Protección contra Secretaria Regional Ministerial de Salud de la V Región

Foja: 61 Sesenta y Uno Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, a doce de enero de dos mil catorce.

Visto:

A fojas 17 comparece don nombre reservado, factor de comercio, en representación de Servicios Odontológicos Plaza Vergara Ltda., domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la V Región, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado Resolución Nº 551344 de fecha 10 de Octubre de 2014.

Indica, que mediante la resolución que por esta vía se impugna se dejó sin efecto Res. Ex. N° 4583 de 15 de Diciembre de 2010, que autorizó el funcionamiento de la Clínica Dental sujeta a fiscalización, por una supuesta infracción constatada en investigación sumaria, originada en la inspección efectuada el 14 de agosto de 2014, por las fiscalizadoras doña nombre reservado y doña nombre reservado a las instalaciones del Centro Odontológico que mantiene en domicilio reservado.

En cuanto a la autorización de funcionamiento expresa, que la Resolución Exenta N° 4583, junto con otorgar la misma por 3 años renovables automática y sucesivamente, estableció que la dirección técnica del establecimiento era de responsabilidad del Dr. nombre reservado, quien sería responsable ante la autoridad sanitaria del cumplimiento de la normativa vigente y del buen funcionamiento del establecimiento.

Que en acta de 14 de agosto de 2014, las Sras. nombre reservado, dieron por establecido que “... En visita de fiscalización a Clínica Dental, autorizada bajo resolución 4583/15Dic 2010 para corroborar denuncias y testimonios recibidos por la suscrita, se constata en proceso de revisión de fichas clínicas, que ellas no cuentan con información completa respecto del nombre del profesional responsable, por tanto es posible inferir que los pacientes fueron atendidos por personal auxiliar …". Concluyendo: Inicie hoy proceso de investigación sumarial, para constatar derechos descritos en la presente acta".

Agrega, que su parte presentó los descargos pertinentes y los documentos que acreditaban la existencia en el establecimiento de profesionales calificados de especialidad, quienes están y han estado siempre a cargo de los establecimientos. Al efecto acompañó el título de la odontóloga Sra. nombre reservado, contrato de trabajo, cv e identificación; además, que desde su creación don nombre reservado, también se desempeña en ese lugar.

Que sin embargo, y a pesar de los antecedentes, con fecha 10 de octubre de 2014, la recurrida dictó la resolución Nº 551344 aplicando una multa de 200 UTM, y deja sin efecto la Resolución Exenta N° 4583, que otorgó la autorización de funcionamiento, procediendo a la clausura inmediata, sin esperar los plazos legales para que su parte ejerciera los derechos que la legislación vigente le reconoce, para impugnar el arbitrario e ilegal comportamiento funcionario. Hace presente, que hoy el establecimiento está cerrado por la autoridad sanitaria sin fundamento alguno y con grave perjuicio para los pacientes y la institución.

Indica que los fundamentos vertidos en la resolución sancionatoria, son falsos, ya que jamás fueron constatadas las condiciones de otorgamiento de los servicios odontológicos en los términos que ordena el artículo158 del Código Sanitario, que de la sola lectura del acta de inspección, permite establecer que la acusación efectuada por el servicio, es una inferencia o deducción de las fiscalizadoras, quienes realizaron negligentemente sus labores. Hace presente, que el día de la fiscalización, solo se limitaron a pedir las fichas de los pacientes, revisando las que estaban impresas, correspondientes al año 2010, dejando de lado el sistema de control y fichas computacionales, sin inspeccionar las instalaciones, no se entrevistó ni controló a los dentistas que se desempeñaban en el lugar ni tampoco a los pacientes.

Que así, se da por establecido arbitrariamente que los pacientes son atendidos por personal auxiliar, lo que no es efectivo, máxime si no se inspeccionó como establece la normativa, esto es, el artículo 158 del Código Sanitario. Cuestiona la inferencia a que arriban las fiscalizadoras, lo genérico de ellas, sin un caso concreto a indicar, lo anterior, postula, impide a su parte en los casos que se pretenda una mala o inadecuada atención de salud acreditar lo contrario. Que las fiscalizadoras tienen como función constatar hechos y no inferir; en virtud de lo anterior, la resolución cuestionada, se dictó con esa sola inferencia.

