Protección contra Sra

Foja: 18 Dieciocho eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de diciembre de 2014 Vistos:

A fojas 4 comparecen nombre reservado y ALFREDO RICARDO CALVO CABEZAS, abogados, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado y señalan que dentro del plazo señalado en el artículo N° 1 del Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, vienen en deducir acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Sra. Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, doña EDTH DEL CARMEN SIMPSON ORELLANA.

El fundamento de esta acción constitucional es haberse vulnerado las normas del debido proceso, amparadas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que consagra dicho derecho como una garantía esencial, amplia y sin limitaciones, las que la Sra. Juez recurrida ha vulnerado en forma arbitraria, ilegal e inconstitucional, según pasamos a exponer:

Señalan que en los autos laborales, Rit N° T-197-2014, caratulados 'nombre reservado con nombre reservado", del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, con fecha 20 de noviembre de 2014, en representación de doña nombre reservado, realizaron una presentación en la cual solicitaron la suspensión de la audiencia preparatoria de juicio oral, programada para el día 21 de noviembre de 2014, a las 9:00 horas, y que asimismo se fijara nuevo día y hora para su realización, y en la cual dieron cuenta de hechos ocurridos en la tramitación de la causa, los que por la forma en que se habían producido, dejaron a nuestra representada en la más absoluta indefensión, causándole grave, injusto e irreparable daño, impidiéndole de este modo su derecho a defensa y afectando su derecho al debido proceso.

Los fundamentos de la petición fueron los siguientes:

1.- Con fecha 16 de septiembre de 2014, nuestra representada fue notificada de la denuncia de autos, interpuesta en su contra por don nombre reservado.

2.- Con la misma fecha y adherido a ella, se le notificó a ésta la providencia recaída en la denuncia, la que citaba a las partes a una audiencia preparatoria oral para el día 21 de noviembre de 2014, a las 9:00 horas., estableciendo además que la denunciada debería contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles completos de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

3.- A raíz de lo anterior, a fines del mes de septiembre de 2014, la denunciada concurrió a nuestro Estudio Jurídico a fin de que nos hiciéramos cargo de su defensa, entregándonos copia de la denuncia y su proveído.

4.- A principios del mes de noviembre de 2014, solicitamos a la Sra. nombre reservado, que nos hiciera llegar una serie de antecedentes y documentos para su adecuada defensa.

Sin embargo, ella nos informó que con fecha 9 de noviembre de 2014, ingresó a la Página de Consulta de Causas del Poder Judicial, específicamente a los autos Rit T-197-2014, caratulados 'nombre reservado con nombre reservado", del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, y en la página respectiva consta, en su parte superior, que el Estado Administrativo de la causa es: Archivada y que el Estado Administrativo es: No da curso a demanda, A continuación, en la parte central de la página se establece el historial de la causa, en los siguientes términos:

Ingreso - Actuación - Autoriza poder - 04/09/2014 Ingreso - Escrito - Ingreso denuncia - 03/09/ 2014 Ingreso - Resolución - Dese cumplimiento al art. 490 - 04/09/2014 Ingreso - Escrito - Cumple lo ordenado 08/09/2014 Actuación - Resolución - No da curso a la demanda 22/09/2014 Resolución - Actuación - Pase a archivo definitivo 20/10/2014.

Los antecedentes reseñados en esta parte, fueron entregados personalmente por la Sra. nombre reservado a estos apoderados, documento que se acompañó en la presentación de 20 de noviembre de 2014 y que también acompañamos al presente recurso.

1.- Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, se tuvo la certeza de que la causa interpuesta en contra de doña nombre reservado, va no se encontraba vigente, toda vez que no se había dado curso a la demanda y además se había decretado su archivo, de modo que ya no eran necesarios nuestros servicios profesionales.

2.- Posteriormente, con fecha 17 de noviembre de 2014, doña nombre reservado, concurrió al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso., con el fin de obtener para su archivo personal, una copia de todo lo obrado, en la causa Rit T-197-2014, circunstancias en las cuales fue informada que la causa interpuesta en su contra, no se encontraba con resolución de no habérsele dado curso, ni decretado su archivo, sino que por el contrario, ésta se encontraba plenamente vigente y con la fecha de audiencia de juicio a firme, para el día 21 de noviembre de 2014, a las 9:00 horas.

