más antiguo, por lo que no es posible atender a las pretensiones del recurrente, que exigen que ese fiscal se inhabilite en virtud de la antes citada normativa, ya que de los antecedentes tenidos a la vista en la ISA, sólo consta la declaración del CB1° nombre reservado, sindicando al TCL nombre reservado como responsable de actos de acoso laboral, aspecto diverso a lo investigado. En razón de ello y de esa sola situación, no se podría establecer la posibilidad de inculparlo en esta investigación. Situación por la cual puntualiza que se ha dado cumplimento a la normativa que rige la materia, habiéndose respetado el debido proceso en la tramitación de esta investigación sumaria administrativa.

Añade que la situación antes mencionada fue debidamente informada al recurrente, a través de oficio ESCEQ DIRECCIÓN (R) N°1585/6642, de 11 de abril de 2017, en que el Director de la Escuela de Equitación, en respuesta a su carta de 29 de marzo de 2017, le informó al recurrente que dicha fiscalía en comisión había obrado con rectitud, probidad e imparcialidad, y por sobre todo en beneficio de dar respuesta a las interrogantes por las cuales se ordenó instruir la investigación en comento, buscando complementar los informes médicos respectivos, con la mayor cantidad de elementos de juicio, con tal de tener a la vista los antecedentes que permitan un correcto dictamen fiscal.

Precisa que, como todo acto administrativo, su actuación como fiscal en comisión, puede ser impugnado por el procedimiento administrativo especial contemplado por la normativa que rige al efecto, por lo que sólo resulta posible inferir que el recurrente intenta desvirtuar el objeto asignado por el legislador a esta acción cautelar, intentando configurar respecto del informante falsas vulneraciones y derechos a garantías consagradas constitucionalmente. Tampoco podría pretenderse que este tribunal califique en la situación referida la eventual violación del secreto de sumario, ya que dicha determinación implicaría un análisis de fondo, las que exceden del objeto de esta acción, ya que la acción constitucional de protección en ningún caso puede ser empleada para impugnar actuaciones entregadas por el ordenamiento jurídico a una determinada autoridad pública, legítimamente ejercidas por ésta, ni tampoco para discutir aspectos de interpretación jurídica, ni menos para obtener juicios declarativos.

En lo referido a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 1, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indica que actualmente se encuentra en tramitación una investigación sumaria administrativa para averiguar si la enfermedad que padece, puede ser o no atribuible al servicio. De ello resulta que existen pendientes todas las instancias tendientes para que el recurrente haga sus reclamaciones y que no le resulta posible entender de qué manera en su calidad de fiscal en comisión, respetando los procedimientos administrativos en curso, pueda afectar el derechos a la vida del recurrente, ni menos su integridad física ni psíquica.

En cuanto al artículo 19 N° 24 en relación al N° 9 de la Constitución Política, señala que el derecho protegido por el recurso de protección es aquel del artículo 19 N°9 inciso final, vale decir, la libertad para elegir el sistema de salud, cuestión que en este caso de manera alguna se ha conculcado.

Finalmente sostiene que la situación por la cual reclama el CB1° nombre reservado respecto del acto impugnado, dictación de dictamen fiscal, no se encuentra en forma alguna incluido en el catálogo de derechos protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política.

Respecto de la vulneración del derecho garantizado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, expresa que dicha aseveración debe ser desestimada de plano, ya que se aleja de manera diametral de la existencia de falta en la tramitación de la investigación sumaria en curso. En efecto, todo integrante de la Administración del Estado, incluidos aquellos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas, se encuentran afectos a un especial estatuto, que exige, como se explicó precedentemente, en casos de enfermedades psiquiátricas prologadas, la instrucción del sumario respectivo y pretender que los supuestos vicios en la tramitación de dicha investigación sumaria podrían afectar la honra y buena fama, no hace sino graficar cómo desnaturaliza el fin de esta acción de protección, pues la verdadera intención del recurrente es impugnar una investigación en curso, a fin de obtener los resultados por él esperados.

