nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
- Fecha
- 1 de junio de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 3201-2026, sentencia de 1 de junio de 2026
Resumen
Se rechaza el recurso de protección: exigir legalización o apostilla de la constancia de cotizaciones venezolana no es ilegal ni arbitrario, pues la recurrida aplicó uniformemente los requisitos legales y administrativos del beneficio.
Texto íntegro
I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de junio de dos mil veintiséis.
VISTOS:
A folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.
Expone que, la actora, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Indica que la recurrida rechazó dicha petición mediante comunicación de 7 de abril de 2026, argumentando la falta de documentos debidamente legalizados o apostillados. Sostiene que tal exigencia es arbitraria e ilegal, toda vez que la normativa no contempla tales formalidades y los documentos acompañados, en especial la constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, son verificables a través de los medios oficiales de la seguridad social venezolana. Argumenta que el actuar de la recurrida constituye una interpretación formalista y restrictiva que obstaculiza su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales y vulnera el principio de igualdad ante la ley. Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, procediendo a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos dentro de un plazo razonable.
A folio 5, evacúa informe don nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. Señala que el rechazo de la solicitud se ajusta estrictamente a derecho, toda vez que la recurrente no cumplió con los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N°18.156. Argumenta que la documentación presentada carece de las formalidades de legalización o apostilla exigidas por el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Refiere que la declaración jurada y el certificado electrónico no constituyen medios idóneos de prueba conforme a la jurisprudencia administrativa. Sostiene que no existe vulneración de derechos, pues la actora conserva la propiedad de sus fondos y puede subsanar la deficiencia documental en una nueva presentación. Finalmente, pide el rechazo total del recurso con expresa condena en costas. En apoyo a sus dichos acompañó copia de oficios de la Superintendencia de Pensiones, sentencias judiciales, solicitud presentada y copias de escrituras de personería.
A folio 8, evacúa informe don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Alega que el recurso es improcedente por referirse a derechos dubitados que requieren un procedimiento de lato conocimiento. Reiteran que la documentación presentada por la recurrente no cumple con la exigencia legal de estar debidamente legalizada o apostillada, conforme a las instrucciones obligatorias de este órgano fiscalizador. Argumenta que la recurrente no acompañó el contrato de trabajo con la cláusula de voluntad expresa exigida por la Ley N°18.156. Finalmente, solicita el rechazo de la acción.
A folio 9, se ordena traer los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente, doña nombre reservado, a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.
Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones. A su turno, el citado organismo fiscalizador informa que el beneficio invocado es de derecho estricto y que el documento electrónico del IVSS no cumple con las exigencias de apostilla o legalización para producir efectos en Chile, no siendo la declaración jurada un medio idóneo para acreditar la afiliación extranjera.
Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, indica de forma textual lo siguiente: "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.
Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.
Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y la Superintendencia de Pensiones.
Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.
N°Protección-3201-2026.