nombre reservado con INST. DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de octubre de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, comparece don Martín Browne Urzúa, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, que, mediante Resolución Nº29, CUN Nº5877196, de 17 de julio de 2020, declaró que el accidente con resultado de muerte que afectó a don nombre reservado, quien fuera marido de la recurrente, no reviste los caracteres de un accidente cubierto por el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Expone que el trabajador fallecido don nombre reservado, el día 25 de junio de 2020, alrededor de las 16:00 horas, estaba junto a otros colaboradores desarrollando labores de limpieza de canaletas y poda de ramas en una casa habitación de una sociedad agrícola, ubicada en la localidad rural de Villa Errázuriz, comuna de Panquehue, V Región. Relata que el afectado cayó de una escalera, desde una altura aproximada 4 metros, golpeándose fuertemente en la cabeza y falleciendo en la misma fecha. Indica que el día 26 de junio de 2020, la empresa empleadora, de la cual el fallecido era socio, Servicios Agrícolas nombre reservado & Martínez SpA, RUT NºRUT reservado, presentó ante el Instituto de Seguridad del Trabajo, la denuncia por accidente del trabajo. Con fecha 06 de julio de 2020, el IST emitió su Informe Nº092/2020, sobre “Investigación de Accidente Preliminar”, en el que se relata la condición de trabajador agrícola por más de 25 años de don nombre reservado, las circunstancias del accidente laboral, las causas y las medidas o prescripciones indicadas, sin cuestionar su condición de “trabajador”, Señala que no obstante lo anterior, con fecha 17 de julio de 2020, se emitió la resolución objeto de este recurso que rechazó otorgar a los causahabientes del Sr. nombre reservado, las prestaciones que concede la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, atendido que al momento de sufrir el accidente, don nombre reservado no tenía la calidad de trabajador de la empresa pues era socio y administrador de Servicios Agrícolas nombre reservado & Martínez SpA., y que tampoco registra cotizaciones como trabajador independiente voluntario en el instituto recurrido.

Reclama que el IST resuelve, por sí y ante sí, erigiéndose en comisión especial, que el contrato de trabajo celebrado entre el trabajador fallecido y la empresa era nulo, pese a no existir ninguna declaración judicial al respecto, y pese a haber recibido el IST las cotizaciones correspondientes del Señor nombre reservado por casi un año, en conocimiento de su condición de socio y representante legal de la empresa, sin advertirle que por su condición de socio/administrador no estaría cubierto por el seguro de accidentes del trabajo. Argumenta que se ha incurrido en un acto de auto tutela del IST, pues ha resuelto como juez y parte la nulidad de un acto jurídico en su propio beneficio, para evitar así otorgar una cobertura a la que se encuentra obligado legalmente, privando a la recurrente de su derecho a la pensión de la pensión de supervivencia.

Expone que don nombre reservado era socio no mayoritario, con un 50% de las acciones, de la empresa Servicios Agrícolas nombre reservado & Martínez SpA, del giro de prestación de servicios agrícolas, la cual inició sus actividades en agosto del año 2018. Detalla los antecedentes de la empresa e indica que para el cumplimiento del objeto social, la empresa mantenía cinco trabajadores contratados. Con fecha 1º de junio de 2019, ambos socios, suscribieron con la empresa Servicios Agrícolas nombre reservado & Martínez SpA un Contrato de Trabajo, en carácter de indefinido y desde entonces se efectuaban los descuentos para pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Dice que en junio de 2019 la empresa se afilió al Instituto de Seguridad del Trabajo y alega que la decisión es contradictoria, ya que pocos días antes, el otro socio sufrió un accidente en una mano y se le otorgó la cobertura requerida. Afirma que se cumplen con los requisitos para que se le otorgue la cobertura requerida y que la calidad de trabajador subordinado o dependiente no es una condición o requisito para el otorgamiento del seguro en cuestión, ya que además se permite la afiliación a los trabajadores independientes, quienes están obligados legalmente a incorporarse y cotizar a este Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Cita el artículo la Ley 16.744 y el Código del Trabajo, indicando que no existe impedimento para que pueda existir un contrato de trabajo entre una persona y aquella de la cual es socio o accionista. En cuanto a las garantías constitucionales, considera que se han vulnerado las contempladas en el artículo 19 Nº24 y Nº3 inciso 5º, ambas de la Constitución Política de la República, por cuanto por medio del arbitrio: a) se negó el derecho a percibir la pensión de supervivencia; y b) se niega el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales. Pide que se ordene, que se reconozca en favor de la recurrente, la procedencia de otorgamiento de las prestaciones económicas establecidas en la Ley Nº 16.744, y en especial del pago de la pensión de supervivencia a la viuda del trabajador fallecido, doña nombre reservado.