A fojas 228, el Teniente Coronel nombre reservado, invoca, en primer término, la falta de legitimidad pasiva en los mismos términos indicados por el recurrido Comandante en Jefe del Ejército. En cuanto al fondo del recurso incoado en su contra, informa que asumió el mando de la Escuela de Equitación el 02 de enero de 2017 y hace presente que el recurrente, ha presentado licencias médicas de reposo total otorgadas por un médico psiquiatra que se han extendido desde el 02 de mayo de 2016 al 10 de septiembre de 2016, licencia médica parcial entre el 11 de septiembre de 2016 hasta el 02 de octubre de 2016, y licencia médica con reposo total desde el 03 de octubre de 2016 a la fecha. Producto de lo anterior, y dado el largo periodo de licencias médicas y tratamiento psiquiátrico que afecta al CB1° nombre reservado, es que la autoridad competente, representada por el Director de la Escuela de Equitación del Ejército, ordenó instruir una investigación sumaria administrativa, por medio de resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N 1585/17763, de fecha 04 de noviembre de 2016, para la averiguación de las causas de la enfermedad del recurrente, si es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio, correspondiendo al informante asumir la calidad de fiscal de la misma.

Indica que la instrucción del sumario referido constituye la aplicación de las normas generales existentes en el Ejército ya que ello representa el cumplimiento de la Orden de Comando CJE EMGE DSE DEPTO II (R) N° 3756/119, de 03 FEB 2015, que establece en su numeral 3 del ordeno, subnumeral 1), letra f), (1) una clasificación de patologías psiquiátricas de bajo y alto riesgo y, en virtud de ello, contempla en el subnumeral 3) ''Seguimiento y evolución", letra c) que, transcurrido el sexto mes de tratamiento, se deberá siempre solicitar o disponer por el Comandante de la Unidad a la que pertenezca el personal afectado, la sustanciación de una investigación sumaria administrativa para determinar si la enfermedad es o no profesional y si fue adquirida o no a consecuencia de un acto determinado del servicio. En aquellos casos que la enfermedad sea de gravedad o se considere como irrecuperable, no se requiere esperar hasta el sexto mes de tratamiento para instruir el procedimiento investigativo, sino que puede iniciarse apenas se disponga de los antecedentes clínicos suficientes para tal efecto.

Refiere que las actuaciones reprochadas por el recurrente a ese Director, dicen relación con aspectos propios de la tramitación de una investigación sumaria administrativa instruida en averiguación de las patologías que sufriría el CB1° nombre reservado y si éstas derivan del servicio y en aplicación estricta de todas las normas correspondientes, se dictó la resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N° 1585/17763, de fecha 04 de noviembre de 2016, que dispuso la instrucción de una ISA para la averiguación de las causas de la enfermedad del CB1° nombre reservado, si es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto del servicio. Dicho procedimiento, a la fecha en tramitación, a la espera que la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto. En el evento que se llegue a determinar que la enfermedad del CB1° nombre reservado es profesional, se podrá incoar otro proceso administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de quienes resulten responsables en el origen de sus patologías.

Expresa que considerando lo anterior, corresponde que se pronuncie la Comisión de Sanidad respectiva, entidad técnica que debe revisar los antecedentes clínicos del actor, dado su carácter especializado, para que posteriormente declare, eventualmente, su vinculación con el servicio, de acuerdo a las diligencias que consten en la investigación. Producto de lo anterior, por medio de resolución ESCEQ DIRECCIÓN (R) N° 1585/8979, de 22 de mayo de 2017, se declaró inhábil para resolver de la ISA, en razón a que había declarado en ella en calidad de testigo y conforme a lo prescrito en el artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en cuyo caso, deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta, no obstante, el inciso 3° del artículo 12 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado -que regula el principio de abstención-, previene que la actuación de autoridades y funcionarios de la Administración, en los que concurran motivos de abstención, no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, agregando, en el inciso 4°, que la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

Agrega que, por lo ya expuesto y habiéndose respetado el debido proceso en la tramitación de esta investigación sumaria, dando debido resguardo al principio de imparcialidad, tanto es así, que dicha autoridad se ha inhabilitado de su resolución, justamente para no entorpecer dicho principio, ya que al haber declarado como testigo en la investigación, ha participado en la etapa investigativa, razón por la cual ha resuelto inhabilitarse en la etapa resolutiva.

