nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. El recurrente impugna el acto que califica de ilegal y arbitrario de 26 de marzo de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de Retiro de Fondos para Técnico Extranjero bajo el amparo de la Ley N° 18.156.

Informa el recurrente que solicitó la devolución de sus fondos previsionales acreditando su condición de técnico extranjero afiliado a la seguridad social de su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS). Sin embargo, la AFP rechazó la solicitud argumentando que el certificado de afiliación no cumplía con los requisitos vigentes, por carecer de firma autorizada, legalización o apostilla, no siendo suficiente el código de verificación electrónico que contiene la constancia.

La parte recurrente sostiene que dicho rechazo es arbitrario, pues impone requisitos excesivamente formalistas que desconocen la imposibilidad técnica y material de obtener legalizaciones consulares debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales. Alega que se configura una situación de fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil, lo que obligaría a la autoridad a aceptar medios de verificación alternativos.

Argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS cuenta con un código de verificación alfanumérico que permite su validación directa en el portal web oficial del organismo venezolano, trámite que la AFP se negó a realizar. Asevera que la recurrida incorpora requisitos no previstos en la Ley N° 18.156, la cual solo exige que el técnico esté afiliado a un régimen de seguridad social extranjero y manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Invoca infracción a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad (Art. 19 N° 2 y N° 24), citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han ordenado la devolución de fondos en casos similares, señalando que la falta de apostilla no resta mérito a la existencia del vínculo previsional cuando este es verificable por medios tecnológicos.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca la validez de la documentación acompañada incluyendo la declaración jurada notariada y el certificado electrónico del IVSS y se ordene a AFP PlanVital S.A. proceder con la devolución de los fondos previsionales en un plazo razonable.

A folio 5, AFP PlanVital S.A. informó que el 26 de marzo de 2026, el recurrente presentó ante dicha Administradora una gestión destinada a solicitar la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, tras su revisión, la Administradora constató que la documentación acompañada no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, razón por la cual la solicitud no fue admitida a trámite.

Señaló que el recurrente acompañó declaración jurada ante notario público chileno y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Indicó que la declaración jurada no es un documento apto para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, por emanar de la propia parte interesada y no de la autoridad previsional competente. En cuanto a la constancia electrónica del IVSS, señaló que carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, no siendo suficiente a este efecto el código de verificación electrónica que contiene.

Señaló asimismo que el recurrente suscribió su contrato de trabajo el 10 de abril de 2019 sin expresar voluntad de mantenerse afiliado al régimen previsional extranjero, y solo con fecha 1 de diciembre de 2024 suscribió un anexo de contrato en tal sentido, lo que configuraría una manifestación de voluntad extemporánea y contradictoria con las estipulaciones originales del contrato.

Pide que se rechace el recurso de protección.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones en relación con el recurso de protección Rol N° 3144-2026, interpuesto por nombre reservado en contra de AFP PlanVital S.A. El organismo fiscalizador solicita tener por evacuado el informe, sosteniendo la legalidad del rechazo de la devolución de fondos previsionales solicitado bajo la Ley N° 18.156.

En lo preliminar, la Superintendencia precisa que el recurrente no registra presentaciones previas ante dicho organismo respecto de esta solicitud. Precisa que la exención de cotizar es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156: calidad de técnico o profesional, afiliación a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Respecto de la suficiencia de los documentos, el informe ratifica el criterio de la AFP recurrida. Sostiene que la declaración jurada ante notario chileno no es un instrumento idóneo, ya que solo la autoridad previsional extranjera competente tiene la facultad legal de dar fe sobre la situación de seguridad social en su país. En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS de Venezuela, el organismo informa que dicho documento carece de firma, legalización o apostilla, incumpliendo los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

La Superintendencia enfatiza que la jurisprudencia administrativa y judicial ha sido uniforme y consistente en rechazar pretensiones similares de ciudadanos venezolanos. Argumenta que el código de verificación electrónica no sustituye las formalidades legales vigentes en Chile para documentos públicos extranjeros. Además, señala que la interrupción de relaciones consulares con Venezuela no hace imposible el trámite, toda vez que el portal web venezolano para el servicio de apostilla se encuentra activo, y que el trámite puede realizarse a través de consulados de terceros países como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Indicó además que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no asegura el retorno a su país de origen, pudiendo generar un perjuicio al Estado en caso de autorizarse el retiro sin cumplir los requisitos legales.

Concluye solicitando que se considere que la actuación de la AFP y las instrucciones del órgano fiscalizador se ajustan plenamente a la normativa vigente, no existiendo acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho de propiedad del recurrente.

A fojas 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías preexistentes ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Para su procedencia, se requiere la existencia de un acto ilegal o arbitrario que viole o amenace dichas garantías y que el recurrente sea titular de un derecho indubitado.

Segundo: Que, la controversia se centra en el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, la cual exime a técnicos extranjeros de las leyes de previsión chilenas siempre que: a) se encuentren afiliados a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresen en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Por ser un régimen de excepción, sus disposiciones deben aplicarse de manera restrictiva.

Tercero: Que, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado documentos que cumplieran los requisitos exigidos, en particular, por presentarse una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS que carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada, y una declaración jurada emitida por la propia parte interesada ante notario público chileno, sin que ninguno de estos instrumentos sea idóneo para acreditar la afiliación y cobertura previsional en el extranjero.

Cuarto: Que, la declaración jurada notarial no es el instrumento idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Dicha acreditación debe emanar exclusivamente de la institución de seguridad social competente del país de origen, pues solo ella posee facultades legales para dar fe de dicha circunstancia.

Quinto: Que, siendo ambos países parte del Convenio de la Apostilla, los documentos venezolanos deben ser apostillados para producir efectos en Chile, conforme lo ha precisado la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025. El código de verificación electrónica incluido en la constancia del IVSS no sustituye las formalidades legales vigentes establecidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile no exime del cumplimiento de los requisitos legales. El portal web venezolano para el servicio de apostilla se encuentra activo, por lo que la imposibilidad invocada no es absoluta, pudiendo además realizarse el trámite a través de consulados de terceros países como Colombia o Perú, según lo ha señalado tanto la Superintendencia de Pensiones como la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 33.946-2025. Cualquier mecanismo alternativo de validación excepcional corresponde ser establecido por el legislador y no por la AFP ni por esta sede cautelar.

Séptimo: Que, no se constata que el actuar de AFP PlanVital S.A. haya sido ilegal o arbitrario, encontrándose su decisión sustentada en la ley y en los criterios vinculantes de la Superintendencia de Pensiones.

A lo anterior cabe agregar que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que refuerza la improcedencia del beneficio excepcional contemplado en la Ley N° 18.156. Autorizar el retiro de fondos en estas condiciones podría además acarrear un perjuicio al Estado, al garantizar las pensiones básicas solidarias a quienes acrediten residencia permanente, de modo que el retiro anticipado de cotizaciones generaría eventualmente una carga fiscal no prevista por el legislador al establecer este régimen excepcional, según ya se ha razonado en causas análogas.

El rechazo, en consecuencia, no implica la pérdida de los fondos, sino la improcedencia de este beneficio excepcional, manteniéndose el recurrente en plena titularidad de sus fondos previsionales, los que podrá destinar a pensión u otros beneficios contemplados en el D.L. N° 3.500.

Octavo: Que, en consecuencia, no verificándose los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción cautelar, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-3144-2026.