nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación de don nombre reservado, abogado, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, grado VII del Escalafón de Fiscales, Región de Valparaíso, quien deduce acción de protección en contra del Ministerio Público, representado por su Fiscal Nacional don Ángel Mauricio Valencia Vásquez, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haberlo privado del pago del bono de gestión institucional establecido en la Ley N° 20.240, materializado en la liquidación de remuneraciones del mes de marzo de 2026, de lo que tomó conocimiento el 19 de marzo de 2026 al verificar que dicho beneficio no se incluyó en su remuneración, con vulneración de las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó al Ministerio Público el 23 de junio de 2008, desempeñándose como Fiscal Adjunto, con más de diecisiete años de servicio.

Señala que, a fines de octubre de 2024, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda B Phi positivo, según informe médico de 2 de abril de 2026 de la Fundación Arturo López Pérez, encontrándose desde entonces en tratamiento de quimioterapia.

Como consecuencia de ello, hizo uso de licencias médicas durante el año 2025, las que excedieron los seis meses, circunstancia utilizada por la recurrida como único fundamento para negar el pago del bono.

Reconoce no haber alcanzado a prestar servicios efectivos por un plazo mínimo de seis meses durante 2025, más sostiene que ello obedece exclusivamente al padecimiento de un cáncer, lo que impone -a su juicio- analizar la cuestión bajo el prisma de la Ley N° 21.258, que crea la Ley Nacional del Cáncer, y de las modificaciones que ésta introdujo al artículo 2° del Código del Trabajo en materia de no discriminación.

Argumenta que privarlo del bono por sus licencias oncológicas equivale, en los hechos, a condicionar un componente esencial de su remuneración al hecho de padecer dicha enfermedad, lo que vulneraría la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

Acompaña liquidaciones de remuneraciones de marzo de 2025 y de marzo de 2026 e informe médico.

Pide que se acoja la acción, se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene promover los actos administrativos para el pago del bono de gestión institucional.

A folio 6 informa el Ministerio Público solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, alegó su extemporaneidad, por estimar que el recurrente tuvo conocimiento cierto del acto mediante correo electrónico de 5 de febrero de 2026 de la Jefa de la Unidad Regional de Personas de la Fiscalía Regional de Valparaíso, con lo que el plazo habría vencido el 7 de marzo de 2026.

En segundo lugar, sostuvo la improcedencia del recurso de protección, por no tratarse de un derecho indubitado sino de una materia de lato conocimiento.

Por último, adujo la falta de fundamento del recurso, por cuanto el recurrente reconoce no haber prestado servicios efectivos por al menos ciento ochenta días durante 2025, registrando 199 días de licencia médica por enfermedad común, sin que tales licencias se encuentren comprendidas entre las excepciones taxativas del artículo 3 letra a) de la Ley N° 20.240, las que son de derecho estricto.

Acompañó, entre otros antecedentes, certificado de la División de Personas sobre los días de licencia y el referido correo electrónico.

A folio 7 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Primero: Que, el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece que la acción se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Segundo: Que, el acto que por esta vía se reprocha es la negativa del pago del bono de gestión institucional, el cual la recurrida sostiene que se comunicó mediante correo electrónico de 5 de febrero de 2026.

Sin embargo, ésta no acreditó la recepción efectiva del referido correo y, en consecuencia, que el recurrente haya tomado conocimiento del acto que se reclama como lesivo, por lo que tal alegación de extemporaneidad será rechazada.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es, por tanto, requisito indispensable de la acción la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones referidas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Asimismo, su objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado, y no por la declaración de uno que sea materia de controversia.

Cuarto: Que, por la presente vía se impugna la negativa del Ministerio Público a pagar al recurrente el bono de gestión institucional establecido en el artículo 2 de la Ley N° 20.240, negativa materializada en la liquidación de sus remuneraciones del mes de marzo de 2026.

Afirma el recurrente que, no obstante padecer una enfermedad oncológica en tratamiento, cumple los presupuestos del beneficio, y que excluirlo por haber hecho uso de licencias médicas derivadas de aquélla importa una discriminación proscrita por la Ley N° 21.258, con infracción de las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, pidiendo que se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene el pago del bono.

Quinto: Que, informando, el Ministerio Público solicitó el rechazo de la acción sobre la base de tres alegaciones: la extemporaneidad del recurso, por estimar que el recurrente tuvo conocimiento cierto del acto mediante correo electrónico de 5 de febrero de 2026; la improcedencia de la vía, por no tratarse de un derecho indubitado sino de una materia de lato conocimiento; y la falta de fundamento, por cuanto el recurrente reconoce no haber prestado servicios efectivos por al menos ciento ochenta días durante 2025, 199 días de licencia médica por enfermedad común, no encontrándose tales licencias entre las excepciones taxativas del artículo 3 letra a) de la Ley N° 20.240.

Sexto: Que, para la resolución del asunto debe tenerse presente, en primer lugar, el artículo 77 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, conforme al cual el sistema de remuneraciones de fiscales y funcionarios contemplará bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan.