De lo expuesto, se desprende con absoluta claridad, que, debido a errores de tipo administrativo, desinteligencias en la información que se sube a la página correspondiente, desordenes informáticos u otras razones que esta parte desconoce, se ha dejado a nuestra representada en la más absoluta indefensión en dicha causa , toda vez que el día 17 del presente mes, fecha en que tomó conocimiento de que ésta se encontraba vigente, ya había precluido el plazo para contestar la demanda, vulnerándose de este modo, normas fundamentales y principios constitucionales y legales que rigen los procedimientos; concretamente, no se habían observado las normas mínimas de un debido proceso.

En audiencia efectuada el día 21 de noviembre de 2014, y previo un brevísimo y desprolijo "análisis" de nuestra presentación de 20 de noviembre de 2014, la Sra. Juez recurrida, doña nombre reservado, resolvió con un escueto: No ha lugar, (el subrayado es nuestro).

En el acto, frente a tan arbitraria, ilegal e inconstitucional resolución, interpusimos recurso de reposición, ei que también fue rechazado, escuetamente, sin mayores fundamentos, consolidándose de este modo un grave atentado contra las normas del debido proceso.

A mayor abundamiento, se le solicitó a la Sra. Juez recurrida que ante la gravedad de los hechos expuestos, remitiera los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, -presumiendo nosotros que se habría cometido un delito informático-, a lo cual nos respondió que no accedía a la petición, toda vez que su Tribunal tenía una gran carga de trabajo, respuesta que sorprendió a estos apoderados, ya que hasta el día anterior, teníamos entendido que todo funcionario público, al tomar conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tiene la obligación de hacer una denuncia dentro de 24 horas, más aún cuando la Sra. Jueza tenía en sus manos el documento acompañado por nosotros, que daba cuenta de los hechos, y al que eufemísticamente señalaba como "pantallazo", y que en el mismo acto, contrastó con certificación de página del Portal web del Poder Judicial, pero ésta de fecha 21 de noviembre de 2014.

En mérito de lo expuesto, solicitan se tenga por interpuesto recurso de Protección de Garantías Constitucionales a favor de doña nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado en su calidad de Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, declararlo admisible, y en definitiva, acogerlo y ordenar que la recurrida, haciendo uso de sus facultades legales, y de oficio, dicte las resoluciones legales pertinentes, que corrijan el viciado procedimiento, y de éste modo, se reviertan las graves vulneraciones a las normas de un debido proceso, solicitando además que la recurrida informe dentro del más breve plazo y que remita a este alto tribunal, todos los antecedentes que obran en su poder, Acompaña antecedentes.

A fojas 11, informa la Juez recurrida en los siguientes términos:

Que en audiencia celebrada el 21 de noviembre en curso la parte demandada solicitó la suspensión de dicha audiencia fundada en la errónea información proporcionada por la página Web del Poder Judicial que les habría impedido preparar debidamente su defensa.

Que como fundamento de su petición acompañó copia impresa de información proporcionada, según manifestó, del Portal Web del Poder Judicial.

Que para verificar la autenticidad de la información contenida en el documento acompañado,esta magistrado ordenó certificar por el Ministro de Fe del Tribunal si se correspondía con la información proporcionada por la página oficial del Poder Judicial. Que la certificación practicada, agregada a la carpeta virtual de la causa, señala que el documento acompañado por la demandada no se corresponde ni en su formato ni en su contenido a la información proporcionada por la página Web del Poder Judicial.

Que por lo anterior, la Juez que suscribe negó lugar a la incidencia promovida.

Que no obstante lo anterior, este Tribunal no hizo uso de la facultad contenida en el artículo 453 número 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, recibió la causa a prueba y declaró admisible la prueba ofrecida por la demandada.

Que este Tribunal no ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público por estimar que los hechos fundantes de la incidencia promovida no constituían un ilícito informático por manipulación del Sistema de Tramitación Laboral (SITLA), el que cuenta con las debidas seguridades, sin perjuicio del derecho de los litigantes de accionar por esta vía si lo estimaban procedente. A mayor abundamiento es la misma parte la que reconoce haber sido notificada de la resolución que la citó a audiencia preparatoria para el 21 de noviembre de 2014 A LAS 09:00 horas, resolución que no aparece registrada en el documento que acompaña.

Adjunta análisis del cotejo informático del documento referido y de la información proporcionada por la página Web del Poder Judicial.

