nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, técnico en enfermería, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la negativa de la recurrida a autorizar el retiro total de los fondos previsionales de la actora, decisión comunicada el 10 de diciembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, cumpliendo con los requisitos legales. Sin embargo, la recurrida anuló el trámite el 29 de diciembre de 2025, alegando que el certificado de afiliación previsional del país de origen no se encontraba apostillado.

Alega que existe una imposibilidad técnica y material para obtener dicha apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que dejó a sus nacionales sin representación consular. Argumenta que el documento presentado es verificable en línea mediante código de validación en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que se acompañó además una declaración jurada ante notario chileno, lo que debería bastar para acreditar la afiliación.

Asevera que la recurrida realiza una interpretación formalista y restrictiva que constituye una barrera arbitraria para disponer de su propiedad privada.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos dentro de quinto día.

A folio 4, evacúa informe nombre reservado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Indica que la solicitud no fue admitida a trámite porque la documentación no cumplía con los requisitos de la Ley N°18.156 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que la normativa exige una certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada que acredite coberturas específicas, requisitos que no cumplen ni la declaración jurada unilateral ni la constancia electrónica sin firma ni apostilla presentada por la actora.

Argumenta que la verificación por código no suple las exigencias legales y que la falta de representación consular no autoriza a obviar el principio de legalidad. Además, alega que existe una manifestación de voluntad contradictoria en los anexos de contrato, ya que en unos la trabajadora declara voluntad de cotizar en Chile y en otros mantener su afiliación extranjera. Sostiene que no hay un derecho indubitado, sino una mera expectativa, y que el rechazo es un acto de trámite subsanable que no vulnera garantías.

Finalmente pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 5, evacúa informe nombre reservado en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la recurrente registra reclamos previos ante el organismo y que se le ha informado que la ley 18.156 es una norma de excepción que requiere interpretación restrictiva. Indica que para acreditar la afiliación extranjera se requiere un documento apostillado o legalizado que consigne coberturas específicas por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo servido en Chile. Sostiene que la documentación de la recurrente no es útil pues carece de formalidades legales y no acredita cobertura efectiva a todo evento. Menciona jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que valida la exigencia de apostilla incluso ante la situación de Venezuela.

Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 6, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo administrativo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, solicitando que se reconozca la validez de los documentos presentados y se ordene un nuevo pronunciamiento que permita la devolución de los fondos.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que actuó bajo el principio de legalidad y siguiendo instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que la documentación de la recurrente carece de las formalidades de apostilla o legalización exigidas por ley para documentos extranjeros. Alega además contradicciones en la manifestación de voluntad de la trabajadora en sus contratos.

La Superintendencia ratifica que el beneficio es excepcional y requiere acreditar cobertura efectiva mediante certificados válidamente emitidos en el extranjero, lo que no se cumple en este caso. Afirman que el acto es un trámite subsanable y no vulnera el derecho de propiedad.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida".

A su turno, el artículo 7 de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley". Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “1. Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos. Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, adquiridos en entidades educacionales extranjeras, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. (…)”.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que la controversia se centra en si la exigencia de la recurrida, relativa a la presentación del título técnico debidamente legalizado o apostillado, resulta ilegal o arbitraria. Al respecto, cabe señalar que si bien la Ley N°18.156 no explicita taxativamente la exigencia de la apostilla, dicha omisión no exime al interesado del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, en tal sentido, la sola existencia de un código QR, si bien facilita la verificación digital, no reemplaza las solemnidades legales de autentificación requeridas para que un documento extranjero tenga valor en Chile. Por consiguiente, el actuar de la recurrida no es ilegal ni arbitrario, pues se ha limitado a aplicar los criterios técnicos y administrativos uniformes que rigen la materia, sin que se configure una vulneración al derecho de propiedad, ni trato discriminatorio alguno, ya que el ejercicio de tal derecho está supeditado al cumplimiento previo de los requisitos legales que la recurrente en la especie no acreditó.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-311-2026.