Precisa, que la Clínica de su representada cuenta con cirujanos dentistas para todos sus procedimientos, cumpliendo con todas las disposiciones legales sanitarias, agregando, que hasta antes de la clausura se habían contratado dos profesionales más. Que en cuanto al cuestionamiento formulado en la resolución impugnada, en orden a no haber formulado los descargos, indica, que con fecha 26 de agosto del 2014, estos fueron recibidos en la oficina territorial de Viña del Mar, en ellos se acompañaron todos los antecedentes ya referidos, acompaña copia con timbre de cargo. Que, en consecuencia, la Resolución N° 551344, carece de todo fundamento y sustento legal, lo que la convierte en un acto administrativo ilegal y arbitrario, por lo que las sanciones consignadas en ellas, deben ser dejadas sin efecto.

Esgrime como conculcadas las garantías consagradas en los artículos 19 Nº 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República. En cuanto al primero indica, que su parte está siendo discriminada al impedirle ejercer actividad y prestar sus servicios, no obstante encontrarse en igualdad de condiciones con otros establecimiento. En segundo lugar, refiere que su parte ha cumplido con los requisitos que la ley y los reglamentos exigen para su funcionamiento y así fue dictaminado en su oportunidad, por ello, tal decisión no puede ser dejada sin efecto sin constatar y acreditar mediante un procedimiento legal que asegure el debido proceso, que se haya constado por hechos indesmentibles las imputaciones. Finalmente, se conculca su derecho de propiedad sobre la autorización de funcionamiento.

A fojas 29 se decretó orden de no innovar.

A fojas 32 don nombre reservado, comparece en representación de la recurrida, solicitando en primer término se declare la inadmisibilidad del recurso, fundamenta su petición en que la recurrente interpuso acción de reclamación de multa administrativa, Rol C-2790-2014, 2º Juzgado Civil de Valparaíso, con anterioridad a la presente, precisando que a la época de presentación de esta acción, la litis ante el juzgado civil, ya se encontraba trabada, lo que torna inadmisible la acción de protección. Hace presente, que la reclamación busca que se deje sin efecto la sanción aplicada mediante resolución 551344/2014 por no haberse dado cumplimiento al código sanitario, idéntica petición a la de autos. Por lo anterior, solicita acoger este incidente, con costas, dejando sin efecto de inmediato la orden de no innovar decretada.

En subsidio, informa en cuando al fondo, expresando que por denuncia de pacientes atendidos en la clínica de domicilio reservado, se tomó conocimiento de la atención de éstos por parte de auxiliares de odontología, en funciones propias de los cirujanos dentistas. Estas fueron investigadas, siguiéndose dos sumarios, los 746/2013 y 3347/2014. En el primero se levantó Acta de Inspección N° 3217, de 22 de agosto de 2013, que señala, en lo pertinente: "Al momento de la inspección, esta fiscalizadora encuentra a la señora nombre reservado de profesión Laboratorista Dental realizando procedimientos intraorales con pacientes ..."; en este proceso, la infractora no controvirtió los hechos descritos en el acta, el cual terminó mediante la Resolución N° 55208 de 7 de octubre de 2013, que aplicó multa a la sumariada, la que no fue impugnada.

La existencia de nuevas denuncias de atención de pacientes por personal técnico, obligó a realizar una nueva investigación, levantándose una nueva Acta , firmada por la cirujano dentista nombre reservado y signada con el Nº 534 de 14 de agosto de 2014, de la que deja constancia de los hechos verificados por la fiscalizadora y las conclusiones a que ésta arriba. Formulándose además, denuncia de la infracción al art. 113 del Código Sanitario, al Ministerio Público. Junto con el Acta de Inspección antes indicada, se agregaron al expediente otros dos antecedentes: la declaración de la testigo Sra. nombre reservado, madre del paciente nombre reservado, que da cuenta del estado en que quedó la salud bucal de su hijo tras ser atendido en la clínica de propiedad de la reclamante y da cuenta de quien la atendió; y además informe de nombre reservado, odontólogo, Jefe de Cátedra de Ortodoncia y Ortopedia de la Universidad de Valparaíso, quien examinó a la paciente nombre reservado, estableciendo que los resultados de la atención son incompatibles con la intervención de un profesional cirujano dentista.

