Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES ó C

Foja: 61 Sesenta y Uno S.f.g.

Valparaíso, dos de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos:

Que a fojas 10 comparece doña nombre reservado, chilena, funcionaria pública, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en la comuna de Valparaíso,quien interpone recurso de Protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES ó C.C.A.F DE LOS ANDES, representada legalmente por su Presidente don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; y en domicilio reservado, en la comuna y ciudad de Valparaíso, Quinta Región.

Alega la vulneración a la debida protección de su derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental; derecho al debido proceso, del artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental; y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Señala en cuanto a los hechos que con fecha 16 de marzo del año 2000, la Caja de Compensación Los Andes le otorgó un crédito por la suma de $900.000 (novecientos mil pesos), el que sería cancelado en 18 dividendos de $59.706 cada uno de ellos. De los 18 dividendos previamente pactados, en definitiva pagó 14, quedando otros 4 sin pagar, cada uno de ellos por la suma individual de $59.706. En consecuencia, el monto total que adeudaba el año 2000 era de $238.824.

Que al quedar en mora respecto del cumplimiento del crédito, con fecha 30 de junio de 2001, sin que hasta la fecha la recurrida haya interpuesto en su contra alguna demanda civil ante el Juez de Letras competente, o realizado cualquier otra gestión tendiente a obtener el cobro del saldo adeudado del crédito.

Añade que con fecha 01 de agosto de 2004 comenzó a trabajar como funcionaria de la Defensoría Penal Pública de Valparaíso, ingresando a la planta de dicha institución el año 2005, manteniéndose en la misma hasta la fecha actual.

Que con fecha 23 de mayo de 2016, al recibir su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de Mayo de 2016, se percato de que se le descontaron por su empleador, individualizado en la misma como "CCAF Los Andes", por la suma de $110.764.

Al consultar a su empleador acerca de los motivos de dicho descuento en la remuneración, se le señaló que correspondía a un descuento solicitado por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, correspondiente al crédito que había obtenido el año 2000;

En base a ello concurrió a las oficinas de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, donde se le ratificó lo señalado anteriormente y se le indicó que aparte del descuento ya realizado en su remuneración de mayo de 2016, se harían a otros 3 descuentos mensuales en las futuras remuneraciones, cada uno de ellas por la suma de $110.764, dando un monto total de $443.056, correspondiente a los últimos dividendos del crédito ya individualizados, y que se encontraban sin pagar desde el año 2001. Esta suma incluía, según se le explicó en dicha institución, tanto el saldo de capital adeudado, como supuestos intereses devengados por dicho saldo de capital. Asimismo, se le señaló que ese descuento mensual se descomponía en 2 ítems: un ítem ascendente a $104.485 correspondiente al crédito que había solicitado, y otro ítem ascendente a $6.279, correspondiente a un crédito que había solicitado una empresa de la cual fue socia, y respecto del cual sólo tenía la calidad de avalista.

Es decir, entre el total de lo que adeudaba el año 2001 (esto es, la suma de $238.813) y el total de lo que se pretende ahora descontar de sus remuneraciones mensuales (esto es, la suma de $443.056), existe una diferencia de $204.423, que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES señala que corresponde al pago de supuestos intereses, como deudora principal y avalista.

Alega que el acto recurrido es ilegal, por cuanto la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES ha infringido en relación a la recurrida, aquella disposición legal contenida en el artículo 96 del Estatuto Administrativo (aplicable a doña nombre reservado dada su condición de funcionaria pública de planta de la Defensoría Penal Pública de Valparaíso). Dicha norma señala lo siguiente: "Artículo 96.- Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes. Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas".

Como se puede apreciar, en el caso particular de los funcionarios públicos, el legislador sólo permite efectuar descuentos en sus remuneraciones cumpliéndose 3 requisitos: 1) Que ello haya sido autorizado por la autoridad competente Jefe superior del Servicio, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional, según corresponda); 2) Que dicha solicitud provenga de una petición escrita del funcionario dirigida a dicha autoridad; 3) Que en su conjunto tales deducciones no excedan del 15% de la remuneración del funcionario. De no cumplirse cualquiera de estos requisitos, la deducción es ilegal.

Aplicando lo anterior al caso de la recurrente nombre reservado cabe señalar que el descuento a su remuneración es ilegal porque a su respecto no se ha dictado ningún acto administrativo de autorización del mismo, por parte del jefe superior del servicio (la Defensoría Penal Pública), o bien de otra autoridad en la cual dicho jefe superior haya delegado tal atribución. En efecto, ninguna autoridad de la Defensoría Penal Pública ha dictado un acto administrativo, de cualquier naturaleza, que habilite el descuento ya indicado.