Hace presente que previo a tal resolución, con fecha 29 de marzo de 2017, el CB1° nombre reservado, le solicitó que se declare la incompetencia e inhabilidad del fiscal como del secretario de dicho sumario. A dicha presentación se le respondió, por oficio ESCEQ DIRECCIÓN domicilio reservado, de 11 abril de 2017, indicándosele que las diligencias practicadas por la Fiscalía en Comisión, han sido desarrolladas en cumplimiento a la reglamentación vigente, obrando con rectitud, probidad e imparcialidad y por sobre todo en beneficio de dar respuesta a las interrogantes por las cuales se ordenó instruir la investigación en comento. En dicha oportunidad solicitó también el actor se instruyera una investigación sumaria, haciendo alusión a hechos genéricos y que debió tomar conocimiento a raíz de la presentación de la acción de tutela laboral en sede judicial, ante lo cual dicha autoridad estimó que de los antecedentes aportados por su persona, y que ha podido tener a la vista, no constituyen acoso laboral, no siendo procedente la instrucción de la ISA al respecto.

Manifiesta que el recurrente se presentó a la unidad, el día 19 de febrero de 2016, ingresando al parte de enfermos, con fecha 30 de marzo de 2016, acumulando a la fecha más de 15 meses de licencias médicas, por lo tanto, difícilmente se puede aludir a un acoso laboral, considerando que los mandos de la unidad no han tenido una relación laboral estable con el clase. Y a mayor abundamiento, sostiene que las acciones descritas como acoso laboral por la parte recurrente, dicha institución informa que en ninguno de los casos el CB1° nombre reservado logró probar la intención de causar daño, por parte del Ejército, ni el cumplimiento de los requisitos que logren dar lugar a la figura del acoso laboral, puesto que se limita a realizar acusaciones de tipo genéricas de hostigamiento, sin un fundamento normativo, ni medio probatorio alguno constitutivas a su parecer de acoso laboral, siendo que las medidas dispuestas por los mandos fueron tomadas dentro de las atribuciones conferidas por la normativa castrense, las que, además, están siendo conocidas en sede laboral en la causa tutela laboral, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT 1106-2016.

Indica que por las razones antes expuestas y por ser una facultad privativa de la administración activa, es que no se ha dispuesto, hasta la fecha la instrucción de una investigación sumaria solicitada por el recurrente, lo que no ha satisfecho al recurrente, el que sostiene que sus pretensiones no han sido atendidas y hace presente, que al no ver satisfechas sus pretensiones, el recurrente presentó una denuncia ante el Ministerio Público en su contra, por hechos que pudiesen constituir el delito de prevaricación administrativa, situación que el mismo señala en su recurso, la que es llevada en la Fiscalía Local de Quillota, y que se encuentra archivada temporalmente por falta de antecedentes. Ante la falta de dichos antecedentes, señala él mismo, es que no ha presentado tales antecedentes a la espera de lo que se resuelva en su causa de tutela laboral, a pesar que no se relacionan entre sí, y que denotan que el recurrente trata de enmarañar todas las situaciones a fin de obtener el resultado por él esperado.

Indica que el actor, pretende por esta vía "se anule la resolución impugnada y en su reemplazo se señalen los verdaderos motivos por los cuáles el Teniente Coronel nombre reservado es incompetente para resolver la ISA, esto es, por haber contravenido el principio de probidad administrativa del artículo 64 numeral 6 de la ley 18.575, principio de imparcialidad y de abstención artículos 11 y 12 numerales 1 y 4 de la ley 19.880 y haberse pronunciado anticipadamente mientras se tramitaba la ISA, buscando desnaturalizar la finalidad de acción de protección, solicitando, que una autoridad señale como causales de inhabilidad aquellas que él estima procedentes y no las esgrimidas por la autoridad, por lo que la acción constitucional, no es la vía idónea para dejar sin efecto resoluciones administrativas, dictadas en un procedimiento realizado en conformidad a la normativa legal vigente.

