nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el acto que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjeros, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de nacionalidad venezolana y profesional técnico, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. Expone que, mediante comunicación telefónica de fecha 7 de enero de 2026, la AFP informó el rechazo de la solicitud argumentando la falta de un certificado de afiliación apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que dicha exigencia constituye un requisito adicional no contemplado en la ley, lo que deviene en un actuar arbitrario e ilegal, especialmente considerando la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a representaciones consulares por la interrupción de relaciones diplomáticas. Indica que la recurrente cumple íntegramente los requisitos legales: poseer calidad de técnico, estar afiliada a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma al desconocer la validez de la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual cuenta con un código de verificación alfanumérico plenamente validable en la web oficial de dicha institución. Añade que esta conducta vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales y la igualdad ante la ley, al imponer barreras de cumplimiento imposible.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable.

A folio 5, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Argumenta que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de una materia de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado. Indica que el actuar de la AFP se ajusta estrictamente a la legalidad y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que, conforme al Oficio N° 5376, la certificación electrónica acompañada por la recurrente es insuficiente para acreditar la cobertura previsional fuera de Chile, por cuanto carece de firma, no se encuentra apostillada ni legalizada, y menciona las coberturas de forma genérica sin precisar la protección efectiva durante el tiempo servido en Chile. Sostiene que la declaración jurada no es un medio idóneo para estos fines, pues la fe pública sobre la afiliación solo corresponde a la autoridad previsional extranjera. Menciona que la recurrente posee residencia permanente en Chile y es propietaria de un inmueble, lo que genera un riesgo de que, tras retirar sus fondos, el Estado deba cubrir su pensión con fondos fiscales en el futuro. Aduce que el anexo de contrato de trabajo contiene una voluntad equívoca, pues mientras declara mantener la afiliación extranjera, también autoriza a seguir enterando cotizaciones en el sistema chileno, lo que impide la devolución según la jurisprudencia administrativa.

A folio 7, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente. Sostiene que, para la devolución de fondos, es obligatorio acreditar copulativamente los requisitos del artículo 1°, incluyendo una certificación de la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizada o apostillada. Afirma que el certificado electrónico del IVSS acompañado no cumple con los estándares exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, al carecer de firma y apostilla. Añade que el documento solo menciona coberturas genéricas y no permite acreditar la protección específica por los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el periodo laborado en Chile. Indica que la declaración jurada no constituye un medio de prueba idóneo en materias de seguridad social. Agrega que el anexo de contrato de la recurrente contiene una voluntad equívoca, al solicitar simultáneamente la mantención de afiliación extranjera y el pago de cotizaciones en el sistema chileno, lo que contraviene la exigencia de manifestar una voluntad indubitable.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., comunicada con fecha 7 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual bajo el amparo de la Ley N° 18.156, fundada en que la documentación de seguridad social extranjera no se encuentra apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, acto que, a su entender, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida ha sostenido que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, a fin de dar cumplimiento a los estándares exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que la Superintendencia de Pensiones, al evacuar informe en estos autos, precisó que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente. En tal sentido, señaló que el documento del IVSS no se encuentra debidamente legalizado o apostillado y, al indicar un estatus de "cesante" desde el año 2018, no otorga certeza sobre la cobertura efectiva durante el período en que el recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, del mérito de autos se desprende que el documento acompañado por la recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, no habiendo acreditado el recurrente, en esta sede cautelar, el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-322-2026.