Del conjunto de tales antecedentes aparece justificada entonces el cargo efectuado en el sumario sanitario antes aludido y la existencia de las infracciones que se reprochan a la reclamante, que justifican la sanción aplicada.

Dichas certezas aparecen así, del cumplimiento de las exigencias que establece el artículo 169 del Código Sanitario, en tanto señalan que basta para dar por acreditados los hechos investigados, la declaración de dos testigos contestes en el hecho y sus circunstancias o el Acta que el funcionario levante al efecto. En este caso, han concurrido ambas.

Con posterioridad a la Resolución 551344/2014 que sanciona a la recurrente, ha aparecido un nuevo testimonio en el mismo sentido, que corrobora la conducta persistente Que, del mérito de las investigaciones, se ha acreditado la ocurrencia de conductas constitutivas de infracciones tanto al artículo 113 del Código sanitario como a las del D.S. 283/97 (Salud), que contiene el Reglamento Sanitario sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor.

Que, la sanción aplicada, esto es, caducidad de la resolución que autoriza la actividad de la reclamante, se encuentra expresamente contemplada por el artículo 174 inc. 2 del mismo Código; todo lo cual impide que la actuación de mi mandante pueda ser tachada de ilegal, o arbitraria.

Por todos los argumentos esgrimidos, solicita el rechazo del recurso, con costas.

A fs. 44 se acompañaron los expedientes sobre sumario sanitario 746/2013 y 3347/2014.

A fs. 52 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación a amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que lo que se pretende con la interposición de la presente acción constitucional, es que acogiéndola se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de las garantías constitucionales que la actora señala le fueron amagadas, decretándose la nulidad de la resolución N° 551344 de 10 de octubre de 2014, que dejó sin efecto la resolución exenta N° 4583 de 15 de diciembre de 2010 que autorizó el funcionamiento de la Clínica Dental se propiedad de la recurrente, por una supuesta infracción constatada en una investigación sumaria realizada por la recurrida, y consecuente con ello, se deje sin efecto la clausura aplicada a las instalaciones donde dicha Clínica se encuentra ubicada, así como la multa impuesta.

Tercero: Que como fundamento de su acción, la actora expresa que la dictación de la aludida resolución N° 551344 de 10 de Octubre de 2014, constituyó un acto ilegal y arbitrario que conculca las garantías constitucionales que ha señalado y esto porque en su actuar la recurrida no habría respetado la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

Cuarto: Que la situación antes descrita habría ocurrido, porque habiendo sido autorizada para la instalación y funcionamiento de nueve salas de procedimientos odontológicos de su propiedad en la dirección indicada, en las áreas de endodoncia, periodoncia, operatoria, cirugía simple y rehabilitación oral, por el periodo de tres años, renovables, como consecuencia de una Acta de Inspección de fecha 14 de agosto de 2014 levantada por una odontóloga y una enfermera, se pudo constatar que en el proceso de revisión de las fichas clínicas del establecimiento de la recurrente estas no contaban con información completa respecto del profesional responsable de las mismas, como asimismo carecer de la firma respectiva. Asimismo, se pudo constatar que una laboratorista dental realizaba un procedimiento bucal a una paciente, lo que no le está permitido. A raíz de esto se inició una investigación sumaria para constatar los hechos descritos, respecto del primer caso, sin perjuicio de haberse adoptado una sanción para el segundo, la que no fue reclamada.

Quinto: Que con posterioridad a estos hechos, se dictó la sanción que se ha cuestionado por medio del presente arbitrio, procediendo a la aplicación de la clausura y multa señaladas. Que el fundamento de la resolución cuestionada radica en: el funcionamiento de una sala de procedimientos odontológicos en los que los pacientes son atendidos por personal auxiliar, sin supervisión de profesional alguno; la sumariada no presenta descargo ante tales imputaciones, habiendo infringido, también, el artículo 112 del Código Sanitario, siendo catalogados de falsos tales fundamentos por la actora de autos, por los siguientes motivos: porque las fiscalizadoras realizaron en forma incompleta y negligente su trabajo, dado que solo se revisaron las fichas médicas del año 2010, se ignoró el sistema de control y de fichas computacionales de la clínica, no se inspeccionó las instalaciones, no se entrevistó a los cirujanos dentistas y no se constató con los pacientes la efectividad de las prestaciones ofrecidas y realizadas, contrariando expresamente lo que al efecto dispone el artículo 158 del Código Sanitario en el sentido de invitar al dueño, persona encargada o arrendatario a presenciar el acto y la firma de dicha acta.

