nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros mediante notificación de 15 de diciembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Señala que la recurrida rechazó la solicitud argumentando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es válida por carecer de apostilla o legalización. Alega que tal exigencia es arbitraria, pues la normativa no contempla dicha formalidad y el documento cuenta con un código de verificación validable en la web oficial del organismo emisor.

Sostiene que imponer requisitos imposibles de cumplir ante la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile constituye una barrera injustificada. Argumenta que el recurrente cumple todos los requisitos legales: poseer calidad de técnico, manifestar voluntad de mantener afiliación en su país de origen y acreditar cobertura previsional extranjera. Asevera que este actuar afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros y la igualdad ante la ley, citando jurisprudencia de tribunales superiores que han acogido recursos similares.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

A folio 5, evacúa informe Ana María Herrera Brümmer, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

En primer término, alega que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, argumentando que no existe un derecho indubitado sino una controversia jurídica sobre el cumplimiento de requisitos legales.

En cuanto al fondo, sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a la legalidad y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Indica que las certificaciones electrónicas sin apostilla no sirven para acreditar el cumplimiento de la Ley N°18.156, ya que la autoridad previsional es la única con facultades para dar fe de la cobertura específica exigida. Justifica la exigencia de legalización en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Refuta los argumentos del actor señalando que las declaraciones juradas ante notario chileno no son medios idóneos para acreditar afiliación extranjera. Menciona que el recurrente tiene residencia permanente en Chile, lo que pone en riesgo que el Estado deba cubrir su futura pensión con fondos fiscales si retira sus ahorros.

Finalmente pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Argumenta que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente. Señala que las certificaciones deben emanar de la autoridad competente y estar debidamente apostilladas para tener valor probatorio en Chile.

Sostiene que el cierre de la Embajada de Venezuela no exime del cumplimiento de las normas generales de legalización de instrumentos públicos extranjeros. Concluye solicitando el rechazo de la acción.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por parte de AFP Provida S.A., fundado en la falta de apostilla del certificado de afiliación previsional venezolano, solicitando que se reconozca la validez de los documentos electrónicos verificables y se proceda al pago de los fondos acumulados.

Tercero: Que, las recurridas informan que el rechazo es legal pues la normativa exige certificaciones apostilladas para acreditar cobertura previsional extranjera, siendo la Ley N°18.156 una norma de excepción de interpretación restrictiva. Alegan además que la acción de protección no es la vía idónea para discutir este derecho por ser una materia de lato conocimiento y que el recurrente, al poseer residencia definitiva, podría generar un perjuicio fiscal futuro si retira sus fondos.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero y en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Octavo: Que, en lo que respecta a la acción dirigida en contra de la Superintendencia de Pensiones, esta debe ser necesariamente desestimada, por cuanto no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que le sea imputable directamente. En efecto, el acto que el recurrente identifica como agraviante consiste en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos, decisión que fue adoptada y comunicada de manera exclusiva por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-321-2026.