En segundo lugar, el descuento ya indicado en la remuneración de doña nombre reservado es ilegal, dado que ella jamás elevó una petición escrita al jefe superior del servicio público en el cual ella presta funciones, en el sentido de solicitarle a través de esa vía que se autorizara la realización de descuentos con motivo de un crédito contraído con la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES. En efecto, la norma del artículo 96 del Estatuto Administrativo señala que sólo podrá dictarse una autorización por la jefatura del servicio público correspondiente "a petición escrita del funcionario". Ello implica que dicha petición es requisito y condición necesaria para que se autorice el descuento y por lo mismo, se trata de una petición que es previa al acto administrativo de autorización y que debe ser específica. En este sentido, cabe señalar que la recurrente jamás ha efectuado una petición escrita en tal sentido a la jefatura de la Defensoría Penal Pública, por lo que nuevamente por esta vía se aprecia que el descuento efectuado a su remuneración es del todo ilegal. Cabe señalar que el año 2000, al tiempo de obtener el crédito indicado de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES la recurrente firmó un documento titulado "Autorización", en el cual se señaló que ella autorizaba expresamente a su entonces empleador, la empresa "Ingeniería Ausum S.A" y sus futuros empleadores para que se descuente del pago de sus emolumentos mensuales los dividendos correspondientes al crédito otorgado. Sin embargo, este documento no satisface las exigencias del artículo 96 del Estatuto Administrativo, ya referido, dado que no se trata de una petición escrita dirigida al jefe del servicio, sino que se trata de una mero documento privado que quedó en poder de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES y que fue otorgado por la recurrente muchos años antes de ingresar a prestar servicios como funcionaria de la Defensoría Penal Pública.

A mayor abundamiento, cabe señalar que de acuerdo a la misma disposición legal (artículo 96 del Estatuto Administrativo) quien realmente debe dar la autorización para la realización de estos descuentos es la autoridad administrativa, esto es, el jefe del servicio, quien en uso de sus facultades discrecionales decidirá si procede o no acceder a la solicitud del funcionario, quien al respecto hace una mera petición.

Agrega que el acto recurrido es arbitrario, por cuanto, la CAJA DE COMPESACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES ha abusado de una disposición legal para evitar el inicio de un procedimiento civil ordinario destinado al cobro de una suma dineraria impaga.

En este sentido, la arbitrariedad debe ser entendida como una forma de actuación en la cual se abusa de una facultad de manera caprichosa y sin fundamento racional. En efecto, si bien los artículos 22 de la Ley 17.322, 22 de la Ley 18.833, 58 del Código del Trabajo, y 96 del Estatuto Administrativo autorizan, bajo ciertos supuestos legales, la realización de descuentos en las remuneraciones de los trabajadores, destinados al pago de cuotas de créditos sociales, lo cierto es que tal prerrogativa no puede significar un abuso del derecho, por medio del cual se cobren créditos extinguidos.

En cuanto a las garantias constitucionales infringidas señala las siguientes normas del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la del Nº 2, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, la del Nº 3, esto es, el derecho al debido proceso y la del Nº 24, esto es, el derecho de propiedad sobre toda clase de cosas corporales e incorporales.

Termina solicitando que se acoja el presente recurso de protección de garantías fundamentales y se declare que el actuar de la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES es ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales de doña nombre reservado, en particular aquellas establecidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, en particular, que se ordene a la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES que no podrá solicitar futuros descuentos en las remuneraciones mensuales de la recurrente, y que asimismo, deberá reintegrar a favor de la recurrente aquellas sumas de dineros que ilegal y arbitrariamente se han ya descontado de las remuneraciones mensuales anteriores de la recurrente y se condena a la recurrida al pago de las costas procesales y personales.

La recurrente acompaña copia simple de liquidación de remuneraciones del mes de mayo de 2016, nómina mensual de retenciones previsionales, documento titulado "Información de créditos personales" documento titulado "Solicitud de crédito", de fecha 14 de marzo de 2000; documento titulado "Autorización", de fecha 16 de marzo de 2000; documento titulado "Informe de crédito", documento titulado "Antecedentes del beneficiario".