En cuanto a la no presentación de descargos dicho aserto el falso, dado que con fecha 26 de agosto de 2014 la actora realizó dicho descargos habiéndose acompañado todos los antecedentes personales y profesionales de la doctora que se encontraba trabajando el día de la fiscalización. Y en lo que dice relación a la infracción del artículo 112 del código en comento, las actividades que se realizan en la Clínica cuentan con la supervisión de un cirujano dentista, el doctor nombre reservado, habiéndose contratado a otros dos cirujanos dentistas para que ejerzan funciones en el establecimiento citado.

Sexto: Que los descargos a los que se ha aludido precedentemente, son los mismos que la recurrente formuló, previo a la interposición del presente recurso, en reclamo de multa y clausura de establecimiento, causa que rola bajo el N° 2790-2014, seguida ante el 2° Juzgado Civil de esta Ciudad, iniciada con fecha 29 de octubre de 2014, en la que se plantean las mismas argumentaciones con el objeto de revertir la multa y clausura a las que se ha aludido en el presente arbitrio. Pretendiendo, en definitiva, que se “declare la improcedencia, por ilegal y arbitraria, conforme a los antecedentes expuestos, de la resolución referida, dejándola sin efecto, así como la imposición de la multa impuesta y la clausura del establecimiento, con costas”. Causa que en estos momentos se encuentra en la etapa procesal de prueba.

Séptimo: Que como se ha visto, previo a la deducción del presente recurso, la recurrente dedujo ante un tribunal civil de esta ciudad, una acción de reclamo de multa y clausura, cuyo objetivo es similar al que se pretende con este arbitrio, esto es, dejar sin efecto la aludida resolución y, consecuente con ello, la clausura y multa aplicadas. Que en ese entendido, habiéndose deducido el presente recurso con posterioridad al reclamo tramitado en la justicia civil, con los mismo argumentos, como se dijera, pretendiendo, asimismo, las mismas consecuencias, resulta del todo impertinente la acción que con motivo de la sustanciación del presente arbitrio se lleva a cabo.

Octavo: Que no obsta a la conclusión a la que se ha arribado precedentemente, la circunstancia que nuestra Carta Fundamental, en su artículo 20, faculte para deducir el presente recurso “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, debido a que habiendo sido deducida la presente acción con posterioridad a la seguida en sede civil, tribunal que está obligado a tramitarla y fallarla, la decisión que ahí se adopte será vinculante para las partes y susceptible de los recursos procesales ordinarios, acción que excluye a otras que tiendan a obtener la misma declaración que se pretende por la vía de autos.

Noveno: Que a mayor abundamiento, debe agregarse, que todo el cuestionamiento que se realiza por la actora respecto de las sanciones aplicadas estriban en fundamentaciones que deberán ser oportunamente probadas ante la sede civil donde dicha discusión se encuentra radicada, en que deberán acreditarse los motivos que se tuvieron en vista por el organismo fiscal para imponer las sanciones reclamadas, como también, los descargos del ente privado para contrarrestar las sanciones impuestas, todo lo cual hace necesario la convocación de un juicio como es el que se ha está desarrollando en la sede civil que se ha señalado. Debiendo agregarse, la inoportunidad de obtener resoluciones contrapuestas, para el caso de fallarse respecto del fondo el presente recurso de protección, todo lo cual llevará al rechazo de la presente acción deducida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido a lo principal de fs. 17, sin costas, por estimarse que el actor tuvo motivos plausibles para interponerlo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro don Alejandro García Silva.

N° Protección-3114-2014.

No firma la Sra. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por estar ausente, autorizada por el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros titulares Sra. nombre reservado, Sr. Alejandro García Silva, y la Ministro interina Sra. María Teresa Valle Vásquez.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario de hoy.