En lo referido a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 1, referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indica que actualmente se encuentra en tramitación una investigación sumaria administrativa para averiguar si la enfermedad que padece, puede ser o no atribuible al servicio. De ello resulta que existen pendientes todas las instancias tendientes para que el recurrente haga sus reclamaciones, por lo que no resulta posible entender de qué manera dicho Director de la Escuela de Equitación, respetando los procedimientos administrativos en curso, pueda afectar el derecho a la vida del recurrente, ni menos su integridad física ni psíquica, considerando además que se ha inhabilitado de resolver de la ISA, por haber declarado en ella como testigo.

En cuanto al artículo 19 N°24 en relación al N° 9 de la Constitución Política, reitera el recurrente que con el acto recurrido en análisis, se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, específicamente sobre los Derechos Humanos y de manera concreta, el derecho a la protección de salud (N°9), pero el derecho protegido por el recurso de protección es aquel del artículo 19 N° 9 inciso final, vale decir, la libertad para elegir el sistema de salud, cuestión que en este caso de manera alguna se ha conculcado, puesto que el recurso de protección sólo protege la privación, perturbación o amenaza del inciso final del numeral 9°, aspecto que de modo alguno ha sido vulnerado en la especie, razón por la cual el derecho esgrimido, en este caso, no se encuentra cubierto por la acción cautelar sub lite.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la extemporaneidad de la acción intentada:

PRIMERO: Que el recurrido, Comandante en Jefe del Ejército, señor nombre reservado, en su respuesta de fs. 120 y siguientes, señala que la acción de protección intentada por el recurrente es extemporánea, en cuanto dice relación con el Oficio CJE. SGE AJ (R) N° 1595/2201, de 27 de marzo de 2017, en atención a que es el propio actor quien reconoce, en el libelo de fs. 60, que dicho documento le fue puesto en su conocimiento, con fecha 24 de abril de 2017, por lo cual, y habiéndose deducido la acción de protección de que se trata, con fecha 8 de junio de 2017, habría transcurrido con creces el plazo de 30 días, establecido en el N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, de la Excma. Corte Suprema.

SEGUNDO: Teniendo presente la efectividad de lo señalado por el recurrido, en el sentido que es el propio actor quien, a fs. 70 vta., apartado tercero, de su libelo, reconoce haber tomado conocimiento de la omisión en que habría incurrido aquél, consistente en no haber emitido pronunciamiento respecto de la solicitud del recurrente de incoarse una investigación sumaria administrativa destinada a esclarecer conductas de acoso laboral desplegadas en su contra, por parte de algunos de sus superiores jerárquicos, no cabe sino acoger la alegación de extemporaneidad de la acción cautelar de garantías constitucionales que se ha dirigido en su contra, motivo por el cual se desestimará la misma, según se dirá en lo resolutivo.

II. En cuanto a la falta de legitimidad pasiva:

TERCERO: Que todos los recurridos, en tanto miembros activos del Ejército de Chile, invocaron su falta de legitimidad pasiva para ser emplazados de la presente acción de protección, desde que la representación judicial de la aludida institución corresponde en estos casos al Consejo de Defensa del Estado.

CUARTO: Sin perjuicio de la representación que pueda asumir el Consejo de Defensa del Estado en los recursos de protección que se interpongan en contra de agentes o funcionarios públicos -cual es el caso de los recurridos- en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°, numeral 7, de la Ley Orgánica del aludido organismo, no debe perderse de vista que la acción cautelar de que tratan estos autos es un medio de impugnación de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, previstas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, y que requieren de la adopción de medidas urgentes para subsanar tal transgresión. Consecuente con esta idea, el procedimiento previsto para hacer valer esta acción es desformalizado, bastando para admitirla a tramitación que haya sido deducida dentro de plazo y que el libelo respectivo indique los hechos constitutivos de tal vulneración.

En este escenario, no es dable exigir al actor el cumplimiento de otras ritualidades, por lo que, habiéndose dirigido la presente acción de protección en contra de quienes aparecen como los autores de los actos u omisiones presuntamente vulneratorios de las garantías constitucionales de las que reclama el recurrente, la falta de legitimidad pasiva denunciada por los recurridos debe ser desestimada.

