nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 SEPTIEMBRE

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Roberto Iván Muñoz Castro, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en haber ordenado descuentos por planilla en sus remuneraciones, bajo el ítem “Descuento Crédito Personal”, respecto de un crédito previamente judicializado, estimando vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 3 de febrero de 2012 suscribió con la recurrida el pagaré N°2395696, por la suma de $3.181.214, obligación pactada en 60 cuotas mensuales de $104.808 cada una. Agrega que, el 28 de septiembre de 2015, reprogramó dicha obligación por la suma de $2.962.480, en 48 cuotas mensuales de $113.511, pactándose que el retardo de más de 30 días en el pago de una cuota habilitaría al acreedor para exigir el total de lo adeudado.

Señala que, encontrándose en mora desde mayo de 2017, la recurrida optó por la vía judicial e interpuso demanda ejecutiva en su contra el 6 de noviembre de 2018, ante el 2° Juzgado de Letras de Quillota, causa Rol C-2075-2018, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre/nombre reservado”. Sostiene que, mediante dicha acción, la Caja aceleró la totalidad del crédito, hizo exigible el total adeudado y eligió la sede judicial como mecanismo de cobro.

Indica que en dicho juicio fue notificado personalmente y requerido de pago el 12 de enero de 2019, y que, habiendo transcurrido más de tres años de inactividad de la ejecutante, formuló incidente de abandono del procedimiento el 30 de septiembre de 2024.

Añade que, no obstante lo anterior, al revisar su liquidación de sueldo de septiembre de 2025, tomó conocimiento de que la recurrida habría ordenado unilateralmente a su empleador, Resister Industrial S.A., efectuar descuentos mensuales de su remuneración por el ítem “Descuento Crédito Personal”, por la suma de $108.327, descuentos que -según afirma- se han mantenido en los meses sucesivos.

Sostiene que el acto impugnado sería ilegal y arbitrario, por cuanto el descuento sería inoportuno, atendido el tiempo transcurrido desde la mora original y desde la judicialización del cobro; paralelo a la vía judicial, ya que la recurrida habría optado previamente por demandar el pago total de la obligación; contrario a sus propios actos; ejecutado sin aviso previo; y directamente lesivo de su remuneración mensual. Afirma que la Caja habría reactivado unilateralmente el descuento por planilla, generando un riesgo de doble pago y afectando su legítima expectativa de percibir íntegramente su remuneración.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, refiere que se afecta su derecho de propiedad, al privársele mensualmente de parte de su remuneración mediante un mecanismo que califica como autotutelar, y la igualdad ante la ley, al estimar que la recurrida se habría otorgado a sí misma una prerrogativa no conferida por la ley en las circunstancias del caso.

En razón de lo anterior, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida: cesar de inmediato todo descuento o retención sobre su remuneración por concepto del crédito referido; restituir íntegramente los montos descontados desde el año 2025 y aquellos que pudieren efectuarse durante la tramitación del recurso; y abstenerse de efectuar descuentos extrajudiciales por planilla respecto del mismo crédito mientras se mantenga vigente el procedimiento ejecutivo Rol C-2075-2018 del 2° Juzgado de Letras de Quillota, con costas.

A folio 12, informa Matías Zoroquiain Vélez, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente contrató con la recurrida, el 2 de febrero de 2012, una operación de crédito social por la suma de $3.181.214, registrada bajo el folio N°524028083, pagadera en 60 cuotas mensuales, la que posteriormente fue objeto de sucesivas reprogramaciones, primero el 24 de febrero de 2015 y luego el 15 de julio de 2016, pactándose en esta última oportunidad el pago del saldo adeudado en 41 cuotas mensuales, incurriendo el actor en mora a partir de junio de 2017.

Expone que, verificada la morosidad, se activaron los mecanismos de cobranza extrajudicial y se incorporó el crédito al sistema integrado de recaudación “Intercajas”, a fin de efectuar el cobro mediante descuento por planilla en las remuneraciones del deudor, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. Añade que, ante el fracaso de dicha cobranza, se interpuso además demanda ejecutiva en contra del recurrente, causa Rol C-2075-2018 del 2° Juzgado Civil de Quillota, notificada el 12 de enero de 2019, indicando que dicha gestión obedeció al cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.