A fojas 25 consta oficio emitido por el Defensor Regional de Valparaíso, en el cual señala que, para el proceso de remuneraciones del mes de mayo de 2016 la Caja de Compensación Los Andes, remitió nómina mensual de retenciones previsionales, que incluye en los correlativos 8 y 9 a la funcionaria nombre reservado, con créditos sociales por $104.485 y $6.279 respectivamente. Que en atención a ello se consultó a través de correos electrónicos a doña nombre reservado, Ejecutiva de Activación de la Caja de Compensación Los Andes, la procedencia de la cobranza y su prescripción, quién manifestó que corresponde a cuotas morosas de créditos solicitados en el año 2001y que los créditos de la Cajas de Compensación no expiran ya que son deudas previsionales. Que luego a través de correo electrónico de fecha 7 de junio de 2016 se le solicita a la ejecutiva aplazar el pago de la deuda hasta poder dar una solución a la funcionaria, quien responde negativamente a dicho requerimiento manifestando que el valor de la cuota se debe descontar, de lo contrario la funcionaria debe regularizar su situación en cualquier sucursal Que adicionalmente se le solicita a la ejecutiva el envio de las copias de los expedientes de los créditos firmados por la funcionaria, quien señala que demora un mes el envío y que estará disponible para el 5 de julio de 2016. Con fecha 13 de junio, se recibió copia de uno de los expedientes, en donde la funcionaria es titular del crédito, quedando pendiente a la fecha el expediente del crédito donde es aval. Que para los meses de mayo y junio se efectuaron los descuentos requeridos por la Caja de Los Andes, para lo cual se adjuntan las liquidaciones de sueldo de la Sra. nombre reservado y copia de los egresos contables en donde se enteran dichos fondos a esa entidad. Que en atención a la información proporcionada por la Caja de Compensación y en virtud a lo establecido en el artículo 96 del DFLNº29,2004, del Ministerio de Hacienda que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre estatuto administrativo, prohíbe rebajar de las rentas del empleado otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente en las leyes.

Por su parte, en lo que dice relación con las deducciones efectuadas para el pago de deudas contraídas con la Caja de Compensación Los Andes, es preciso señalar que el artículo 21 de la ley Nº 18. 833, dispone que tales entidades podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial.

A su turno, el artículo 22, inciso primero, del citado cuerpo normativo, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

En virtud a la solicitud de la funcionaria de dejar sin efecto el descuento, manifestando que dicha deuda se encuentra prescrita, el dictamen Nº 40.227, de 2010, de la Contraloría General de la República, señala: "los descuentos para el pago de deudas contraídas por los funcionarios con Cajas de Compensación por concepto de créditos sociales tienen el carácter de mandatos legales, al estar previstos en el mencionado artículo 22, motivo por el cual no pueden ser cesados por la sola voluntad del interesado", dicho dictamen dice relación con la decisión unilateral del funcionario de solicitar dejar sin efecto el descuento, cuestión que efectivamente no se puede concretar, ya que la institución tiene un mandato legal y por lo tanto la obligación de descontar.

Se solicitó información a la Caja de Compensación, la cual informó a través de correo electrónico de fecha 30 de mayo del 2016 "que no es posible rebajar de nómina de crédito la deuda que afiliada mantiene con nuestra caja, ya que las normativas legales no lo permiten", adjunta a dicho correo extracto de la ley 18.833, sobre la obligatoriedad de efectuar el descuento correspondiente.

Para mayor claridad respecto a este tema, se consultó jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, específicamente el Oficio 1875 de fecha 08 de abril de 2016, en lo que dice relación, respecto al descuento del crédito social señala lo siguiente: "... atendido que la interrogante planteada dice relación con la aplicación de la citada ley N°18.833, cuya interpretación compete legalmente a la Superintendencia de Seguridad Social, esta Dirección requirió un informe sobre la materia a dicha institución, el que fue emitido mediante Oficio N°78641,citado en el antecedente 2), que señala lo siguiente: «Respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de las cuotas de créditos sociales a las remuneraciones de los trabajadores, se informa a Ud. que según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, el actual empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que los trabajadores adeuden por concepto de crédito social, siempre que dicha suma no supere el 25% de su remuneración liquida, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con la autorización del trabajador».

«En relación a la aplicación de la prescripción, se indica que para acceder a un crédito social el deudor principal y sus avales suscriben un contrato de mutuo, en virtud de éste asumen la obligación de pagar a la Caja el dinero recibido en los plazos pactados y el valor de cada cuota. Junto a ello, para garantizar el mutuo, se suscribe un pagaré afavor de la Caja, con el objeto de caucionm• el cumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del contrato de mutuo.

