nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expone que el actor solicitó, a través del portal web de la recurrida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, adjuntando la documentación requerida para ello.

Señala que posteriormente, mediante correo electrónico de 3 de mayo del presente año, fue informado del rechazo de su petición, basado en que no cumplió con el requisito de la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, pues no acompañó documentación que acredite que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, en tres aspectos: i) Que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada; ii) Que, dicha constancia no indica que cuente con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y iii) Que, según consigna dicho documento, el recurrente tiene un estatus de asegurado cesante con fecha de egreso de 3 de junio de 2014, por lo que no queda claro que haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada.

Afirma que en el presente caso el recurrente sí cumple con todos estos requisitos, y que la Administradora de Fondos deniega su petición basada en una interpretación formalista de la norma, desconociendo el documento acompañado por falta de verificación y/o vigencia, no obstante haber sido tramitado mientras la embajada se encontraba operativa, siendo posteriormente legalizada en Chile.

Asevera que la Administradora de Fondos recurrida no puede establecer requisitos adicionales a los consagrados en la legislación para el retiro de fondos, por cuanto la normativa exige este documento sin mayores formalismos y para el solo efecto de corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social en su país de origen, y que en este caso se puede corroborar a través de la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social.

Añade que el recurrente ha dado cumplimiento a todos los requisitos contenidos en la Ley N°18.156 para efectos de obtener el retiro de sus fondos, por lo que al rechazar su solicitud, la A.F.P. ha cometido un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita concretamente se ordene a la Administradora de Fondos recurrida reconocer como válido el certificado de afiliación acompañado por el recurrente y proceder a una nueva revisión de su petición.

A folio 10, evacúa informe la A.F.P. Cuprum S.A., solicitando se rechace el recurso, exponiendo que el 30 de abril de 2025, el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad con la Ley N° 18.156, adjuntando la documentación que detalla.

Explica que en relación con el artículo 1 de mencionada Ley, y en ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones dictó la Circular N° 553, conforme a la cual la documentación acompañada por el solicitante debe encontrarse debidamente legalizada, sin lo cual la Administradora se halla impedida de dar curso a la petición.

Detalla que en el presente caso, rechazó la solicitud del actor por no cumplir con la documentación que exige el artículo 1, letra a) de la Ley N° 18.156, esto es, i) Que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada; ii) Que, dicha constancia no indica que cuente con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y iii) Que, según consigna dicho documento, el recurrente tiene un estatus de asegurado cesante con fecha de egreso de 3 de junio de 2014, por lo que no queda claro que haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada.

Finalmente advierte que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, de manera que la denegación constituye un acto administrativo subsanable, según jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema que cita en apoyo de esta postura, de lo que concluye que no ha privado, amenazado ni perturbado el ejercicio de los derechos del recurrente, quien puede replantear su situación tanto ante la misma A.F.P. o ante la Superintendencia a través de diversos canales.

Sostiene que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, el rechazo de la solicitud del recurrente no es ilegal ni arbitraria, puesto que se ha ajustado al marco normativo vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental Segundo: Que, en el presente recurso, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la respuesta entregada por la A.F.P. Cuprum S.A. con fecha 3 de mayo de 2025, mediante la cual se le informó al recurrente el rechazo de su solicitud de retiro de fondos de capitalización individual, en razón de no cumplir con la documentación exigida, de conformidad a la Ley N°18.156.

Tercero: Que, la A.F.P. recurrida señaló, en síntesis, que su actuar no fue arbitrario ni ilegal, dado que el recurrente no acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156, por cuanto: i) Que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada; ii) Que, dicha constancia no indica que cuente con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y iii) Que, según consigna dicho documento, el recurrente tiene un estatus de asegurado cesante con fecha de egreso de 3 de junio de 2014, por lo que no queda claro que haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley Nº18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.” A su turno, el artículo 7 de la misma Ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, respecto a la primera causal invocada por la recurrida para desestimar la solicitud de devolución de fondos previsionales del extranjero recurrente, cabe señalar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado carece de firma autorizada y no cuenta con la legalización o apostilla requerida por el ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, adicionalmente, del análisis de los anexos de contrato acompañados se desprende que el recurrente se desempeña como ejecutivo de ventas en terreno de productos de telecomunicaciones, función que no corresponde a la categoría de "personal técnico extranjero" a que se refiere el artículo 1 de la Ley N°18.156. En efecto, dicha normativa establece expresamente que la exención del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas se aplica exclusivamente a "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero", requisito de especialización que constituye un presupuesto esencial para la procedencia del beneficio solicitado. Al no cumplir el recurrente con la calidad de técnico extranjero exigida por la ley, carece del derecho a solicitar la devolución de fondos previsionales contemplada en el artículo 7 del mismo cuerpo legal, motivos por los cuales la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, recurre al rechazo teniendo únicamente presente que la materia planteada corresponde a un juicio de lato conocimiento.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3242-2025.