A su vez, el artículo 3 de la Ley N° 20.240 dispone que tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional el personal que cumpla los requisitos que indica, exigiendo en su letra a) haber prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario respectivo, y precisando que no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a las licencias médicas, con la sola excepción de las originadas por accidentes del trabajo de la ley N° 16.744 y de los descansos de los artículos 195, 196 y 197 bis del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, el artículo 7 del Reglamento de Bonos para los Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público reproduce, en su letra a) e inciso final, idéntica exigencia y excepción, en tanto que su artículo 12 inciso 2° precisa que, para tener por cumplido el requisito de prestación de servicios por un plazo no inferior a seis meses, se entiende que ha de haberse desempeñado el funcionario por un lapso igual o superior a ciento ochenta días, en forma continua o discontinua.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes y de lo informado por las partes, resultan hechos no controvertidos los siguientes:

1) El recurrente es abogado, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, grado VII, en funciones desde el 23 de junio de 2008;

2) A fines de 2024 fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda B Phi positivo, encontrándose desde entonces en tratamiento de quimioterapia;

3) Durante el año 2025 hizo uso de licencias médicas derivadas de dicha enfermedad oncológica, registrando 199 días de licencia, con lo que no alcanzó los ciento ochenta días de desempeño efectivo;

4) En la liquidación de marzo de 2025 percibió el bono de gestión institucional, en tanto que en la de marzo de 2026 éste no le fue pagado; y 5) El recurrente reconoce expresamente no haber alcanzado a prestar servicios efectivos por al menos seis meses durante el año 2025.

Noveno: Que, de las normas reseñadas se desprende que, para los efectos del pago del bono de gestión institucional, no se entienden como efectivamente trabajados los períodos en que el funcionario se encuentre con licencia médica, salvo que ésta tenga su origen en accidentes del trabajo de la ley N° 16.744 o en los descansos de los artículos 195, 196 y 197 bis del Código del Trabajo.

Habiéndose establecido en la ley y en el reglamento, de manera taxativa, cuáles son las excepciones aplicables al cómputo de los períodos efectivamente trabajados, y tratándose de excepciones de derecho estricto, no es posible considerar licencias médicas de un origen distinto a aquéllos, como ocurre con las de enfermedad común, entre las que se cuenta la de naturaleza oncológica que afectó al recurrente.

Décimo: Que, la circunstancia de que el recurrente padezca un cáncer no altera la conclusión anterior.

En efecto, si bien la Ley N° 21.258 incorporó al artículo 2° del Código del Trabajo la prohibición de condicionar la contratación de un trabajador, su permanencia o renovación de contrato, o su promoción o movilidad en el empleo, al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer, dicha norma no dispone que el tiempo correspondiente a las licencias médicas otorgadas por esa enfermedad deba reputarse, para todos los efectos, como tiempo efectivamente trabajado. Determinar lo contrario importaría crear, por vía interpretativa, una excepción al requisito de la letra a) del artículo 3 de la Ley N° 20.240 que el legislador no contempló, alterando el carácter taxativo de aquéllas que la propia ley estableció.

En ese sentido, no favorece a los intereses del recurrente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley N°21.258, toda vez que no dice referencia a remuneraciones o concesión de incentivos de desempeño.

Undécimo: Que, en consecuencia, reconociendo el propio recurrente no haber prestado servicios efectivos por al menos ciento ochenta días durante el año 2025, no concurre a su respecto el presupuesto exigido por la letra a) del artículo 3 de la Ley N° 20.240, de modo que no cumple los requisitos legales y reglamentarios para el otorgamiento del bono cuyo pago reclama.

Así, la decisión de la recurrida de no pagar el beneficio no constituye un acto ilegal pues se ajusta al tenor de las normas aplicables, ni arbitrario ya que responde a un criterio objetivo y uniforme, aplicado a todos los fiscales y funcionarios en idéntica situación.

Duodécimo: Que, no existiendo el acto ilegal o arbitrario que se reprocha, tampoco se advierte vulneración de la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, desde que la diferencia que el recurrente acusa no es sino la consecuencia de aplicar las mismas disposiciones a quienes no reúnen los requisitos del beneficio; ni del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, toda vez que el bono se devenga únicamente respecto de quienes cumplen tales requisitos, condición que el recurrente no satisface, no incorporándose a su patrimonio derecho alguno susceptible de amparo por esta vía.

A lo anterior se suma que la cuestión planteada, en cuanto exige dilucidar el alcance de las normas en juego, excede el ámbito cautelar propio de esta acción, que supone un derecho indubitado. Por todo lo cual, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra del Ministerio Público.

Se previene que el Fiscal Judicial Sr. Fuentes concurre al rechazo, teniendo además presente que el recurso de protección es extemporáneo, atendido que el correo electrónico en que se comunicó al recurrente el no pago del bono es un correo institucional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-3181-2026.

En Valparaíso, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.