Sostiene que no existe actuación ilegal ni arbitraria, por cuanto el descuento de las cuotas del crédito social se ajusta al marco legal previsto en la Ley N°18.833, el Código del Trabajo, la Ley N°17.322 y al mandato contenido en el pagaré suscrito por el actor, mediante el cual éste facultó a su empleador actual y futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones las cuotas convenidas para el servicio de la deuda. En ese contexto, afirma que la Caja sólo ha ejercido los mecanismos legales destinados a la recuperación del crédito social otorgado.

Agrega que la vigencia de la acción ordinaria de cobro no ha sido discutida en esta sede, por lo que, a su juicio, no existe afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que la recurrida dispuso el cese del cobro del crédito mediante descuentos por remuneración y la restitución de las sumas descontadas desde septiembre de 2025 en adelante, precisando que el cese operaría formalmente desde junio de 2026, aunque se habrían efectuado gestiones con Caja Los Andes, en el contexto del sistema “Intercajas”, para procurar que el empleador sea informado oportunamente y el cese pueda materializarse desde mayo de 2026. Asimismo, indica que solicitó al recurrente informar una cuenta bancaria para efectuar la restitución mediante transferencia electrónica.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento automático por planilla que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre ha dispuesto respecto de las remuneraciones del recurrente, vinculado a un crédito social suscrito originalmente el año 2012 y posteriormente reprogramado, respecto del cual la recurrida activó previamente mecanismos de cobro judicial mediante demanda ejecutiva seguida ante el 2° Juzgado de Letras de Quillota, causa Rol C-2075-2018. Sostiene el actor que dicho actuar resulta arbitrario, por cuanto la recurrida habría optado por exigir judicialmente el total de la deuda, haciendo efectiva la cláusula de aceleración, no resultando procedente reanudar unilateralmente descuentos por planilla respecto de la misma obligación; e ilegal, por no haber mediado aviso previo respecto de la reactivación de tales descuentos, afectando con ello su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Por lo anterior, solicita el cese de los descuentos y la restitución de las sumas descontadas.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que el cobro efectuado se ajusta a derecho, fundado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en las normas que regulan el sistema de crédito social y en el mandato de descuento contenido en el pagaré suscrito por el recurrente, señalando que la deuda se mantiene vigente y exigible, sin que exista declaración judicial de prescripción o extinción. Añade que, sin reconocer ilegalidad o arbitrariedad alguna, ha dispuesto voluntariamente el cese del cobro por planilla y la restitución de las sumas descontadas desde septiembre de 2025, solicitando en definitiva el rechazo del recurso por pérdida de oportunidad.

Cuarto: Que, de lo relacionado, puede concluirse que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, comenzó el descuento en las remuneraciones del actor, habiendo iniciado previamente acciones legales en su contra, por lo que ha pretendido perseguir por dos vías coetáneas el pago de una misma obligación, lo que hace devenir dicho acto en arbitrario e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que le impide gozar de la totalidad de la remuneración a que tiene derecho, lo que amerita acoger el presente arbitrio.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida en orden a haber dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas, lo cierto es que no ha acreditado en autos el efectivo cumplimiento de tales medidas, manteniéndose una situación de incertidumbre respecto de la cesación real de los descuentos en las remuneraciones del recurrente y de la devolución íntegra de las sumas ya retenidas, circunstancia que justifica acoger el presente arbitrio en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, y, en consecuencia, se ordena a la recurrida cesar inmediatamente los descuentos realizados en las remuneraciones del actor por concepto del crédito materia de autos y restituir íntegramente al recurrente la totalidad de las sumas descontadas, dentro del plazo de 10 días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Valenzuela, quien estuvo por rechazar el recurso, teniendo presente que los antecedentes dan cuenta de que la obligación cuyo cobro motiva los descuentos reclamados se encuentra sometida al conocimiento del 2° Juzgado de Letras de Quillota, en causa Rol C-2075-2018, sede en la cual corresponde discutir la existencia, vigencia, exigibilidad, forma de cobro, imputación de pagos y demás alegaciones vinculadas al crédito invocado por la recurrida. En tal contexto, estimó que la controversia planteada excede el ámbito propio de esta acción cautelar, al no recaer sobre un derecho indubitado susceptible de ser amparado por esta vía, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer ante el tribunal civil competente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3127-2026.