III. En cuanto al fondo:

QUINTO: Que, por presentación de fs. 60, comparece don nombre reservado, Cabo 1° del Ejército de Chile, quien supone haber visto vulneradas las garantías constitucionales aludidas en tal libelo, por los actos que extensamente detalla en el cuerpo de este último, los que atribuye a sus superiores aquí recurridos, consistentes, en síntesis, en:

a) la resolución ESCEQ DIRECCION domicilio reservado, adoptada el 22 de mayo de 2017, en mérito de la cual el Teniente Coronel, don nombre reservado, en su calidad de Director de la Escuela de Equitación del Ejército de Chile, declara su incompetencia para resolver la investigación sumaria administrativa, a través de la cual se pretende determinar la causal de la enfermedad que afecta al recurrente, en el sentido de si ésta es o no profesional, y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto determinado del servicio o con ocasión de éste;

b) el oficio recaído en la Investigación Sumaria Administrativa número 1585/8874, de fecha 18 de mayo de 2017, en que el Capitán nombre reservado, Fiscal de la misma, informa el cierre de la investigación que se instruyó para determinar la causal de la enfermedad que afecta al recurrente, en el sentido si ésta es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto determinado del servicio o con ocasión de éste, elevando el expediente sumarial para la resolución definitiva;

c) la resolución de medida disciplinaria en su contra, adoptada el 26 de mayo de 2017, por el recurrido, Mayor nombre reservado, Secretario de Estudios de la Escuela de Equitación del Ejército de Chile, del cual fue notificado, con fecha 19 de mayo de 2017, y, d) el oficio del Secretario de Estudios N° 1500/555, de 31 de mayo de 2017, por el cual se le niega su derecho a la libertad de expresión, al denegar la autorización para dar entrevista a medio escrito y televisivo.

SEXTO: De los antecedentes allegados al presente recurso, puede extraerse que el recurrente, Cabo 1° del Ejército de Chile y, por ende, funcionario público, estima vulneradas las garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19, Nos 1, 2, 4, 9 y 24 de nuestra Carta Fundamental, por actos que atribuye a sus superiores.

Que, en síntesis, estos actos aquí recurridos habrían tenido su génesis en una denuncia formulada por el actor ante el Ministerio Público, en la Fiscalía Centro Norte, en la ciudad de Santiago, por irregularidades que habrían ocurrido al interior de la institución a la que él pertenece, denuncia que debió retirar a instancias de su superioridad. Según afirma el recurrente, como represalia a lo anterior, se habría iniciado un acoso laboral en su contra, que afectó su salud, manteniéndose con licencia médica total, entre el 2 de mayo de 2016 al 11 de septiembre de 2016, luego con licencia médica parcial, desde el 12 de septiembre de 2016 al 2 de octubre de 2016 y licencia médica total, la que se mantiene hasta la fecha, a contar del 3 de octubre de 2016.

Los hechos relatados precedentemente dieron lugar a dos sumarios administrativos, uno de ellos destinado a establecer la causal de la enfermedad que afecta al recurrente, en el sentido si ésta es o no profesional y si los hechos que la causaron ocurrieron o no en un acto determinado del servicio o con ocasión de éste, y una segunda investigación en la que habría resultado sancionado por realizar presentaciones sin haber observado el conducto regular. Asimismo, el actor presentó una demanda de tutela laboral, que se tramita actualmente ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa Rol T-1106-2016, y en la que se denuncian las diversas conductas que aquél estima como constitutivas de acoso laboral.

SÉPTIMO: Que, de lo colacionado en el fundamento que precede, puede advertirse que el recurrente, funcionario público, se encuentra sometido a un estatuto especial que regula sus derechos, obligaciones y deberes, así como su desempeño dentro de la institución.

En lo general, y atendida la investidura del actor, le resultan vinculantes las normas contenidas en la Ley N° 19.880 y en la Ley N° 18.575, que establecen el estatuto de los funcionarios públicos en Chile.