«El pagaré que, en forma accesoria, garantiza y facilita el cobro de la obligación principal contenida en el contrato de mutuo genera una acción cambiaria diferente a la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo.

«En consecuencia, las Cajas de Compensación disponen de dos acciones distintas e independientes para cobrar lo adeudado por un crédito social:

1) La acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N°18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento;y 2) La acción ordinaria del contrato de mutuo que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil,prescribe en el plazo de cinco años.

«Por lo expuesto, una vez declarada por los tribunales de justicia, la prescripción extintiva de la acción cambiaria que deriua del pagaré, subsiste la acción ordinaria derivada del contratode mutuo».

Complementando lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, a través del Dictamen Nº039422, de fecha 24/06/2014 (se adjunta), señala lo siguiente: "…En cuanto a declarar la prescripción por la antigüedad de una deuda, se le informa que corresponde a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción, de modo que mientras ello no ocurra, la deuda se mantiene vigente y puede ser cobrada por la i_nstitución acreedora".

Señala que procedió a aplicar el descuento correspondiente a la funcionaria en comento y efectuar el pago a la Caja de Compensación Los Andes, ya que si bien la prescripción fue informada por la funcionaria, esta no ha sido declarada por los Tribunales de Justicia, por tal motivo y tal como lo señala la Superintendencia de Seguridad Social,la deuda se mantiene vigente, por lo tanto, persiste la obligación de la institución de aplicar el descuento.

Que a fojas 48 emite informe don nombre reservado, abogado, por la recurrida CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien al respect señala que con fecha 16 de marzo del año 2000, su mandante otorgó un crédito social a doña nombre reservado, código RUT reservado por la suma de $900.000, el que se pactó pagadero en 18 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $59.706, con primer vencimiento el día 30 de abril del año 2000. Respecto de dicho crédito, la recurrente pagó las primeras 14 cuotas mediante descuento efectuado de sus remuneraciones, cuyos montos fueron retenidos y remesados a la recurrida por la empresa Ingeniería Ausan S.A. Luego la recurrente dejó de pagar las cuotas de su obligación. Que en el mes de mayo del corriente, se le informó a la entidad empleadora de la recurrente la existencia de cuotas adeudadas por el crédito anteriormente referido, requiriendo la retención de la cuota número 15 y 16 que debieron ser pagadas en los meses de junio y julio del año 2001. La cuota informada corresponde a la suma de $59.706 por concepto de capital y $44.779 equivalente al interés por la mora. En consecuencia, cada retención corresponde a $104.485.

A la fecha, se encuentra pendiente el pago de las cuotas 17 y 18, por un total de $216.116. Añade que actuo conforme a la ley, ya que previene expresamente la facultad de las Cajas de Compensación para informar a la entidad empleadora afiliada la existencia de créditos impagos, a fin de que estas procedan a retener y remesar los fondos respectivos a la Caja informante. Este mandato es irrenunciable para la institución de seguridad social que represento y su aplicación es fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República. Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo Nº 58 del Código del Trabajo, artículo Nº 22 de la Ley Nº 18.833 y artículo 22 de la Ley Nº 17.322. El artículo 58 del Código del Trabajo dispone que "el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos". El ordenamiento jurídico nacional, ha concebido el crédito social como una prestación de la seguridad social y ha ordenado que su cobro se rija por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. En este sentido, el artículo 22 de la Ley 18.833 prescribe que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que fas cotizaciones previsionales.".