En folio 12, se informa en representación del Instituto de Seguridad Social, detallando el procedimiento de calificación del accidente con resultado de muerte sufrido por el Sr. nombre reservado, argumentando que la resolución objeto del recurso fue dictada en pleno ejercicio de las atribuciones legales y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad administrativa competente. Explica la regulación efectuada por la Ley N° 16.744, en lo que respecta a la administración del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Continúa su informe, aseverando que la facultad para calificar la procedencia sobre el otorgamiento de las prestaciones que confiere el mentado Seguro ha sido conferida por la ley a las Mutualidades de Empleadores, sujetando el ejercicio de dicha facultad a la fiscalización e instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Esta última entidad ha elaborado el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que ha sistematizado sus diversos actos administrativos tendientes a regular los diversos aspectos del Seguro Social de que se trata, y en el que se contienen diversas instrucciones relativas a la forma de las mutualidades de ejercer sus facultades conferidas por la ley N° 16.744. Cita el artículo 2° de la Ley 16.744 que establece las personas protegidas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en cuya letra a) se refiere a los trabajadores por cuenta ajena y en su letra d) contempla a los trabajadores independientes. Sobre estos últimos, el inciso final de dicho artículo dispone que el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro. La regulación de tal circunstancia fue efectuada por el artículo 89 de la Ley N°20.255 que dispone que “Los socios de sociedades de personas, socios de sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa, deberán afiliarse al mismo organismo administrador del seguro a que se encuentre afiliada o se afilie la respectiva empresa o sociedad”. Agrega que el número 9., del Capítulo I., de la Letra D., del Título II. del Libro II., del Compendio de Normas, antes mencionado, ha prevenido que: “Los socios de sociedades de personas, socios de sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa, podrán cotizar de manera voluntaria para el Seguro de la Ley N°16.744. (…)Para efectos del pago de las cotizaciones, los socios de sociedades de personas, socios de sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa, no podrán incorporarse como un trabajador en la planilla de la empresa.”.

Argumenta que el Sr. nombre reservado contaba con facultades de representación legal de la misma, en virtud de lo cual, según ha sostenido la Dirección del Trabajo en sus dictámenes 3709/111, de 23.05.91 y 3090/166, de 27.05.97; no hace concebible que pueda existir subordinación y dependencia entre ambos, agregando que no presentaba cotizaciones al tenor de dicha normativa, lo que llevó a concluir que el accidente con resultado de muerte, no reviste los caracteres de un accidente cubierto por el Seguro Social Obligatorio.

Afirma que la resolución recurrida no es producto del capricho del Instituto de Seguridad del Trabajo, y mucho menos carece de fundamentos racionales, ya que fue dictada en base a los antecedentes aportados durante la calificación. Por otra parte, no se ha declarado la nulidad del contrato de trabajo del Sr. nombre reservado con la empresa, sino que se ha constatado que era accionista en proporción mayoritaria, con facultades de representación legal de la misma, motivo por el cual, no correspondía que hubiese cotizado como trabajador dependiente, sino que debió haberlo hecho como socio de una sociedad por acciones.

En otro orden de ideas, arguye que para que un sujeto se encuentre dentro de la esfera de protección de la garantía del derecho de propiedad, es necesario que se encuentre dentro de su patrimonio de forma indubitada, lo que se ve reafirmado por la naturaleza breve y sumaria del recurso de protección, sin que se puedan discutir cuestiones de fondo, tal como lo sostuvo esta Corte de Apelaciones al declarar inadmisible el recurso, por lo que solicita, el rechazo.

Por resolución de seis de octubre de dos mil veinte, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante este recurso se cuestiona la legalidad y arbitrariedad de la Resolución Nº29, CUN Nº5877196, de 17 de junio de 2020, del Instituto de Seguridad del Trabajo que declaró que el accidente con resultado de muerte que afectó a don nombre reservado, quien fuera marido de la recurrente, no reviste los caracteres de un accidente cubierto por el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, consignando en la parte final de la misma que contra dicha resolución podría reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 16.744.

Tercero: Que, de acuerdo con lo expresado en la parte petitoria del recurso, se solicita mediante este arbitrio: “ordenar que se reconozca en favor de mi representada la procedencia de otorgamiento de las prestaciones económicas establecidas en la Ley Nº 16.744, y en especial del pago de la pensión de supervivencia a la viuda del trabajador fallecido, doña nombre reservado”.

Cuarto: Que, de lo expresado es posible concluir que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, esto es, el eventual derecho de la recurrente sobre las prestaciones que le otorga el Seguro contemplado en la Ley 16.744 en su calidad de viuda, condición que no se verifica en este caso desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado, circunstancia que ha sido cuestionada por la entidad recurrida.

Quinto: Que por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 16.744, la resolución objeto de este recurso de protección es reclamable ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo 90 días hábiles, lo que fue informado a la actora según se indica en la parte final de la resolución, de lo que se desprende que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer y resolver la materia, al existir un procedimiento especial contemplado en la ley para tales efectos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-31321-2020.