A fs. 16 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en nuestro ordenamiento constitucional tiene por objeto poner fin a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho o garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y que se precisan en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquélla que se refiere el artículo 1° del Código Civil; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

TERCERO: Que mediante el presente recurso se impugna una resolución dictada en los autos laborales RIT T-197-2014 caratulados “nombre reservado con nombre reservado” del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, juicio en el cual con fecha 20 de Noviembre de 2014, en representación de la recurrente doña nombre reservado su abogado realizó una presentación en la cual solicitaban la suspensión de la audiencia preparatorio de juicio oral fijada para el 21 de Noviembre de 2014, por haberse impedido su defensa en la tramitación, afectando las normas del debido proceso, amparadas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

La situación que le impidió su defensa se debió a haber ingresado a la Páginas de Consultas del Poder Judicial, en el cual se indicaba que la referida causa había sido archivada no dando curso a la demanda. Al ir al Tribunal el 17 de Noviembre para solicitar copia de lo obrado, se le informó que la causa estaba vigente y con fecha de audiencia de juicio para el 21 de Noviembre de 2014, en este transcurso había precluido el plazo para contestar la demanda, vulnerándose las normas fundamentales, no observándose los principios de un debido proceso.

CUARTO: Que en su informe la Juez recurrida doña nombre reservado, señala que efectivamente en la audiencia del 21 de Noviembre de 2014, la parte demandada solicitó la suspensión de dicha audiencia por los motivos indicados por la recurrida, a lo que no dio lugar previa certificación que el documento acompañado por la demandada no se corresponde ni en su formato ni en su contenido a la información proporcionada por la página web del Poder Judicial.

Ante tal hecho, no hizo uso de la facultad del artículo 453 N° 1 inciso 7° del Código del Trabajo, recibiendo la causa a prueba y admitiendo la rendida por la demandada.

Agrega que no se dio lugar a remitir los antecedentes al Ministerio Público por estimar que los hechos fundante de la incidencia no constituirían un ilícito informático, ello sin perjuicio del derecho de los litigantes para accionar por esta vía.

QUINTO: Que por su naturaleza y finalidad el recurso de protección, es una acción cautelar extraordinaria prevista para conceder amparo urgente a ciertos y determinados derechos individuales enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que se vean afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de tales derechos esenciales, de lo expuesto se desprende que esta acción requiere como primer requisito, la existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales.

SEXTO: Que, en la especie, resulta inconcuso que el acto por el cual se reclama es la dictación de una resolución judicial en el marco de un juicio, en el cual la recurrente es la demandada en un juicio laboral.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, los hechos denunciados se encuentran bajo la potestad jurisdiccional de un tribunal competente, no están al margen de imperio del derecho, por el contrario están insertos en un procedimiento judicial en el cual el recurrente puede obtener las medidas de resguardo a sus derechos a través de los medios legales que se consagran en el ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, en todo caso, se debe precisar que el recurso de protección no debe ni puede estimarse un mecanismo de reemplazo del sistema procesal vigente, ya que derechamente esta acción de amparo constitucional no puede ser transformada o desviada para constituirla en recurso supletorio, subsidiario de los procedimientos y recurso ordinarios.

NOVENO: Que, sin perjuicio, de lo expresado precedentemente, uno de los requisitos del recurso es que el acto por el cual se reclama, debe ser arbitrario e ilegal, lo que significa que sea contrario a la ley y que sea resultado de un capricho, lo que la Juez recurrida con su actuar por el contrario, sólo ha cumplido con la legislación vigente en razón de sus facultades, sin carecer de racionalidad en sus decisiones.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo reseñado en los considerandos precedentes de los cuales se puede desprender que la materia por la cual se ha recurrido, esto es una resolución judicial tiene otros medios a través de los propios recursos judiciales para obtener lo pretendido, esto es, que sea dejada sin efecto, la resolución que le ha afectado no siendo esta vía la adecuada, por lo que se deberá rechazarse este recurso en la forma que se indicará en lo resolutivo de este fallo.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, según la recurrente la garantía constitucional que ha sido vulnerada, corresponde al debido proceso, sin embargo se debe tener presente, según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dicha garantía no está protegida a través de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por los abogados Juan Saavedra Hinojosa y Alfredo Calvo Cabezas, en representación de doña nombre reservado en contra de la Juez del Trabajo de Valparaíso doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 3134-2014.- Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y abogado integrante Sr. Julio Reyes Madariaga.

En Valparaíso, veintitrés de diciembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.