Que se advierte que no se consulta la voluntad del afiliado para proceder con los descuentos respectivos como parece entenderlo la recurrente. Con todo, y para efectos de advertir al afiliado de las implicancias del crédito concedido, se le informó al momento del otorgamiento acerca de esta facultad contenida en la ley, quien suscribió una autorización de descuento con el objeto que su actual o futuro empleador o empleadores descontaran de sus remuneraciones mensuales, los dividendos correspondientes al crédito. Asimismo, los términos en que se encuentra contemplado este mandato son imperativos, por lo que una vez informada la deuda, corresponde al empleador efectuar la retención y posterior remesa. Por último, esta materia se encuentra tratada en la Ley Nº 17.322, que regula las normas para la cobranza judicial de las cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social, en especial en su artículo 22 inciso primero, que dispone: "Los empleadores, como asimismo, sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos, descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y propias cotizaciones previsionales y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones. Sin embargo, el plazo mencionado se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aún cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo, cuando dichas declaraciones y el pago de éstas se realicen a través de un medio electrónico" Que la recurrente expone que habría infringido el artículo 96 del Estatuto Administrativo, el que dispone: "Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes. Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas." Que la recurrente interpreta erróneamente la disposición citada, ya que ésta no contiene una norma prohibitiva, sino imperativa, por cuanto no impide de modo irrestricto la realización de descuentos de las remuneraciones, sino que lo permite con ciertos requisitos. De esta manera, el correcto sentido y alcance de la ley debe entenderse como "deberá deducirse de las remuneraciones del funcionario aquellas cantidades correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamentepor las leyes." Esta es la interpretación que resulta más armónica en concordancia con las otras normas citadas.

El pasaje de la ley referido por la recurrente, dice relación con la autorización de "otros" descuentos distintos a los impuestos, cotizaciones de seguridad social o aquellos establecidos en la ley. Son aquellos y no éstos los que requieren el cumplimiento de requisitos enunciados por la recurrente para ser efectuados y no podrán ser deducidos sin la anuencia o consentimiento del funcionario.

En cuanto a la arbitrariedad del acto denunciado, este aparece motivado en el contrato de mutuo celebrado con la recurrente, quien obligó parte de su patrimonio en favor de la recurrida y que no puede ser dejado sin efecto sino por el consentimiento mutuo o por otras causas legales, conforme lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. En consecuencia, la retención y remesa de fondos encuentra su fundamento en la obligación que mantiene la recurrente con mi representada, la que es líquida, actualmente exigible y no ha sido declarada su prescripción.

Por ultimo señala que no se ha afectado ninguna de las garantias constitucionales alegadas como vulneradas y que el actuar de su representada se enmarca dentro de las facultades que las normas legales vigentes le confieren con el objeto de cobrar un crédito válidamente otorgado, cuyas cuotas no han sido pagadas en los plazos convenidos.

Acompaña expediente de solicitud de crédito de la recurrente.

Que a fojas 57 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que por causas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se ha interpuesto recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES o C.C.A.F DE LOS ANDES, representada legalmente por su Presidente don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; y en domicilio reservado, en la comuna y ciudad de Valparaíso, Quinta Región.

Alega la vulneración a la debida protección de su derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental; derecho al debido proceso, del artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental; y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, sustentado en el hecho que con fecha 16 de marzo del año 2000, la Caja de Compensación Los Andes le otorgó un crédito por la suma de $900.000 (novecientos mil pesos), el que sería cancelado en 18 dividendos de $59.706 cada uno de ellos. De los 18 dividendos previamente pactados, en definitiva pago 14, quedando otros 4 sin pagar, cada uno de ellos por la suma individual de $59.706. En consecuencia, el monto total que adeudaba el año 2000 era de $238.824. Que al quedar en mora respecto del cumplimiento del crédito, con fecha 30 de junio de 2001, sin que hasta la fecha la recurrida haya interpuesto en su contra alguna demanda civil ante el Juez de Letras competente, o realizado cualquier otra gestión tendiente a obtener el cobro del saldo adeudado del crédito. Que el total de lo adeudado asciende a monto total de $443.056, correspondiente a los últimos dividendos del crédito ya individualizados, y que se encontraban sin pagar desde el año 2001.

TERCERO: Que no se encuentra discutido en autos que doña nombre reservado solicitó en el año 2000, a la Caja de Compensación de Los Andes un crédito por la suma de $900.000 (novecientos mil pesos) pagaderos en 18 dividendos , de los cuales pagó 14, quedando un saldo de 4 sin pagar.

CUARTO: Que de acuerdo a los antecedentes aportados al recurso, en especial el de fojas dos y seis de autos, la naturaleza del crédito otorgado por la Caja de Compensación Los Andes a la recurrente es un crédito social, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 18.833 que señala: “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial”.

Asimismo, y conforme a ello, para los efectos del cobro de dichas prestaciones se deberá estar a lo contenido en el artículo 22 del texto legal ya citado, que sostiene “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. De esta manera, el legislador, equiparó dicho cobro a las normas contenidas en el DFL 3500 y la Ley 17.322.