En lo particular, y en primer término, el actor se encuentra sujeto, además, a la normativa que se contiene en el DFL N°1, del año 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuerpo regulatorio de la vinculación jurídica entre el Estado y el personal de las instituciones de que se trata, y que establece el marco en el que estos últimos deben cumplir sus funciones. Entre sus normas se encuentra el artículo 232, que dispone que tanto los accidentes ocurridos en acto del servicio como las enfermedades derivadas de éste y las enfermedades profesionales, se verificarán previa instrucción de una investigación sumaria administrativa, de modo tal que el sumario iniciado a raíz de las extensas licencias médicas otorgadas al recurrente encuentra su asidero en la precitada disposición.

En razón de la misma investidura pública del actor, pesan sobre él una serie de obligaciones y deberes, que se establecen en el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, contenido en el DFL N° 911, de 14 de diciembre de 1951, y cuya inobservancia o transgresión debe ser investigada y puede ser sancionada al tenor de las normas que se contemplan en el DFL N° 910, que reglamenta las investigaciones sumarias para las Fuerzas Armadas, por la superioridad a quien se confiere atribuciones disciplinarias, según el texto del artículo 33 del primero de los cuerpos legales citados.

Asimismo, la aludida normativa del DFL N° 910 contempla, en su artículo 90 y siguientes, un sistema recursivo, al que puede acudir el funcionario afectado, para impugnar alguna decisión que estime le es adversa.

OCTAVO: De lo que hasta aquí se ha venido razonando, fluye claramente que el ordenamiento jurídico nacional establece un estatuto preciso y determinado al que se encuentra vinculado el funcionario público y, más específicamente, los miembros del Ejército y de las Fuerzas Armadas, como es el caso del actor, conforme a lo cual y en el evento que éste estime que sus derechos funcionarios se han visto afectados, la legislación le dota de mecanismos propios para impugnar las decisiones que le afecten, de modo tal que resulta evidente que el conflicto planteado por el recurrente -en el libelo de fs. 60 y siguientes- no corresponde que sea resuelto por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

En la especie, este presupuesto no concurre por cuanto lo que se persigue por el recurrente, al accionar por esta vía, es que se dejen sin efecto algunas decisiones emanadas de su superioridad, adoptadas en uso de facultades privativas y excluyentes de tales autoridades, en las que no pueden inmiscuirse otros órganos del Estado, por pertenecer a la esfera propia de su competencia, a lo que cabe agregar que los derechos que invoca el actor no son ni preexistentes ni indubitados.

Este es el criterio asentado por la Excma. Corte Suprema en los fallos Rol N° 16.571-2016 y 97.808-2016, entre otros.

NOVENO: Finalmente, y en cuanto al actor denuncia conductas que podrían constituir acoso laboral, cabe advertir que estos hechos ya están siendo conocidos por un tribunal de la República, con lo cual el asunto ya se encuentra sometido a la decisión judicial, lo que garantiza que tal situación se encuentra resguardada por el imperio del derecho.

DÉCIMO: Que, y por todo lo que se ha venido diciendo, no se divisa la vulneración de las garantías constitucionales que supone el actor a las conductas emanadas de sus superiores, consecuente con lo cual la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE DECLARA:

I. En cuanto a la extemporaneidad de la acción intentada:

Que se rechaza el recurso de protección, en cuanto el mismo se dirige en contra del Comandante en Jefe del Ejército, señor nombre reservado, por cuanto la acción deducida lo ha sido fuera del plazo que se establece en el N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, de la Excma. Corte Suprema.

II. En cuanto a la falta de legitimidad pasiva:

Que se rechaza la falta de legitimidad pasiva que invocan los recurridos.

III. En cuanto al fondo:

Que se rechaza la acción constitucional, deducida a fojas 60 por nombre reservado, en contra del Teniente Coronel nombre reservado, del Capitán nombre reservado y del Mayor nombre reservado, todos del Ejército de Chile.

Redactado por la Fiscal Judicial, señora nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°3259-17.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sr. Patricio Martínez Sandoval y la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado.