nombre reservado con ARMADA DE CHILE Y OTROS

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En el folio 1, comparece el abogado Mauricio Suazo Álvarez, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Armada de Chile, representada por el Almirante nombre reservado; de la Empresa Portuaria de Valparaíso, representada por don nombre reservado; y de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, representada por don nombre reservado. Funda su acción en el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en haber “sacado de circulación”, sin proceso administrativo previo ni notificación alguna, la lancha de pasajeros de propiedad del recurrente, la cual fue izada con grúas desde el mar, cargada en un camión y trasladada a un sitio eriazo donde quedó abandonada, conculcando, a su juicio, los derechos fundamentales de integridad física y psíquica, debido proceso, libertad de trabajo, libertad económica y derecho de propiedad, garantizados en el artículo 19 N°s 1 inciso primero, 3 inciso quinto, 16 incisos primero y cuarto, 21 inciso primero y 24 incisos primero y segundo de la Constitución Política de la República.

Señala que el 24 de mayo recién pasado, la Empresa Portuaria de Valparaíso remitió a don nombre reservado la carta GL/028/2025, fechada el 29 de abril del mismo año, suscrita por su Gerente General, comunicándole que no contaba con autorización para operar en el muelle Prat de Valparaíso y ordenándole retirar de inmediato la embarcación LM Sam Wha, matrícula 5473, del muelle y del recinto portuario, bajo apercibimiento de ejercer “facultades legales”. Afirma que dicha comunicación omite las circunstancias que rodean la situación de la nave y no acompaña documento alguno que acredite infracción a la normativa del muelle.

Expone que, el 28 de mayo de 2025, asumió su representación como agente oficioso, conforme a los artículos 2286 y siguientes del Código Civil, por encontrarse el actor imposibilitado física y mentalmente para defenderse. En tal carácter solicitó la suspensión del procedimiento de retiro de la embarcación, fundándose en el artículo 57 de la Ley N° 19.880, alegando que la medida, sin posibilidad de defensa, le acarrearía un daño irreparable. Sin embargo, el 6 de junio, la Empresa Portuaria respondió que “desde el año 2020” el recurrente carecía de autorización para operar en muelle Prat, aludiendo a un recurso de protección anterior y declarando “no factible” acceder a la suspensión pedida, sin especificar las razones de la falta de autorización..

Agrega que, el 11 de junio de 2025 a las 12:10 horas, el recurrente recibió en su domicilio carta fechada el día anterior, mediante la cual la Empresa Portuaria informó sobre “el retiro y desalojo” de la embarcación LM Sam Wha, ejecutado por instrucción de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso “con el auxilio de la Armada y Carabineros de Chile”, señalando como lugar de depósito el “Lote B, Camino La Pólvora s/n”. Sostiene que dicha información era imprecisa y falsa, pues la nave fue abandonada en “Pueblo Hundido, calle Pezoa Véliz”, y que el operativo se llevó a cabo en la madrugada del 10 de junio, aproximadamente a las 02:40 horas, sin aviso previo, quedando su representado en total indefensión, pese a que la empresa había sido informada de que se encontraba hospitalizado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, cita el “Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”, que asigna a dicho organismo de la Armada la misión de cautelar el cumplimiento de la normativa y acuerdos internacionales, resguardar la seguridad marítima, proteger la vida humana en el mar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción. Invoca además el “Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República”, destacando que no existe infracción alguna atribuida al Sr. nombre reservado que justifique la prohibición de operar su embarcación.

Respecto de la Empresa Portuaria de Valparaíso, fundamenta su acción en la Ley N° 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal, en la Resolución Exenta N° 3244, que modificó la Resolución Exenta N° 440 de 1999 que aprobó el Reglamento de Uso de Frentes de Atraque, y en el Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario. Sostiene que la empresa estaba facultada para convocar al recurrente a reuniones de coordinación con miras a buscar soluciones alternativas, lo que no se hizo.

Alega que las actuaciones de los recurridos infringen los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley N° 18.575, al contravenir el principio de legalidad y juridicidad, pues no se observó la normativa aplicable ni se veló por los protocolos de atraque, fondeo y zarpe en el muelle Prat.

Finalmente, sostiene que se han conculcado garantías constitucionales esenciales: la integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1); la libertad de trabajo (artículo 19 N° 16); la libertad de desarrollar actividades económicas (artículo 19 N° 21); el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24); y, principalmente, el derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 inciso quinto), al no permitirse defensa, pruebas ni recursos en sede administrativa.

Solicita se ordene a quien ejecutó el retiro de la embarcación, restituirla a su dueño sin daño y en el mismo sitio en que se encontraba, sin perjuicio de las demás medidas que SS. Ilustrísimas estimen pertinentes para determinar responsabilidades y reparar los perjuicios económicos y morales sufridos por el recurrente y su familia.

Acompaña documentos a su recurso. 1) Comprobante de Correos Chile, de fecha 10 de junio de 2025; 2) Libreta de embarco de don nombre reservado; 3) Contrato de compraventa de la lancha "bote en fibra de vidrio" de fecha 18 de julio de 2019 de Cabello y nombre reservado Ltda. a don nombre reservado; y 4) Escritura Pública de Mandato Judicial y Extrajudicial, repertorio N°576/2025, de fecha 11 de junio del año 2025, otorgado por don nombre reservado, ante Notario Público y Archivero Judicial de Valparaíso nombre reservado.

A folio 10, evacuó informe la Armada de Chile, solicitando el rechazo de la acción, por manifiesta falta de fundamentos de hecho y de derecho.

Indica que la Empresa Portuaria de Valparaíso estableció en 1998 una zona de fondeo para embarcaciones menores de 4.300 m² para garantizar la seguridad en las maniobras de atraque y desatraque en los sitios 5 y 6 del puerto. Esta empresa, notificó tanto a la Capitanía de Puerto como al recurrente que la lancha "SAM WHA" (matrícula 5473) no estaba autorizada a operar en el muelle Prat debido al incumplimiento reiterado de las solicitudes de retiro, lo cual se evidencia en múltiples comunicaciones dirigidas al propietario entre 2020 y 2025, incluyendo notificaciones de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

Expone además que el tema ya había sido ventilado en recursos de protección anteriores, litigados ante la misma Corte Ilustrísima en causas interpuestas con roles N° 4225-2022 y N° 2141-2023, por lo que no resulta efectivo que el recurrente desconozca las circunstancias, informaciones o documentos relativos a su incumplimiento.

Agrega que, el 13 de mayo pasado, la Empresa Portuaria de Valparaíso solicitó a la Delegación Presidencial autorización para retirar embarcaciones no autorizadas del muelle Prat, incluyendo la lancha del recurrente y, por Resolución Exenta N° 636 del 3 de junio de 2025, el Delegado accedió a la solicitud e instruyó a la SEREMI de Seguridad Pública para disponer el auxilio de la fuerza pública, quien a su vez solicitó la colaboración de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

Explica que, en cumplimiento de lo ordenado, la autoridad marítima dispuso el apoyo de la Policía Marítima para verificar el cumplimiento de la orden de desalojo, aclarando que los servidores navales no participaron en el retiro, traslado o depósito de bienes. Las embarcaciones fueron transportadas con medios logísticos contratados por EPV y con apoyo de Carabineros, quedando depositadas en el sector Lote B, camino La Pólvora (propiedad de EPV), bajo custodia de guardias privados hasta el 19 de junio, cuando fue retirada la última embarcación.

En cuanto al derecho, fundamenta la actuación de la autoridad marítima en diversas disposiciones legales, principalmente el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (D.G.T.M. y M.M.), que establece a dicha Dirección como el organismo de la Armada encargado de cautelar el cumplimiento de leyes y acuerdos internacionales para la seguridad de la navegación, protección de la vida humana en el mar y ejercicio de la policía marítima. Específicamente, las letras a), h) y l) de dicho artículo facultan a la D.G.T.M. y M.M. para velar por la seguridad de la navegación, el cumplimiento de medidas de seguridad en puertos y faenas marítimas, y ejercer la Policía Marítima, pudiendo realizar allanamientos e incautaciones. Complementariamente, invoca el artículo 404° del Código de Justicia Militar, que otorga a la autoridad marítima y su personal el carácter de fuerza pública en el desempeño de sus funciones.

Cita también el Dictamen de la Contraloría General de la República N° E388402N23 de fecha 1 de septiembre de 2023, que señala que según los artículos 1°, 14, 65, 66 y 67 del Reglamento de Coordinación del recinto portuario de Valparaíso, EPV está facultada para elaborar y supervisar normas y procedimientos de control y coordinación para el funcionamiento del terminal, así como regular el uso de las áreas marítimas del terminal portuario, incluyendo las destinadas a embarcaciones menores para paseos en la bahía.

Concluye que su actuación estuvo plenamente ajustada a derecho, sin vulneración alguna de los derechos fundamentales del recurrente, cumpliendo la función pública que le encomienda la legislación en su calidad de Policía Marítima y dentro de su jurisdicción. Destaca que procedió a requerimiento expreso de la Delegación Presidencial Regional, con el único propósito de evitar oposición al desalojo ordenado por la autoridad competente, operativo que se desarrolló sin contratiempos.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 14, evacuó informe la Empresa Portuaria de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, sostiene que existe una instrumentalización del recurso de protección por parte del recurrente, toda vez que tenía pleno conocimiento, desde el año 2020, que su embarcación no contaba con autorización para operar en Muelle Prat, habiendo recibido diversas comunicaciones informando tal situación e incluso teniendo conocimiento del informe presentado por EPV en el recurso de protección interpuesto por él mismo el año 2023 (rol IC Protección 2141-2023), en el que se dio cuenta pormenorizada de la falta de autorización, por lo que este recurso pretende, en realidad, dejar sin efecto una decisión administrativa adoptada en 2020.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, señalando que el plazo fatal de 30 días corridos se encuentra ampliamente vencido, considerando que el recurrente conocía de su falta de autorización para operar en el Muelle Prat desde el año 2020, y específicamente desde el recurso de protección interpuesto en 2023 (rol IC Protección 2141-2023), donde esta Corte transcribió la posición de EPV sobre la materia.

Además, argumenta la falta de oportunidad del recurso, indicando que la petición de restitución de la embarcación a su dueño ha perdido objeto, puesto que el Sr. nombre reservado ya recogió su embarcación desde el sitio en que había sido varada después de ser retirada del Muelle Prat, el mismo día en que se realizó la operación de desalojo (10 de junio de 2025), según consta en acta de retiro acompañada.

Señala diversos defectos, imprecisiones, falsedades y errores contenidos en el recurso, entre ellos: a) errores respecto de las fechas en que ocurrieron los hechos; b) falsas alegaciones sobre la falta de información respecto del paradero de la embarcación; c) inexactitudes sobre el estado de salud del recurrente; d) frases y párrafos incongruentes copiados textualmente de otro recurso de protección; y) falsas afirmaciones sobre el estado de la embarcación y las condiciones en que fue dejada tras su retiro.

Expone que EPV, como empresa pública integrante de la Administración del Estado según la Ley N° 19.542, posee amplias facultades legales para administrar, explotar y conservar los puertos y terminales (art. 4°), elaborar y supervisar el cumplimiento de la reglamentación necesaria para su funcionamiento (art. 8° numeral 4°), y ejercer competencia tanto en el área marítima como terrestre del recinto portuario (art. 6°), donde se ubica el Muelle Prat con su área de fondeo y dos embarcaderos. Enfatiza que, conforme al artículo 3° de dicha ley, la infraestructura portuaria estatal debe operar de forma continua y permanente, lo que fundamenta la necesidad de mantener el orden y cumplimiento normativo en dichas instalaciones.

Sobre la situación del recurrente, detalla que el Sr. nombre reservado carecía de autorización para operar en Muelle Prat desde 2020, habiendo incurrido en reiterados incumplimientos de las condiciones y reglamentaciones establecidas, lo que afectaba el funcionamiento regular y la actividad económica de los demás lancheros autorizados. Ante esta situación persistente, el 10 de junio de 2025 se procedió al retiro de la embarcación "Sam Wha" mediante un operativo coordinado entre EPV, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Armada de Chile y Carabineros, amparado en la Resolución Exenta N° 636 (modificada por la N° 652), que reconoció formalmente la ocupación ilegal del bien fiscal administrado por EPV y ordenó el auxilio de la fuerza pública para su desalojo.

Hace referencia a tres recursos de protección anteriores conocidos por esta I. Corte, que constituyen precedentes relevantes: a) rol IC N° 4224-2022, interpuesto por armadores de lanchas fleteras en contra del Sr. nombre reservado, la Autoridad Marítima y EPV, que dio cuenta de los graves y reiterados incumplimientos del recurrente; b) rol IC N° 2141-2023, interpuesto por el propio Sr. nombre reservado en contra de la Armada y EPV, donde ambas instituciones hicieron presente la falta de autorización para operar del recurrente; y c) rol IC N° 61233-2022, donde esta Corte reconoció expresamente la facultad de EPV para ordenar el retiro de una embarcación.

Concluye que no existen los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República para acoger el recurso, pues no ha existido acción ni omisión ilegal o arbitraria por parte de EPV, quien ha actuado en ejercicio de sus facultades legales, y el recurrente carece de un derecho indubitado, pues desde el año 2020 EPV ha controvertido su pretendido derecho a operar en Muelle Prat.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 16, evacuó informe la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso Refiere que dictó Resoluciones Exentas N° 636 y N° 652 de junio de 2025, fundado en sus facultades constitucionales (artículos 115 bis y 116) como representante del Presidente de la República en la región, y en las atribuciones que le confiere la Ley N° 19.175, que incluyen: dirigir tareas de gobierno interior, velar por el orden público, fiscalizar servicios públicos, ejercer funciones del Ministerio del Interior en el territorio regional, y ejercer vigilancia sobre bienes estatales, particularmente impidiendo ocupaciones ilegales de bienes nacionales de uso público.

Argumenta que la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), creada por la Ley N° 19.542 sobre Modernización del Sector Portuario Estatal, cuenta con facultades legales para administrar el Muelle Prat, teniendo como objeto, según el artículo 4 de dicha ley, la administración, explotación, desarrollo y conservación de puertos, terminales y bienes bajo su posesión. El artículo 8 N° 4 faculta a EPV para dictar reglamentación para el funcionamiento portuario, lo que hizo mediante el "Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario de Puerto Valparaíso". Explica que EPV solicitó su intervención al constatar que once embarcaciones, incluida la del recurrente, utilizaban ilegalmente el espacio portuario sin permisos, generando por años dificultades, situaciones de peligro y conflictos con otros operadores del lugar.

Respecto a la supuesta falta de notificación alegada por el recurrente, la DPR enfatiza que el Sr. nombre reservado fue notificado en múltiples ocasiones sobre la revocación de su autorización para operar en el recinto portuario, detallando comunicaciones dirigidas a él y su familia desde 2020, incluyendo cartas de EPV (29 de enero de 2020, 13 de diciembre de 2022 y 29 de abril de 2025), carta a nombre reservado (29 de septiembre de 2022), y carta de la Capitanía de Puerto de Valparaíso (11 de noviembre de 2022). Además, destaca como especialmente relevante que el propio recurrente interpuso en 2023 un recurso de protección contra EPV (causa rol N° 2.141/2.023), que fue rechazado por esta misma Corte, estableciendo explícitamente en su considerando segundo que "quién interpone esta acción carece de autorización para operar en los sitios 4, 5 y 6 del Puerto de Valparaíso".

Finalmente, En relación con la alegación sobre la falta de debido proceso, la DPR argumenta que no existe un procedimiento legalmente regulado que determine específicamente cómo debe desarrollarse el desalojo de un inmueble fiscal o bien nacional de uso público. Sostiene que la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos no requiere la participación obligatoria del interesado en el procedimiento, a menos que éste lo solicite, diferenciando esta situación de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 18, se trajeron los autos en relación A folio 19, el abogado del recurrente acompañó documentos.

A folio 21, la Empresa Portuaria de Valparaíso acompañó informe en derecho elaborado por el abogado y profesor Sr. nombre reservado.

A folio 24, la Empresa Portuaria de Valparaíso acompañó documentos.

A folio 34, el recurrente acompañó los Estatutos AGLAFLETUR.

A folio 41, el recurrente acompañó certificado de autorización y zarpe de la embarcación Sam Wha.

Con lo relacionado y considerando:

En cuanto a la extemporaneidad de la acción:

Primero: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que los actos que el recurrente estima como ilegales y arbitrarios, son las Resoluciones Exentas N° 636 y N° 652 de junio de 2025, dictadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, mediante las que se decretó la restitución administrativa con auxilio de la fuerza pública previo requerimiento de los bienes fiscales correspondientes bajo la administración de la Empresa Portuaria Valparaíso, por lo que habiendo deducido el recurso el 16 de junio pasado, lo ha sido dentro del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, lo que lleva al rechazo de la alegación de extemporaneidad.

En cuanto al fondo:

Segundo: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, por la presente vía cautelar, se denuncia como ilegal y arbitrario el haber “sacado de circulación”, sin mediar proceso administrativo previo ni notificación alguna, la lancha de pasajeros del recurrente, la cual fue levantada con grúas desde el mar, subida a un camión y trasladada a un sitio eriazo donde fue abandonada, vulnerando con ello los derechos fundamentales del recurrente garantizados en el artículo 19 N° 1 inciso primero, N° 3 inciso quinto, N° 16 incisos primero y cuarto, N° 21 inciso primero y N° 24 incisos primero y segundo de la Constitución Política de la República.

Alega que las actuaciones y omisiones de los recurridos infringen el principio de legalidad y juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, al no dar cumplimiento a la normativa que regula el deber de supervigilar y actualizar constantemente los protocolos de atraque, fondeo y zarpe de las distintas embarcaciones que operan en el Muelle Prat.

Cuarto: Que las recurridas solicitan el rechazo del recurso, argumentando, en síntesis, que no ha existido acto ni omisión ilegal o arbitraria, puesto que han actuado en pleno ejercicio de sus atribuciones legales. Expresan, además, que la Empresa Portuaria de Valparaíso tiene la facultad de administrar el Puerto de Valparaíso y que, al constatar que once embarcaciones —incluida la del recurrente— ocupaban ilegalmente el espacio portuario sin las autorizaciones correspondientes, solicitó a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y a la Armada de Chile la intervención, con auxilio de la fuerza pública, para proceder al retiro y desalojo de dichas naves.

Quinto: Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.542, de Modernización del Sector Portuario Estatal, la Empresa Portuaria de Valparaíso es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, cuyo objeto consiste en administrar, explotar, desarrollar y conservar el Puerto de Valparaíso y sus bienes. Conforme al artículo 8 N° 4 de dicha normativa, la entidad dictó un Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario de Puerto de Valparaíso, obligatorio para todos los usuarios, concesionarios y particulares, que la faculta para gestionar el movimiento de naves, prohibiendo el ingreso, permanencia o fondeo de embarcaciones sin autorización escrita, y permitiéndole requerir a la autoridad marítima el desatraque de aquellas que incumplan tales disposiciones. Asimismo, se le reconoce la facultad de supervigilancia, regulación y fiscalización respecto de todas las actividades desarrolladas en el recinto portuario y en sus áreas periféricas.

Sexto: Que el Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario de Valparaíso establece, en su artículo 65, que “Corresponderá a la Empresa la regulación del uso de las áreas marítimas del Recinto Portuario.” Asimismo, en su artículo 67 dispone: “En uso de las facultades que otorga este Reglamento, EPV dictará y/o modificará, en su caso, procedimientos específicos respecto del fondeo, zarpe, recalada y el funcionamiento de las embarcaciones menores en la nombre reservado, en los Muelles Prat y Barón.”

Séptimo: Que, en consecuencia, la Empresa Portuaria de Valparaíso se encuentra facultada para ordenar el retiro de las naves que no cumplan la referida reglamentación, facultad que esta Corte ha reconocido, entre otros, en el Rol N° 61.233-2022, sobre acción de protección.

Octavo: Que, respecto del actuar de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, de los informes y antecedentes acompañados se desprende que el Delegado Presidencial accedió a la solicitud de la Empresa Portuaria de Valparaíso e instruyó a la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública disponer el auxilio de la fuerza pública, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, atendiendo a las facultades legales y reglamentarias de la Empresa Portuaria de Valparaíso.

Que, en cuanto al proceder de la Armada de Chile, consta que, en cumplimiento de lo instruido por la referida Secretaría Regional Ministerial, dispuso la intervención de la Policía Marítima para verificar el cumplimiento de la orden de desalojo, lo que se ajusta igualmente a sus competencias legales. En efecto, a petición de la Empresa Portuaria de Valparaíso, la Delegación Presidencial dictó la Resolución Exenta N° 636, de fecha 3 de junio de 2025, ordenando el desalojo con apoyo de la fuerza pública. La Armada, en su calidad de autoridad marítima y en su rol de policía especializada, se limitó a prestar auxilio de fuerza pública, sin ejecutar directamente el retiro ni utilizar medios propios para dicho efecto. El traslado de los bienes fue realizado por personal contratado por la Empresa Portuaria de Valparaíso, con apoyo de Carabineros de Chile.

Noveno: Que, además, de los informes presentados y de la documentación acompañada —entre la cual se incluyen copias autorizadas de sentencias pronunciadas en recursos de protección interpuestos con anterioridad sobre materia similar— se desprende que el derecho del recurrente a operar la nave retirada desde el Muelle Prat del puerto de Valparaíso ha sido objeto de cuestionamientos desde hace varios años por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso, en el marco de sucesivos procedimientos realizados en ejercicio de sus facultades administrativas.

Décimo: Que, en consecuencia, por una parte, la autorización de funcionamiento de la nave desembarcada no constituye un derecho indubitado y, por la otra, las entidades públicas recurridas, al disponer y ejecutar su retiro del espacio público portuario, actuaron en el legítimo ejercicio de sus facultades, observando los principios de legalidad y coordinación interinstitucional, sin que se advierta arbitrariedad ni ilegalidad en sus decisiones o actuaciones. Razones por las cuales esta acción no puede prosperar, lo que impone su rechazo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y demás disposiciones legales pertinentes, se declara:

1.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad.

2.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra de la Empresa Portuaria de Valparaíso, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Armada de Chile.

Se deja constancia que no firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, el ministro señor Rafael Corvalán autorizado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y el abogado integrante Eduardo Morales Espinosa, por no integrar Sala el día de hoy.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-3243-2025.