Sostiene la recurrente, respecto al pago de dicho crédito social, que conforme al artículo 96 del Estatuto Administrativo, debía cumplirse ciertos requisitos contenidos en dicho artículo, y dado que aquello no se produjo, convirtió en ilegal lo realizado por la recurrida, esto es, haber solicitado a la empleadora de la recurrente la retención del dividendo adeudado. Sin embargo, el propio artículo 96, contiene la hipótesis legal, esto es, que el servicio se encuentra autorizado para realizar deducciones a las remuneraciones del funcionario, cuando así esté expresamente establecidas por las leyes. Más aun, y conforme al dictamen Nº 40.227, de 2010, de la Contraloría General de la República, existe un mandato legal en lo previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833 respecto a la empleadora de la recurrente. En este mismo orden de idea, y dado que el legislador equiparó estas deudas de crédito social en su cobro y pago a las cotizaciones previsionales, se vincula con el artículo 58 del Código del Trabajo, que expresa “El empleador deberá deducir de las remuneracione los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”. Desde otra perspectiva y conforme a lo contenido a fojas seis de autos, existe una autorización de doña nombre reservado, en donde autoriza al que a la frecha era su empleador para el descuento de sus remuneraciones relativo al crédito con la Caja de Compensación Los Andes, así como a sus futuros empleadores, autorización escrita que a la fecha no existe constancia que se haya dejado sin efecto, por lo que desde esta perspectiva, la recurrente también se encuentra también bajo la segunda hipótesis del artículo 96 del Estatuto Admnistrativo. Sin perjuicio que esta hipótesis en la acción constitucional de protección debiera tener como sujeto del reproche el actuar de la Defensoría Penal Pública, circunstancia que no fue planteada.

Respecto a la arbitrariedad que se le reprocha a la recurrida, esta estaría sustentada en que hay un abuso del derecho por parte de la recurrida, dado que se situa en una posición de privilegio respecto a los demás acreedores civiles, atendido que priva a la recurrente, deudora de dicho crédito social, de discutir en un juicio de lato conocimiento y contradictorio sobre la vigencia y procedencia de dicho crédito. Sin embargo, no se observa que con el actuar de la recurrida se impida el ejercicio de discutir ante los tribunales ordinarios la prescripción de dicha deuda social, puesto que dicha situación, la prescipción de una deuda debe ser indubitada, mediante una sentencia judicial que asi lo declare, para que el presente recurso prospere, atendida la naturaleza cautelar de la acción constitucional impetrada, de tal manera que mientras no se declare dicha prescripción, y atendido que la deuda se encuentra vigente, nos debemos situar en las hipótesis legales de los artículo 21 y 22 de la Ley 18.833 QUINTO: Desde esta perspectiva, el principio de igualdad ante la ley, que sostiene la recurrente que se ha vulnerado, entendida en los terminos en que la propia recurrente trae a colación en los fallos citados en su recurso, parte del supuesto que no pueden existir “diferencias arbitrarias”, es decir, enfrentados a la misma situación fáctica deben tener el mismo tratamiento jurídico. Por lo que desde esta perspectiva la situación fáctica en cuestión debe verse bajo la normativa aplicable a las deudas de créditos sociales, que están regidas por las normas anteriormente citadas, no vulnerandose por tanto dicho derecho constitucional. En cuanto al derecho de propiedad este tampoco se vislumbra vulnerado porque si bien tiene un amparo constitucional, este debe ser analizado desde la perspectiva del artículo 582 del Código Civil que limita el goce y disposición del titular, siempre que no sea contra ley o contra derecho ajeno, y ello, tal como se ha señalado, atendida la obligación que la recurrente contrajo con la deuda social, es algo que está discutido. Que tampoco ha existido una actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida que vulnere el debido proceso, por haberse ajustado el procedimiento a la normativa antes citada, no existiendo la incorrección del procedimiento que se denuncia, más aun, pues respecto al argumento de la unilateralidad de la oportunidad, monto y periodicidad del descuento, se debe estar a lo establecido en el artículo 3 y 22 de la Ley 17.322 normas para la cobranza judicial de cotizaciones,Aportes y multas de las instituciones de seguridad Social.

Por las razones antes expuestas, el presente recurso no puede prosperar Por lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto a fojas 10 y siguientes por doña nombre reservado

nombre reservado, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogado Integrante señora Salvo.

N° Protección-3244-2016.

No firma el Ministro señor Arancibia no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Jaime Arancibia Pinto, Sra. Rosa Aguirre Carvajal y la Abogado Integrante Sra. Claudia Salvo del Canto.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.